miércoles, 28 de septiembre de 2016

Socialismo del Siglo XXI, Castro-chavismo, conciencia de clase y sentido común


Libardo Sánchez Gómez

Cuando se pensó que había llegado el “fin de la historia”,  es decir el eterno reinado del capitalismo, y eso era todo lo que la humanidad en materia de organización social había logrado,   el comandante Hugo Rafael Chávez  Frías,  con una profunda  conciencia de clase,  echó  andar de nuevo las ruedas de la historia,  poniendo en boca de todo el mundo la palabra SOCIALISMO. Pero Chávez fue más ingenioso, asumió la concepción de socialismo  expuesta     en 1996  por Heinz Dieterich Steffan llamada “Socialismo del Siglo XXI (desde luego que tiempo atrás ya se había hablado del mismo) la cual difiere del “Socialismo Real” aquel que llevó a la Unión Soviética a la cúspide, pero que fue echado a pique por la ambición personal de un puñado de burócratas, y el socialismo cierto, el científico, el dialéctico, el encargado de hacer avanzar la historia hacia una nueva forma de organización social sin dominadores ni dominados.  El Socialismo del Siglo XXI se identificó con la Revolución Bolivariana,  y fue apropiado por el comandante presidente Chávez, como una manera progresista  de direccionar recursos hacia la población más necesitada y, a su vez,  para resistir la voracidad del imperio norteamericano.   De acuerdo a Marta Harnecker,  “Chávez concebía el socialismo como un sistema económico centrado en el ser humano y no en la ganancia, con una cultura pluralista y anticonsumista en que el ser tuviese primacía sobre el tener. Un socialismo provisto de una democracia verdadera y profunda donde el pueblo asumiese el rol protagónico” (Venezuela: ¿Guerra económica o errores del Gobierno? 2016) Pero aunque  Chávez promoviese el socialismo todo quedó en la antesala: “consejos comunales (pequeños territorios autogestionados), los consejos de trabajadores, los consejos estudiantiles, los consejos campesinos”, pues  en realidad nunca, aún después de su asesinato,  se dio un paso cierto hacia la construcción de la sociedad socialista. La propiedad privada y la concentración de la riqueza siguen en pocas personas.   La  saludad y bienestar  social y   buena parte de los  servicios públicos son manejados por los particulares. El   proletariado es  dueño tan sólo de su fuerza de trabajo. Las decisiones que afectan la vida de todos los asociados se toman de manera totalmente vertical de tal manera que las comunidades son receptoras   y poca  o ninguna  oportunidad tienen para opinar acerca de lo que quieren o necesitan.  Y dado que el modelo capitalista sigue intacto igualmente los males inherentes al mismo siguen incólumes, la corrupción pública y privada  campea a lo largo y ancho del país y la violencia de todo tipo asoma en cada esquina.

El discurso socialista o, mejor, la Revolución Bolivariana   de corte antiimperialista,  asustó al imperio; en palabras del propio presidente Obama de una manera “inusual y extraordinaria”     (www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/.../150309_ultnot_eeuu_venezuel) Entonces, para contener al Chavismo, además, asociado con los hermanos Fidel y Raúl Castro, en lo que ese personaje siniestro Álvaro Uribe Vélez  ha dado en llamar  “Castro-chavismo”,  el imperio ha movilizado todo su arsenal estratégico. A nivel interno cuenta con la burguesía nostálgica de poder, capaz de todo con tal de hacerse de nuevo al mando del Estado, y en el exterior con personajes como el ex presidente Uribe mejor conocido como el No 82, por haber estado en la lista de extraditables de la DEA al lado de Pablo Escobar, número 79.  

