Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra.
Y nos dijeron: "Cierren los ojos y recen".
Y cuando abrimos los ojos,
ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia.
Eduardo Galeano
RESUMEN
En el presente escrito
se realizará un parangón entre las luchas y reclamos de los campesinos por la
tierra contra las respuestas de la clase en el poder.
Los campesinos de
Colombia han resistido y luchado por acceso a la tierra desde la Colonia, y desde entonces dicho anhelo ancla en el
terreno de las quimeras.
Los campesinos se han
organizado de distintas maneras y han luchado con tesón en pos de la tierra, exigiendo
reformas sobre la tenencia de la tierra, desafortunadamente la
clase dominante ha sido sorda, y, por el contrario, en vez de proponer una real
reforma rural, ha respondido con leyes que impiden la democratización de la
tierra e incrementan el monopolio en pocas manos; las reformas agrarias
promulgadas son tímidas propuestas que buscan ante todo apaciguar las luchas campesinas.
Desde 1948 hasta 1964
los campesinos resistieron a 4 guerras de la clases dominantes, la última de
las guerras fue la “OPERACIÓN MARQUETALIA”,
guerra con intervención estadounidense, en cumplimiento del Plan LASO, esta dio origen a las
FARC la guerrilla más grande del
continente.
Desde los años 70 del
siglo XX hasta el año 20 del siglo XXI han nacido un sin número de
organizaciones campesinas, que no desfallecen en la lucha por el acceso a
tierras, avanzan, se detienen, pero nunca renuncian a su derecho a la propiedad.
PALABRAS CLAVE. Lucha Campesina, organizaciones
campesinas, reforma agraria, clase gobernante, terratenientes, clase dominante.
LUCHA CAMPESINA Y
RESPUESTA DE LA CLASE EN EL PODER
Para
entender el papel que han jugado tanto las
reivindicaciones como las luchas sociales en el origen del largo
conflicto armado, hay que hacer un recorrido histórico de estas, que abarca desde la colonia hasta nuestros
días. La
diferencia de los liderazgos de las luchas sociales de inicios del
conflicto armado y los que se dan hoy en día, se van entendiendo a medida que
se van desarrollando los acontecimientos,
claramente se visualiza que inicialmente los objetivos de la lucha social iba
encaminada a lograr la transformación estructural del sistema de producción capitalista
en un sistema socialista; hoy parece que la lucha social no va más allá de
mejorarle el rostro al modelo capitalista. Y a medida que se avanza en el
trasegar histórico, como lo veremos a lo largo de este escrito, la mujer avanza
hombro a hombro con los hombres, incluso con mayor determinación.
Por lo corto de escrito
se inicia el análisis de la historia campesina a partir de 1905 cuando Quintín
Lame inicia la lucha por la tierra. La exclusión y la marginación de la clase
rural se remontan a la época de la
colonia, lo que ha llevado a que el pueblo ejerza una permanente resistencia en busca de libertad y
equidad. Desde entonces la población
campesina ha visto negado su derecho al acceso de tierra. La historia de
Colombia es una historia de exclusión, marginación y promesas incumplidas,
es la historia de la lucha por la tierra. Decía Quintín Lame,
"Hace cuatro siglos que esperamos ser atendidos, y a pesar de ello aún
confiamos".
Colombia ha sido y es un
país agrario. Hasta el año 70 del siglo XX la economía del país dependió en
gran parte de la producción agrícola, lograda mediante mano de obra campesina
explotada. Los terratenientes han acumulado tierra y capital
con base en la explotación campesina. Los campesinos han actuado como arrendatarios,
aparceros, peones, campesinos desempleados y desplazados sin tierra.
La lucha campesina e
indígena por la tierra ha sido constante y sólida, los movimientos
agrarios siempre han buscado generar
conciencia de clase. Dice Shameel Thahir
Silva
en el portal Semana Rural “Movimiento campesino colombiano: historia y
lucha”( Domingo 20 de enero de 2008) “A comienzos del siglo 20, encontramos
inicialmente las primeras organizaciones campesinas con intenciones
reivindicativas como mejora de las tierras e independencia como sujeto social y
productivo. Desde la década de 1920, los campesinos exigían el hecho de no ser
más una fuerza de trabajo cautiva y sumisa, pedían trabajar para beneficio
propio y tener dominio de la tierra que trabajan. Como resultado de las
movilizaciones agrarias de la década de 1920 se dio un pequeño grado de
organización para enfrentarse a los monopolizadores de la tierra, para hacer
exigencia en el tema de los salarios, condiciones dignas de trabajo y de vida.
