¿Última tentativa para lograr una salida negociada a la guerra civil colombiana?

Libardo Sánchez Gómez

A medida que se acercan las elecciones presidenciales también se le acorta el tiempo  a la “paz” en La Habana. Cada vez es más claro que la paz, léase mejor la guerra interna,  negociada en Colombia es un imposible; variadas razones nos llevan a pensar que así está estructurada nuestra  realidad, ante todo, porque el poder, en todas sus expresiones económicas y políticas, está en manos de un puñado de vándalos egoístas e inescrupulosos que bajo ninguna circunstancia   querrán compartir por las buenas sus privilegios.  Juan Manuel Santos, eximio representante de la más rancia oligarquía criolla, desde el mismo momento en que inicio hace cuatro años su periodo presidencial oteo en el horizonte de las trapisondas electoreras que unas conversaciones con la insurgencia sería el mejor modo de apalancar su reelección, por lo que lanzó el anzuelo de la paz a las FARC; el grupo insurgente necesitado de   una  vitrina  para mostrarle al mundo que su rostro es humano y está ajeno al terrorismo, que como grupo combatiente tienen una  amplia plataforma social-política y que el alzamiento en armas es justo, necesario y obligado,   le tendió la mano  al presidente; uno y otros entendieron desde el principio   que conversarían sobre aspectos sociales, económicos, políticos, divinos y humanos sin que “al final de la jornada” ocurriese novedad alguna, pues el statu quo  ante bellun no es posible modificarlo por voluntad de los conversantes.  No  podrá haber paz negociada entre alzados en armas y el régimen, simplemente, porque los vasallos en el poder no tienen     poder de decisión respecto a cambios estructurales al modelo económico  y a las superestructuras aparejadas a éste.  Las   decisiones de fondo están reservadas para el Departamento de Defensa de EEUU, quien nos colonizó desde hace mucho tiempo. Y los EEUU   aspiran a repetir en Colombia la   experiencia  de paz negociada salvadoreña y guatemalteca, es decir, entrega de las armas a cambio de unas anémicas conseciones a la cúpula negociadora de los insurgentes.

Nuestra  realidad macondiana da para todo, ad portas de  la elección de presidente, ocurre que el embeleco de la paz no ha sido suficiente para asegurarle a Juan Manuel la reelección; el ex presidente extraditable No 82 Álvaro Uribe ha sido ágil en el manejo de su Marioneta Zuluaga quien amenaza seriamente el vasallaje a Santos. Y el solo pensar que el  para-narco-uribismo regresa al poder a través del  neblinoso Zuloaga mete miedo a más de uno. El pánico generado por el dúo Uribe-Zuluaga ha   generado las más delirantes adhesiones e insólitos apoyos en torno a la candidatura de Juan Manuel Santos; la primera muestra de realismo mágico fue la alianza Santos-progresismo, aún no digerida por los seguidores de Gustavo Petro; Santos le pateó a Petro el trasero al negarle las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  CIDH, pero luego las urgencias electorales le llevaron a tener que  atornillar en la Alcaldía Mayor  al díscolo y cambiante Petro hasta el final del periodo.

Otro tácito e incomprensible apoyo a Santos vino de los golpeados campesinos; en pleno desarrollo del Paro Agrario, la Cumbre Agraria y luego las  Dignidades Agropecuarias, sin haber logrado   solución alguna a su crónica y desesperante problemática, como por arte de magia, disolvieron las mesas de negociación y volvieron a sus parcelas tal cual mansas ovejas a sus rediles.  El olor a carroña entorno a Uribe y su mascota Zuluaga  disipa  la  pestilencia de los falsos positivos de Juan Manuel y difumina  el rancio vaho de su contaminante y destructora locomotora minera; y hace olvidar que Él fue quien dio la estocada final al sector agropecuario y a la pequeña y mediana minería e industria con la firma de múltiples TLC´s.

Y a lo largo y ancho de nuestra patria Macondiana la bestia uribista asusta hasta los guerreros, y los hace hacer lo que nadie les pide ni les cree, solo los pazólogos y  todos aquellos que quieren que la insurgencia deponga las armas a cambio de nada aplauden a rabiar las treguas unilaterales, por el contrario, estos gestos la oligarquía los interpreta como un signo de debilidad.

Pero serán fundados los temores al monstruo fascista;  veamos, si triunfa   Zuluaga, las amañadas  encuestas así lo vislumbran, ¿se notará la diferencia  entre el  ajedrecista Santos  y la marioneta de Uribe? Nada indica que, con uno u otro, las cosas cambien; no habrá modificaciones a la tenencia de la tierra,  los TLC´s seguirán acabando con el campo y la industria local, el tamaño de las fuerzas militares seguirá incrementándose y la presencia de las fuerzas militares gringas será daca vez más ostensible.  

