jueves, 29 de octubre de 2015

¿Por qué perdió la izquierda en Bogotá?



La derrota de la candidata Clara López en los comicios para la alcaldía de Bogotá siembra el desconcierto en la gama heterogénea de la izquierda legal y augura incidencia negativa en el proceso de paz gobierno-insurgencia.

Los factores que se vislumbran en una lectura más allá de las urnas y del domingo 25 de octubre van desde el desmonte de logros democráticos hasta el abstencionismo que rebasa el 55 por ciento en la capital.
  1. La composición política variopinta explica en principio por qué la propuesta no cala en los sectores populares: antropofagia de líderes en el Polo Democrático Alternativo, desorden en la política que desdibuja la propuesta desde alas progres, o progresistas, verdes, animalistas, etc., hasta visiones electoreras en sentido estricto: el comportamiento de la izquierda no puede, no debe ceñirse sólo a la coyuntura pre-electoral. La búsqueda de votos en vísperas de las fechas clave desperdicia acumulados y arrojan resultados como el de las urnas el domingo 25 de octubre.
Si se juega el partido de la democracia formal tradicional, la maquinaria sistémica y la avalancha del establecimiento sepulta los cambios y desnaturaliza la esencia de la izquierda:generar conciencia y organización popular para avanzar y sostenerse en el gobierno capitalino, por lo menos. Dejar al azar de las urnas un proyecto nos lanza al abismo de la derrota. La autocrítica y valoración de la izquierda debe ser una premisa para recomponer logros o al menos sostenerlos.
  1. La derecha y el centro seudo-socialdemócrata, verde, o renovador, es decir, las clases dominantes y su soporte en la clase media, también juegan: la ofensiva mediática a través de los monopolios informativos son un factor relevante. ¿Pero qué esperaban las organizaciones de izquierda: que la oligarquía se porte democrática y permita el juego de las ideas sin recurrir a todos sus mecanismos de dominación?
La presentación de dos candidaturas desde las filas de los de arriba (Pardo y Peñalosa) más el candidato de la ultra derecha Francisco Santos, primo del presidente, hacen lo suyo, dividieron el voto en tres y lograron recuperar el gobierno de la capital colombiana. Las encuestas, la desinformación, la denostación a la candidata López, la persecución y deslegitimación de Gustavo Petro, ese es el juego de la democracia, maestro…
  1. La composición social del voto es importante, podemos aventurar que la clase media y alta sufragó por los tres candidatos del establecimiento. Sin duda habrá sectores populares embaucados por la desinformación y manipulación, tanto por el desencanto como por la manipulación mediática, las acusaciones diversas e infundadas al gobierno de Petro más las recientes acusaciones al senador Iván Cepeda, punta de lanza de los ataques reaccionarios del procurador, y la campaña anti izquierda durante años por la supuesta ineptitud basada en errores administrativos y hechos de corrupción como el carrusel de las contrataciones. En el campo del voto por Clara el derrotado evidente fue el progresismo, mientras que otros sectores como la Unión Patriótica y Marcha Patriótica, hicieron aportes bajos en votos.
  2. De un total de 5 millones 453 mil 86 de sufragantes potenciales, votó el 51 por ciento, con una abstención alta. 903 mil 764 de votos por Peñalosa, 750 mil por Pardo, 327 mil 852 por Santos, arrojan 2 millones 9 mil votos por las fuerzas tradicionales, mientras que la votación por la candidata López sumó 498 mil 718, más de 150 mil votos menos que los obtenidos por Petro en 2011. Más de 200 mil votos fueron por otros candidatos. Poco menos de cien mil bogotanos sufragaron en blanco en un acto de inconformidad, mientras que 120 mil votaron por otros candidatos y hubo 57 mil sufragios anulados.
Los resultados electorales en Bogotá inciden en dos hechos relevantes para el país: el proceso de paz y el proyecto de Bogotá Humana desarrollado en el trienio del alcalde Petro como continuidad del sentido social de la izquierda, que gobernó 12 años en la urbe de 8 millones de habitantes.
  1. Bogotá Humana llega a una encrucijada, al menos en su parte medular, por la derrota en las urnas. Avances democráticos en la información (Canal Capital), disminución de la pobreza a través de generación de empleo, dignificación de los trabajadores del aseo, programas ecologistas, proyecto de construcción del metro, “desprivatización” de servicios públicos, participación ciudadana en diversos frentes, se intentarán desmontar ante el proyecto oligárquico-peñalosista: reprivatización de sectores con intereses privados del nuevo alcalde, a posesionarse el 1 de enero de 2016, neoliberalización de los servicios citadinos y ola de obras para cumplirle a sus patrocinadores, empresarios inmobiliarios y empresas constructoras. Después de todo no se puede esperar menos de un político nacido en Washington, a quien los medios ensalzan como un “gran urbanista”. Transmilenio, gran carta de presentación de Peñalosa, aunque modernizó de modo temporal el transporte citadino, se convirtió en un gran negocio de particulares con infraestructura financiada por el erario público, monopolizó el servicio, descartó el metro para la megaurbe y creo el caos actual en la movilidad, achacado como muchos males a la administraciones de Garzón, Moreno y Petro.
  2. El proceso de paz con la guerrilla de las FARC, y el que se perfila con el ELN, será afectado por la pésima señal lanzada estas elecciones: la izquierda partícipe de la legalidad (la insurgencia apunta a esa meta en el 2016) es sometida a un despiadado bombardeo mediático, a la truculencia del poder para imponer sus dirigentes y atacar todo intento democratizador en la política colombiana desde todos los frentes: la información, las leguleyadas persecutorias desde la Procuraduría, las elecciones amañanadas, corrompidas o financiadas por grandes sumas de dinero legal o “caliente”, e inclusive las amenazas de muerte orquestadas desde las cloacas del poder y sin duda con origen en la derecha recalcitrante amparada en paramilitarismo y sectores militaristas.
En últimas, la paz dentro de la vía legal parece ser para la insurgencia un asunto de vida o muerte política, mientras que la clase dirigente goza de aparente cabal salud en materia de manejo político-electoral y controla el espectro del Establecimiento.