Un ejemplo de esto son las expresiones organizativas de los campesinos de
Córdoba que llegaron a conformar el Baluarte Rojo de Lomagrande, San Fernando,
Canalete y Callejas. En 1928 se habían consolidado ya organizaciones como el
Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el
Partido Socialista Revolucionario, embrión del Partido Comunista Colombiano que
distribuyó su influencia de manera exponencial mostrando la interrelación de la
expresión política y la organización campesina de base”.
De otro lado, el
indígena Quintín Lame inicia su lucha, en 1905, la cual fue respaldada por grandes
sectores de las comunidades indígenas de ciertas zonas del país. Fue nombrado
jefe y representante de un importante número de cabildos indígenas lo cual le
generó problemas con los terratenientes y autoridades locales y departamentales
del Cauca quienes lo veían como una amenaza. Los postulados políticos de Quintín Lame se
enmarcaban en:
“1. Defensa de las
parcialidades y oposición militante a las leyes de división y repartición de
las mismas;
2. Consolidación del
Cabildo indígena como centro de autoridad y base de su organización;
3. Recuperación de las tierras
perdidas a manos de los terratenientes, y desconocimiento de todos los títulos
que no den base en cédulas reales;
4. Liberación de los
terrazgueros, mediante la negación a pagar terraje, o cualquier otro tributo
personal; y.
5. Afirmación de los
valores culturales indígenas y rechazo a la discriminación racial y cultural a
que son sometidos los indios colombianos” (Castillo 1971, xviii).
La crisis mundial de
1929 empeora las condiciones de vida de los campesinos, incluso genera problemas
en las haciendas, esto hace que florezcan las luchas agrarias en Sumapaz, Viotá y la región
del Tequendama en Cundinamarca, y
Córdoba
Estas luchas obligan a
la clase gobernante a iniciar procesos de reforma agraria, es así como en 1936
el entonces presidente López Pumarejo,
en su primer gobierno, promulga la Ley 200 de1936, “Proyecto de Ley sobre
tierras”, con ella pretendía un modelo de “desarrollo hacia dentro” por la
crisis mundial de la década de 1930. Lo que esta ley pretendía era sanear
títulos, para proteger a los colonos.
Ley que no fue más que una ilusión, porque era una reforma que no
pretendía distribuir tierras, una reforma que solo pretendía acallar las luchas
campesinas, la verdad es que esta ley solo sirvió para que los grandes
propietarios legalizaran sus títulos imperfectos o inexistentes mediante
juicios de pertenencia sobre las tierras, la mayoría de las cuales eran, en
estricto sentido, baldíos imprescriptibles, pero no delimitados ni protegidos
por el Estado. La ley también autorizó a los colonos a prescribir a su favor
las tierras privadas poseídas de buena fe durante cinco años si las creían
baldías, igual que revertir al dominio del Estado las tierras no poseídas durante
diez años. En el segundo mandato de López Pumarejo (1942-1945) presenta la Ley
100 de1944 conocida como “Ley de aparcerías”, como continuidad de su ley 200,
en la cual extendía el periodo de tiempo de apropiación a 15 años, de otro
lado, pretendía mejorar las relaciones entre campesinos, colonos y propietarios
de la tierra, tratando de generar un pago en especie por la utilización de la
tierra para producir. Pero nada para resolver el problema de acceso a la tierra
por parte de los campesinos.