El pueblo venezolano junto al aparato militar, que desde mucho tiempo atrás venía madurando su nivel de conciencia social, en década y media,  pudo   consolidar  la llamada “Revolución Bolivariana”.  Pero ante la inamovilidad social primero del mismo presidente Chávez y luego   de su sucesor Nicolás Maduro vino el desgaste de ese alto nivel  de conciencia lo mismo que del sentido común del pueblo, y en un arrebato de insensatez y nihilismo mandó al carajo las conquistas sociales, y en las urnas le dijo No al Socialismo del Siglo XXI. Esa derrota del “Castro-chavismo” es un signo de alerta, pues si no se avanza realmente en la transformación del modelo capitalista muy pronto en Venezuela llegará para siempre el “fin de la historia”.  Sectores  verdaderamente revolucionarios,  entienden que  la revolución no se hace   rezando y pregonando el bien, y saben que el capital se defenderá combinando todas las formas de lucha,  como la vieja burguesía apoyada por el imperio lo viene haciendo. El pueblo unas veces  de manera tácita (las urnas)  y otras explícitamente (manifestaciones de calle) le viene pidiendo al Gobierno socialismo verdadero, y si éste quiere sobrevivir no tiene otra alternativa que dar los primeros pasos. Tendrá que entregar a los trabajadores el manejo directo de las empresas, habrá que arrebatarle a la oligarquía el inmenso  poder mediático, con el cual  manipula la conciencia y la mente de la gente; los servicios públicos y el sector financiero deberán ser manejadas por el Estado. Y habrá que hacerlo así muera en el intento. Pero lo previsible es que el Gobierno influenciado por los   sectores conservadores dentro del mismo Estado siga,  a penas,  quejándose   y profundizando el asistencialismo. Mientras tanto el imperio y la burguesía acentuarán la violencia, el acaparamiento, desabastecimiento y parálisis del aparato productivo.

El control de la hiperinflación  será pieza fundamental para el futuro  del modelo chavista. Una  explicación al desborde de esta variable económica     está no en el alto grado de   gasto público e inversión social,  sino por un lado  en la paralización del aparato productivo   y  dependencia de las importaciones y por otro en que dichas importaciones  están manejadas por unas pocas firmas; Marta Harnecker cita a Cursio quien sostiene que, “…de hecho, existe una concentración de la producción, de las importaciones y de la distribución de los bienes y servicios en pocas manos: 3% de las unidades económicas registradas en el país controla las divisas para importaciones “.  Dice Marta que este puñado de importadores “fijan oligopólicamente los precios de los bienes que importan (bienes de primera necesidad, entre ellos los alimentos, y los requeridos para  la producción y el transporte) asumiendo el tipo de cambio paralelo que es mucho mayor (14,5 veces) al valor real de los productos estimado en moneda nacional”. Y la explicación a este manejo privilegiado no es otra que la incorregible  corrupción burocrática.  Así que la hiperinflación será el caballo de Troya en cuyas entrañas cabalga la derrota de la Revolución Bolivariana, pues ningún nivel de asistencialismo podrá competir con la pérdida de poder adquisitivo del pueblo en su conjunto,  el cual desesperanzado  creerá que la    vieja burguesía tiene la razón y que  “el Socialismo del Siglo XXI” no es más que un cuento de hadas. 

En Colombia la conciencia social y sentido común merecen capítulo aparte, pues no están en los genes de las mayorías.  La autollamada “izquierda” progresista es alérgica a los términos socialismo del Siglo XXI,  Castro-chavismo y Revolución Bolivariana, el sólo pronunciarlos les ampolla la lengua y la conciencia.   No  es socialista,  vive de las prebendas y “mermelada” que mendiga al Poder burgués de turno; además,  las banderas de las reivindicaciones sociales son utilizadas para su enriquecimiento personal. El Partido Comunista Colombiano no es comunista sino socialdemócrata y no cree en la combinación de las formas de lucha; precisamente, fue uno de los artífices principales para convencer a las FARC de abandonar la lucha armada. Por parte de la pobrería el sinsentido todavía es mayor, la gente que muere de hambre y adolece de todo tipo de carencias en los llamados  cinturones de miseria alrededor de las grandes, medianas y, aún, pequeñas ciudades, se mueve en las urnas al lado de la oligarquía. Lo mismo ocurre con los trabajadores y campesinos sin tierra.  Por eso la votación obtenida por la  izquierda electorera tradicionalmente es marginal. Y en cuanto   se refiere  a  la FARC POLÍTICA es de esperar que no sea diferente,  y más temprano que tarde terminará difuminada entre todos los movimientos y partidos del espectro político existente.  Por  el lado de la oligarquía si bien la conciencia  y odio de clase social  sí lo tiene  desarrollado de manera superlativa en cuanto al sentido común demuestra que éste no es tan común. Ante el ofrecimiento de rendición y entrega de las armas por parte de la guerrilla de las FARC, nada más ni nada menos que  la oligarquía terrateniente, esa que usurpa y acumula tierras,   en cabeza del pájaro mayor Álvaro Uribe Vélez se opone rotundamente a los acuerdos entre insurgentes y Gobierno. Pero que no se afanen, pues  tendrán que lidiar  con cinco Frentes, unas dos mil unidades, bien entrenadas y con alta conciencia y moral revolucionaria, quienes harán frente a sus tropelías.