Otro aspecto que hay que poner sobre relieve es el referente a la continuidad o no de las conversaciones en La Habana, preocupación central para las FARC y,  en general, del pueblo colombiano.   Al respecto no hay que olvidar que las decisiones trascendentales llegarán del Norte; tanto  parlamentarios demócratas como republicanos han enviado mensajes de apoyo a las negociaciones adelantadas en La Habana, claro indicio del interés del gobierno USA porque se firme el acuerdo que ponga fin a la lucha armada;  dicho interés está por encima del vasallo que funja como presidente; a  los alzados en armas se les premiará con  la participación de algunos de sus miembros en el parlamento; a los gringos tampoco les importa si los guerrilleros van o no a la cárcel e incluso, como ñapa, podrían repatriar a Simón Trinidad y a Sonia.

Pero los guerrilleros en todos los tonos y por todos los medios han dicho que no depondrán las armas sino se resuelven previamente las causas que les llevaron a la guerra, entre otras, la marginación,  la pobreza y el asunto de la tenencia de la tierra.  Lo anterior significa que pasadas las elecciones, gane quien gane, los colombianos veremos agotarse el último intento por resolver por las buenas nuestra prolongada guerra civil.

Y de un mundo macondiano los colombianos pasaremos a reescribir una verdadera novela distópica en  la que las injusticias y la crueldad de la guerra no tendrá antecedentes; el paramilitarismo encabezado por los uribeños, águilas negras y águilas imperiales, reeditarán las crónicas de muertes selectivas. Las guerrillas habrán aprendido la lección, siendo estas quien pasaran a quitarle “el agua al pez”, es decir, tratarán de eliminar a todo aquel que financie en campos y ciudades las actividades de los paracos. La guerra se prolongará, tal vez, otros cincuenta años hasta cuando el imperio se hunda   no pudiendo sostener en el poder a los vándalos de siempre y tampoco  pueda financiar más guerras contra los pueblos del mundo. Nosotros, por fin,  los de entonces y los de hoy, veremos desde un universo paralelo nuestra  segunda y definitiva independencia.

Se pronuncian Lecheros de Zipaquirá y La Sabana. El Paro del agro seguirá hasta que los vándalos en el poder escuchen.

Productores de Leche de Zipaquirá y La Sabana exigen restablecimiento de Mesas.

¿Es lícito negociar en medio del conflicto con la insurgencia, mas no con los productores del campo?

Se equivoca el ministro Lizarralde al suspender las conversaciones con las Dignidades Agropecuarias por causa de un trino que, según el alto funcionario, estaría incitando a la protesta. Rompe los vasos comunicantes que allanarían caminos tendientes a superar la deuda histórica con el campo y, de repeso, alienta la sumatoria de nuevos contingentes de labriegos, indígenas y empresarios del campo al paro.

Un verdadero contrasentido, un chantaje. Mientras el gobierno nacional continúa adelante las negociaciones de paz con la insurgencia en medio del conflicto, recibiendo golpes aquí y allá sin poder chistar por tratarse de la dinámica infame de la guerra, a los líderes campesinos no les aguanta ni siquiera un trino. Una simple opinión. Desarmada, eso sí.

Como productores de leche que acompañamos las protestas agrarias tenemos que decirle al país que, lamentablemente, las causas que originaron el levantamiento de agosto del año pasado se mantienen incólumes, como han dicho los líderes en paro. Y lo que ha cambiado es tan escaso como superficial. Por ejemplo, para nuestro sector –el lechero–, a más de un par de medidas adjetivas y unas cuantas cucharadas de mermelada para un reducido grupo de presuntos líderes no comprometidos con la protesta en curso, los alcances de las llamadas mesas de negociación con los campesinos no han arribado a puerto alguno.

Algunas restricciones a la importación de derivados lácteos de la Comunidad Andina de Naciones o leche en polvo y lactosueros de orígenes diferentes, por escasos dos años, no han resuelto ni resolverán los problemas de fondo. Seguimos a la deriva de un mercado voraz e implacable, gracias a los niveles de atraso en ausencia de políticas de Estado y la competencia desleal con productores de países desarrollados y con músculos gubernamentales que los sostienen.

El ministro sostiene que restablecerá las mesas, pero “sin presiones”. Como si los campesinos y empresarios del campo no hubiésemos sufrido nunca las presiones del abandono y la miseria, de la ruina y el despojo “legal” e ilegal: ambas formas son ilegales, tanto la armada como la financiera: ambas son tan despóticas como injustas. Décadas y décadas de abandono, en especial para los pequeños y medianos productores, no se resuelven con un incremento de las asignaciones presupuestales por este año, significativas pero miserables si se les compara con lo que se devora el conflicto interno.

Por tanto, incitamos a las partes, en especial a los portavoces del Presidente Santos, a cumplir con lo pactado, dinamizar las mesas y dejar de ver como un lastre a los labriegos, campesinos y pequeños y medianos empresarios agrícolas y pecuarios. Somos exactamente lo contrario: la auténtica seguridad y soberanía alimentaria del país, así como las principales víctimas del conflicto que negocia en La Habana en medio de los tiros.