En 1948 se
desencadena la violencia bipartidista, y a los campesinos del sur del Tolima,
Huila, Cauca y Valle, se les lanza toda la fuerza del gran latifundio, tanto de los grandes ganaderos
como de los agricultores,
haciéndoles sentir el poder de la política de sangre y fuego de la oligarquía. De nuevo la clase gobernante promulga una
nueva ley de reforma agraria, pretendiendo una vez más acallar las luchas
campesinas. Siendo senador Carlos Lleras Restrepo promueve la Ley 135 de 1961,
cuyo artículo 1° expresa: Reformar la
estructura social agraria por medio de procedimientos enderezada a eliminar y
prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su
fraccionamiento antieconómico, reconstruir adecuadas unidades de explotación en
las zonas de minifundio y dotar tierras a los que no las posean, con
preferencia para quienes hayan de conducir directamente su explotación e
incorporar a esto su trabajo personal”
Esta ley ya habla de dar solución
al acceso a tierras, para ello crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA-,
también crea el Fondo Nacional Agrario con un presupuesto de 300 millones y
también establece la extinción del dominio sobre las tierras incultas así como
la adjudicación de baldíos nacionales.
En el papel parecía generosa, pero en la realidad inoperante.
Para 1956 habían sido
desmanteladas las organizaciones campesinas, la única notoria era Federación
Agraria Nacional (Fanal), fundada en 1946 con el apoyo de la Iglesia Católica y
la Unión de Trabajadores de Colombia. Luego que los campesinos resisten el
embate de cuatro guerras, la primera a partir de 1948, la otra en 1954, la otra
a partir de 1962 y una cuarta la llamada “Operación Marquetalia” para contener
las famosas Repúblicas independientes, en el marco del plan LASO (Latin
American Security Operation) una lucha
contra 28 campesinos del Pato Tolima, que da origen a la creación de la
guerrilla de las FARC el 28 de mayo de 1964.
El 20 de julio de 1964
la recién creada guerrilla de las FARC emite el “Programa agrario de los
guerrilleros” con el siguiente programa:
“Primero: A la Reforma Agraria de mentiras de la burguesía oponemos una
efectiva Reforma Agraria Revolucionaria que cambie de raíz la estructura social
del campo colombiano, en forma completamente gratuita la tierra a los
campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la
confiscación de la propiedad latifundista.
La
Reforma Agraria Revolucionaria entregará a los campesinos las herramientas,
animales de labor, equipos y construcciones para su debida explotación
económica…”
Aquí está la diferencia
entre lo que proponen la clase en el poder contra la propuesta de los
campesinos, ahora convertidos en guerrilleros. Las reformas de la clase
gobernante proponen supuesto acceso a la tierra, pero no propone los servicios
necesarios para su explotación.
El programa también
pretendía: la titulación y formalización de la propiedad de la tierra a todo
tipo de ocupación de la tierra, ya fueran colonos, ocupantes, arrendatarios,
aparceros, terrazgueros, agregados, etc. Eliminarían todo tipo de explotación
atrasada de la tierra, anularían las deudas contraídas por los campesinos. Respetarían la propiedad de los campesinos
ricos, así como las formas industriales del trabajo de campo; otorgaría
crédito, suministros de semillas, asistencia técnica, herramientas, maquinaria,
etc. Organizarían servicios de sanidad con atención de salud pública,
erradicarían el analfabetismo y crearían un sistema de ingreso a estudios
superiores; arreglarían la vivienda campesina y mejorarían las vías de
comunicación y garantizarían precios de sustentación a los productos
campesinos.
De otro lado,
protegerían las comunidades indígenas, otorgándoles tierras suficientes para su
desarrollo. Estabilizarían una organización autónoma de las comunidades
indígenas, respetando sus cabildos, cultura, lengua y organización interna.
Y para la realización
del programa agrario revolucionario debería existir una alianza
obrero-campesina y del frente único de todos los colombianos, para eliminar la
vieja estructura latifundista de Colombia,
para ello invitan a participar a todos los campesinos, obreros,
empleados, estudiantes, artesanos, pequeños industriales, a la burguesía
nacional, a los intelectuales demócratas
y revolucionarios, a los partidos políticos de izquierda. Este programa fue firmado por los 28
campesinos alzados en armas que crearon las FARC, con la participación de más
de mil campesinos civiles.
Este programa no
incluía el cambio de estructuras económicas, ni pretendía la formación de un
gobierno socialista.
Ni esta propuesta ni
los reclamos de los campesinos sin armas fueron atendidas, así que ante la
ineficiencia de la Ley 135 de 1961 las luchas campesinas por reivindicaciones
continuaron de manera permanente.