Como conclusión hay que reiterar  que de no adelantarse de manera efectiva  la  construcción del Socialismo en Venezuela    muy pronto la burguesía tradicional recuperará  el poder, mientras tanto  en  Colombia desaparecidas las FARC el Castro-chavismo seguirá siendo la vergüenza de la “izquierda” y  el caballo de batalla de la derecha.   

lunes, 26 de septiembre de 2016

EDICTO PÚBLICO ACCION DE GRUPO 2015-831 UNIÓN PATRIÓTICA

Abogado Francisco Basilio Arteaga Benavidez Sobreviviente al genocidio político en contra de la Unión Patriótica invita adherirse a la ACCIÓN DE GRUPO 2015-831 que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Sub-sección " A ", para exigir la reparación integral por el retiro injusto de la Personería Jurídica del Partido  Unión Patriótica"UP".





domingo, 25 de septiembre de 2016

¿Fracasó la izquierda latinoamericana?

 Categoría: Linea Formación popular  Publicado: Domingo, 25 Septiembre 2016
Por: Martín Caparrós. New York Times
Ya no sé cuántas veces lo he visto escrito, lo he oído repetido: está por todas partes. La frase se ha ganado su lugar, el más común de los lugares, y no se discute: la izquierda fracasó en América Latina.
Es poderoso cuando un concepto se instala tanto que ya nadie lo piensa: cuando se convierte en un cliché. El fracaso de la izquierda en América Latina es uno de ellos. El fracaso de los gobiernos venezolano, argentino o brasileño de este principio de siglo es evidente, y es obvio que sucedió en América Latina; lo que no está claro es que eso que tantos decidieron llamar izquierda fuera de izquierda.
Hubo, sin embargo, un acuerdo más o menos tácito. Llamar izquierda a esos movimientos diversos les servía a todos: para empezar, a los políticos que se hicieron con el poder en sus países. Algunos, en efecto, lo eran —Evo Morales, Lula— y tenían una larga historia de luchas sociales; otros, recién llegados de la milicia, la academia o los partidos del sistema, simplemente entendieron que, tras los desastres económicos y sociales de la década neoliberal, nada funcionaría mejor que presentarse como adalides de una cierta izquierda. Pero las proclamas y la realidad pueden ser muy distintas: del dicho al lecho, dicen en mi barrio, hay mucho trecho.
La discusión, como cualquiera que valga la pena, es complicada: habría que empezar por acordar qué significa “izquierda”. Es un debate centenario y sus meandros ocupan bibliotecas, pero quizá podamos encontrar un mínimo común: aceptar que una política de izquierda implica, por lo menos, que el Estado, como instrumento político de la sociedad, trabaje para garantizar que todos sus integrantes tengan la comida, salud, educación, vivienda y seguridad que necesitan. Y que intente repartir la riqueza para reducir la desigualdad social y económica a sus mínimos posibles.
Creo que, en muchos de nuestros países, poco de esto se cumplió. Pero creer y hablar es relativamente fácil. Por eso, para empezar a pensar la cuestión, importa revisar las cifras que intentan mostrar qué hay más allá de las palabras discurseadas. Por supuesto, el espacio de un artículo no alcanza para un recorrido completo: cada país es un mundo. Así que voy a centrarme en el ejemplo que mejor conozco: la Argentina del peronismo kirchnerista.
Primero, las condiciones generales: entre 2003 y 2012 el precio de la soja, su principal exportación, llegó a triplicarse. Los aumentos globales de las materias primas ofrecieron a la Argentina sus años más prósperos en décadas. Con esa base privilegiada y 12 años de discursos izquierdizantes, Cristina Fernández de Kirchner dejó su país, en diciembre pasado, con un 29 por ciento de ciudadanos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas: 10 millones de pobres, dos millones de indigentes. El 56 por ciento de los trabajadores no tiene un empleo estable y legal: desempleados, subempleados, empleados en negro y en precario. Un tercio de los hogares sigue sin cloacas y uno de cada diez no tiene agua corriente. Y hay casi cinco millones de malnutridos en un país que produce alimentos para cientos de millones, pero prefiere venderlos en el exterior.