Lecheros de La Sabana.                     Contactos:            Miriam Sierrra: 314 2189979                          Luis Alfonso Calderón: 
310 238960

Cumbre agraria: Campesina, étnica y popular departamental se realizó en Ibagué

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Tolima se prepara para el paro agrario

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|Por Nelson Lombana Silva|

Por convocatoria de Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y la Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia (Comosoc), se realizó ayer cumbre agraria: Campesina, étnica y popular, en la ciudad de Ibagué, Tolima, con el fin de socializar la declaración política de la reciente cumbre nacional realizada en Bogotá, el pliego de exigencias y la preparación de las actividades relacionadas con el paro nacional que se proyecta y la celebración del primero de mayo, día internacional de la clase obrera.

Si bien el Moir saboteó el evento por intermedio de Miguel Gordillo Hernández y Julio Enriquez al retirar del evento a 30 líderes campesinos aproximadamente, según denunciaron los líderes Danilo López Carrero y Edgar Sánchez Cortés, el certamen se realizó y se tomaron decisiones importantes en dirección a lo presupuestado.

El pliego nacional de exigencias fue alimentado con propuestas regionales, sobre todo relacionadas con la problemática de la ciudad de Ibagué. Una verdadera lluvia de puntos reivindicativos fue socializada en tres comisiones y finalmente en la plenaria. Se dijo también que el paro es reivindicativo y político por cuanto debe proyectarse unidad, organización y acción para cristalizar cambios fundamentales. La idea es atacar el modelo capitalista neoliberal, se indicó. 

Se formuló un llamado a la unidad obrero, campesina e indígena en aras de impulsar un paro fuerte y contundente que cree las condiciones de realizar en Colombia un paro cívico nacional. Se dijo también que en el centro de la lucha debe estar la defensa de los diálogos de la Habana, la apertura de los diálogos con ELN y el EPL y la salida política al conflicto social y armado.

Danilo López Carrero, presidente de los acueductos comunitarios y uno de los líderes que estuvo presidiendo el evento, expresó su preocupación por el agua en Ibagué y la política privatizadora del Instituto Ibaguereño de acueducto y alcantarillado, Ibal, por parte de las últimas administraciones municipales.

Otros puntos importantes planteados en este evento  fueron los siguientes: El mínimo vital de agua para los ibaguereños, acueducto alterno, Cabildos abiertos por comunas, defensa de lo público, lucha frontal contra la corrupción e inseguridad, empleo digno, trato digno a los vendedores ambulantes y no manejo militarista y represivo como viene sucediendo, defensa de la red pública hospitalaria, defensa del hospital regional “Federico Lleras Acosta”, Defensa del Medio Ambiente, defensa de la educación pública y de calidad, defensa de la universidad del Tolima, etc.

Hoy se realizará una reunión con directivos de la Cut regional Tolima para coordinar las actividades del primero de mayo y las demás tareas presupuestadas y para el jueves 24 de abril un nuevo encuentro en la sede de Anthoc para ultimar detalles de cara al primero del mayo y la preparación del paro agrario: Campesino, étnico y popular, buscando comprometer a la ciudad en todas estas luchas de resistencia popular que se avecinan en Colombia. “La relación del campo y la ciudad debe ser armónico y recíproco”, señaló Danilo López Carrero.

Por su parte, Raúl Rojas González señaló la importancia de organizar el paro de la mejor manera previendo detalles como la radicalidad, la duración y la misma dinámica orgánica que lo haga contundente. El ambiente de lucha en campesinos y citadinos en el Tolima toma buena temperatura, a criterio de los asistentes.

Ibagué, abril 21 de 2014.

Tomado: ELSALMON

Uno, dos, cien Buenaventuras por toda Colombia…

Un retrato de los vándalos en el poder.

José Antonio Gutiérrez D.

Rebelión

“Estos encontraban una serie de cuerpos desfigurados, esparcidos por el lugar, vestigios de un antagonismo social ciego y aniquilador. Dicha escena podía corresponder a algo absolutamente caótico y desordenado donde los cadáveres se encontraban desmembrados, diseminados o apilados por todo el lugar. Pero también era factible encontrar escenas donde existía un orden intencional, una verdadera puesta en escena. (…) Este procedimiento buscaba, ante todo, aterrorizar a los habitantes de la vereda quienes huían abandonándolo todo.”

(María Victoria Uribe Alarcón, “Antropología de la Inhumanidad”, 2004, p.92)

La llegada a Buenaventura deja de entrada un cierto sentimiento de desazón. Da la sensación que todos los edificios están a punto de caerse, enmohecidos, hongueados; a diferencia de otras partes de Colombia, se respira la desconfianza y el miedo… la sensación de abandono es evidente. Es increíble que la mayoría del comercio internacional de Colombia pase por ese puerto, lo que señala ese carácter contradictorio del capitalismo, en el cual inversión y despojo son términos indisociables. La miseria es un concepto relativo y se hace más odiosa cuando más riqueza le rodea.