Carlos Lleras Restrepo
se postula para las elecciones de 1966 y propone una reforma Agraria Definitiva
así como la organización campesina, propuestas con las que convence a los
campesinos para que voten por Él.
Efectivamente con el respaldo de los campesinos y por el arreglo
bipartidista es Lleras elegido Presidente. Dice Lleras: “La gran mayoría de los hombres del campo en
Colombia, se encuentran marginados del proceso de desarrollo, son sujetos
aislados que se limitan resignadamente a subsistir”. Es decir, la
oligarquía no reconoce las luchas campesinas, o no querían reconocer que había
un gran grupo de hombres y mujeres del campo que estaban exigiendo sus
derechos. Continuaba Lleras, “Estos
colombianos deben ser vinculados a la vida actual del país y sin temor a error,
puede afirmarse que cualquier política que persiga su cambio social, una
transformación nacional plena, debe ir a recuperar a los campesinos, una clara
intención de inclusión en el desarrollo del país”, expresiones que
no son otra cosa que arrogancia de la oligarquía. Una vez presidente incumple la realización de
la Reforma Agraria propuesta, pues el congreso de la república se opone a ello,
los campesinos se preguntan, ¿se pueden creer las promesas de la oligarquía? La
segunda promesa de Lleras busca crear
una organización campesina, la argumenta así: “Organizando a los campesinos, acostumbrándolos a que decidan, a que
emitan opiniones, les estaremos abriendo la posibilidad de tomar decisiones
sobre los asuntos de interés público”. Y las luchas y los reclamos que los
campesinos había ejecutado, no era emitir opiniones, no era tomar decisiones
sobre los asuntos de interés público, estas palabras lo único que muestran es
que la oligarquía en el poder no escucha
y subestima al pueblo.
El 2 de mayo de 1967 Lleras
emite el decreto 755 que da forma a la organización campesina, y el Ministerio
de Agricultura promulga la Resolución
061 de 1968 para reglamentarla. Durante
la campaña de organización campesina se realiza la “primera” movilización
organizada por campesinos, recordada como “la gran marcha campesina”, realizada
el 2 de julio de 1968. Los campesinos salieron de 155 sitios diferentes del país, movilizando
alrededor de Un millón doscientos mil campesinos.
Con las normas elaboradas para la organización campesina, el Ministerio de
Agricultura realiza las gestiones para que en los municipios los campesinos se
organicen en Asociaciones Municipales de Usuarios Campesinos, de estas
organizaciones nacen las Asociaciones Departamentales de Usuarios Campesinos, y
de las organizaciones Departamentales se organiza la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos ANUC. La ANUC consigue
aglutinar 968.490 campesinos en 496 Municipios del País.
La ANUC organiza su primer Congreso el 7
de Julio de 1970. Pero, ¿cuál era el propósito de tanta generosidad de la clase
gobernante para con el campesinado? Más tarde se comprobó que la razón para la
creación de la ANUC no era otra que gratar al campesinado, para que éste
respaldara las políticas públicas, así como restarle apoyo a las luchas campesinas por la tierra;
se buscaba que la ANUC fuese una organización al servicio de la clase
gobernante. La oligarquía, que desprecia al pueblo, no otorga
nada gratis. Llegado el último gobierno del Frente Nacional, el Señor Misael
Pastrana Borrero, perteneciente al partido conservador, a pocos
días de su posesión, el 4 de noviembre de 1970, emite el Decreto 2098 con el cual se constituye el
CERA (Comité Ejecutivo de Reforma Agraria) comité que fue constituido por
miembros de los partidos políticos, para nada se tuvo en cuenta la recién
creada organización campesina, una vez más los campesinos son invisibilizados. Este comité tenía como fin
generar un reporte de recomendaciones sobre la situación de la Reforma
Agraria; y el comité muy
diligentemente en menos de tres meses,
el 30 de enero de 1971, entrega el informe. Allí se consignan los intereses de la clase
dominante, se habla de replantear la reforma agraria, restándole importancia a
la distribución de tierras. Es así como
Pastrana desatiende las peticiones del acceso a tierra por parte del campesinado.
