martes, 30 de septiembre de 2014

INFORME ESPECIAL: EL PROCESO DE PAZ EN LA HABANA


–PRESENTACIÓN:
Son muchas las cosas que se hablan y son también grandes las especulaciones de muchos sectores acerca de lo que tratamos y convenimos con el gobierno en Cuba. Por eso resulta necesario y oportuno publicar una versión real y objetiva acerca de las conversaciones de paz, para que nuestro pueblo, y en particular la población del Catatumbo tenga una información completa y precisa, ajena a las confusiones y falsedades que están echando a rodar nuestros enemigos.
Se dice, por ejemplo, que la paz se encuentra a la vuelta de la esquina porque las FARC-EP estamos listos a pactar nuestra desmovilización y entrega, que en cuestión de unos cuantos meses habremos ya firmado la dejación de armas y pactado nuestra reinserción a la vida civil, y que eso es producto de unos acuerdos por debajo de la mesa que tenemos con el Presidente Santos.
Todo eso es completamente falso. Obedece a intereses venenosos de ciertos y poderosos sectores del país, que sueñan con ver rendidas las guerrillas y domesticadas las luchas populares, para poder aplicar todos sus planes y proyectos neoliberales, consistentes en la entrega a compañías multinacionales, de los recursos naturales y humanos más importantes del país.
Las FARC-EP y el pueblo colombiano jamás hemos pensado eso. Nunca hemos entendido que las mesas de diálogo con las oligarquías que gobiernan el país, fieles sirvientes de los intereses imperialistas, tengan como propósito la entrega de nuestras banderas y la traición a nuestra patria y a nuestras clases más necesitadas.
Al igual que nuestros campesinos e indígenas, que luego de marchar y protestar durante muchos días, logran arrancar del gobierno nacional la conformación de mesas de diálogo para tratar sobre la solución a los problemas que dieron lugar a la inconformidad y el paro, nosotros pretendemos que en la Mesa de Conversaciones de La Habana se pacten las soluciones a los problemas que han dado origen a la larga confrontación armada existente en nuestro país.
Ningún otro fin perseguimos en la Mesa de La Habana. Atendidas y solucionadas las causas económicas, sociales y políticas que dieron lugar a la guerra, seguramente que podrá ser cierta para siempre la paz. Eso requiere que la oligarquía se ponga la mano en el corazón y acepte muchas transformaciones a favor del pueblo.
¿POR QUÉ ACEPTAMOS DIALOGAR CON SANTOS?
El primer interrogante que cabe responder es este. El gobierno de Juan Manuel Santos es un gobierno oligárquico, reaccionario, neoliberal y militarista, un gobierno que defiende por encima de todo los intereses de las grandes compañías multinacionales mineras y extractivas. Que piensa todo el tiempo en cómo acrecentar las ganancias para los bancos, las grandes compañías financieras y los más poderosos inversionistas nacionales y extranjeros.
Un gobierno que privilegia el incremento masivo de los cultivos agroindustriales como la palma africana, de la que se extrae ya no el aceite de palma para consumo humano, sino para la producción de combustible para los automóviles. Es un gobierno completamente entregado a los intereses del imperialismo norteamericano, que incluso contribuye disimuladamente a la desestabilización de los gobiernos democráticos de los países vecinos. Un gobierno que aspira a que nuestro país en un futuro, desempeñe en nuestro continente el papel que hoy juega Israel en el Medio Oriente.
Un gobierno enemigo de las luchas populares, campesinas e indígenas, porque sabe que estas se oponen a los fabulosos proyectos que él tiene para los grandes capitales. Así quedó demostrado en el Paro del Catatumbo y después en el Paro Agrario Nacional, en los que la violencia, el asesinato, la represión y la cárcel fueron empleados como primeras armas de intimidación contra las comunidades movilizadas a la protesta.
Santos aceptó al final emplear la vía del diálogo y crear una mesa de interlocución con los campesinos que no se rindieron, porque se dio cuenta del desprestigio y el daño político que se hacía a sí mismo si no busca otro tratamiento para la inconformidad. Tal y como lo ha hecho desde siempre la oligarquía gobernante, guarda la aspiración de engañar a los líderes de la protesta social, de contentarlos con migajas, de ganárselos incluso para su proyecto político. Pero otra cosa muy distinta pasa con los dirigentes y activistas de las organizaciones sociales que se sientan a la Mesa, quienes aspiran en realidad a arrancar importantes conquistas y concesiones a favor de sus comunidades.
Igual nos pasa a nosotros en la Mesa de La Habana. Santos parte de la idea equivocada de que somos una guerrilla vencida, desmoralizada y a punto de rendirse. Él no entiende nuestras concepciones y métodos de lucha, cree ciegamente en lo que le dicen sus asesores y sus generales. Por eso nos propuso dialogar, con la secreta ilusión de que nosotros aceptaríamos en seguida, pera rendirnos ante él y salvar nuestras vidas. Incluso cometió la torpeza de ordenar que mataran a nuestro máximo Comandante Alfonso Cano, pensando que así nos quedaríamos sin cabeza y no sabríamos qué hacer.
Pero se equivocó completamente. Nosotros conformamos una organización político militar con 50 años continuos de lucha revolucionaria. Hemos pasado por toda clase de situaciones, unas muy favorables y otras muy desfavorables, pero siempre hemos sabido sostenernos y salir adelante. La arremetida estatal de los últimos 14 años, con los Planes Colombia, Patriota y demás, fue capaz de causarnos daños, algunos considerables, pero ha estado muy lejos de ponernos en condiciones de inferioridad y derrota. Hemos enfrentado al poderío militar colombiano, apoyado además por los miles de millones de dólares y toda la tecnología y asesoría de los Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Y nos hemos sostenido, y hemos salido adelante. Hay un pueblo que cree en nosotros y nos apoya contra todo el poder de la oligarquía y el imperialismo.
Como revolucionarios somos hoy mucho más experimentados. Nunca hemos estado tan lejos de una entrega o rendición como ahora. Así que si aceptamos sentarnos a una mesa de diálogos con el gobierno, lo hacemos con nuestra propia idea: encontrar una solución distinta, de carácter civilizado y pacífico, a los graves problemas políticos, económicos y sociales que padece el pueblo colombiano. La oligarquía de este país siempre ha querido tratar los problemas por la vía de la represión, de la violencia y la cárcel. Y eso precisamente fue lo que originó el conflicto armado, primero con los campesinos de Marquetalia y luego con una buena parte del pueblo colombiano que se fue sumando a la lucha contra la brutalidad y el terrorismo del Estado.
Así que el diálogo para nosotros significa en primer término mostrarle a la oligarquía que hay otras maneras de tratar los problemas. Y que es mejor por esas otras maneras. Es lo que desde que nació nuestra organización siempre hemos dicho. Y por eso cada vez que un gobierno nos ha propuesto dialogar, lo hemos aceptado, incluso conociendo de las intenciones con las que lo hace. No importa, creemos que junto con las mayorías de los colombianos, podemos en algún momento hacer comprender a esta oligarquía, que los problemas deben ser solucionados y no negados, y que se puede hacerlo por vías políticas, dialogando por las buenas, y aceptando que se requieren muchas reformas y cambios en este país. Por eso acudimos, cargados de propuestas, a la Mesa de La Habana.
Además hay que reconocerle a Santos que a diferencia de Uribe, aceptó que en Colombia existía un conflicto armado y no una amenaza terrorista. Y que ese conflicto tenía unas viejas causas que había que solucionar. Haber reconocido eso, ya era algo muy importante para nosotros y para el pueblo colombiano. Otra cosa que él crea que las soluciones son unos paños de agua tibia. Pero ese precisamente es el gran tema de discusión en la Mesa: las verdaderas soluciones para nuestro pueblo. En eso estamos.