miércoles, 28 de octubre de 2015

En las urnas

Editorial escrito dos días antes de las elecciones donde se encuentran importantes claves para entender la debacle electoral de la izquierda colombiana



En el marco de la formalidad institucional que rige en Colombia, donde la democracia no concreta las promesas de cajón que día tras día vociferan aquellos que copan los medios de comunicación, y por tanto no alcanza el rigor que requiere la mayoría para vivir dignamente, ni despierta las pasiones necesarias para que el pueblo movilizado sea sujeto de su propia historia, las del 25 de octubre parecen unas elecciones de trámite, pero no lo son. En su trasfondo hierven varios factores sustanciales, todos y cada uno de ellos relevantes en la coyuntura que atraviesa el país: las negociaciones de paz, la posibilidad de una consulta refrendataria de los acuerdos que finalmente se firmen en La Habana y las elecciones de 2018.
Pese a ello el pragmatismo impuesto por una política de control social, difundida sin cortapisas desde los grandes medios, domina el ajetreo electoral. Seguridad y movilidad parecieran ser los únicos temas sustanciales para los millones que habitan estos territorios. No extraña entonces que los tres gruesos temas anotados no estén presentes ni dominen la agenda de los partidos, que, de ser así, bien pudieran transformar la misma –más allá de su asiento territorial y de la real ficción derivada de la política de Estado– en una disputa por el modelo nacional en pugna y su concreción en lo local, tratando de motivar y despertar con ello, y con las columnas vertebrales del modelo social que debiera tomar forma en Colombia (economía popular, empleo, ingresos, derechos básicos, desprivatizaciones), las más profundas fibras de una ciudadanía que por decisión oficial ha sido excluida siempre de la cosa pública, y en la actualidad de los diálogos de La Habana, es decir, del debate alrededor de lo que tendría que ser el país en el futuro inmediato y mediato, llevando tal discusión a las plazas públicas, superando las polémicas de auditorios y salones a los cuales ha sido relegada la desabrida campaña en curso, hasta lograr que la misma no inquiete, de manera parcial, más que a segmentos de los estratos 4, 5 y 6. Una democracia, además de formal, temerosa del pueblo; una política de y para élites.
Lo extraño en todo esto es que la llamada izquierda caiga en el juego y termine sometida a una agenda que no hace sino reproducir y fortalecer la formalidad y la institucionalidad existente. Falsamente ilusionada con las posibilidades de cambio que anuncia el juego electoral, y concentrada en la necesidad de triunfo parcial, la izquierda olvida que para ella las elecciones debieran ser en lo fundamental un espacio ampliado para comunicarse en forma masiva con la población, concentrándose y enfatizando allí el ejercicio educativo y pedagógico sobre la sociedad que tenemos y la que requerimos, desnudando la falacia que día a día esgrimen los detentadores del poder, evidenciando las características y los límites de la democracia realmente existente, y proyectando el papel de todos y cada uno de quienes habitan un territorio cualquiera cuando de transformar las condiciones de vida allí reinantes se trata.
Es necesario desplegar una política electoral en que la movilización social sea lo fundamental y, por tanto, el candidato o candidata de turno sirva como un motivador que facilita la información y realza el espacio y los escenarios para una nueva política, no excluyente ni de minorías, en la cual el líder deje de ser indispensable y la corrupción pase al cajón de los recuerdos, en tanto los programas que se agitan en la campaña surgen como resultado de las discusiones realizadas en múltiples espacios y desde años antes, es decir, fruto de la deliberación colectiva, garantizando de esta manera un voto programático y con ello la posibilidad de revocatoria de elegido en caso de olvidar o no cumplir con lo definido en colectivo, a la par de quedar sometidos los candidatos, hombres y mujeres, a la entrega de informes periódicos ante quienes los eligieron, poniendo en manos de éstos la posibilidad de volver a ser candidatos en una próxima o futura elección, limitando así, por lo menos, la posibilidad de la política como profesión.
Puede parecer un cliché pero las sociedades diferentes exigen seres humanos distintos del homo economicus reinante. Por tanto, los políticos que de verdad luchen por cambios profundos deben tener también comportamientos distintivos que remarquen con su impronta y digan claramente, ante la sociedad, que las transformaciones no son maquillajes. Hoy, ante una crisis civilizatoria tan profunda, nuestro comportamiento con los otros y con la naturaleza exige un viraje radical, y es tarea de los más informados y más concientizados liderar el convencimiento de que la continuidad de nuestra especie depende de una práctica social totalmente distinta. El científico alemán Albert Einstein aconsejaba: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo", razonamiento que parece ajeno a quienes dicen representar el cambio entre nosotros.
Debiera estar en cierne en esta campaña, por lo consiguiente, una política de proyecciones sociales y económicas en la cual lo público pase a ser lo sustancial y, por ende, un espacio donde la confrontación contra el modelo neoliberal asuma el primero de los niveles, y, de su mano, el Estado, como temática y realidad, pues como se conoce está apropiado y privatizado por los grandes grupos empresariales, sumo y propiciadores de todo tipo de corrupción, con su manifestación más evidente: la privatización de lo público.
El debate electoral territorial debe tomar nota de que en nuestro país la elección de alcaldes y gobernadores, que pretendió ser una ampliación de la democracia, terminó convertida predominantemente en un mecanismo que fortaleció el gamonalismo de viejo y nuevo cuño. Ya fueran las élites tradicionales o las élites emergentes surgidas, en no pocos casos, de procesos de acumulación de capitales ilegales, lo cierto es que los poderes locales se han convertido en una vuelta de tuerca más de la sujeción de los grupos subordinados. Y es allí, en provincia, donde el ejercicio de la violencia y la imposibilidad de crítica asumen mayor forma, como lo relieva el asesinato de periodistas de alcance regional.