En enero de 1972 Pastrana Borrero proclama “El pacto de Chicoral”, pacto en el
cual se construye consenso entre los partidos para modificar la Ley 135 de
1961, se redefine el significado de una explotación adecuada de la tierra,
establece mínimos de productividad, otorga estímulos para la inversión privada
y fortalece las herramientas para la actuación de la fuerza pública, para
responder a las “invasiones” de los campesinos. Represión y bala para el campesino en vez de tierras. En el
año1973 emite la Ley 4 de 1973, la cual recibe el apoyo de todos los sectores
políticos, incluyendo al Llerismo, toda la clase oligárquica unida; ley en la
que se fortalece el uso de la fuerza contra los campesinos. Ese mismo año, también, emite la Ley 5 de 1973,
para el otorgamiento de créditos de fomento al campo, pero los campesinos no
pueden acceder porque no tienen tierras, esta ley otorga créditos a los
profesionales del agro para compra de tierras. A esta actuación oligárquica la
ANUC la llama “el gobierno que traicionó el campo”. Por esta
razón la ANUC en sus inicios se independiza del gobierno, no sirviendo a los
intereses de la clase gobernante. El 5
de Junio de 1971 la ANUC proclama su plataforma ideológica, en la que se
declara como una “organización autónoma y que
lucha por una Reforma Agraria Integral y democrática”, y se propone ir
más allá del modelo actual, dice la proclamada plataforma, “…que entiende que para superar el atraso
económico del país y lograr el bienestar general del pueblo colombiano es
necesario romper las actuales
estructuras de dominación internas y externas que han beneficiado a una
reducida clase explotadora”. Más adelante agrega: “…comprometidos con el cambio
estructural y la liberación de nuestra patria de toda forma de dominación y
coloniaje”. Se declara independiente
del gobierno y de los partidos políticos, exige respeto al derecho de los
campesinos, expropiación de latifundios improductivos y de los monopolios
extranjeros. Busca que se limite la
propiedad, desarrollo planificado, garantía de servicios básicos a las familias
campesinas, eliminación de todo tipo de servidumbre pre-capitalista,
nacionalización del crédito, nacionalización de las importaciones, elevación
del salario mínimo, progreso para los indígenas, educación para los jóvenes
campesinos, respeto por las tomas campesinas de los latifundios, precios
sustentables, reforma tributaria que grave a los grandes capitales, participación
decisoria de las asociaciones de usuarios campesinos, para ello proponen la
lucha en unión con la clase obrera, intentando lograr una democracia popular; así mismo exhorta a los campesinos a
leer, estudiar, divulgar y apoyar la lucha por esta plataforma ideológica. Definitivamente, los campesinos no son seres
resignados, que se limitan a subsistir como lo decía Lleras. Y a pesar de la represión y uso de la fuerza
estatal, la ANUC, como respuesta a la desatención a sus peticiones, el 21 de
febrero de 1971 recupera 1260 haciendas,
es la mayor recuperación de tierras de
la historia de Colombia. Entre 1971 y 1978 realizó un total de 1031 tomas de
tierras. El papel de la mujer en la
lucha campesina fue decidido, siempre
luchando al lado de los hombres, tanto así que la ANUC tuvo que crear la
Secretaría de la Mujer, como respuesta a la presión de la mujer. Desafortunadamente
la falta de conciencia de clase de la mayoría de campesinos llevó a que dos
años después de organizada la ANUC esta sufriera su primera fractura, se divide
en dos visiones, la que se conoce como la línea Armenia, que se plegaba al
gobierno y la línea Sincelejo, que optaba por un independencia total de la
clase gobernante. Posteriormente trataron de reunificarse, pero no fue posible,
de esa división nace una nueva organización conocida como ANUC-UR (Unidad y
Reconstrucción). Los campesinos aglutinados en la ANUC se lanzan a la aventura
de conformarse en partido político, obteniendo un resultado desastroso en las
elecciones de 1978, de ahí en adelante la ANUC se desvanece. Paralelamente a la caída de la ANUC surgían nuevas
organizaciones campesinas, algunas de ellas independientes y otras ligadas a
los partidos de Izquierda, entre ellas FENSUAGRO, cuyo objetivo es la
transformación social, o sea, la necesidad de construir una nueva sociedad
basada en la justicia social al lado de los trabajadores del campo y la ciudad,
así que su meta central es construir el socialismo. Pero ninguna organización ha tenido real convocatoria
campesina. FENSUAGRO es una organización mixta, a pesar
que no es fácil documentar el papel de la
mujer, ella siempre ha estado al lado de los hombres. El movimiento campesino,
al igual que los demás sectores sociales, se sintieron fortalecidos por la
magnitud del primer Paro Cívico Nacional de septiembre de 1977, éste dio cuenta
del inconformismo reinante hacia el modelo de producción y hacia
la clase política dominante del país.