UN VISTAZO GENERAL AL PROCESO
La consecución de la paz para nuestro pueblo no es una tarea a coronar de modo fácil y rápido.
El denominado Proceso de Paz de La Habana consiste básicamente en un diálogo directo entre dos delegaciones, la del gobierno nacional, encabezada formalmente por el doctor Humberto de La Calle Lombana, y la de las FARC-EP, a cuya cabeza se encuentra actualmente el camarada Iván Márquez, integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP.
El Proceso, como tal, fue diseñado en el llamado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, producido al final de un período de seis meses de conversaciones directas y secretas, entre delegados del gobierno de Juan Manuel Santos y delegados de las FARC-EP, en la ciudad de La Habana. Los voceros de las FARC-EP fueron trasladados hasta Cuba por cuenta del gobierno nacional, tras un largo período de conversaciones y acuerdos sobre su traslado. Dicho Acuerdo General se firmó el 26 de agosto de 2012 y se dio a conocer al país el 5 de septiembre siguiente, de manera separada, mediante alocuciones públicas del Presidente Juan Manuel Santos y el Comandante de las FARC-EP Timoleón Jiménez.
Tanto para la conclusión de este Acuerdo General, como para el desarrollo de las posteriores conversaciones en La Habana, ha sido determinante la disposición y colaboración de los gobiernos de las repúblicas de Cuba y Venezuela, así como del Reino de Noruega y la República de Chile. Cuba y Noruega actúan como garantes, mientras Venezuela y Chile como acompañantes.
En el Acuerdo General se incorporó un preámbulo en el que quedaron expuestos los criterios generales que animan el proceso. En ellos cabe destacar la necesidad de la participación de toda la sociedad en la construcción de la paz, así como que el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente son garantía de paz y progreso. Del mismo modo se enumeraron seis grandes temas, punteados, sobre los que versarían las discusiones: 1. Política de desarrollo agrario integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4.Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas y 6. Implementación, verificación y refrendación.
En su último capítulo quedaron pactadas las reglas para el funcionamiento de la Mesa, en las que se contempló el número de delegados por cada parte en las sesiones, 10 por cada una, la posibilidad de consultar expertos sobre temas de la Agenda, así como de elaborar informes periódicos en aras de la transparencia, la creación de un mecanismo para la divulgación conjunta de los avances, el secreto sobre las discusiones de la Mesa, mecanismos para la recepción de propuestas de la ciudadanía y las organizaciones, y, finalmente, que las conversaciones se darían bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
La discusión de cada uno de los puntos de la Agenda ha implicado la realización de un gran número de sesiones de la Mesa, organizadas por ciclos, en su mayoría de tres días seguidos y uno de descanso hasta completar nueve días de discusión. Antes de cada gran tema de la Agenda, para dar campo a la participación de la sociedad, la Mesa ha confiado al Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y a las Naciones Unidas, la realización de Foros en los que ciudadanos y organizaciones han presentado sus ideas sobre cada punto. Cabe hacer notar que mientras las FARC-EP hemos recogido cuidadosamente estas propuestas y las hemos incorporado a las nuestras, la delegación del gobierno nacional siempre ha hecho caso omiso de lo planteado por la sociedad, interpretando tales foros como algo formal y sin un papel práctico.
También es de destacar que, pese a todas las facilidades para el cabal desarrollo del proceso, nuestros voceros se encuentran siempre en situaciones de inferioridad frente a las condiciones de que disfrutan los del gobierno. Estos últimos pueden estar llamando por teléfono permanentemente a Palacio, para consultar su opinión, y una vez terminado cada ciclo viajan a Bogotá a reunirse con la cúpula gubernamental y de los gremios privados, no solo para informar de sus actuaciones, sino para recibir orientaciones e ideas. Los nuestros no pueden estar comunicándose de modo inmediato ni diario, ni pueden estar viajando al país o un tercer lugar puesto que serían capturados. Por otro lado, mientras los del gobierno dictan conferencias en distintos escenarios sobre lo acordado en la Mesa, quieren prohibirnos, en aras de una confidencialidad que alegan, que nosotros expongamos los avances obtenidos.
Pese a todo eso, permanecemos firmes y optimistas por lo logrado hasta ahora. Son prácticamente dos los años en que la Mesa se ha sostenido, contra las presiones de todos los sectores, incluido el gobierno nacional, que desde un comienzo aspiró a concretar el Acuerdo Final en unos cuantos días. El gobierno nunca ha querido considerar el tema del cese el fuego, partiendo de la idea de que va a derrotarnos en el campo de batalla para que nos entreguemos en la Mesa. A estas alturas ya debería haber comprendido que ese es un sueño imposible. Como absurda es su teoría de que las FARC nos sentamos a conversar porque estábamos vencidos.



ACUERDO Y SALVEDADES RESULTANTES DEL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA
El título acordado para este punto en la Agenda fue el de Política de Desarrollo Agrario Integral. Y comprendió los siguientes temas:
1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial. 3. Infraestructura y adecuación de tierras. 4. Desarrollo social: Salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. 5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 6. Sistema de seguridad alimentaria.
La Delegación de Paz de las FARC-EP presentó a la Mesa y al conjunto del pueblo colombiano una propuesta de desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social, conocida como las 100 propuestas mínimas de las FARC, organizada en 12 capítulos. Por su extensión no podemos publicarla toda aquí, pero quien desee conocerla en su integridad, puede conseguirla en la página web de nuestra delegación: http://pazfarc-ep.org
Podemos describirla como la más amplia y precisa relación de las aspiraciones y banderas de los movimientos campesino, indígena y de negritudes, elaborada con fundamento en nuestro Programa Agrario Revolucionario, nuestra Plataforma para un gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, las conclusiones de los Foros Agrarios convocados por iniciativa de la Mesa de Conversaciones, las propuestas populares hechas llegar a la Mesa por distintos conductos, y las consignas levantadas por el movimiento campesino, indígena y de negritudes en diferentes espacios y momentos de su larga lucha.
Nuestra propuesta se elaboró con el propósito de configurar una alternativa al modelo capitalista y neoliberal que adelanta el gobierno nacional. Comprende una reforma rural y agraria integral, socio-ambiental, democrática, participativa y con enfoque territorial.
La discusión de este primer punto se prolongó por seis meses. Para evitar una ruptura de las conversaciones apenas en el comienzo, hubo que aceptar unos puntos de encuentro, los cuales se redactaron a modo de borrador de Acuerdo, pero bajo la condición de que ese Acuerdo sería parcial, puesto que quedaban una serie de temas pendientes, sobre los cuales no se llegó a consenso alguno. Esos temas pendientes quedaron conservados en una especie de congelador, con el propósito de ser retomados y definidos más adelante. No se dijo cuándo, pero quedó claro que sin acuerdo sobre ellos no sería cerrado el tema.
Un resumen de lo acordado sobre el Primer Punto de la Agenda:
El tema quedó definido como Reforma Rural Integral. El gobierno nacional se comprometió a conformar un Fondo de Tierras de distribución gratuita, aunque se negó a precisar su cantidad y el plazo, pero quedó claro que serán varios millones de hectáreas, provenientes de distintas fuentes. Aparte de eso, se comprometió a crear otros mecanismos para facilitar la adquisición de tierras: subsidio especial para compra y crédito especial para compra.
Todo lo anterior para beneficiar a trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a los desplazados y a la mujer cabeza de familia. Habrá para los mismos, programas de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras recuperación de suelos donde sea necesario, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción que permitan agregar valor, así como provisión de bienes públicos.
También se comprometió el gobierno a formalizar, esto es otorgar títulos de propiedad de manera gratuita, masiva y progresiva a todos los campesinos colombianos que ocupen o posean predios.
Lo relacionado con la restitución de tierras, desplazamiento y despojo quedó diferido para el discusión del punto 5 de la Agenda, sobre víctimas.
El gobierno se comprometió a implementar Mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de protección de la producción alimentaria, así como a emprender la actualización del catastro rural y a establecer un impuesto predial progresivo. Igualmente al establecimiento de un Plan de zonificación ambiental que señale la delimitación de las áreas de frontera agrícola y las de manejo ambiental especial, con miras a la protección de la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional.
También a promover el acceso a la tierra y la planificación de su uso en las Zonas de Reserva Campesina. A hacer efectivo el apoyo a las Zonas de Reserva Campesina constituidas y por constituir.
Cuidando que los nuevos propietarios, así como los antiguos que sobreviven en condiciones de atraso, pobreza y miseria, superen definitivamente tal situación, el gobierno nacional se comprometió a adoptar Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Su propósito definido es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, así como el relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. La base de tales Programas será la participación activa de las comunidades, en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales.
Tales programas incluyen desarrollos significativos en la infraestructura vial, de riego, eléctrica y de conectividad, así como una enorme inversión en desarrollo social, específicamente en salud, educación, vivienda, agua potable y erradicación de la pobreza. Pero además habrá importantes estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. También se establecerá un sistema especial de seguridad (soberanía) alimentaria y nutricional para la población rural.
El grupo de las salvedades:
Tal y como se explicó arriba, quedaron en el congelador, pendientes de tratar los siguientes temas: Latifundio y delimitación de la propiedad, freno a la extranjerización del territorio, extracción minero energética y conflictos de uso del territorio, regulación del a explotación del territorio para la generación de agro combustibles, revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio contra la economía, ajustes al Ordenamiento Territorial, financiación de la política de Desarrollo Rural y Agrario Integral, cuantificación del fondo de tierras, creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio y definiciones sobre el derecho real de superficie.