Que se afirme, como tópico convertido en verdad, que el voto de opinión tiene más peso en las grandes ciudades, sin que eso mueva siquiera mínimamente el interés por denunciar, por preguntar, por qué no es así en provincia, es una muestra de la aceptación mayoritaria del constreñimiento, como si estuviéramos ante una variable natural de la política. Nada más ejemplarizante que esta realidad, como evidencia de que la democracia realmente existente en nuestro país no va mucho más allá de la formalidad.
Enfrentamos un silencio que espanta. Quizás en ningún otro país como en Colombia, el debate ideológico desapareció tan ampliamente. La aceptación del discurso único y el 'pragmatismo' político han llegado a niveles en que la la falta de distinción partidaria es la norma, haciendo de los movimientos políticos unas empresas electorales de carácter coyuntural que se hacen y deshacen al vaivén de los negocios y los intereses más inmediatos. Los caudillismos locales han sucedido a los nacionales, y, mientras desde el gobierno central se administran, con obediencia total a los dictados de las entidades multilaterales, los aspectos macroeconómicos y macrosociales, la conciencia de ser una nación con opciones se diluye en el convencimiento de que los grandes temas nos resultan ajenos y en los niveles regionales lo inmediato es sobre lo único que podemos actuar.
Llama la atención, así las cosas, que en la campaña en curso la izquierda no se aleje de esta posible dinámica, y concentre sus esfuerzos en ilusionar a propios y extraños con la vitalidad de una democracia que no lo es, así como en las posibilidades de un ejercicio de gobierno que, como quedó demostrado con la alcaldía de Gustavo Petro, no es posible llevar a buen puerto si no descansa en uno de estos dos factores: 1. En el control total del Estado, de manera que no sea bloqueado ni saboteado desde lo nacional –como sucede con la partida nacional para el metro, la cual no se entrega para no permitirle el mérito histórico de ser él quien lo concretó, y 2. El pueblo politizado, movilizado y radicalizado, que con su ejercicio de calle concrete el plan de gobierno, llevando de la mano al Ejecutivo de turno.
Sorprende entonces su renuncia a una agenda nacional, más aún cuando la coyuntura marca que el futuro inmediato y mediato del país descansa en la agenda de paz, la cual debe ser disputada por todos los sectores sociales para que no permanezca ni termine secuestrada, minimizada en sus proyecciones estructurales, para que de verdad pueda ser abocada como el ingreso del país a un verdadero posconflicto.
Tal disputa debe proyectar desde ahora las elecciones de 2018, ya que corresponderá a ese futuro gobierno la implementación, en sus componentes fundamentales, de lo que surja de los acuerdos de paz, en ese caso no solamente con las farc; también, y muy seguramente, con el eln. La defensa clara de una agenda que garantice la "no repetición", no sólo de los más aberrantes casos de tortura y muerte violenta sino asimismo de las políticas de exclusión que en últimas han sido el combustible de la forma cruenta que asume la lucha de clases en nuestro país, es una obligación moral y práctica de los movimientos alternativos, pues únicamente sobre la base de una participación real en la sociedad, mediante el ejercicio pleno de los derechos, será posible dejar un país en paz para las generaciones venideras. Basta ya de disfraces, lo que no significa que los lenguajes y las temáticas no deban estar a tono con las necesidades y los problemas de una sociedad hipertecnologizada, virtualizada y altísimamente alienada.
Vestirse con un pragmatismo a la usanza no le queda bien a la izquierda, ya que, al proceder así se desnaturaliza, quedando ante los ojos del país como una propuesta o un partido cualquiera, que promete pero no crea los mecanismos indispensables para que las mayorías asuman su destino, con sus propias manos, como ha de ser y como obliga una transformadora acción política, de ruptura, proyección insustituible si de verdad se aspira a un cambio radical de la institucionalidad heredada.
En esa perspectiva, para el caso de Bogotá, donde tiene abiertas todas las posibilidades y desde donde los ecos alcanzan a todo el país, la izquierda no puede ceder la calle y encerrarse en los salones a un debate de lugares comunes. Heredera de un gobierno local y de unas políticas que pretendieron romper el modelo de ciudad implementado desde años atrás, le corresponde a su vocera reclamar con orgullo y sin titubeos, palmo a palmo, y no sólo en las redes sociales y en los salones de conferencia, todos los logros de una política social que arroja logros inocultables en salud, educación, política de género, minorías sociales, drogadicción y otros campos. Al tiempo, desde la autocrítica, se debe reconocer lo no realizado y la implementación de nuevos mecanismos para que el ejercicio de gobierno pase de ser un asunto de especialistas a un reto que incumbe e incluye a toda la población.
Se trata de un reto que, desde otras lógicas, sin dejar de mirar la agenda de paz por firmarse en La Habana ni los comicios de 2018, no retiran de sus ojos ni de sus cálculos otras propuestas y colectividades, desplegando por todo el país una acción constante para y por el control territorial, apareciendo ahora –según distintos informes– como muy posibles triunfadores en ciudades como Medellín y Cali, además de un sinnúmero de ciudades intermedias.
Es, por consiguiente, un (re)posicionamiento político que, de confirmarse, vaticina desde ahora que la agenda refrendataria de los acuerdos de paz no será pan comido, ni las elecciones de 2018 darán continuidad necesariamente a lo que debiera ser una política de Estado.
Ante esta realidad, es claro que lo único que facilita el pragmatismo electoral es este (re)posicionamiento y, al mismo tiempo, la persistencia de la formalidad democrática, soporte y bastión de un establecimiento de espaldas a las mayorías nacionales.