Aunque, por supuesto, el relato oficial era otro: en junio de 2015, la presidenta Fernández dijo en la Asamblea de la FAO que su país sólo tenía un 4,7 por ciento de pobres; su jefe de gabinete, entonces, dijo que la Argentina tenía “menos pobres que Alemania”. Para conseguirlo, su gobierno había tomado, varios años antes, una medida decisiva: intervenir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y obligar a sus técnicos a producir datos perfectamente inverosímiles.
Pese a los discursos, en los años kirchneristas también aumentó la desigualdad en el acceso a derechos básicos como la educación y la salud. En 1996, el 24,6 por ciento de los alumnos iba a escuelas privadas; en 2003 la cifra se mantenía; en 2014 había llegado al 29 por ciento. Los argentinos prefieren la educación privada a la pública, pero no todos pueden pagarla: su uso es un factor de desigualdad importante, y creció un 20 por ciento en estos años.
En 1996 la mitad de la población contaba con los servicios médicos de los sindicatos, el 13 por ciento un plan médico privado y el resto, el 36 por ciento más pobre, se las arreglaba con la salud pública. La proporción se mantiene: entre 15 y 17 millones de personas sufren la medicina estatal, donde tanto funciona tan mal. Es la desigualdad más dolorosa, como bien pudo ver la presidenta Fernández cuando —diciembre de 2014— se lastimó un tobillo en una de sus residencias patagónicas y la llevaron al hospital provincial de Santa Cruz. Allí le explicaron que no podían curarla porque el tomógrafo llevaba más de un año roto, y la mandaron en avión a Buenos Aires, 2.500 kilómetros al norte.
Mientras las diferencias entre pobres y ricos se consolidaban, mientras la exclusión de un cuarto de la población producía más y más violencia, las grandes empresas seguían dominando. En agosto de 2012 Cristina Fernández lo anunciaba sonriente: “Los bancos nunca ganaron tanta plata como con este gobierno”. Era cierto: en 2005 se llevaban el 0,33 por ciento del Producto Interno Bruto; en 2012, más de tres veces más. Ese mismo año el Fondo Monetario Internacional informaba que la rentabilidad sobre activos de los bancos argentinos era la más grande del G-20, cuatro veces mayor que la de los vecinos brasileños. Y la economía en general siguió con la concentración que había inaugurado el menemismo: en 1993, 56 de las 200 empresas más poderosas del país tenían capital extranjero y se llevaban el 23 por ciento de la facturación total; en 2010 eran más del doble —115— y acaparaban más de la mitad de esa facturación.
Y esto sin detenerse en el sinfín de corruptelas que ya colman los tribunales de justicia con ministros, secretarios, empresarios amigos, la propia presidenta. ¿Se puede definir “de izquierda” a un grupo de personas que roba millones y millones de dineros públicos para su disfrute personal?
Ni detenerse en la locura personalista que hace que estos gobernantes –y por supuesto la Argentina– identifiquen sus políticas consigo mismos. ¿Se puede definir “de izquierda” a una persona que desprecia tanto a las demás personas como para creerse indispensable, irreemplazable?
Son más debates. Mientras tanto, sería interesante repetir la operación en otros países: comparar también en ellos las proclamas y los resultados. Quizás allí también se vea la diferencia entre el reparto de la riqueza que llevaría adelante un gobierno de izquierda y el asistencialismo clientelar que emprendió éste. Quizás entonces se entienda por qué, mientras algunos de estos gobiernos se reclamaban de izquierda, sus propios teóricos solían llamarlos populistas, una tendencia que la izquierda siempre denunció, convencida de que era una forma de desviar los reclamos populares: tranquilizar a los más desfavorecidos con limosnas —subsidios, asignaciones— que los vuelven más y más dependientes del partido que gobierna.
Pero el lugar común pretende que lo que fracasó fue la izquierda –y eso les sirve a casi todos. A aquellos gobiernos, queda dicho, o a sus restos, para legitimarse. Y a sus opositores del establishment para tener a quien acusar, de quien diferenciarse, y para desprestigiar y desactivar, por quién sabe cuánto tiempo, cualquier proyecto de izquierda verdadera.