ACUERDO Y SALVEDADES RESULTANTES DEL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA
El título acordado para este punto en la Agenda fue el de Participación Política y se previo en los siguientes numerales: 1. Derechos y garantías para la oposición política en general y particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. 2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas. 3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Nuevamente la Delegación de Paz de las FARC-EP presentó ante la Mesa y la comunidad nacional e internacional la propuesta de nuestra organización, denominada Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, conocido también como las 100 propuestas mínimas al respecto. En ellas se sintetiza nuestra idea en torno a lo que el pueblo colombiano, sus organizaciones políticas, sociales y populares requieren para existir y sobrevivir con plenitud de garantías para el ejercicio de sus derechos, en un nuevo país verdaderamente democrático, en el que la estigmatizacion, la persecución, la violencia y el crimen por razones políticas sean desterrados de modo definitivo.
Es de destacar la presentación formal de nuestra propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para la paz, la democratización real y la reconciliación nacional. También pueden encontrarse estas propuestas en la web http://pazfarc-ep.org, así como el texto completo del Acuerdo parcial sobre este punto y las salvedades pendientes .
La discusión de este Segundo Punto de la Agenda también se prolongó por seis meses, ciclo tras ciclo de la Mesa de Conversaciones, hasta terminar en un Acuerdo Parcial y unas salvedades sobre los que cabe aplicar el mismo criterio señalado anteriormente para el Punto Primero de la Agenda.
Un resumen de lo acordado sobre el Segundo Punto de la Agenda:
En el Acuerdo sobre el segundo punto este se denominó Participación Política: apertura democrática para construir la paz. Podríamos resumirlo así:
El gobierno nacional se comprometió a expedir un Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política, cuyo proyecto será elaborado por una comisión integrada por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y otras agrupaciones políticas representativas de oposición.
También a conformar un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el cual será complementado y definido totalmente cuando se discuta el Punto 3 de la Agenda. Al respecto el gobierno firmó que ese Sistema Integral estará estructurado en consonancia con una concepción de la seguridad que tienen como centro la persona, se basa en los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos.
El gobierno nacional garantizará los derechos políticos de los ciudadanos que como actores políticos se encuentren organizados como movimientos y organizaciones sociales. También tendrán su Estatuto fundado en su participación democrática. Habrá plenas garantías para la movilización y la protesta social, para la participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, y para el control y las veedurías ciudadanas. De igual modo, habrá garantías efectivas para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa. Y se adoptarán diversas medidas para promover el pluralismo político en igualdad de condiciones.
Igualmente se acordaron mecanismos para la reforma del régimen y la organización electoral. Y se previó la creación temporal de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. también el gobierno nacional se comprometió a crear un canal de televisión para dar acceso a medios a los partidos y movimientos políticos.
El grupo de las principales salvedades:
1. Reestructuración democrática de Estado y la reforma política en función de la expansión democrática. 2. Revisión, reforma y democratización del sistema político electoral. 3. Revisión y reforma de mecanismos de participación ciudadana. 4. Proscripción del tratamiento militar a la movilización y protesta, desmantelamiento del ESMAD. 5. Elección popular del Procurador, el Contralor, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. 6. Participación ciudadana en la definición de políticas de interés nacional, tales como las relaciones exteriores, la seguridad y defensa nacional o la administración de justicia. 7. Democratización del acceso al espacio radioeléctrico la información y la comunicación que impida la monopolización de los medios masivos de comunicación.

L CUARTO PUNTO DE LA AGENDA ACUERDO PARCIAL Y SALVEDADES

Este punto se denominó en la Agenda Solución al problema de las drogas ilícitas y en ella comprendió diversos subtemas: 1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. 2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
Como sucedió en el tratamiento de los puntos anteriores de la Agenda, las FARC-EP, por medio de nuestra Delegación de
Paz, elaboramos y presentamos a la Mesa de Conversaciones, al país y al mundo nuestras propuestas al respecto, en un documento titulado Política Anti droga para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo, también conocido como las 50 Propuestas mínimas. Nuestra posición es concordante con lo sostenido por nosotros desde nuestra Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros de abril de 1993, en la que quedó establecido que ese asunto es un grave problema social que no puede ser tratado por la vía militar.
Nuestra posición, obviamente, resultó confrontada por las posiciones del gobierno nacional, innegablemente ligadas, de una u otra forma, a las posiciones represivas esgrimidas por el gobierno de los Estados Unidos en su fracasada política de guerra contra las drogas, de las que pese a ciertas declaraciones del Presidente de la República, siguen determinando los enfoques y soluciones planteados por el gobierno colombiano.
Resumen del Acuerdo Parcial:
El título del documento es Solución al problema de las Drogas Ilícitas. En las consideraciones previas quedó asentado que es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.
El primer aspecto hace relación a Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. El programa se denominará PNIS y se considera como parte de la Reforma Rural Integral. Su primer objetivo será el de superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas, y en particular de los núcleos familiares que las conforman, afectados por los cultivos de uso ilícito, mediante la creación de condiciones de bienestar y buen vivir en los territorios, y contribuir a las transformaciones estructurales de la sociedad rural que resulten de la implementación de la Reforma Rural Integral y de la puesta en marcha de los componentes del punto 2 de la Agenda, sobre Participación política.
Supone la promoción de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito mediante la implementación de planes integrales municipales comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas. En dichos planes se garantizará la participación de la mujer.
El gobierno nacional se compromete a conferir tratamiento penal diferencial mediante los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de cultivos de uso ilícito.
Frente al consumo de las drogas ilícitas el gobierno creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo. El gobierno creará un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de drogas ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social.
En cuanto se refiere al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos se parte de que es un problema de naturaleza transnacional que implica medidas en el plano interior del país en coordinación con la comunidad internacional. Las medidas implican la judicialización efectiva con tratamiento diferenciado para campesinos y pobladores rurales vinculados a la explotación de los cultivos de uso ilícito. Habrá estrategias para controlar los insumos y en contra de la corrupción.
El esclarecimiento de la relación entre producción y comercialización de drogas ilícitas y conflicto, incluyendo la relación entre paramilitarismo y narcotráfico se traslada a la discusión del punto 5.2 de la Agenda, relacionado con las víctimas del conflicto.
Las salvedades de las FARC-EP
Para nuestra organización quedan pendientes de tratamiento los siguientes temas: 1. Nueva política criminal contra las drogas ilícitas. 2. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de las víctimas. 3. Transformación estructural del sistema de salud pública que permita encuadrar el desarrollo del programa de prevención y consumo. 4. Conferencia Nacional sobre política de lucha contra las drogas.
LO QUE RESTA DEL PROCESO
El ánimo de las FARC-EP apunta a ganar cada vez mayores y significativos espacios para la lucha política y social de los colombianos, así como a alcanzar el mayor número posible de beneficios económicos, políticos, sociales y culturales para un pueblo que viene siendo desconocido, despreciado y golpeado desde tiempos inmemoriales. Somos conscientes de que nosotros solos no vamos a conseguir lo que anhelamos. Se requiere del respaldo, del apoyo, de la movilización activa y contundente de las mayorías colombianas para que la oligarquía que ha mal dirigido nuestra patria durante siglos, entienda verdaderamente la necesidad de imprimir giros y transformaciones de gran hondura, tanto en el destino esperado, como en la forma que se dirige al país.
En la actualidad nos encontramos enfrascados en la discusión del punto 5, sobre víctimas, que de acuerdo con la Agenda comprende dos grandes capítulos: 1. Derechos humanos de las víctimas. 2. Verdad. Hemos conseguido la instalación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, encargada de investigar sobre los orígenes y responsabilidades del conflicto colombiano, hemos celebrado dos audiencias con delegaciones de víctimas en La Habana, hemos presentado varios documentos contentivos de propuestas de trabajo y de discusión sobre el punto 5 de la Agenda. Nos aprestamos a un nuevo ciclo sobre el complicado tema. Nuestra posición central se funda en que son el Estado y las clases dominantes en Colombia los principales responsables por la aparición y desarrollos del conflicto colombiano, incluidas sus millones de víctimas.
También avanzamos en la integración de una Comisión Técnica de alto nivel para el estudio de fórmulas relacionadas con el fin del conflicto, dejación de armas y cese bilateral de fuego. Se trata de una comisión bilateral integrada por militares de alto rango y mandos guerrilleros de jerarquía. Nuestro propósito es mostrar nuestra disposición a abordar los distintos temas de la Agenda sin ninguna clase de complejos. El Tema del fin del conflicto, sin embargo, hace parte del Punto 3 de la Agenda y será discutido en su momento, sobre la base de que son las dos partes quienes deberán comprometerse a proscribir el empleo de la violencia para el ejercicio político, y no solamente la guerrilla como promociona mal intencionadamente la publicidad del régimen.
¿Hasta dónde y cuándo llegará este proceso? Es algo que solamente podrán determinar los colombianos con su actitud ante él. Enemigos de la paz hay muchos en nuestro país, apostándole todos los días al fracaso de las conversaciones. Deben ser muchos más los amigos de la paz, que consigan arrinconar y derrotar a todas las voces que le apuestan a la guerra indefinida.