Fuente original: http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/27475-en-las-urnas.html

martes, 27 de octubre de 2015

ANÁLISIS ELECTORAL DE ANNCOL: LA RECOMPOSICIÓN DEL BLOQUE DE PODER DOMINANTE


Marta Lucía Ramírez, ex MinDefensa de Uribe, Enrique Peñalosa y Carlos Fernando Galán.Marta Lucía Ramírez, ex MinDefensa de Uribe, Enrique Peñalosa y Carlos Fernando Galán.AP-
Las elecciones regionales que acaban de suceder este 25 de Octubre en Colombia, confirman de manera contundente como única conclusión que se puede sacar de ellas; la afirmación de ANNCOL de que serían utilizadas por la clase dominante para recomponer el Bloque de Poder Contrainsurgente dominante en Colombia.
Dos anuncios sombríos lo anticiparon:
Uno: El documento escrito por los 21 gremios de Colombia y presentado con bombos y platillos al presidente JM Santos dándole un apoyo envenenado al proceso de Paz de la Habana, pero a la vez, presentando un proceso de Paz completamente diferente al actual [ver editorial ANNCOL].
Dos: El mensaje encriptado del presidente Santos, enviado por los medios de comunicación adictos poco ante las elaciones de que; “los alcaldes y gobernadores elegidos serán los encargados de administrar el Post conflicto”
Mensajito que forzó a los políticos, clientelistas y contratistas, interesados en la feria de contratos para la paz (que conlleva la palabra oficial “post conflicto”) a realizar unas elecciones típicas colombianas plagadas de todo tipo de delitos electorales, especialmente la trashumancia de votos, la falsificación de documentos electorales, la compra multimillonaria de votos, y la participación descarada del triunfador electoral Vargas Lleras desde su cargo oficial de Vicepresidente de la República, y quien con la mirada cómplice y complacida del presidente Santos se ha convertido en el árbitro definitivo que ha definido la enconada y larga disputa por el liderazgo dentro de las fracciones del Bloque de Poder dominante, entre Uribe Vélez y el presidente JM Santos.
El ventajismo Llerista, la corrupción, la compra multimillonaria, descarada y cínica de votos (nadie se preguntó de dónde salen todos esos ríos de dinero) la manipulación desvergonzada de encuestas de opinión, más la guerra sucia mediática y la guerra leguleya del sacristán Ordoñez contra la llamada “Izquierda Clara” fueron la Norma aceptada por todos.
Todos los elegidos, todos sin excepción, lo son (no por representar un partido moderno con ideas, programas, organización y ética definidas) sino resultado de oscuras maniobras y coaliciones amañadas entre grupúsculos de contratistas, con consignas de taller de reparación de autos como seguridad y cumplimento, eficiencia y servicio, trabajamos para Usted, etcétera, etcétera. Todos ellos interesados en pelechar los raudales de dinero en dólares y Euros que JM Santos ha prometido vendrán de los EEUU y Europa una vez “se firme la Paz”.
Según los datos oficiales entregados, Uribe Vélez y su cauda de muchachos buenos y honrados ha quedado reducida a su verdadera expresión en el Casanare y Leticia. Es un respiro.
El Partido de Santos, la U, si bien ha aumentado el número de votos, ha perdido importantes administraciones, quedando sostenido en lo fundamental por los cuestionados y corruptos Ñoños Elías y por la “diva” Dilian Francisca, y por algunas gobernaciones menores, obtenidas en extrañas coaliciones, como Arauca, Vichada, Cesar, o Norte de Santander. La llamada “Izquierda Clara” no pudo o no supo quitarse el lastre de los Garzones cooptados (Lucho y Angelino), los corruptos gurropines Moreno y el Petrismo demagógico y soberbio.
El Liberalismo de la mano de Serpa Uribe que trató de presentarse como fuerza autónoma (?), aunque logró imponer al también cuestionado Didier Tavera en la gobernación de Santander y triunfó en gobernaciones periféricas como el sempiterno Verano de la Rosa del Atlántico, en Chocó, Meta, San Andrés, o Caquetá, y alcanzó algunas alcaldías intermedias como Manizales, Pereira o Sincelejo; liquidó en Bogotá su mayor carta estratégica que significaba la alcaldía del ministro de guerra de Cesar Gaviria en 1991, el Gato Pardo.
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Detrás de Peñalosa se esconde el militarista y el oficial de la reserva militar, Vargas Lleras.
¿Próximo presidente de Colombia del establicimiento empresarial-militar?