jueves, 8 de septiembre de 2016

El futuro político de las FARC

Libardo Sánchez Gómez

Parece mentira que se organice una guerra, y que dure sesenta años, con la idea central de tener un espacio político; pues no se trata de un chiste sino de una parte de nuestra realidad macondiana, esa que le permitió al nobel Gabriel García Márquez escribir  Cien años de Soledad y “El Coronel no tiene quien le escriba”. Las FARC-EP nacieron y crecieron (¿morirán en el intento?) con la idea de hacer política, de   ser “políticos exitosos”.  Durante el largo periodo activo de la  confrontación armada la respectiva comandancia, el mayor tiempo en cabeza de su fundador Manuel Marulanda, intentaba entablar diálogos con el Gobierno de turno con miras a deponer las armas, pero la oligarquía por  un lado desconfiaba de las intenciones de los rebeldes y por otro   pensaba que tendrían que negociar y ceder sus privilegios; entonces,  cuando accedían a dialogar lo hacían para tomar ventaja militar, con la idea fija de derrotarlos militarmente.

Pero por fin se cumplió el anhelo,  Juan Manuel Santos les abrió la puerta al hermoso mundo de la política  donde, en palabras del mandatario,  podrán “disparar votos en vez de balas”.  Pero, como era de esperar,  las intenciones de éste vocero de la oligarquía no son las mejores,  recientemente ridiculizó las aspiraciones de los futuros políticos, decía en su mejor tono irónico: “pues vayan a ver que van hacer en elecciones, ¿van vender marxismo-leninismo? Eso… es algo trasnochado;   ¿Socialismo del Siglo XXI?  Ja ja, miren a Venezuela, que es el ejemplo de eso…” la oligarquía sabe de antemano que difícilmente podrán desenvolverse en la arena política, y si  lo logran  no los dejarán medrar.  Un sector  mayoritario de   rebeldes ha  aceptado hacer de la política  su forma de vida.  Se les augura éxitos en esa  actividad que, al decir de muchos, es sinónimo de criminalidad.  Ojalá  puedan demostrar lo contrario.  En Colombia, como en la mayor parte del mundo capitalista, la política no se ejerce para buscar soluciones generales sino para satisfacer ambiciones personales. Se busca llegar al parlamento y/o a la dirección del Estado, en sus distintos niveles,  para legislar y actuar a favor no sólo de la clase dominante sino de  intereses y privilegios muy particulares. Tradicionalmente los intereses de las distintas corrientes políticas ya sean progresistas o retardatarias, por lo general,   terminan amalgamadas en un mismo crisol;  y, salvo contadas excepciones, los representantes de los  sectores populares  actúan abiertamente en la misma dirección de la burguesía, mendigando mendrugos de pan y mermelada.

Aún no está clara la futura línea política de las FARC, como nunca lo estuvo  durante los sesenta años de guerra. Algunas veces se declararon revolucionarios marxistas leninistas, otras veces  lo negaron; eso   sí  dejaron  en claro  que la guerra no era  por el poder, ¿ahora como políticos tampoco lo buscarán?  No obstante,  con miras al futuro, las FARC deben tener en cuenta que quienes les apoyaron, principalmente  los campesinos, creyeron que la guerra apuntaba    a cambiar el mundo de violencia,  inequidad y pobreza  desde una posición revolucionaria.  Hace  unos días, se desconoce cuáles eran sus intenciones,  Iván Márquez    en un tuiter    escribió, “no duden que somos    socialistas”. Ojalá no sea un nudo más en el enredo ideológico por el que han trasegado  durante la vida guerrillera. ¿Se mantendrá esa línea? En todo caso, sea esta su brújula ideológica o no el   camino político a futuro de las FARC será extremadamente tortuoso.    Para tirios y troyanos, los guerrilleros siempre guerrilleros serán, así en la realidad  su intención no haya sido ni sea la de amenazar    seriamente  los privilegios de la clase hegemónica.  Si quieren seguir por el sendero de los partidos tradicionales liberal y conservador, su cauda política se puede esfumar antes de comenzar.  Por el lado de los políticos de    “izquierda”, pazólogos de profesión y potenciales aliados,   estos no creen  en el socialismo, les gusta el capitalismo “con  rostro humano”, y no les van a admitir muy cerca de  sus toldas construidas a la sombra  de los campamentos de la derecha.  Mientras en el mundo entero, incluido  los EEUU, se pone en primera línea el socialismo, como única  posibilidad que tienen las formas vivas incluido el hombre  para sobrevivir, en Colombia la izquierda prefiere el capitalismo depredador.  En este sentido Manuel E. Yepe (Elecciones en EE.UU. son distracción masiva.  2016) Opina: “Así como la angustia y desesperación se va haciendo cada vez más presionante para las masas de desposeídos en el mundo y presagian una inevitable insurrección popular a escala global, en el seno de Estados Unidos se hace más aguda la contradicción entre el 1% que lo domina todo y el 99% que no puede seguir engañado con mitos y trucos de la democracia representativa bajo control de los ricos”.   