Somos el terror de quienes quieren robarnos los sueños

sábado, 27 de septiembre de 2014

Revelaciones del negociador de las Farc, Pablo Catatumbo

El paramilitarismo: principal obstáculo para alcanzar la paz

Revelaciones del negociador de las Farc, Pablo Catatumbo

La creciente relevancia que adquiere la Mesa de Conversaciones de La Habana ante la opinión pública mundial, obliga a reflexionar sobre procesos inherentes a la historia reciente de nuestro país que en coyunturas anteriores han sido usualmente postergados o silenciados y han demorado la llegada de la tan anhelada Paz.
Con ocasión de hechos cardinales como la apertura de la discusión del punto “Víctimas” de la Agenda del Acuerdo General, la puesta en marcha de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, y la muy importante “Subcomisión de Género”, cobra plena validez avanzar hacia un debate nacional sobre la naturaleza y la existencia del fenómeno del paramilitarismo en Colombia, toda vez que el esclarecimiento de este asunto está previsto para esta altura de los diálogos, según la misma Agenda.
El caso colombiano tiene la particularidad de que lo que conocemos como paramilitarismo (“escuadrones de la muerte” en la mayoría de países de América Latina), es un fenómeno anterior al surgimiento de las guerrillas revolucionarias.
Curiosamente, en nuestro país se dio primero la contrainsurgencia que la insurgencia. En esto tiene principal responsabilidad la injerencia estadounidense, la fundación de la “Escuela de las Américas” y la temprana participación de nacionales en el bando imperialista en la primera de las guerras calientes de la guerra fría: La guerra de Corea.
Las Fuerzas Militares colombianas cuentan con manuales del ejército estadounidense de Contrainsurgencia anticomunista desde 1958, mucho antes del surgimiento de las FARC-EP y el ELN, en el marco de la adopción para Colombia de la “doctrina contrainsurgente francesa” aplicada en Indochina y Argelia, su actualización como “Doctrina de la Seguridad Nacional” y su extensión y aplicación para toda la América Latina.
En dichos manuales se orienta la creación de grupos paramilitares para eliminar adversarios y líderes de la oposición, realizar acciones encubiertas de sabotaje político, “guerra psicológica”, “operaciones cívico-militares” y la utilización sistemática de la tortura como arma de guerra. En Colombia, el fanatismo anticomunista de la década macartista se adoptó servilmente y sin cortapisas por la clase dirigente y la cúpula militar, con consecuencias trágicas para las mayorías del país.
Al respecto hay suficiente evidencia en los archivos desclasificados de los EE.UU, así como en la misma producción de los órganos de adiestramiento y formación del Ejército. Por eso, un real compromiso con la verdad y el esclarecimiento de la tragedia nacional, debería incluir la pública apertura de los archivos de las Fuerzas Militares.
Volviendo al tema de la aplicación del utillaje contrainsurgente derivado de la Doctrina foránea de la “Seguridad Nacional”, podemos observar su aplicación práctica en la judicialización de la protesta social, las ejecuciones selectivas de líderes populares y la represión organizada en contra de los núcleos de campesinos comunistas que se habían amnistiado y abandonado las armas en el sur del Tolima.
El alto mando militar de la época por orientación del bipartidismo tradicional, auspició a grupos liberales supuestamente desmovilizados, pero en realidad reincorporados nuevamente al conflicto como contraguerrilleros, bajo la hipócrita denominación de “guerrilleros de la Paz”.
“Mariachi”, los hermanos Loayza, “Arboleda”, “Peligro” y otros, hicieron parte de esos grupos. Cabe agregar que hoy la estrategia es la misma y se vinculan los desmovilizados como informantes o como integrantes de grupos paramilitares.
Fueron esos grupos, esa estructura paramilitar, los que actuando como punta de lanza, en connivencia con la fuerza pública, iniciaron el desangre contra el proyecto agrarista de los comunistas en el sur del Tolima e impidieron que se consolidara la Paz. Basta recordar el infame asesinato a traición y por la espalda de Jacobo Prías Alape, líder político histórico de los marquetalianos, el 11 de enero de 1960 en Gaitania a manos de uno de los esbirros de “Mariachi”, apodado “Belalcázar”, que el periódico “El Tiempo” presentó en su momento como “fruto de un intenso abaleo entre bandos rivales”. El asesinato de Charro Negro, fue el detonante que desencadenó 4 años después la guerra en Marquetalia.
Muchos años después frente a un grupo de guerrilleros de la Columna “Isaías Pardo”, su guardia personal, Manuel Marulanda pronunciaría estas palabras: “Fueron los directorios políticos y los militares los que instaron a los mariachistas al asesinato. Con el correr del tiempo la muerte de Charro nos ha llevado a una confrontación nacional con grandes perspectivas para producir cambios…… No todas las veces se producen levantamientos armados por la muerte de un comandante; prácticamente es un caso único. De todas maneras, en Marquetalia ha comenzado el chispazo y el comienzo de la revolución en serio, de acuerdo a lo que estamos viendo”.
Al asesinato de “Charro” se siguió la muerte de otros líderes guerrilleros, como “Vencedor” y “Media Vida” así como la masacre de Natagaima, ocurrida el 26 de septiembre de 1962, que dejó como saldo 27 campesinos de filiación comunista asesinados con sevicia, lo que dio origen al surgimiento de lo que se conoció después como “Movimiento 26 de Septiembre” uno de los grupos que daría origen a las FARC.
Estos sucesos, destacables entre muchos otros episodios de horror en esta región de gente trabajadora que sufrió la victimización masiva de muchos de sus habitantes por motivos de intolerancia política, fueron desencadenando la lógica reacción del campesinado que desembocó años más tarde en el paso a la guerra de guerrillas, y a la formación inicial del llamado “Bloque Sur” y posteriormente de las actuales FARC-EP.
No obstante, estos episodios iniciales no han sido los únicos. Ante el avance del movimiento popular y las perspectivas de la unidad de las izquierdas, nuevos experimentos locales de paramilitarismo fueron surgiendo y desarrollándose.
Así fue en regiones como Puerto Boyacá, Cimitarra, Yondó, el Urabá antioqueño y Córdoba. Como factores comunes están la connivencia de los partidos tradicionales, el apoyo directo de los batallones del Ejército del área y del poder económico regional. No faltaron asesores estadounidenses, británicos e israelíes (Yair Klein y otros) y centroamericanos. Y la peor de las complicidades: la de unos medios de comunicación que impusieron el discurso de la “autodefensa legítima”, los guerrilleros “vestidos de civil” y el “todo vale”.
El surgimiento de la Unión Patriótica en 1984 abriría un nuevo escenario para el accionar paramilitar de la Fuerza Pública: la comisión de un verdadero genocidio político en contra de militantes y simpatizantes de esta alternativa política para la paz. A similar tratamiento fueron sometidos otros proyectos políticos en desarrollo como el Frente Popular, A Luchar, las organizaciones campesinas e indígenas y la naciente Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Se sucedían nombres como el MÁS, MRN, la Triple A, los “Grillos”, “Los Tiznados”, la “Mano Negra”, etc.
Detrás de estas siglas estaba la nueva alianza entre la extrema derecha económica y política, el narcotráfico y la máxima dirigencia de las Fuerzas Armadas.
Está debidamente documentada la evidencia de que fue Harold Bedoya Pizarro, ex comandante de las Fuerzas Militares, ex agregado militar de la Embajada colombiana en Estados Unidos, alumno de la escuela militar estadounidense School of Americas en Fort Benning (Georgia) y más tarde instructor en la misma, el fundador de la “La triple A”, tenebrosa extensión criolla del Plan Cóndor, organización similar a la que existió en la Argentina, con la que se dio comienzo en Colombia al más cruel de todos los crímenes del Terrorismo de Estado: La desaparición forzada de personas.
Se tiende a ver en la posterior unificación del paramilitarismo en la década de 1990 en torno a la sigla de AUC, una suerte de “proyecto personal” de los hermanos Castaño para ocultar el compromiso del establecimiento y del poder económico con este “proyecto”, y se pretende hacer olvidar la directa connivencia de empresarios nacionales y extranjeros, latifundistas, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, medios de comunicación, batallones y brigadas, con los nuevos “bloques” de la expansión paramilitar.
Conocí directamente las prácticas bélicas y políticas de las AUC, toda vez que formé parte de la dirección guerrillera encargada de repeler su proyecto de copamiento de la Cordillera Central vallecaucana en 1999.
Allí fuimos testigos directos del apoyo material y logístico del Batallón Palacé de la Tercera Brigada con sede en la ciudad de Buga, al mal llamado “Bloque Calima”.
En camiones Kodiak pertenecientes a ese batallón, se transportaron desde Buga hasta la zona cordillerana de Buga, Tuluá, Sevilla, Caicedonia y Bugalagrande los grupos paramilitares que realizaron las masacres de El Placer, Alaska, La Moralia, Ceylán, La Marina, Monteloro, Santa Lucía y Barragan. Como mudos testimonios y prueba fehaciente de lo que aquí se afirma, permanecieron en el sitio denominado “El Diluvio”, tres de esos camiones con sus placas, incinerados por la guerrilla, después de combates en la vereda “El placer”. La fiscalía constató después que esos camiones pertenecían orgánicamente al batallón Palace de Buga.
Ni los mandos militares y policiales, ni las autoridades civiles de la región movieron un solo dedo para defender a esas comunidades campesinas victimizadas de la peor manera, en masacres como las mencionadas.
Fuimos los guerrilleros de las FARC y del Movimiento Jaime Bateman Cayón quienes salimos en defensa de la población desamparada hasta lograr derrotar la amenaza paramilitar en casi dos años de confrontación.
Mientras todo esto ocurría, los grandes empresarios de la industria azucarera de Cali, Palmira, Tuluá, Buga, Bugalagrande, Florida y Pradera, se reunían en Cartago en la finca de alias “Rasguño para pactar con Castaño, “Rasguño”, “Don Diego” “Chupeta” y otros mafiosos, las cuotas de apoyo financiero que les entregarían a esas hordas paramilitares. Las confesiones de H.H ante la fiscalía dan amplio testimonio de lo que afirmamos.
Los medios regionales saludaban y alababan la “labor salvadora” de las AUC, con casos tan paradigmáticos como los de dos columnistas del diario “El País” de Cali, Diego Martínez Lloreda y un plumífero paramilitar de nombre Mario Fernando Prado.
La Paz de Colombia requiere del esclarecimiento pleno de todas las aristas de la realidad paramilitar y su entroncamiento con todo el entramado y el poder real que gobierna en las regiones. Requiere también de su desmonte efectivo y garantías de no repetición. Sin eso no habrá paz en Colombia, toda vez que el paramilitarismo continúa siendo una realidad patente en todas las regiones del país.
La pregunta final es: ¿Están el establecimiento colombiano, el Estado, los empresarios y los partidos políticos tradicionales, maduros para asumir el esclarecimiento de esta verdad y al desmonte de los sectores que han aupado, patrocinado y ensalzado el Paramilitarismo en Colombia?
Esto no es mera retórica, lo decimos con sincero convencimiento y plena responsabilidad patriótica: En la respuesta a esta pregunta está el desenlace que pueda tener el Proceso de Paz de La Habana. Porque efectivamente, es el Paramilitarismo, el oficial y el mafioso, el principal obstáculo para alcanzar la Paz de nuestro país.
El presidente Santos ha dicho: “El punto clave……, el meollo del problema, es el punto de las víctimas y lo que se llama la justicia transicional. Ahí radica el corazón de la solución de este conflicto. Lo más difícil”.
Puede ser que tenga razón el señor presidente, ese es un obstáculo que tenemos que superar, pero, para la solución de eso que él llama “el meollo del problema”, necesitamos resolver el problema del paramilitarismo. De allí depende la Paz de nuestro país.
Con un paramilitarismo activo, impune y rampante como el que hay actualmente, es imposible ejercer con garantías, actividad política de oposición contra el establecimiento. Ese es el mayor reto que afrontamos.
*Pablo Catatumbo – Integrante del Secretariado de las FARC E