Los triunfadores son indudablemente Vargas Lleras que imponer su fuerza electoral y su jefatura; se consolida a nivel nacional. Imponiendo en la alcaldía de Bogotá al también cuestionado y corrupto “empresario neoliberal de los Bolardos” Peñalosa (bisagra entre Uribe Vélez, Pastrana-Marta Lucía y J.M Santos) y, el propio Peñalosa que convertido en el caballo de Troya de los gremios y empresarios neoliberales, contando con la mayoría en el concejo de Bogotá, con el pretexto de barrer al ineficiente y populista Petrismo de los cargos públicos, construirá sin lugar a dudas el paraíso neoliberal de los millonarios contratos del Post conflicto, anunciados por el gobierno de Santos, a la vez que, apoyado por los pelechadores de la imagen de Galán Sarmiento, impondrán al derechista y militarista Vargas Lleras como próximo presidente de los colombianos, quien también sin lugar a dudas, será el encargado de sacar adelante o imponer en Colombia de acuerdo con el US South Command, la visión neoliberal y Trasnacional del post conflicto presentada por los gremios de la producción en su último documento.
¡¡¡¡Días oscuros nos esperan, Sancho!!!!

lunes, 19 de octubre de 2015

Contribución al debate sobre el Proceso de Paz que se adelanta entre FARC-EP y el Gobierno colombiano.

Libardo Sánchez Gómez

Ante la inminencia del acuerdo definitivo, que pondrá fin a la rebelión armada de las FARC, sectores interesados en que la lucha popular de más de cincuenta años no desaparezca sin pena ni gloria, han propuesto que se debata acerca de lo que ocurre o podría ocurrir en Centroamérica.  Han aceptado o, por lo menos, han respondido al artículo "El ternurismo de las FARC",  con que se dio inició al debate, dos destacados formadores de opinión, Fernando Dorado y Alberto Pinzón Sánchez. Se espera comentarios sobre el ensayo de Matt Peppe,  Las Distorsiones del Conflicto Colombiano, un análisis desapasionado sobre la realidad colombiana. 

A continuación se reproduce la participación      de "Nicolás Ramón Contreras Hernández, Nicolás se refiere a  los artículos de Fernando Dorado y Alberto Pinzón Sánchez, dos de los defensores de la entrega de las guerrillas, a cambio de poco o nada. 

De: "Nicolás Ramón Contreras Hernández" <makromokamboniko@gmail.com>
Fecha: 19/10/2015 13:26
Asunto: UNA RESPUESTA A ALBERTO PINZÓN SÁNCHEZ
Para: "ANNCOL" <anncol@anncol.eu>
Cc:


Discrepo totalmente de la descalificación hídrica e Hydrica del señor Pinzón Sánchez. Desconfiar no es autodestructivos ni nada por el estilo, es no hacer el papel del colibrí de la Fabulita, el corrosivo poema del tuerto López. Les solicito que se lo hagan llegar por favor, 


Diálogos y acuerdos sobre cadáveres bajo los acordes de un colibrí.

     El más reciente artículo de Fernando Dorado, "Transformar la precaria tregua en paz duradera y estable", me hace recordar el famoso poema Fabulita de Luís Carlos López, el poeta cartagenero, famoso por su ironía corrosiva. Como siempre, Fernando Dorado se va lanza en ristre contra las voces no gobiernistas ni uribistas, y lo peor nos hace iguales al uribismo. Todo por no compartir ese optimismo esotérico, que sumando un sí pero un no, para quedar de píe como equilibrista de opinión, no tiene en cuenta ni la historia ni los hechos, que nos hacen mirar a los del optimismo desbordante, como el colibrí que cantaba paz, paz, paz de flor en flor, sin darse cuenta que trinaba sobre el anillo feroz de una culebra mapaná, en el poema célebre en una época como esta después de la guerra de los Mil Días. 

      Eso de decir alegremente que los extremos se unen, esa crítica a quienes a su vez cuestionan el ternurismo de las Farc, igualándolos con el uribismo más bestial, parecen desconocer qué ha sido la nación colombiana antes de llamarse Colombia. Quien crea que los acuerdos se van a respetar, debe echar un vistazo sincrónico y diacrónico al esquema del "se acata pero no se cumple", que se pasó por la faja durante la colonia, las leyes de indias que dieron espacios de buen trato a los indígenas, después de la gestión de Fray Bartolomé de las Casas. Desconoce Fernando Dorado la historia del general de la era de los supremos, que afirmaba con sable y pistola en mano, que no iba a perder con papelitos - léase votos- lo que se podía ganar en un campo de batalla. Pero hay otras cosas que el optimismo de nuestro colibrí pretende ignorar con juegos de palabras,  en la parte que pretende ser propositiva de su escrito. 

     Olvida Dorado aunque lo niegue, los más de 5 mil muertos que tuvo la Unión Patriótica y los muertos que creyeron en esta misma clase dirigente, cuyos hijos y nietos formados en la misma intolerancia de la puñalada trapera, se llevaron por delante a todos los guerreros populares que al firmar la paz, intentaron hacer política o simplemente vivir tranquilos luego de un proceso de paz, como sucedió con Gaudalupe Salcedo o Carlos Pizarro León- Gómez: todos ellos encontraron la precisa emboscada mortal de los sicarios. Pero no es cosa de recuentos: en lo que va corrido del año 2015,  69 defensores de derechos humanos han sido asesinados. Por estos días los paramilitares ocupan posiciones en el Cauca y el sur del país, mientras comuneros indígenas como Benicio Flor Belalcazar caen asesinados por paramilitares,  larga lista de difuntos por los artificios criminales a sueldo,   de este año que registra en junio a Jaime Poncio Guege, fuera del dirigente del congreso de los pueblos y otros líderes sociales....Y los que no están muertos, están presos o siendo apresados.