Mostró la diversidad de procesos
que se gestaban en pos de combatir a la clase oligárquica excluyente.
En los años setenta del
siglo XX, Colombia experimenta grandes cambios en gran medida por la bonanza
cafetera, la profundización industrial, la consolidación del capitalismo
agrario, la expansión petrolera y minera, por el auge del contrabando y del narcotráfico
principalmente. El problema organizativo campesino se centra en que los campesinos y trabajadores
agrarios tienen poca conciencia de clase, dejándose absorber por el poder
central, abandonando, de paso, la lucha
por la tierra.
Ni en el gobierno de
López Michelsen (1974-1978) como tampoco en el gobierno de Turbay Ayala (1978
-1982) se habla de Reforma Agraria. Durante los dos periodos el descontento social se atiende con el lenguaje de la represión, lenguaje de clase
gobernante de siempre. En el gobierno de
Belisario Betancur (1982 -1986) se promulga la ley 35 de 1982 conocida como Ley
de amnistía, con la cual se le encargó al INCORA dotar de tierras y provisión
de otros servicios a las personas indultadas. También, se estableció el Plan
Nacional de Rehabilitación (PNR). En el
gobierno de Virgilio Barco se emite la Ley 30 de 1988, con el fin de disminuir
los recursos que se le otorgaban al INCORA, y se conformaron los planes: Plan
de Alimentación y Nutrición (PAN), Fondo de Desarrollo Rural Integral (DRI) y
el Plan Nacional de rehabilitación (PNR).
En los ochentas del siglo XX se generaliza la violencia, con un gran
avance de las organizaciones guerrilleras, así como de grupos mafiosos y los
paramilitares. Así que las luchas campesinas se vieron al lado de los grupos
rebeldes, como parte de la rebelión de los sectores populares. En este periodo se destaca la mujer dentro de
la lucha campesina. En 1984 nace la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e
Indígenas de Colombia (ANMUCIC),
conocida hoy como Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e
Indígenas de Colombia. ANMUCIC es una organización gremial de género, de
servicio social, que se organizó inicialmente en torno a la gestión de los
programas oficiales para mujeres, y, prontamente, asumió la defensa de los
intereses específicos de las mujeres campesinas. Actualmente está constituida
por 27 asociaciones departamentales de mujeres campesinas, indígenas y negras,
las cuales aglutinan asociaciones primarias de carácter municipal y
corregimental, de la misma naturaleza, cuyas asociadas están vinculadas al área
rural o que han sido desplazadas por la violencia. Su mayor presencia se
encuentra en Boyacá, Huila, Cundinamarca, Chocó, Quindío, Arauca y Atlántico.
En el gobierno de César
Gaviria se pasa del modelo de desarrollo Industrialización por Sustitución de
Importaciones –ISI-, al modelo de libre cambio. Dentro de esta lógica, se
definió el mercado de tierras, el cual funcionaba con el otorgamiento subsidios
para la compra de tierras por parte del campesino. Pero al final fue letra
muerta.
En los noventa se lleva
a cabo el mayor acontecimiento político
de la época, la promulgación de la “Nueva Constitución Política Colombiana”,
promulgada en 1991. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, refiréndose
al Movimiento campesino, “Para la
época se planteaban temas y retos ante los cuales el campesinado debía
pronunciarse. Uno de ellos es la Constitución de 1991, que consagra muchos
derechos sociales y mecanismos de participación y un nuevo proyecto de ley de
reforma agraria que imponía un nuevo esquema de reforma a través del mercado. A
las luchas tradicionales por la tierra y la política agrícola, se han unido en
los últimos años protestas por los derechos humanos y por las necesidades
básicas como infraestructura y servicios, lo que hace a los campesinos
participantes de las crecientes luchas cívicas. Entre las 158 luchas agrarias
de 1991 a 1994, hubo 27 paros cívicos con participación campesina, 82
movilizaciones y 43 tomas de entidades”.