Lo que ocurre en Buenaventura, donde a diario aparecen cuerpos humanos desmembrados flotando entre los manglares o esparcidos por las calles, no es algo desconocido para las mayorías. De repente todo el mundo se ha puesto a hablar de Buenaventura en Colombia. Con indignación se escriben notas periodísticas y se transmiten programas sobre la desesperanzadora situación que vive la ciudad en manos del flagelo paramilitar (hoy operando bajo los nombres de Urabeños, Rastrojos, Empresa). Se ha puesto el grito en el cielo por el horror de las “Casas de Pique”, verdaderas carnicerías para humanos, que todo el mundo conoce y ve, menos la policía, el ejército y las autoridades. Pero el trato que se da a la noticia, como siempre, es muy pobre, sensacionalista, descontextualizado. En nada difiere del tratamiento que periódicamente reciben otros escándalos humanitarios en Colombia. Un día los medios se indignan con los falsos positivos, al siguiente con los desplazados, después la vaina es con los feminicidios, patalean, acusan, se escandalizan y luego no pasa nada. Es como si a través de la cobertura noticiosa mediocre se exorcizara al horror y se calmara las conciencias, trivializando de paso el terror. Ahora el turno le toca a Buenaventura.

Estos arranques espasmódicos noticiosos, como que buscaran concentrar todo el terror que se vive en Colombia en un sólo punto, convertir al conflicto que consume al país en un hecho puntual, aislado, identificable en el mapa. Pero la realidad es que los descuartizamientos, que llevan el sello inconfundible del paramilitarismo -que pasa de agache para todos menos para quienes padecen de él-, ocurren en muchos puntos del país, donde coexisten los intereses económicos con la (para)militarización. Lo realmente doloroso es que, con todo lo excepcional que pueda parecer Buenaventura, no lo es tanto. Basta con mirar a Soacha o a los Altos de Cazuca, para no alejarse mucho de la capital. O ver las fotografías de las masacres de Medellín. El paramilitarismo se ha dedicado a crear uno, dos, cien Buenaventuras en todo el territorio colombiano. Y lo han hecho a punta de motosierra, machete y hacha, siempre con la mirada complaciente de la llamada “fuerza pública”.

Cualquiera pensaría que la tragedia de Buenaventura es algo reciente, pero en realidad es una cosa que viene de largo: hace casi 10 años que no hay presencia insurgente en los barrios de bajamar y el dominio total del paramilitarismo ha coincidido con la exacerbación de la crueldad. Paramilitarismo que según todos los informes oficiales no existe, pero que ahí está. Buenaventura desmiente esa mentirilla repetida hasta el cansancio de que el paramilitarismo es una respuesta al supuesto “horror” guerrillero y que, en ausencia de insurgencia, se desvanecería por falta de razón de ser. No es casual que un muchacho me confesara nerviosamente, cuando le pregunté durante un viaje en bus que en qué momento se había jodido Buenaventura, que “cuando sacaron a la guerrilla, ahí es que la vaina se puso calavera”.

El repertorio para infundir terror también es cuento viejo: esa profanación del cuerpo de la víctima es algo que viene desde épocas de la “Violencia” en los ‘40. Desde entonces que existe un nutrido léxico para las modalidades del horror: bocachiquiar, picar pa’ tamal, matar la semilla, corte de corbata, de franela, de mica, de florero, etc. Simbólicamente, se disloca a la comunidad mediante la dislocación del cuerpo victimizado. No se trata sólo de matar, sino de rematar, de dejar bien muerto, como si se temiera supersticiosamente la venganza del muerto, como lo señala Uribe Alarcón en la “Antropología de la Inhumanidad”. Según ella, se animaliza a la víctima para crear la distancia espiritual que permite el desgarramiento físico y se crea un espacio ritual ad hoc para el sacrificio. Pero aunque en la Casa de Pique se reproduce el modelo de la carnicería, se va aún más allá, pues al animal no se le tortura hasta que muera, ni intervienen hachas ni motosierras, ni se le ata a una mesa de madera vivo mientras se le troza por partes en medio de gritos de agonía.

Acá los paramilitares no desaparecen a la gente sino parcialmente. A veces no se encuentra el torso o la cabeza, pero siempre se encuentra algo, aunque solamente sean los dedos. Se transmite el horrendo mensaje mediante la evidencia física de la tortura a la vez que se impide el proceso ritual vindicador que describe Alfredo Molano: “Se prepara el cuerpo poniéndole una de las prendas con que fue asesinado; se le amarran los dedos gordos de los pies con un cordón de un par de zapatos negros recién comprados y se le mete en la boca un papelito con los nombres de los asesinos. A los pocos días los victimarios caen asesinados o se van muriendo de palidez”^[1]. Los medios que reproducen el hecho noticioso de manera sensacionalista, morbosa y descontextualizada, divulgan y amplifican el terror, transmitiendo así el miedo paralizante de manera totalmente funcional al paramilitarismo.

¿Qué buscan los descuartizamientos en Buenaventura? Exactamente lo mismo que buscaban los descuartizamientos en el primer ciclo de Violencia: que la gente huya, abandonándolo todo. Activistas del Proceso de Comunidades Negras (PCN) nos comentaban, durante una visita al puerto en el marco de la X delegación asturiana-irlandesa de derechos humanos, que el objetivo de todo esto era sacar la población local y abrir paso al gran proyecto de remodelación que acarician las autoridades locales y nacionales. Para abrir paso al aeropuerto y a los mega-puertos modernos que estén a la altura de las exigencias de los acuerdos de libre comercio y de la Alianza del Pacífico, se necesitará sacar a tanto negro pobre del territorio. Es más fácil desplazar que reubicar a la gente o alcanzar un acuerdo satisfactorio para ellos, más aún cuando el “progreso” no está pensado para beneficiarlos.