martes, 23 de septiembre de 2014

A los “izquierdistas democráticos” no les interesa desmontar el estado burgués

Libardo Sánchez Gómez

La socialdemocracia tutorada por el neoliberalismo ha demostrado durante largas décadas a lo largo y ancho del planeta que es una manera  fallida para otorgar bienestar a la humanidad;  mientras un puñado de individuos acumulan y gozan de todo tipo de privilegios millones de humanos  amanecen y anochecen  con el estómago vacío; es diciente que en el imperio USA, capital mundial del capitalismo, alrededor de ochenta millones de hombres y mujeres ( el doble de los habitantes de Colombia) sobrevivan al “sueño americano” en calles y alcantarillas en medio de la pobreza e indigencia  gracias a un despreciativo asistencialismo.

Es imperioso encontrar un modo de producción que haga posible un mínimo grado de bienestar   para la mayoría de hombres y mujeres. Esto significa, en primer lugar,  que hay que desmontar el statu quo burgués mundial actual sustentado en la fallida socialdemocracia y, en segundo lugar, se debe avanzar hacia el socialismo. Pero desmontar  el estado burgués globalizado es una utopía tan neblinosa como la de lograr un estado igualitario universal; no obstante,   el esfuerzo decidido de hombres y mujeres de todos las naciones podrán hacer realidad uno y otro anhelo;  a quienes han asumido esta tarea se les distingue como idealistas de izquierda. Existe  una gama de izquierdas conformadas por “intelectuales posmodernos, relativistas culturales y nuevos filósofos” (Carlo Frabetti. Conciencia de clase. 2013) Destaca “la izquierda democrática” la cual inscribe en sus filas a los capitalistas keynnesianos, que propician una mayor participación del estado;  una variante de la anterior corresponde a la izquierda  progresista,  dice buscar el socialismo del siglo XXI; no hay que dejar de lado que estas vertientes creen que es posible optimizar la socialdemocracia. Y existe  la izquierda revolucionaria, que busca avanzar hacia el socialismo; ésta   sustenta sus bases conceptuales e ideológicas en el materialismo científico.

Las  transformaciones sociales, que pongan capítulo final a la socialdemocracia y al antropocentrismo y conduzcan  hacia formas más amigables con el hombre y el mismo  medio ambiente, difícilmente se comprenden sin Marx y la dialéctica materialista  como no se entiende la evolución de la vida y los ecosistemas sin Darwin y el papel del ADN. Muchos líderes progresistas y/o formadores de opinión se jactan de no haber leído a Marx; su visión “adialéctica”  les aleja de la realidad y los lleva a creer que la lucha de clases y la combinación de las formas de lucha son asuntos del pasado y que, en todo caso,  los avances sociales se pueden llevar a cabo mediante una simple “transición democrática”.  También, los izquierdistas sin Marx, creen ingenuamente que el capitalismo (hoy neoliberalismo globalizado) puede tener rostro humano y que el “el sueño americano,  europeo o asiático” está a la vuelta de la esquina. De  la misma manera, están convencidos que es factible la alianza entre la oligarquía y los trabajadores;  no perciben, o ignoran intencionalmente,  que el  “descomunal enriquecimiento de unos pocos es la causa directa del empobrecimiento de muchos”. Y   mientras estos “izquierdistas democráticos” niegan el antagonismo de clases los poderosos (1% de la población mundial, dueños de multinacionales, bancos y políticos a sueldo) saquean al resto de la humanidad (99%)  y combinan todas las formas de disputa social  (mediáticas, manipulación mental,  educación, paramilitarismo, etc.) para mantener su dominio universal.  Y escapa a estos izquierdistas que es el modo de producción quien determina cómo será el hábitat que nos rodea e, igualmente, ubica a cada hombre y mujer en un nicho (pobre o rico)  específico dentro de la sociedad. El hombre de hoy está atrapado como mosca, sin posibilidad de escapar, en la  telaraña de superestructuras religiosas, culturales y  jurídicas que ha tejido el capital a nivel global, y no será rezando como   podrá romper los hilos de la dominación   sino luchando como gato patas arriba, combinando  las pocas herramientas de lucha que estén a su alcance.

La  inconsistencia ideológica de los líderes llamados  de izquierda  hace   pensar a la gente del común que derecha e izquierda son lo mismo. Pues aceptan puestos en todos los niveles del gobierno, sirviendo para maquillar el rostro  malvado de la burguesía, como vicepresidentes, ministros, etc.  Muchas  de  las  decisiones  gubernamentales   en los distintos “estados progresistas” corresponden a simples medidas de manejo fiscal y monetario propias de cualquier país capitalista, eso sí, superadas en asistencialismo, conllevando  más “retraso político e ideológico de la inmensa mayoría de los trabajadores”; eso explica,  en palabras de Guillermo Almeyra  (¿Hasta dónde son "progresistas" los gobiernos progresistas?  2014 ) que “Nicolás Maduro, en Venezuela, no logra ni la estabilización económica ni la política y Rafael Correa debe ceder al FMI y enfrentar una oposición de los movimientos indígenas, sindicales y ecologistas mientras la derecha clásica conserva el control de las clases medias de las grandes ciudades y hasta en Uruguay el Frente Amplio podría perder su mayoría”. Se pregunta el mismo Almeyra “¿Serían progresistas porque tienen una política desarrollista, con elementos de estatalismo y distribucionismo, pero que no escapa al neoliberalismo y sirve fundamentalmente a las grandes transnacionales, a costa de los trabajadores?”

Todo indica que  las “izquierdas no revolucionarias” no están interesadas en desmontar el estado burgués, conciben la dinámica social  simplemente  como la modernización del aparato de dominación de la burguesía. Dichas  izquierdas, habiendo sido amaestradas por la burguesía, han desembocado en  el acomodamiento burocrático y electoral. Hay ejemplos desafortunados que ilustran esta situación,  en plena campaña presidencial la dirigente de la Unión Patriótica Aída Abella,  fórmula vicepresidencial de Clara López, quien se supone preside un partido de izquierda revolucionaria  de carácter marxista leninista, manifestó que a Ella le “gusta el capitalismo” y que lo que “hay son malos gobernantes”. ¿Y si la sal se corrompe…? La propia Clara López luego de la primera vuelta se convirtió en ferviente agitadora de la campaña del candidato presidente Juan Manuel Santos. La disculpa de la jefa del POLO DEMOCRÁTICO, partido por esencia socialdemócrata, como de toda la “izquierda desclasada”, era que se trataba de un “sapo que debían tragar”  por “la paz” que se negocia en La Habana, ignorando que la paz “santista” no va más allá del ofrecimiento a los insurgentes de dinero y curules a cambio de frenar su lucha  y entregar las armas. Claro que CLARA, de paso,  aseguró el apoyo de la oligarquía bogotana a su próxima candidatura a la alcaldía de Bogotá. Otro que cosechó frutos con el “sapo de la paz”  fue el progresismo del alcalde Petro, pues luego del declarar su apoyo a la campaña de Juan Manuel cesaron los zarpazos de oso del procurador Ordoñez y el Consejo de Estado enfundó la espada de Damocles, con  la que amenazaba constantemente al  burgomaestre.