      Jóvenes de la MANE estuvieron más de tres años, y mientras los optimistas brincaban en una sola pata, por un supuesto acuerdo que es físico papelito sin valor orgánico, los jóvenes de la Universidad Pedagógica Nacional fueron encanados, con un argumento tan grosero que escandalizó hasta a una columnista de las élites nacionales. El Fiscal se empleó a fondo en mandar a la cárcel a los jóvenes por poseer gorras y literatura sobre el Ché Guevara. Al final nada se pudo lograr y los muchachos salieron airosos, pero no están exentos de una camada de jueces que reencauchan los procesos, ignorando el principio que niega el doble juzgamiento por el mismo delito. Miguel Ángel Beltrán y Feliciano Valencia, son muestras de un sistema de (IN) justicia, comandado por un procurador como Ordoñez, que promueve y ejecuta la violación de los derechos humanos que debería defender, en una competencia con una fiscalía que peló el cobre, en el proceso contra los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional.

       Y como si fuera poco, los acuerdos deberán ser refrendados por un país, al que los noticieros de radio y televisión, manejan como a títeres. Basta con una campaña soportada por las redes sociales, para que este pueblo de patrioterismo tipo selección Colombia y cervecería Águila,  triunfalista como Fernando Dorado, adore a los victimarios hasta el delirio; y odie con la saña más ponzoñosa a las víctimas y a todo gestor de paz. ¿Y sí eso pasa con las víctimas, qué no pasará cuando la cosa sea contra la guerrilla y los acuerdos de paz, en donde los medios de desinformación masiva, se igualan a NTN 24 horas el canal de la motosierra?

     Finalmente eso de mandar a interpretar la realidad social del país y mostrar como la gran propuesta, una fraseomanía harto conocida según la cual, " las fuerzas insurgentes convertidas en fuerza política legal, comprometidas realmente con la lucha por la democracia, tendrán el camino despejado siempre y cuando, con hechos reales y formas simbólicas coherentes, se la jueguen por la paz”....¿Será posible jugársela por la paz con un estado que tiene organismos de seguridad y fuerzas paramilitares a su servicio y con un pueblo inservible políticamente, al que los medios manejan con el dedo meñique?

       ¿Se comprometen simbólicamente dejándose matar, para que luego los escribidores de la pazología como Natalia Lizarazo que se hace apellidar Springer para cañar a bobos, se tape de plata? Sería bueno que quienes critican a los desconfiados,  entre los cuales me cuento, sin que ello implique para nada ser uribistas, repararan en esa parte del poema Fabula de Luís Carlos López, que dice: “y el pobre pajarillo/ trinaba feliz sobre el anillo feroz/ de una culebra mapaná”...Es que el pajarillo gritaba: ¡Viva la paz! ¡Viva la Paz!  ¿Por qué los escribidores no salen a ocupar el lugar de los guerreros en las lides políticas?

Nicolás Ramón Contreras Hernández
RED INDEPENDENTISTA DEL CARIBE
Observatorio de medios y estudios académicos desde perspectiva de género y etnia.

domingo, 18 de octubre de 2015

Las Distorsiones del Conflicto Colombiano

Libardo Sánchez Gómez

Aunque parece tarde aún hay tiempo para iniciar un debate a profundidad sobre el proceso de paz que se discute en la Habana. Existe un sector de aúlicos de  la paz, sin condiciones, que   aplauden a rabiar cada nuevo avance, que acerca     las guerrillas a su entrega definitiva, sin importar que para la sociedad en su conjunto este hecho no represente ningún beneficio. Hay que insistir en que no  se defiende la guerra por la guerra.  Al respecto Níkolas Stolpkin ayuda  a despejar dudas, Él afirma: "Que quede claro: no estamos en contra del proceso de paz en Colombia, estamos en contra de que se desconozca la HISTORIA de lucha de nuestros pueblos y, peor aún, que se desconozca la NATURALEZA misma del sistema capitalista cuando ve amenazado sus intereses. La FARC-EP podrán abandonar la lucha armada y todo lo que quieran, pero las ESTRUCTURAS del sistema opresor colombiano se mantendrán INTACTAS". El siguiente artículo de Matt Peppe, propuesto por Níkolas Stolpkin, puede ser el punto de partida de un necesario debate acerca del actual proceso de paz colombiano.


Las Distorsiones del Conflicto Colombiano


Por: Matt Peppe

Hace semana y media la noticia desde la Habana fue que las FARC (fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) y el gobierno colombiano habían definido que el acuerdo final de la paz sería firmado en un plazo de seis meses. La noticia fue aclamada como un paso importante en la solución de un conflicto que lleva más de medio siglo y como una oportunidad para lograr la paz del país. No obstante, los medios masivos de comunicación que siempre recitan la retórica del gobierno, omiten reconocer las causas principales de la violencia y la inevitabilidad de que esta continuará en el futuro.