Esta violencia no es ni caótica ni gratuita, sino que responde a un modelo demasiado familiar de generalizar el terror para desplazar y hacerse con el territorio, en nombre del progreso. Es una violencia demasiado ritualizada: “ La técnica del terror exige que la gente se dé cuenta pero no cuente; vea la captura de la víctima en el barrio, la manera como la arrastran, y oiga los gritos de socorro, los alaridos de perdón y clemencia y, por último, aullidos de dolor. Después, silencio: terrible vacío. Los gritos se quedan a vivir en la cabeza de la gente. Todos temen ser el siguiente en una lista que nadie elabora. Los vecinos oyen, el barrio oye, la zona sabe, la ciudad se entera. Las autoridades no oyen, no ven, no saben ” [2]. Pese a todo, aún hay resistencia. Los vecinos de Puente Nayero, en La Playita, han decretado su barrio como un “Espacio de Vida y Humanitario”, en abierto desafío al paramilitarismo [3]. Desde Febrero que se vienen sucediendo masivas protestas populares contra el paramilitarismo, a las que se han sumado incluso los comerciantes a quienes muchos desprecian pues recuerdan que fueron ellos quienes financiaron la llegada de los paracos en el 2000, sólo que ahora “están mamados de pagar vacunas”. Autoridades locales, policía, militares, comerciales, todos amamantaron este monstruo descuartizador. El lápiz con el que el pueblo escribe su historia no tiene borrador. Así se van construyendo barreras de contención a la maquinaria de la muerte.

Ahora que el pueblo va perdiendo el miedo es que el gobierno reacciona militarizando el puerto. Militarización que, como es natural, no está pensada en beneficio de los empobrecidos de siempre, sino de acelerar su proyecto de Buenaventura industrial-portuaria. Buenaventura parece el lugar más desolador del planeta, y sin embargo, aún ahí, el pueblo colombiano da muestras de sus reservas morales para construir un mejor futuro, y creará uno, dos cien puntos de resistencia desde los cuales recuperar a Buenaventura de los mercaderes de la muerte. No pasarán, ni sus paracos, ni sus megapuertos, ni su modelo antisocial de desarrollo.

 

Imagen que circuló en las redes sociales en marzo, en que se aprecia una Casa de Pique por dentro.

Oligarquía colombiana, corsario sin Dios ni Ley

Libardo Sánchez Gómez

Los vándalos en el poder en Colombia han medrado a la sombra de un modelo económico capitalista totalmente dependiente de la metrópoli imperial. La  estructura económica neocolonial les ha permitido urdir unas superestructuras culturales, políticas, religiosas, mediáticas  y  jurídicas moldeadas a sus necesidades de dominación y preservación de privilegios. Por ejemplo, el sistema jurídico colombiano es tan firme como una gota de mercurio, se amolda perfectamente  a las miserias particulares de jueces y fiscales, permitiéndoles interpretaciones de más de 360°;  la misma norma, dependiendo del juez,  permite condenar al acusado a la máxima pena  o absolverlo de toda culpa. El caso Petro es un claro ejemplo, mientras que un magistrado del Consejo de Estado, en su Ponencia,  encontró que el procurador había vulnerado los derechos del alcalde otro en la suya sostuvo que el procurador había obrado correctamente, y que, por tanto, hacía bien en darle muerte política.

El  imperio   a través de ayuda económica, inteligencia y tecnología militar de punta,  da “protección y abrigo” a los vándalos en el poder; además,  medio millón de hombres en armas   les otorga la tranquilidad suficiente para mantenerse en el poder, avasallando a las mayorías.

La destitución y sanción inquisitoria del alcalde Gustavo Petro es la más reciente tropelía de la clase dominante con significancias de amplia trascendencia ética, jurídica y política.   Se visibilizó en el mundo entero   la inescrupulosa arrogancia de la  oligarquía dominante y la manera  como, en cabeza de Juan Manuel Santos,  actúa  cual corsario  sin “Dios ni ley”.  Con este tipo de medidas se envían    mensajes a tirios y troyanos;   se ratifica que las instancias internacionales   importan  un pepino,  sólo acatan y acatarán las disposiciones que les sean favorables;  primero se burlaron de la Corte de la Haya en el litigio con Nicaragua  y ahora lo hacen con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH respecto de las medidas cautelares que intentaban oponerse a la monstruosa arbitrariedad cometida por el Procurador Ordoñez contra Petro.

El mensaje también va para las maquinarias electoreras de ultraderecha  asegurándoles que sus votos son valiosos  y que los  de la izquierda  son menos que un cero a la izquierda.  Y reafirma Juan Manuel que la izquierda está y estará lejos de cualquier posibilidad   de compartir poder y privilegios; frente al establecimiento  solo admiten mayordomos acomodados a la izquierda de los reyezuelos.