 En todo caso, la responsabilidad ineludible de los  hombres con conciencia de clase está en hacer avanzar el  mundo, lo dice Marx: “Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes modos, pero de lo que se trata es de transformarlo” (MARX, Tesis sobre Feuerbach) Luego de algo más de medio siglo de exitosa resistencia armada contra el estado burgués, con la que se ha buscado transformar el statu quo burgués basado en la inequidad, pobreza y violencia estatal,  gracias a la masa crítica fermentada  por la “izquierda  sin identidad de clase”, dicha resistencia está por terminar, los guerreros  de la FARC y el ELN están a punto de dejar las armas, para entrar en el juego de la lucha política dentro de las condiciones impuestas por el estado burgués. Parece que la burguesía va a lograr en la “Mesa de sometimiento de La Habana” lo que no pudo en el campo de batalla.


martes, 16 de septiembre de 2014

EXIGIMOS DEBATE POLÍTICO SIN CENSURA

EL ABOGADO FRANCISCO BASILIO ARTEAGA BENAVIDES. ACTOR DE VARIAS ACCIONES POPULARES,ENTRE OTRAS:  "PARA QUE A  LOS SENADORES  Y REPRESENTANTES A LA CÁMARA CONDENADOS POR LA PARAPOLÍTICA ,  les ordenen LA DEVOLUCIÓN  de  los dineros  por reposición de votos, salarios , aportes pensionales  y para que le pidan perdón a Colombia  por  estos actos delictivos  en contra de Colombia"  acciones que cursan  en los juzgado  37 administrativo de Bogotá 2008-115, juzgado  43 ad.2008-056, Juzgado  21 ad. -2009-120

En esta oportunidad exige:  Se proteja el derecho fundamental a recibir información, veraz, completa y a conocer la verdad del fenómeno del paramilitarismo en Colombia, a que se conozca: nombres propios, rostros y a que no haya impunidad judicial ni política:

RESUMEN:

ARGUMENTACIÓN  DE LA ACCIÓN DE TUTELA  No. 2014-0218700 TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA PENAL.

El congreso de la República  de Colombia  en la Historia  reciente ha sido  el albergue de la mayoría  de los padres  de la patria  comprometidos  con  la narco -democracia  y la narco-parapolítica. Entonces  es un deber convertir al congreso  en  escenario de la verdad, la justica y reconciliación.

 Las grandes bancadas victimarias   comprometidas  con estos  factores  generadores de violencia han legislado para que sus víctimas nunca conozcan la verdad, colocando  a sus actos atroces que avergüenzan la historia patria la coraza de impunidad. 

  Es por esta razón se exige al juez constitucional se proteja  mi derecho fundamental a  recibir  una información veraz   y completa  y  a conocer la verdad  del fenómenos de paramilitarismo  en Colombia con nombre propios, con sus rostros  y sin impunidad judicial  ni política.

En consecuencia  de lo anterior  ordene a ÁLVARO URIBE VÉLEZ  comparecer al  debate de control político citado  por el HONORABLE SENADOR  IVÁN CEPEDA CASTRO.  
 Igualmente se ordene   que el debate de control político sobre el paramilitarismo  para el cual ha sido citado ÁLVARO URIBE  VÉLEZ a la comisión segunda,  se haga sin ninguna censura o prohibición o ninguna restricción y por la importancia nacional e internacional del tema  se realice  en la sesión plenaria del senado y difundido  por todos los medios de comunicación  en horario de mayor audiencia  o triple  “A”
Se ordene  al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  Y SECRETARIAS DISTRITALES  Y DEPARTAMENTALES  Y MUNICIPALES DE EDUCACIÓN que para los días del debate de control político sobre el paramilitarismo  se disponga  tiempo libre para  que las nuevas generaciones  que son los estudiantes conozcan el ultraje que la recibido LA PATRIA COLOMBIA, para que exijan que esto no se vuelva a repetir.
 Se  ordene  que la comisión acusaciones  de la cámara de representantes presente un informe público acerca del estado de las investigaciones en contra de ÁLVARO URIBE VÉLEZ. Y con base en este informe se opte por que dichas investigaciones  las adelante la Corte Suprema de Justicia Sala Penal. 

Nos sumamos a la tutela impetrada por el Dr. Basilio y nos gustaría que ustedes también lo hagan.


jueves, 28 de agosto de 2014

¿El embrión del postconflicto está inmaduro?

¿El embrión del postconflicto está inmaduro?


Libardo Sánchez Gómez

Últimamente en Colombia se habla mucho de postconflicto tanto del lado de los “pazólogos” (izquierda acomodada) como del Régimen, dando por hecho que la insurgencia se someterá a la paz sin concesiones pregonada por Juan Manuel, en la que el statu quo ante bellun   no sufrirá modificación alguna. Sí así fuere, significa que los colombianos tendremos que seguir aguantando un parlamento roñoso no sólo por la corrupción que conlleva en sus entrañas sino por los desvergonzados privilegios con que se inviste cada uno de sus miembros, traducidos en astronómicos e injustificados salarios. También significa que la oligarquía seguirá  apuntalada en el poder  gracias a unas fuerzas militares hipertrofiadas y un cuerpo paramilitar poderoso los cuales cuentan con  recursos y tecnología del  imperio.  Seguiremos sometidos a un ordenamiento jurídico hecho a la medida de quienes usurpan el poder. Las carroñeras EPS seguirán devorando pueblo,  sin posibilidad alguna de arrancar  de sus garras  el sistema de salud, pues estas financian  campañas políticas en todos los movimientos cooptando   las mayorías   parlamentarias. Y el negocio de la educación seguirá en  manos privadas, sirviendo como correa transmisora de los intereses del gran capital transnacional.

Hace  tiempo Marx destacó que “el hombre es producto de su medio y sus circunstancias”,  y a las mayorías colombianas les tocó las peores circunstancias sociales y económicas posibles propias del modelo capitalista, hecho que ha dado origen a una oligarquía vandálica gobernante.  El  pueblo, en medio de exuberante y rica naturaleza,   vive a “gatas”  en un hábitat plagado de atraso, desigualdad, pobreza, violencia e inequidad.  Marx dijo que “El carácter y la estructura de toda sociedad se hallan determinados por el modo de producción imperante. Al cambiar este modo de producción, cambia también todo el régimen social, cambian las ideas políticas, jurídicas, religiosas, artísticas, filosóficas y cambian las instituciones correspondientes. El cambio de modo de producción constituye una revolución”. Como se anotó atrás, y para  colmo de males, se convino entre FARC y Gobierno negociar sin que “al final de la partida” nada cambie, luego la nueva sociedad seguirá esperando que nuevos actores empujen la carreta de las transformaciones.

Iniciadas las conversaciones en La Habana expresábamos  la inquietud acerca de  que era “Mala hora para entregar las armas”, pues  “nada indica que sin ellas se pueda detener el despojo y humillación de tantos por tan pocos”.  Se dijo también que en Colombia “la solución política a los conflictos de clase (contradicciones del capital) no deja de ser una coqueta quimera”. Marx recalcó que “La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica”; No se puede dejar de lado que la resistencia armada ha venido siendo un insustituible contrapeso a la violencia paraestatal. Parece  que, aún,  el embrión de la nueva sociedad no está maduro, ya que estamos insertos en formas atrasadas de  producción, pues aún transitamos  el camino del feudalismo, somos una colonia USA y la estructura de tenencia de la tierra en su gran mayoría corresponde a extensos latifundios. ¿La “partera armada” tendrá que seguir alimentando el embrión de la nueva sociedad? 

Y es mala hora para entregar las armas porque “(…) las causas que obligaron un día a Pedro Antonio Marín o, mejor, Manuel Marulanda Vélez, familiares y vecinos a bajar del zarzo la morocha de dos cañones, para evitar que les robaran sus parcelas, siguen intactas; y, peor aún, ahora los despojadores se apoyan en jueces y notarios y cargan motosierra. Además, se cuentan por millones los desplazados rurales y millones los pauperizados en todas las ciudades, y la mayoría de los que quedan en el campo. Y sigue amplificado el terrorismo de estado, y la pobreza y miseria intactas; lo mismo que la desigualdad, el analfabetismo Y las muertes de niños por inanición” (http://libsang-elviajeroysusombra.blogspot.com/2013/05/mala-hora-para-deponer-las-armas.html). La cruda realidad es que  ad portas de firmar el acuerdo de Paz, que implica dejación y/o entrega de armas, la situación de pobreza y violencia contra campesinos y líderes sociales de toda índole es la misma de siempre; contra Marcha Patriótica se ha  reiniciado el fatídico “Baile rojo” con el que se efectuó el genocidio de La Unión Patriótica.  Así mismo, los anillos de miseria, desigualdad e inequidad que rodean el postconflicto están dilatados en grado aterrador; en los últimos días los medios de comunicación afectos al régimen han dado como “chiva” noticiosa  la muerte por inanición de más de cinco mil niños de la etnia Guayú en la Guajira.  Y otros tantos, pero que ya no son noticia, mueren a diario por la misma causa en el Chocó y en las periferias  de grandes y pequeñas ciudades.  