La tercera mal llamada
Reforma Agraria se dio con la Ley 60 de 1994 en el gobierno de Samper, la cual
deroga la Ley 135 de 1961, el fin era facilitar la negociación directa entre
propietarios y campesinos, pues pretendía disminuir la intervención del Estado,
esta norma no tiene muchas diferencias con la
derogada Ley 135 de 1961. Se originan las llamadas Zonas de Reserva
Campesina, estas se lograron gracias en parte
a la lucha de los campesinos de la región del Duda (Meta). Los campesinos
agrupados en ANZORC entienden las zonas de reserva campesina como: “la
única figura jurídica que reconoce al campesinado, su derecho a la tierra,
alternativa de permanencia en el territorio, una herramienta para combatir el
latifundio, elemento central de la persistente crisis agraria del país; una
apuesta por soberanía alimentaria que genera respuestas ante la crisis
alimentaria mundial, desde la eficiencia demostrada de la pequeña propiedad
rural en articulación con los centros urbanos; una alternativa real de
sustitución a los cultivos de uso ilícito, y un camino hacia la construcción de
modelos de vida en equilibrio con la naturaleza”
El gobierno de Misael
Pastrana (1998 – 1982) no acata lo referente al acceso a tierras, éste distrae al pueblo en general con la búsqueda de la paz por la vía del dialogo,
desde luego que la intención no era la paz con la guerrilla sino el
fortalecimiento del estado, para dotar de más poder a las alicaídas fuerzas militares.
Una vez terminado los diálogos
implementa el plan Colombia, otra intromisión de los Estados Unidos. En
cuestión económica se dedica a atender la crisis económica ocasionada por los UPAC,
para lo cual se crea el 2 por mil, que luego se convirtió en el 4 por mil. Y de otro lado, hubo que dirigir el presupuesto
para la reconstrucción del eje cafetero. En este periodo se incrementan los
grupos paramilitares.
Las dos
administraciones de Álvaro Uribe Velez (2002 – 2010) se dedican a buscar el
sometimiento de las FARC por la vía armada, se destaca en esa lucha los mal
llamados falsos positivos, en los que se eliminaron civiles en su mayoría campesinos haciéndolos pasar por guerrilleros. En
política Agraria se recuerda la sustitución del INCORA, por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) a través del Decreto 1306 de 2003, y
su modificación con el Decreto 3759 de 2009.
Este Instituto estaba adscrito al Ministerio de Agricultura. Otro hecho
de la época en cuanto al sector agrícola es la adquisición del crédito externo de
US$ 30 millones, con la Banca Mundial para la financiación del proyecto “apoyo a
la Transición de la Agricultura y el Medio Rural en Colombia para el periodo
2005-2008”. Y, por último, la emisión de la Ley 1133 de 2007 con la que se creó
e implementó el programa Agro Ingreso Seguro –AIS, destinado a proteger los
ingresos de los productores que resultaran afectados con la internacionalización
de la economía, dineros que fueron apropiados por un minúsculo grupo de
personas y que llevó a la cárcel a su Ministro de Agricultura. En este periodo se incrementa el número de
desplazados, según FENSUAGRO, “el
campesinado no sólo se enfrenta al viejo terrateniente, el campesinado se
enfrenta a un enemigo más moderno y poderoso, esos son las transnacionales que
llegan por nuestros recursos naturales, tierras y todo lo que le huele a
riqueza”. Y, como dijera un líder indígena, “Los paramilitares limpian los
territorios de indios y campesinos, después llegan las transnacionales a
imponer su ley”. En Respuesta a la
agresión interna y externa las organizaciones campesinas luchan por la unidad
tanto de los campesinos organizados como de distintos sectores sociales, para
2003 se inician procesos de unidad de las organizaciones campesinas, como: la
Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conaic), el Consejo Nacional
Campesino (CNC), la Convergencia Nacional Campesina Negra e Indígena de
Colombia (CNI), y años más tarde, la Mesa Nacional Agraria, y la más reciente
la Coordinadora Nacional Agraria y Popular (Conap). En el gobierno de AUV se destaca un hecho mendaz
como fue la supuesta entrega de los paramilitares.