En  La Habana, la decisión de Santos cayó como baldado de agua fría en las espaldas de los insurgentes. Definitivamente, el Gobierno, le apunta a que los acuerdos no vayan más allá de la dejación de armas a cambio de  puestos  burocráticos,   algunas sillas en el congreso y algo de dinero, para que un puñado    de reinsertos junto con  los pazólogos y pazólogas   “monten”  oficinas de “análisis de la realidad colombiana”.  La destitución e inhabilidad de Petro hace que las conversaciones  en   La Habana entre insurgencia y gobierno sean, aún, más insípidas.   No obstante,  es una oportunidad para que las FARC endurezcan sus posiciones,  estableciendo “inamovibles” (entre otros, nacionalización de la tierra y la explotación de minerales, nacionalización de la banca y empresas de servicios públicos, no a la presencia militar de potencias extranjeras; educación,  salud y protección social gratuitas)  Solo     que las FARC aceptaron discutir “cambios” sin que los acuerdos  conlleven transformaciones de la estructura    económica capitalista y, por tanto, de las supra estructuras aparejadas al modelo neoliberal. “La  paz”   que los colombianos veremos luego de la firma de acuerdos  en La Habana  será la paz para   la  oligarquía criolla y   transnacionalizada, pues podrán invertir sin  acoso ni sobresaltos.

¿Pero cómo frenar las tropelías de los vándalos en el poder?   Los  colombianos excluidos, campesinos sin tierra, pequeños propietarios, colonos, mineros artesanales, obreros,  indígenas de base, pobrería afro descendiente,   estudiantes hijos de la pobrería y todo tipo de grupos minoritarios,  anclan sus esperanzas en los desarrollos de la recientemente realizada Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular,  “espacio alternativo a la apuesta del Gobierno del Presidente Santos conocida como "Pacto Nacional Agrario" que busca posicionar su política de locomotoras, pequeños subsidios y “alianzas estratégicas” -entre terratenientes, agroindustriales y pequeños productores en muchos casos sin tierra (Agencia Prensa Rural. Cumbre departamental agraria, campesina, étnica y popular del Cauca. Mesa de Interlocución y Acuerdo - MIA / Viernes 28 de febrero de 2014)   La Cumbre Agraria es una extensión de las mesas de negociación entre los campesinos,  que alentaron el reciente y en remojo  Paro Agrario Nacional, y el violento régimen excluyente. En dicha Cumbre convergieron, entre otros,  la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el Coordinador Nacional Agrario-CNA, la Mesa de Unidad Agraria-MUA, la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo - MIA, el Congreso de los Pueblos y el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.   El pasado 31 de marzo de 2014 se radicó en Bogotá, el Pliego Unitario de Exigencias de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, ante el Departamento de Protección Social – DPS. Allí, al contrario de lo que ocurre en La Habana,  los sectores populares plantean profundas transformaciones de tipo económico, social y político.  Los campesinos han puesto  en la cancha del régimen el balón de sus reivindicaciones y rectificaciones al desastre propiciado por los vándalos en el poder. ¿Cuál será la jugada maestra del afamado jugador de ajedrez? Lo cierto es que no tiene ases en la manga, y las decisiones de calado   no están en sus manos sino en las garras del águila imperial y de los militares.      Nada podrá hacer respecto del TLC firmado con el imperio, médula de la problemática que lo enfrenta con los sectores populares, pues los gringos no permiten cambios a éste y mucho menos rescindirlo. Las reformas a la tenencia de la tierra chocan contra los intereses de los grandes latifundios paramilitaristas y  la estructura neoliberal no permite la acción del estado en favor de los menos favorecidos. Así que todo lleva a pensar que en los próximos días el futuro de los colombianos se comenzará a moldear en las carreteras y parcelas de la geografía nacional de mano del sector agrario.   

La clase Obrera y las Guarimbas

Virginia Kingvirginiakingmartinez@gmail.com

El movimiento obrero bolivariano surge al fragor de las luchas por las reivindicaciones laborales dentro del proceso de construcción del Socialismo Bolivariano. Su filosofía está enmarcada en lo que hemos denominado “la nueva clase obrera venezolana”. En el entendido de que no habrá paz sin justicia social y bajo la concepción del líder eterno Hugo Chávez Frías de que “el trabajo es un proceso social, que dignifica al hombre no al capital”, la clase obrera bolivariana socialista y antiimperialista ha asumido responsablemente la carga histórica que impone los momentos actuales dentro del concierto internacional de naciones, más aun cuando nuestra revolución se ha convertido en el faro que alumbra el camino que han de transitar todos los países que pujan por su total y definitiva emancipación. Surge una nueva concepción donde las luchas por las reivindicaciones laborales sea importante. Pero más que eso surge el país como eje central de su accionar dando paso a un nuevo liderazgo obrero.