Probablemente las FARC quieran acomodarse  en la socialdemocracia al lado del   Partido  Comunista Colombiano  (partido liberal chiquito) pero esta puede ser una alianza peligrosa,  los jerarcas desde siempre han gustado   establecer  alianzas con las clases en el poder. Por ejemplo, en el siglo pasado, lo hicieron con el retrógrado Gabriel Turbay en vez de hacerlo con el progresista JORGE Eliécer Gaitán.   Lozano, actual director del Semanario VOZ y máximo jerarca del Partido,    enciende una  vela  a dios y otra al diablo al mismo tiempo. En alguna oportunidad fue testigo estrella a favor de Cesar Pérez,  condenado como determinador de la masacre de miembros de la UP en Segovia. En aquella época, tratando de defender a Parez, dejó  entrever que había sido el ELN. Luego  funge como artífice de la entrega de las FARC; y, ahora,  través de VOZ se presta para hacerle el juego a la oligarquía,   acusa al ELN de asesinar un miembro del Partido, creando una matriz mediática en contra del ELN, para hacer que éste grupo insurgente, también, abandone la  lucha armada. Pero el ELN ha dejado en claro que no abandonará las armas hasta tanto no se lleven a cabo las transformaciones que remuevan las causas que les obligaron a tomarlas.

 Pero  la competencia política dura de las FARC la tendrá con los partidos de la   “izquierda light”,  como el Verde, variopinta amalgama  de políticos francamente reaccionarios. Entre los progresistas, que abrevan en fuentes izquierdistas, están Antonio Navarro y Claudia López, esta última declarada enemiga de las FARC. Por el lado del POLO, partido con una línea política difusa, sobresale Jorge Robledo habilidoso senador   de corte pequeño burgués defensor de los gremios y por ende del  modo de producción capitalista. Otro político sobresaliente del POLO, quien anda en este partido porque no hay más en el espectro de la “izquierda”,  es Iván Cepeda,      honesto y muy comprometido con las causas populares.  Pero dada  su soledad en el parlamento es una voz opositora inofensiva, por eso  la oligarquía lo cuida con esmero, pues lo  necesita para darle al Régimen un viso de democracia.    En cuanto a la UP, este Movimiento   murió en manos de una señora totalmente desorientada, quien admite que   le “gusta el capitalismo” y,  además, se mueve a la sombra de Lozano. En el “progresismo” será imposible prosperar, pues es un Movimiento  político construido por Gustavo Petro exclusivamente para  Gustavo Petro. Con quien sí podrán contar Las  FARC,  como  aliado confiable, es con la liberal Piedad Córdoba más revolucionaria y comunista que todos los “izquierdistas” y comunistas juntos,   a quien recientemente la Corte Suprema de Justicia restableció sus derechos políticos alevemente cercenados por el ex procurador Ordoñez.

Las FARC  tienen la posibilidad de perdurar como agrupación política cohesionada  por lo menos  durante un par de años, es decir, durante el tiempo que  el gobierno  les ayude a sobrevivir económicamente.  Si  la FARC POLÍTICA no   logra   interpretar los anhelos de la base popular, es decir, de  la izquierda   de los sectores revolucionarios, aquellos que quieren tomarse      el poder a nombre del pueblo excluido, para abolir el sistema capitalista e instaurar el socialismo, antes de lo esperado va a terminar atomizada y refundida entre los diversos movimientos y partidos políticos, incluido el Centro Democrático, como aconteció con ciertos miembros del M-19.