A lo largo de décadas, la política del gobierno colombiano ha sido una estrategia de seguridad nacional de contrainsurgencia, desarrollada a finales de los años 50 bajo el auspicio del ejército de los Estados Unidos. El objetivo del gobierno de Estados Unidos era mantener un sistema político amigable para los negocios mediante la implementación de políticas económicas que favorezcan a las corporaciones multinacionales y al capital extranjero. Cualquier resistencia a tales políticas era considerada subversiva, y las personas que simpatizaban con tal resistencia eran estigmatizados como enemigos internos que debían ser eliminados o neutralizados por medios militares.

La retórica de la doctrina de seguridad nacional sostiene que si se elimina la amenaza insurgente la paz será restaurada. La presunción implícita en esa doctrina es que los rebeldes de las FARC han sido siempre el bando que se atraviesa en el camino de la paz.Según esta interpretación, cuando las FARC iniciaron sus operaciones militares el Estado tenía que responder en beneficio de la nación en su totalidad organizando una respuesta contraguerrillera.

Pero esta narrativa es históricamente equivocada. El conflicto colombiano no es una pelea del conjunto de la sociedad contra un grupo de guerrilleros, sino una batalla de un grupo minoritario de élites que controlan el aparato estatal contra la mayoría de la población.

“Como en muchos otros países latinoamericanos, las semillas de la desigualdad social actual y la lucha por la concentración de la tierra y recursos de Colombia la podemos encontrar en el control ejercido por una minoría minúscula, igual que en el despojo progresivo de la mayoría de la gente, lo cual tiene sus raíces en el colonialismo del siglo XVI,” explica Jazmín Hristov en su libro Sangre y Capital: La Paramilitarización de Colombia. [1]

Una vez las FARC se constituyeron en el ala armada del Partido Comunista en Colombia, la doctrina contrainsurgente - desarrollada por el ejército de EEUU y codificada en manuales que fueron distribuidos desde los años 60 - instruyó a sus contrapartes colombianas a que consideraran cualquier forma de lucha por la justicia social o reforma democrática como forma de insurrección comunista. Además de los rebeldes armados, miembros del clero, académicos, líderes sindicalistas, defensores de derechos humanos, y otros miembros de la sociedad civil han sido convertidos en blancos insurgentes potenciales.

Para extender su alcance en la sociedad colombiana, el gobierno autorizó legalmente el paramilitarismo en 1965 con el Plan Lazomediante la conformación de “fuerzas de defensa civiles” armadas  e integradas al sistema militar colombiano [2]. Estas fuerzas sirven al objetivo del gobierno de preservar el status quo realizando su trabajo sucio a través de escuadrones de la muerte, asesinatos, tortura, intimidación y desapariciones, al tiempo que proporcionan el encubrimiento y un aparente distanciamiento del Estado en sí mismo.

El conflicto colombiano no puede ser entendido correctamente sin el reconocimiento de la naturaleza verdadera de los actores implicados y los intereses que estos representan. “El paramilitarismo nunca ha sido, mucho menos ahora, un tercer actor aislado (el estado y las guerrillas son los otros dos), tal como es presentado en los discursos oficiales de seguridad nacional,” escribe Hristov. [3]

Escribiendo en el New York Times luego de que el acuerdo sobre justicia fuera anunciado, Ernesto Londoño dice que la “lucha de tres vías entre las facciones de la guerrilla, las fuerzas del gobierno y las bandas paramilitares de la derecha que a menudo actuaban como testaferros del estado habían asesinado a más de 220.000 personas y desplazado alrededor de 5.7 millones.”

Dan Kovalik, profesor de derechos humanos internacionales en la escuela de leyes de la Universidad de Pittsburgh, controvierte la noción de que los paramilitares simplemente operan de vez en cuando como testaferros: “Es imposible hablar de los paramilitares como actor separado del Estado colombiano, porque es el estado colombiano el que ayudó a crear los paramilitares; y los grupos defensores de derechos humanos han concluido año tras año que el Estado les ha suministrado las armas, ayuda logística y ha realizado incluso operaciones conjuntas. Incluso las cortes federales cuando han sido confrontadas con estas preguntas, bajo la Alien Tort Claims Act, han concluido que los paramilitares están tan integrados con el Estado que sus acciones criminales constituyen una acción del Estado.”

Además de la inexactitud al describir el conflicto, la declaración de Londoño utiliza estadísticas de la violencia acumulada sin distinguir quién es el actor responsable de las muertes y  desplazamientos. Más adelante en su columna, Londoño culpa implícitamente a las FARC de la mayoría de la violencia: “docenas de víctimas viajaron a La Habana para hablar sobre los abusos que sufrieron a manos de los líderes de la guerrilla. Algunas implicaron a las fuerzas del gobierno en actos brutales… Los tribunales especiales de guerra que el gobierno intenta crear para juzgar crímenes serán asimilados a cortes de canguro por quienes han estado a favor de una derrota militar de las FARC.”

Si uno acepta la retórica de la seguridad nacional según la cual la mayoría de la violencia perpetrada por el gobierno equivale solo a un daño colateral como resultado de la reacción a la agresión insurgente, entonces las guerrillas serían responsables de la mayoría de muertes y lesiones. Pero éste es apenas un caso.

Kovalik anota que los “grupos defensores de derechos humanos han concluido consistentemente que el Estado colombiano y sus aliados paramilitares cometen la mayor parte de las violaciones de derechos humanos en el país - en los peores años, por lo menos el 80% de los abusos han sido atribuidos a estas fuerzas.”