En concordancia con lo anteriormente expuesto y en el entendido de que la globalización se ha convertido en un fenómeno que alienta a la concertación entre los movimientos de trabajadores en el contexto internacional es que se enmarca la  Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras (CBST). Como la mayor expresión de agremiados en el área sindical venezolana, la CBST se motoriza a tomar la iniciativa en la formación y documentación de sus afiliados, con el fin de elevar el nivel de conciencia colectiva de los mismos.

La Patria de Bolívar y Chávez, de la mano de su presidente obrero Nicolás Maduro, atraviesa en estos momentos una nueva arremetida imperial bajo la novedosa figura del “GOLPE SUAVE”. Actores nacionales como internacionales se han convertido en protagonistas de este fenómeno, la violencia contra la vida, la integridad física y el patrimonio público y privado se han posesionado en estos eventos a través de las GUARIMBAS. La afectación de la población víctima de la “GUERRA PSICOLÓGICA", ha dejado un número significativo de ellas, convirtiéndose esto en un problema de salud pública que amerita urgente atención. La población que no propende ni a un sector político ni al otro, se ha visto igualmente tocada ante lo que a todas luces es un proceso con miras a derrocar el gobierno constitucionalmente electo de Nicolás Maduro. La avidez de tratar de deslegitimar la institucionalidad del estado y sus actores, se ha convertido en el pan de cada día, en esta batalla sin tregua, orquestada por la minoría de la minoría del sector opositor venezolano. No obstante y pese a ello, y como producto de la guerra mediática o de IV generación, ha sido presentado a nivel mundial la coyuntura política actual del país como un campo de batalla, como una guerra fratricida entre los grupos que se confrontan. Las iniciativa del gobierno nacional dentro de su plan de gobierno, como la Conferencia Nacional por la Paz, ha quedado invisivilizada ante los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, en franca connivencia con los poderes facticos a nivel mundial, esos que vieron en el comandante Chávez la piedra de tranca para seguir logrando sus objetivos de dominación contra nuestros pueblos. La supuesta ingobernabilidad y falta de credibilidad de las instituciones del estado, se ha presentado como un clima propicio para auspiciar y tratar de poner  en marcha, escenarios como el de Libia, Siria y ahora Ucrania, donde se “JUSTIFICABA”  la presencia de fuerzas extranjeras que invadieran esos países. Una vez más el pueblo, las fuerzas armadas nacionales, la clase obrera  y el gobierno revolucionario, darán al traste con esta nueva pretensión imperial.

Entender que las acciones violentas desatadas en contra del Gobierno legítimo de Venezuela es una forma de interferencia extranjera en nuestros asuntos internos, se ha convertido en punta de lanza para el nuevo sindicalismo venezolano. Rechazar  y condenar culturas exógenas sanguinarias y mercenarias como las experimentadas en las  llamadas GUARIMBAS (envenenamiento del agua, quema de instituciones educativas, de centros de salud, degollamiento con guayas , asesinato de personas, entre otras ), se torna cada vez más en una necesidad imperiosa para todos los grupos de lucha que defienden la REVOLUCIÓN BOLIVARIANA y CHAVISTA.

Solidaridad internacional con el pueblo de la patria Bolivariana y Chavista de Venezuela!!!!!!!!

La clase obrera venezolana conjuntamente con el gobierno nacional, repelerán esta y todas las intentonas por derrocar la revolución Bolivariana y Chavista.

Chávez Vive, la Lucha Sigue!!!

Firmemos un cese el fuego, Santos

– 26/03/2014

POSTED IN: COMUNICADOS

Con relación al más reciente comunicado del Secretariado Nacional de las FARC-EP y los hechos que lo motivaron, se han expresado un sinnúmero de afirmaciones. Pese a que lo que conocemos de primera mano llega siempre por conducto de los grandes medios de comunicación, campeones universales de la falsificación y la argucia, no deja de causarnos impresión la noticia acerca de la nueva avalancha malintencionada contra nosotros.

Tratamos de explicar la situación que produjo la muerte del mayor y el patrullero de la Policía en la zona rural de Tumaco. Y advertimos de antemano cuán grande sería la reacción de ciertos sectores interesados en la ruptura del proceso de paz que adelantamos con el gobierno nacional. El general Palomino, al igual que el candidato presidencial de Uribe, entre otros, encabezaron otra vez la cruzada contra las FARC, invocando con aullidos feroces la guerra total.

Se nos llama cínicos porque expresamos nuestras condolencias a los familiares y compañeros de las víctimas, como si comprender el dolor ajeno y solidarizarse con él fuera una actitud miserable. Nos duele la vida de cada colombiano o extranjero que muere como consecuencia de esta guerra que nunca quisimos fuera desatada. Que primero los matemos y luego enviemos nuestro pésame, como sugieren nuestros detractores, no es exactamente un modo objetivo de mirar las cosas.

Todo el país y el mundo fueron testigos de cómo el Presidente Santos lloró de felicidad tras la muerte de nuestro comandante Alfonso Cano, y a nadie del Establecimiento o los medios se le ocurrió lanzar el más mínimo reproche por ello. Ni siquiera cuando un Obispo católico expresó su desconcierto por el hecho de que en lugar de haberlo detenido, se hubiera procedido a asesinarlo al encontrarlo solo en la noche, casi ciego e inerme a sus más de sesenta años de edad.