Durante los dos periodos
de gobierno de Juan Manual Santos, éste se dedica a someter a las FARC por la
vía del dialogo, dichos diálogos se inician en el 2012 y terminan con el
sometimiento de las FARC en 2017. Los acuerdos fueron
sometidos a referendo por parte del pueblo colombiano, referendo que fue
acogido en los campos donde la guerra fue más cruenta. Para
atender las demandas de la oposición el presidente realizó
modificaciones a lo inicialmente acordado
entre las partes, logrando la aprobación
de los mismos. No obstante, el acuerdo
acepta que el conflicto armado fue provocado por la tierra y establece el
compromiso de la clase gobernante de poner en marcha un programa de reforma
agraria integral. El acuerdo propone usar el Fondo de Tierras, el cual está integrado
por las propiedades revertidas al Estado por diferentes tipos de extinción de
dominio (delitos, ilegalidades en su adquisición, ausencia de explotación por
el periodo mínimo legal), para conformar fincas campesinas. A estos se añaden expropiaciones
y compras, áreas recortadas a las zonas de reserva natural y baldíos en zonas aptas para cultivos
campesinos. Suponen la existencia de 3
millones de Has para la reforma. De otro lado propone expedir títulos de
propiedad para 7 millones de hectáreas, cifras no constatadas. Y Obliga a la
clase gobernante a hacer un catastro rural de calidad, que sirva de base para
un buen sistema de impuesto predial rural, con impuestos más progresivos que
los actuales. Otro aspecto propuesto es cerrar la frontera agraria. Pero la hipocresía de la clase dominante y la
clase gobernante es la reinante, mientras Santos negociaba una reforma rural
integral, por otro lado sancionaba la Ley Zidres, Ley 1776 de 2016, ley que se concreta
como el sumun de la concentración de tierras; afirma el Profesor Libardo Sánchez, refiriéndose a la naturaleza de dicha Ley, “la tierra debe ser manejada por los grandes capitales nacionales
(terratenientes) y las transnacionales”.
Pero en realidad no es posible la
integración entre grandes inversionistas detentadores del gran capital y el
campesino raso. En este gobierno en el
2015 se acaba con el INCODER y se crea la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. El artículo primero del decreto 2363 de 2015
dice, “Créase la Agencia Nacional de
Tierras, ANT, una agencia estatal de
naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la Nación en los
temas de su competencia”. Otro ente con el que se supone se entregará
tierra del Fondo de Tierras y se realizará titulación y formalización de
predios a gran escala.
Sucede al gobierno de Juan
Manuel Santos su opositor el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, a través de
su candidato Iván Duque (2018-2022) quien como
se sabía no cumpliría los acuerdos. Tampoco
está interesado en darle solución a la ausencia de tierras por
parte de los campesinos. Lo cierto es que se incrementó el
asesinato de líderes sociales sobre todo de reclamantes de tierra, en menos
de dos años los asesinatos se cuentan por centenares.
En conclusión, las
respuestas de las clases dominantes,
incluidos los terratenientes, a los
reclamos de acceso a tierra por parte de
los campesinos, por un lado han sido sangre
y fuego, y por otro lado el incremento de la concentración de la tierra. Un estudio de FEDESARROLLO (2017) concluye
que: “Aproximadamente 806.622 hogares
rurales, equivalentes al 53 por ciento de los que se dedican a actividades
agropecuarias, nunca han tenido tierra” Por su parte, el DNP apuntó que 63
por ciento de los predios del país son microfundios con menos de tres
hectáreas. La Oxfam, confederación internacional que realiza labores
humanitarias en 90 países, evidenció que la alta concentración de la propiedad
de rural viene de atrás: en 1984 el coeficiente Gini era de 0,83 y afirma OXAFM:
“estamos entre los países más desiguales
en distribución de la tierra: el 1% de los individuos tiene en su poder el 81% de las fincas de
mayor extensión en Colombia”. El índice
de Gini en cuanto a la concentración de tierras hoy es del 95%. Todo indica
que, por ahora, la clase dominante va ganando la lucha contra los campesinos y
el pueblo en general.
Dilia
Nelma Forero Sánchez
Ex
catedrática Universitaria
Ex
Alcaldesa
Lideresa
social.