Se  advirtió que si se “firma la paz” sin el compromiso de que se tengan que llevar acabo profundas transformaciones de tipo social, económico, cultural y político,  se puede a llegar a la “salvadorización” de los acuerdos.  James Petras anotaba que  los líderes de las FARC-EP  ponen:  “(…)el énfasis en la incorporación política al sistema electoral  y  a la apertura de negociaciones sin ningún acuerdo previo y una disposición a trabajar dentro del marco electoral capitalista”, parece muy poco y raro para medio siglo de sacrificios. También anotaba que acá como allá (El Salvador) abandonan   “…las demandas de desmantelar las fuerzas armadas, de expropiar las principales empresas mineras, comerciales, banqueras y financieras.”  El mismo Iván Márquez dijo que “En la mesa no estamos planteando cambios radicales a las estructuras políticas ni económicas del Estado” (http://libsang-elviajeroysusombra.blogspot.com/2013/08/salvadorizacion-de-los-acuerdos-en-la.html). Hoy vemos que el pueblo salvadoreño se mueve en condiciones de pobreza y violencia peores que las que vivió antes de los acuerdos de paz; lo único positivo que ha logrado el Salvador es poner como presidente a un antiguo guerrillero del Farabundo Martí, pero a éste le toca caminar sobre la cuerda floja del neoliberalismo so pena que se le venga encima el imperio con todos sus “fierros”.  ¿Caminamos el mismo camino?

Aventurando explicaciones acerca del porqué se negocia con el telón de fondo de la inmovilidad  del statu quo, se puede pensar que era la única manera de iniciar conversaciones entre el régimen y la insurgencia, pues fuerzas tanto internas como externas obligan a que así tenga que ser. Es incuestionable que a Juan Manuel Santos, como vasallo del imperio, no le está permitido alterar el modelo impuesto por la metrópoli imperial. Y en el nivel interno son la oligarquía latifundista y los militares, quienes detentan verdaderamente el poder,  los que tienen la última palabra.

Pero no obstante que  en principio se pactó, más de forma que de fondo,  la inamovilidad del statu quo la ruta que la realidad social y política impone a los negociadores es otra; las declaraciones de los guerrilleros a través del periodo de conversaciones así lo evidencian. El jefe máximo de las FARC-EP Timochenko dijo hace unos días que era imposible firmar acuerdos definitivos antes de un año, asunto que tiene que ver con la respuesta de Jesús Santrich a Fernanda Sánchez Jaramillo a la pregunta: ¿Cómo visualizan ese tratado y cómo se puede llegar a la paz sin reformas estructurales? Santrich: “No hay paz justa sin reformas estructurales. Por eso hablamos de la necesidad de firmar un Tratado de paz, pues el acuerdo al que lleguemos debe concluir la guerra y esto implica poner fin a las causas que la generaron, adecuando soluciones expuestas de manera clara, integral, objetiva y ordenada con garantías -y no simples promesas, sobre los asuntos de la vida nacional que están comprendidos en el Acuerdo General de La Habana y su Agenda- que tienen que ver con la superación de la miseria, la desigualdad y la carencia de democracia, fuentes principales de la victimización a la cual la plutocrática clase gobernantes ha sometido a las mayorías”. A renglón seguido agrega: “Volviendo al aspecto de los cambios estructurales, debo decir que la conquista de la paz no será posible si no hay cambios de fondo en materia económica y política. Estos cambios obligan a poner fin al neoliberalismo, a partir del establecimiento de la democracia y la materialización progresiva de la justicia social. No se puede seguir instrumentalizando, ni manipulando de manera utilitarista y simplista, el concepto de la paz, pretendiendo instalar en el imaginario colectivo la idea según la cual la paz es el desarme de la insurgencia.


Si se intenta armonizar las anteriores apreciaciones de los insurgentes con el asunto de la inamovilidad del statu quo se puede pensar que “ni el enfermo quiere ni hay que darle”.  La conclusión es que la oligarquía no quiere ni puede hacer los cambios que las FARC-EP, como voceras del pueblo desfavorecido, quieren. ¿La violencia,  partera de la nueva sociedad, tendrá que esperar otros cincuenta años?

viernes, 22 de agosto de 2014

Víctimas y víctimas



El otro día, pasando por delante del local de una organización de caridad acá en Dublín, vi un cartel que decía “Nuestra organización seguirá apoyando a las víctimas de Israel y de Palestina en el actual conflicto”. Comparto la opinión de quienes dicen que toda pérdida de vida humana es lamentable: pero equiparar la tragedia de dos mil civiles palestinos masacrados con uno o dos civiles israelíes muertos en una guerra asimétrica declarada por Israel sin ningún asidero en el derecho internacional, me parece un abuso indignante. Equiparar las víctimas de una nación desarraigada, bloqueada, despojada, empobrecida, con un par de ciudadanos respaldados por uno de los Ejércitos más modernos del mundo y cuyas familias se beneficiarán de todo el apoyo psicológico, económico y social del Estado de Israel, me parece francamente obsceno. No sólo es deshonesto, sino estúpido, y sin embargo, constituye la narrativa con la cual EEUU justifica los crímenes de lesa humanidad de su alfil en el Medio Oriente. Porque cuando se trata de un conflicto donde las partes son tan desiguales, tratar de equipararlas en el discurso es un recurso para dar mayor preponderancia a las minorías poderosas.
Una situación parecida es la manera como se está abordando el tema de las víctimas que comienza a ser discutido en las negociaciones de La Habana . La delegación de víctimas que llegó a La Habana [1] , “muy plural que representaba varios hechos victimizantes, varias regiones, varios estratos sociales y víctimas de varios victimarios”, en palabras del representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild [2] , refleja ese desequilibrio. Representando a todas las víctimas por igual, se pierde toda noción de representatividad en el conflicto colombiano, en el cual la inmensa mayoría de las víctimas son pobres y han sido victimizadas por agentes estatales o paraestatales. Se sigue así invisibilizando a la inmensa mayoría de las víctimas de esa violencia masiva que han sufrido los pobres, fundamentalmente en el campo, por parte del Estado con el propósito de aplastar la rebelión. Con el discurso de los “victimarios” se dejan de lado las responsabilidades políticas e históricas, así como la escala de las violencias respectivas. Se nos dirá que es muy difícil mantener el equilibrio en estos casos: pero ahí está la raíz del problema, y es que tal equilibrio entre victimarios y violencias no existe. En el intento de crearlo artificialmente se desfigura la realidad. Aún el mismo término “víctima” es utilizado de manera bastante elástica en la narrativa oficial. Desde los medios se machaca que todos somos víctimas, aunque claro, algunos somos más víctimas que otros. El Estado es una víctima, en opinión de Álvaro Uribe, quien dice esto sin sonrojarse, parodiando a Turbay Ayala cuando decía que él era el único prisionero político en Colombia. El tema de víctimas da para todo y aunque sé que se trata de un tema espinoso y sensible, creo necesario discutir en torno a algunos problemas que obscurecen la real naturaleza del debate.

¿Qué entendemos por víctima?
Uno de los primeros problemas es la falta de definición en torno a qué nos referimos con víctimas: ¿víctimas de violaciones al derecho internacional humanitario o a las violaciones de derechos humanos? Hay una tendencia a confundir de manera deliberada el DIH con los DDHH, tendencia que ha ido de la mano con una tentativa de “privatizar” los DDHH e ignorar que es responsabilidad suprema del Estado garantizarlos en función de su legitimidad ante la sociedad. Incluso, los DDHH se han convertido en un ejercicio de relaciones públicas a la vez que en arma de guerra: las oficinas de DDHH del Ejército están ligadas a Operaciones Psicológicas. DIH y DDHH no son lo mismo y su confusión no ayuda a esclarecer lo que está en juego. Una son las infracciones de los actores en conflicto en el contexto de la confrontación armada [3] . Las violaciones a los derechos humanos son aquellas perpetradas por el Estado o por su inacción, por agentes del Estado o por personas aliadas a él (ej. paramilitares), que van directamente en contra de las disposiciones estipuladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo particularmente grave de este último tipo de violaciones, es que no solamente victimizan la persona, sino que degradan las nociones más esenciales que se tienen del ser humano en la modernidad, así como también degradan el concepto de ciudadano en que se fundamenta el Estado Moderno, que aunque se pueda argumentar que es una ficción, representa una o bligación para quienes ejercen el poder en la actual sociedad. Las violaciones a los derechos humanos, insistimos, son hechas por el Estado y al decretar a sectores de la sociedad como no-ciudadanos, paso previo a negarles su condición humana, abre las puertas al derecho a la rebelión consagrado en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos. En esta perspectiva, el surgimiento de los movimientos guerrilleros se ve en una luz completamente diferente.
Otro problema es la perspectiva temporal corta en que se asienta todo el debate en torno a las víctimas. Se da por sentado que el conflicto armado que hoy se vive en Colombia se inició con el surgimiento de los movimientos guerrilleros FARC-EP y el ELN entre 1964-1966. A lo sumo, como se hace en el informe “Basta Ya” del Centro Nacional de Memoria Histórica, se comienza con el Frente Nacional en 1958. El problema con esta historia “corta” es que no da cuenta del momento en que el escenario para la actual violencia fue sentado desde la década de los ’30, surgiendo una violencia nítida, con una continuidad hasta el presente desde 1946. Cuando los guerrilleros en La Habana se declararon víctimas del conflicto, despertaron airadas reacciones por parte de los gurús del establecimiento y de sus obsecuentes propagandistas en los medios. Sin embargo, si adoptamos la historia larga y una comprensión cabal de los DDHH, podremos comprender cómo los campesinos perseguidos en el período conocido como la Violencia (1946-1958) se alzaron en armas, en rebelión, contra un Estado que, cuando no los masacraba y violaba, observaba impávido como las milicias privadas de los terratenientes lo hacían. Todo esto tiene lógicamente que ver con el problema de la memoria y de la verdad histórica, que también son temas que tendrán que abordarse en el marco de las negociaciones.
El otro problema es que la misma definición de víctimas también deja de lado algunos elementos más complicados para asir la naturaleza de esta guerra degradada, difusa, a veces difícil de definir: ¿qué pasa con los exiliados? ¿qué pasa con los presos políticos y de guerra víctimas de atroces torturas y de privaciones de agua, medicamentos, alimentos, útiles de aseo, etc.? ¿una persona que ha sido victimizada por agentes del Estado o paramilitares pierde su condición de víctima si se rebela y toma las armas ? ¿qué pasa con las víctimas de la limpieza social, esos nadie, los llamados desechables, que viviendo en los márgenes de la sociedad no tienen organizaciones que les representen? ¿qué pasa con los que han sido víctimas de un modelo de desarrollo impuesto a sangre y fuego por las multinacionales? ¿por qué no son las multinacionales, de hecho, consideradas como un actor del conflicto armado pese a su abierta complicidad con agentes del Estado y con bandas paramilitares? ¿es la naturaleza una víctima del conflicto, independientemente de su centralidad para sostener a la humanidad como una entidad viable? ¿qué pasa con las personas que sin haber sufrido de la violencia física directamente sufren de la violencia estructural, de la exclusión, la marginación y la violencia de la sociedad impuesta median te la guerra, como el caso de los niños hambreados en la Guajira y en toda Colombia? Son preguntas nada fáciles y que algunas organizaciones se están atreviendo a plantear.