Hasta ahora se ha hablado de la FARC POLÍTICA,  nombre que una vez entreguen las armas debe ser cambiado, pues ya no serán más fuerzas armadas revolucionarias.  El nombre lo deberán conservar quienes perseveren en la lucha armada, tras  la toma del PODER para poder efectuar las transformaciones que la sociedad colombiana requiere.   Se espera que quienes  abandonen la causa tengan la gallardía de respetar la decisión de sus compañeros y compañeras y omitan las descalificaciones injuriosas.  Los  guerrilleros en armas, por el contrario,  han dicho de manera gallarda que respetan la decisión de los compañeros que se desmovilicen y les auguran éxitos en su actividad política.  Parece que se trata de un número respetable que se acerca a las dos mil unidades. En todo caso, es preferible un combatiente a plena luz que mil en la oscuridad.   No le hacen bien a la causa libertaria      quienes no están convencidos de lo que hacen, por eso el pueblo colombiano  debe votar masivamente por el SI  al plebiscito,  en el frente de combate seguramente quedará  únicamente gente que sabe lo que quiere.


jueves, 1 de septiembre de 2016

¿Paz en Colombia?

 Escrito por JAVIER GIRALDO, sacerdote Jesuita. 

Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas y ha llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. Este proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas. 

Hace pocos días se firmó en La Habana un documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo el país se encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos. 

Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones como las siguientes: 

1) Se percibe un doble lenguaje: en uno de ellos se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; el otro lenguaje, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación. 

2) Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como “salvedades” o “constancias” de lo que fue imposible discutir. El gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos. 

3) Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los ex presidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y amplía la impunidad rutinaria. 

4) El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino más bien a anunciar que esa fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: ¿si es verdad que se acaba la guerra, por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar? 

5) El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes. Sin embargo dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios, como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas. 

6) En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz, descansan en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político predominante es pragmático y egoísta y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del Presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales. 

Desde la extrema derecha se condena el proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia. A pesar de los esfuerzos formales por construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de 1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses transnacionales, llegando a configurar un Estado esquizofrénico en el cual lo formal se apoya en lo legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal cuya relación con el Estado es negada rotundamente por los funcionarios del régimen y los medios masivos de información. La primera experiencia reciente de justicia transicional la realizó un gobierno de extrema derecha  del Presidente Álvaro Uribe- en 2005, mediante la ley 975 llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes paramilitares más connotados, obtuvo su sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares. Supuestamente se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi todos están en libertad desde 2015. A esa estrategia de negociación con grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos puesto que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el ex Presidente Uribe añadió otras estrategias para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un paramilitarismo legalizado, vinculando a varios millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y cooperantes y remodelando los estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a tareas bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial. El paramilitarismo ilegal, en grandes franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta mediante escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas; apoyo a las empresas transnacionales cuya destrucción ecológica denominan “progreso”, y sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común ajena a toda relación con el Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia. 

Desde el comienzo de las negociaciones actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo y su desvergonzada parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron posteriormente invalidadas por tribunales internacionales. El ex Presidente César Gaviria lanzó una carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de impunidad, para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales, por ello el Acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro, no sea que tribunales internacionales o nacionales puedan desconocer lo acordado. Esos blindajes no dejan de ser frágiles y en su análisis se descubre con mayor contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a los vaivenes de los poderes de turno. 

En el momento en que escribo aún no se ha firmado el Acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el Combo Amarillo 8 proceso es irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales mientras comienzan a implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las negociaciones de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino un cese de fuego. La paz habrá que comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha sido más intensa. La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos que, mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles sus consecuencias. Es necesario anotar, que el Acuerdo no se va a firmar, por el momento sino con la guerrilla de las FARC. La otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica: el Ejército de Liberación Nacional, no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno, aunque ha dado pasos significativos. 

Javier Giraldo Moreno, S. J. Roma, julio 4 de 2016