La intervención del gobierno de EEUU y el Plan Colombia

Londoño también elogia la política de EEUU señalándola como la generadora del ímpetu para alcanzar la paz: “La intervención por la fuerza de Washington en la guerra, la cual comenzó hacia finales de los 90s, permitió que el gobierno colombiano debilitara a las FARC y en últimas sentara las bases para las actuales negociaciones de paz.”

La política contrainsurgente de Washington es vista no sólo como un instrumento para la paz, sino como el factor principal que permitirá su logro. Es increíble como el revisionismo histórico retrata al instigador y patrocinador de la violencia masiva que ha perdurado por décadas como un intermediario honesto para terminar esta violencia.

En realidad, la intervención de Washington comenzó 40 años antes del tiempo al que se refiere Londoño, y esa intervención fue la que agudizo la guerra que ha azotado al país desde entonces. Cualquier evaluación objetiva de la política exterior de EEUU en Colombia ha encontrado que ésta ha sido un absoluto fracaso. Bajo la dirección, financiamiento y entrenamiento de los EEUU, el Estado colombiano ha mostrado uno de los peores historiales en respeto de los derechos humanos en el hemisferio. Muchas organizaciones de derechos humanos dan testimonio de esto, y han exigido el fin de la ayuda militar de EEUU a Colombia.

“Año tras año la política de EEUU ha ignorado las evidencias y peticiones de las Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales colombianas e internacionales y del pueblo de Colombia. El plan Colombia ha sido un fracaso en todos los aspectos y los derechos humanos en Colombia no mejorarán hasta que haya un cambio fundamental en la política exterior de EEUU,” declara la oficina de Amnistía Internacional en los EEUU.

Un informe de la ONG de derechos humanos Human Rights Watch dice: “toda la ayuda para la seguridad internacional debe ser condicionada a acciones explícitas del gobierno colombiano encaminadas a cortar conexiones, en todos los niveles, entre el ejército y los paramilitares. Los abusos atribuidos directamente a los miembros del ejército colombiano han disminuido durante estos últimos años, pero en el mismo período el número y magnitud de los abusos atribuidos a los grupos paramilitares que operan con el consentimiento de los militares o con su abierto apoyo, se han elevado súbitamente.”

El profesor e historiador de Bogotá Renán Vega Cantor, en un estudio sobre la presencia de EEUU en Colombia, escribe que: “El terrorismo de Estado que se perpetúa en Colombia desde finales de la década de 1940 se alimenta tanto del sostén militar y financiero de los Estados Unidos, como de los intereses de las clases dominantes criollas, para preservar su poder y su riqueza y negarse a realizar elementales reformas económicas y sociales de tipo redistributivo.”

Lo que el New York Times y los medios masivos omiten en su análisis es que el sistema sociopolítico colombiano neoliberal actual necesita la continuación de la violencia para acomodar el capital.

“La guerrilla no fue la causa del conflicto colombiano sino por el contrario, uno de sus síntomas, y simultáneamente se convirtió en un factor contribuyente en el sentido de que su misma existencia sirve de pretexto y  justificación para la violencia y la militarización por parte del Estado; lo cual desafortunadamente ha hecho que la presencia de la guerrilla sea utilizada por el establecimiento para legitimar la violencia sobre las fuerzas sociales que desafían el poder de las clases dominantes,” escribe Hristov en su ultimo libro, Paramilitarismo y Neoliberalismo: Sistemas Violentos de la Acumulación de Capital en Colombia y Más Allá. [4]

Hristov dice que si el gobierno quiere satisfacer las demandas de las FARC, tiene que invertir en programas sociales a expensas del aparato militar y políticas de seguridad actual. Pero como estos sistemas le sirven a esa estructura económica neoliberal que transfiere la tierra y los recursos de las masas populares a una minúscula minoría elitista, es ingenuo pensar que esos cambios ocurran.

“Incluso en una era post-FARC el Estado tendría siempre pretextos, recurrirá a las BACRIM [bandas criminales que tienen raíces en los grupos paramilitares presuntamente desarmados] o a la existencia de otros grupos guerrilleros, para mantener el desbordado nivel de militarización,” escribe Hristov. [5]

La representación del conflicto colombiano en el New York Times y otros medios masivos es una réplica de la propaganda estatal, haciendo eco a la doctrina de seguridad nacional, propaganda que oculta la violencia inherente al sistema económico colombiano que ha ocasionado la perpetuación del militarismo y la represión en el país.

Si bien cualquier acuerdo de paz que ofrezca la perspectiva de reducir el derramamiento de sangre es bien recibida, el hecho de que el Estado colombiano continúe sometido al consenso de Washington y a su modelo socioeconómico neoliberal, significa que el país se dirige inevitablemente hacia la continuación de la violencia, el despojo, y el sufrimiento de la inmensa mayoría de la población.

Solo cuando el gobierno colombiano y los medios masivos de comunicación occidentales reconozcan que la intervención de Washington exacerba la violencia en lugar de minimizarla, tal vez entonces Colombia pueda empezar a liberarse a sí misma y a buscar una paz duradera y con justicia social para todos sus habitantes.

Referencias
[1] Hristov, Jasmin. Blood and Capital: The Paramilitarization of Colombia. Ohio University Press; 1 edition, 2009. Kindle edition.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Hristov, Jasmin. Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and Beyond. London: Pluto Press, 2014.  (pg. 153)
[5] Hristov, 2014 (pg. 157)
Título original: Misrepresentation of the Colombian Conflict
Traducción: La Colombia Invisible
Corrección de detalles en la Traducción: Stolpkin.net
Negritas: Stolpkin.net