La víctima despolitizada y pasiva
Hay una tendencia a despolitizar al concepto de víctimas, tendencia en la que han caído aún algunos sectores tradicionalmente vinculados a la izquierda. Se puede afirmar que “no permitiremos que enfrenten a las víctimas”, como si todos fueran la misma cosa, pero ese nunca ha sido el problema de fondo. Esta manera indiferenciada de abordar la problemática de las víctimas refuerza un discurso desmovilizador y apolítico que ha calado hondo en sectores de los defensores de DDHH (¡Cuánta falta hace el doctor Eduardo Umaña!). Denunciar los “manejos políticos” ante el tema de las víctimas es un sin sentido, precisamente, porque las víctimas están inscritas en un conflicto esencialmente político.
El problema de fondo es que el debate en torno a las víctimas (quién, cómo y en qué sentido es una víctima) es un debate que nos enfrenta con la naturaleza misma del conflicto social y armado en Colombia, con esa violencia que permea diferencialmente al conjunto de la sociedad, violencia que es ante todo y por sobre todas las cosas, una violencia de carácter político. Explorar el problema de las víctimas desde una perspectiva aséptica, acrítica, como si fuera una categoría que engloba a todos por igual es insostenible. No puede darse el debate de las víctimas dejando de lado aspectos claves de contexto ni de la intencionalidad de quienes han perpetrado los actos de violencia. No todas las violencias son iguales. Este es un principio clave del proyecto “Nunca Más”, en el que participaron las más importantes organizaciones de DDHH del país, el cual expresa sin ambigüedades:
Desde hace varios años (…) nos hemos visto sometidas a extremas presiones, por parte de fuerzas sociales, nacionales e internacionales, para que nuestras denuncias y acciones humanitarias se sitúen en ‘posiciones neutrales’, que no recarguen las censuras sobre ninguna de las partes en conflicto, y para que nuestro trabajo se rija por parámetros de ‘equilibrio’ que lleve a estigmatizar ‘por igual’ y a ‘equiparar’ las diversas violencias que afectan a la sociedad colombiana. Se nos ha presentado como principio rector que debe orientar nuestro trabajo, el de ‘Condenar toda violencia, venga de donde viniere’. Muchas veces nos hemos preguntado si tal tipo de neutralidad es éticamente sustentable.
Creemos que ningún tipo de discernimiento ético puede dispensarnos (…) de tener en cuenta (…) los móviles y estrategias globales que comprometen a los diversos actores enfrentados. Imperativos éticos (…) nos llevan a censurar con mayor fuerza a quienes se sirven de la violencia represiva para defender violencias estructurales e injusticias institucionales que favorecen a capas privilegiadas de la sociedad, mientras victimizan, exterminan o destrozan a las capas sociales más pobres y vulnerables, sometidas a siglos de despojo e injusticia.
(…) No es posible ser neutral cuando se es consciente de que un polo de la violencia es mucho más dañino para el conjunto de la sociedad, o acumula en sí mismo mayores perversidades, o representa la oclusión institucional de los caminos que podrían conducir a una sociedad más justa, o acumula en su haber mayor violencia contra los débiles. [4]
Qué pena, y digo esto con todo el respeto del mundo: no es lo mismo el caso de Bojayá, donde el cilindro-bomba –lanzado por lo demás de manera irresponsable- fue desviado pero no hubo la intención explícita de asesinar personas, con las incontables masacres del paramilitarismo que fueron hechas con intención y alevosía. Por censurable que sea, no es lo mismo el secuestro de un parapolítico corrupto, que la desaparición de un campesino que organizó a su comunidad para tratar colectivamente de superar los efectos más apremiantes de la pobreza. Jamás podré estar de acuerdo con quienes traten de equiparar situaciones tan complejas y diferentes, equiparamiento que sirve para encubrir la naturaleza políticamente motivada de la violencia que azota a Colombia.

Una opción ética, popular y libertaria ante el tema de víctimas
Si hay una cosa en la que estoy de acuerdo con los uribistas es que no todas las víctimas son iguales: esto es tan cierto en Colombia como lo es en Palestina. Creo que afirmar lo contrario es una necedad que no tiene nada que ver ni con el acto humano de la empatía ni de la reconciliación. Cualquiera que haya visto la televisión colombiana se da cuenta de esto que los uribistas insisten hasta el cansancio: algunas “víctimas” – las menos y las que tienen una posición económica privilegiada- reciben atención en horarios estelares mientras otras son vilipendiadas, ignoradas o despreciadas con la terrible sentencia “por algo habrá sido”. El tema de las víctimas reproduce la exclusión y marginalización de una sociedad polarizada en clases que parecen más bien castas. Esto lo expresa mucho mejor un artículo del mordaz Camilo de los Milagros:
Durante décadas se ha construido una narrativa de la confrontación en Colombia a la medida de las élites: malos muy malos contra buenos impecables. Ciertas víctimas gozan desde entonces un protagonismo claramente interesado en desprestigiar al malo de oficio, al demonio causante de todas las desgracias del país. ¿Pero qué tan nocivo ha sido ese demonio? ¿Por qué en lugar de uno o dos testimonios desgarradores y amarillistas, no se valora de conjunto la catástrofe humanitaria donde ambos bandos han cometido atrocidades? ¿Por qué no se esclarecen las responsabilidades completas?
(…) Las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Ninguna comparación tan odiosa como ésta de poner muertos en los dos extremos de la balanza. Con horror se constata que el 70% de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado son atribuidos al Estado o sus agentes paralelos, mientras ni siquiera el 20% corresponde a los grupos subversivos. Es una desproporción aterradora que no se corresponde para nada con la narrativa oficial. Las cifras corresponden a mediciones de las Naciones Unidas, a los datos del CINEP e incluso a la Comisión de Memoria Histórica que financia el mismo gobierno nacional. No es retórica mamerta, no es complicidad con el terrorismo, no es un intento por desviar la atención sobre los crímenes de la insurgencia. Es la constatación de cómo usando un magnífico encantamiento televisivo uno de los bandos va a salir limpio. El que más dolor ha causado. [5]

Ante el debate de las víctimas uno tampoco puede ser neutral. Si tengo que estar con alguien, estoy con aquellos que han sido víctimas de los que han querido mantener una de las sociedades más desiguales del planeta a sangre y fuego. Estoy al lado de aquellos que se han opuesto a los que trataron de aniquilar -hasta la semilla- visiones alternativas de sociedad. Estoy con los que han sido víctimas de quienes se han enriquecido despojando a los que menos tienen. Estoy del lado de quienes se han resistido a los designios de quienes, a fin de conservar sus nefastos privilegios, serían capaces de hacer arder a toda Colombia. Estoy del lado de quienes no se les ha permitido ni siquiera llorar a sus muertos por miedo al castigo de un Estado que celebra el espectáculo aleccionador de la sangre chorreando de cabezas decapitadas. Estoy del lado de quienes no se les ha permitido siquiera decir que son víctimas, porque las víctimas del Estado, supuestamente, no existen. Estoy del lado de quienes nunca han tenido ni la televisión ni la prensa para cubrir sus desgracias, aunque me lluevan rayos y centellas. Como se ve, el tema de víctimas es otro campo de batalla más en esta confrontación fundamentalmente política.

NOTAS:
[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/las-victimas-que-viajaron-la-habana/399162-3
[2] http://www.reconciliacioncolombia.com/historias/detalle/onu-habla-sobre-el-primer-cara-a-cara-de-victimas-con-victimarios
[3] Esto sin abordar las inadecuaciones del DIH para regular conflictos irregulares o fundamentados en la lucha de guerrilla.
[4] Colombia Nunca Más , Capítulo V, Tomo I, 2000, pp.99-100.
[5] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188663&titular=comparaciones-odiosas-


(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net.  Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010).