Ni en privado, dentro de los necesarios intercambios que dieron lugar a la iniciación de los diálogos de paz en La Habana, recibimos del señor Presidente la menor muestra de pesar, pese a que los primeros contactos de su gobierno tuvieron lugar precisamente con el Comandante que ordenó matar. Nunca hubiéramos considerado un gesto de cinismo el que lo hubiera hecho, tal vez  lo hubiéramos interpretado como la sincera gallardía de quien se apresta a hablar de paz y reconciliación. La actitud suele ser distinta según se esté a un lado u otro del desangre.

Tras la ruptura del proceso del Caguán, como consecuencia necesaria de la implementación del Plan Colombia definido por los Presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana, y puesto en práctica mucho antes del 20 de febrero de 2002, militares norteamericanos y colombianos desataron todas las formas posibles de violencia contra las FARC y la población de las zonas en donde se ejercía nuestra influencia. Hoy se habla del conflicto como si nada de eso hubiera sucedido.

Ni los horrores del paramilitarismo, desbocado y reconocido social y políticamente en el gobierno de Andrés Pastrana, y acrecentados al extremo del terror de Estado durante la primera administración de Álvaro Uribe, ni los millones de desplazados durante esa etapa, ni la represión generalizada, ni los crímenes y la persecución judicial, ni las millares de ejecuciones bautizadas como falsos positivos, ni la muerte de centenares de muchachas y muchachos de las guerrillas a manos de soldados profesionales que a cambio ganaban un pollo al almuerzo o una licencia, guarda según nuestros críticos la menor relación con el conflicto de hoy.

Así ningún análisis puede ser serio. Las fuerzas militares ejecutan un plan de guerra llamado Espada de Honor II, continuación del Espada de Honor I que fracasó tanto como el Plan Patriota o el Plan Victoria que los precedieron en la intención de aniquilar la insurgencia y la inconformidad. Desde los tiempos de Marquetalia y el Plan Laso, todos estos planes contrainsurgentes han combinado la ofensiva militar con una supuesta acción social marginal y precaria, que les sirve a un tiempo para restar influencia a las guerrillas y construir redes de información para la guerra.

El mayor y el patrullero, en ejercicio de sus tareas oficiales, vestían ropas civiles, lo cual incluso podría ser interpretado como más peligroso aún en una zona de guerra. Al detenerlos, los milicianos pensaron en conducirlos hasta donde un mando responsable que decidiera lo que había qué hacer con ellos, o lo comunicara en consulta a una instancia superior. Sólo procedieron contra ellos al sentirse rodeados por una agresiva operación de fuerzas enemigas.

Lo que pasó por sus mentes en esos momentos difíciles no es un misterio. El enemigo venía a arrebatarles por la fuerza los prisioneros. ¿Cómo actuarían militares, policías o guardianes en una hipotética situación semejante? ¿Por qué no es salvaje matar con una ráfaga de fusil, como a Alfonso Cano, y en cambio sí lo es si no se emplean armas de fuego, en un momento en que emplearlas pone en peligro la propia vida?

Sea cual sea la respuesta, si los milicianos tuviesen que responder por la comisión de un delito, tendrían que hacerlo ante la juridicidad guerrillera, de acuerdo con nuestros reglamentos. En ningún caso procedería su entrega a las autoridades enemigas. Así vemos las cosas nosotros, en concordancia con las propias normas del derecho de guerra. Muchos expertos nos darían la razón. El problema en realidad es de otra naturaleza, es político, responde a intereses de momento.

El fin de semana pasado murieron ocho policías en el helicóptero afectado por el minado activado por guerrilleros del 33 Frente de las FARC en Sardinata, Norte de Santander. El hecho ni siquiera mereció un titular de prensa, simplemente porque el Ministerio de Defensa sabe que no puede usar en contra nuestra una acción militar que desprestigia la Fuerza de Tarea Vulcano y pone en ascuas la arrogante presencia militar en el Catatumbo.

Así pasó también con los militares que fallecieron en el helicóptero derribado el 22 de febrero en La Uribe, Meta. No son muertos que puedan ser atribuidos gratuitamente a vileza de las FARC-EP, son en consecuencia muertos de menor categoría, de los que no cabe siquiera informar a la población colombiana o mundial. Después de todo, la propaganda oficial habla de un Ejército que gana la guerra, y esos hechos lo ponen en duda, es mejor ocultarlos.

Cuando por obra de un bombardeo aéreo a una unidad guerrillera sorprendida a altas horas de la noche en la oscuridad de la selva, se produce la muerte de una o dos decenas de combatientes, el ministro de defensa lanza llamas por sus fauces al comunicar exultante el resultado. Aunque se trate de colombianos, de gente pobre del pueblo. No hablemos de no permitir impunidades por hechos de guerra. Firmemos un cese el fuego, Santos, y hagamos la paz posible.

TIMOLEÓN JIMÉNEZ

JEFE DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP

26 de marzo de 2014.