Abogado Francisco Basilio Arteaga Benavidez Sobreviviente al genocidio político en contra de la Unión Patriótica
invita adherirse a la ACCIÓN DE GRUPO 2015-831 que cursa en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Sub-sección " A
", para exigir la reparación integral por el retiro injusto de la
Personería Jurídica del Partido Unión Patriótica"UP".
lunes, 26 de septiembre de 2016
domingo, 25 de septiembre de 2016
¿Fracasó la izquierda latinoamericana?
Categoría: Linea Formación popular Publicado: Domingo, 25 Septiembre 2016
Por: Martín Caparrós. New York Times
Ya no sé cuántas veces lo he visto escrito, lo he oído repetido: está por todas partes. La frase se ha ganado su lugar, el más común de los lugares, y no se discute: la izquierda fracasó en América Latina.
Es poderoso cuando un concepto se instala tanto que ya nadie lo piensa: cuando se convierte en un cliché. El fracaso de la izquierda en América Latina es uno de ellos. El fracaso de los gobiernos venezolano, argentino o brasileño de este principio de siglo es evidente, y es obvio que sucedió en América Latina; lo que no está claro es que eso que tantos decidieron llamar izquierda fuera de izquierda.
Hubo, sin embargo, un acuerdo más o menos tácito. Llamar izquierda a esos movimientos diversos les servía a todos: para empezar, a los políticos que se hicieron con el poder en sus países. Algunos, en efecto, lo eran —Evo Morales, Lula— y tenían una larga historia de luchas sociales; otros, recién llegados de la milicia, la academia o los partidos del sistema, simplemente entendieron que, tras los desastres económicos y sociales de la década neoliberal, nada funcionaría mejor que presentarse como adalides de una cierta izquierda. Pero las proclamas y la realidad pueden ser muy distintas: del dicho al lecho, dicen en mi barrio, hay mucho trecho.
La discusión, como cualquiera que valga la pena, es complicada: habría que empezar por acordar qué significa “izquierda”. Es un debate centenario y sus meandros ocupan bibliotecas, pero quizá podamos encontrar un mínimo común: aceptar que una política de izquierda implica, por lo menos, que el Estado, como instrumento político de la sociedad, trabaje para garantizar que todos sus integrantes tengan la comida, salud, educación, vivienda y seguridad que necesitan. Y que intente repartir la riqueza para reducir la desigualdad social y económica a sus mínimos posibles.
Creo que, en muchos de nuestros países, poco de esto se cumplió. Pero creer y hablar es relativamente fácil. Por eso, para empezar a pensar la cuestión, importa revisar las cifras que intentan mostrar qué hay más allá de las palabras discurseadas. Por supuesto, el espacio de un artículo no alcanza para un recorrido completo: cada país es un mundo. Así que voy a centrarme en el ejemplo que mejor conozco: la Argentina del peronismo kirchnerista.
Primero, las condiciones generales: entre 2003 y 2012 el precio de la soja, su principal exportación, llegó a triplicarse. Los aumentos globales de las materias primas ofrecieron a la Argentina sus años más prósperos en décadas. Con esa base privilegiada y 12 años de discursos izquierdizantes, Cristina Fernández de Kirchner dejó su país, en diciembre pasado, con un 29 por ciento de ciudadanos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas: 10 millones de pobres, dos millones de indigentes. El 56 por ciento de los trabajadores no tiene un empleo estable y legal: desempleados, subempleados, empleados en negro y en precario. Un tercio de los hogares sigue sin cloacas y uno de cada diez no tiene agua corriente. Y hay casi cinco millones de malnutridos en un país que produce alimentos para cientos de millones, pero prefiere venderlos en el exterior.
Aunque, por supuesto, el relato oficial era otro: en junio de 2015, la presidenta Fernández dijo en la Asamblea de la FAO que su país sólo tenía un 4,7 por ciento de pobres; su jefe de gabinete, entonces, dijo que la Argentina tenía “menos pobres que Alemania”. Para conseguirlo, su gobierno había tomado, varios años antes, una medida decisiva: intervenir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y obligar a sus técnicos a producir datos perfectamente inverosímiles.
Pese a los discursos, en los años kirchneristas también aumentó la desigualdad en el acceso a derechos básicos como la educación y la salud. En 1996, el 24,6 por ciento de los alumnos iba a escuelas privadas; en 2003 la cifra se mantenía; en 2014 había llegado al 29 por ciento. Los argentinos prefieren la educación privada a la pública, pero no todos pueden pagarla: su uso es un factor de desigualdad importante, y creció un 20 por ciento en estos años.
En 1996 la mitad de la población contaba con los servicios médicos de los sindicatos, el 13 por ciento un plan médico privado y el resto, el 36 por ciento más pobre, se las arreglaba con la salud pública. La proporción se mantiene: entre 15 y 17 millones de personas sufren la medicina estatal, donde tanto funciona tan mal. Es la desigualdad más dolorosa, como bien pudo ver la presidenta Fernández cuando —diciembre de 2014— se lastimó un tobillo en una de sus residencias patagónicas y la llevaron al hospital provincial de Santa Cruz. Allí le explicaron que no podían curarla porque el tomógrafo llevaba más de un año roto, y la mandaron en avión a Buenos Aires, 2.500 kilómetros al norte.
Mientras las diferencias entre pobres y ricos se consolidaban, mientras la exclusión de un cuarto de la población producía más y más violencia, las grandes empresas seguían dominando. En agosto de 2012 Cristina Fernández lo anunciaba sonriente: “Los bancos nunca ganaron tanta plata como con este gobierno”. Era cierto: en 2005 se llevaban el 0,33 por ciento del Producto Interno Bruto; en 2012, más de tres veces más. Ese mismo año el Fondo Monetario Internacional informaba que la rentabilidad sobre activos de los bancos argentinos era la más grande del G-20, cuatro veces mayor que la de los vecinos brasileños. Y la economía en general siguió con la concentración que había inaugurado el menemismo: en 1993, 56 de las 200 empresas más poderosas del país tenían capital extranjero y se llevaban el 23 por ciento de la facturación total; en 2010 eran más del doble —115— y acaparaban más de la mitad de esa facturación.
Y esto sin detenerse en el sinfín de corruptelas que ya colman los tribunales de justicia con ministros, secretarios, empresarios amigos, la propia presidenta. ¿Se puede definir “de izquierda” a un grupo de personas que roba millones y millones de dineros públicos para su disfrute personal?
Ni detenerse en la locura personalista que hace que estos gobernantes –y por supuesto la Argentina– identifiquen sus políticas consigo mismos. ¿Se puede definir “de izquierda” a una persona que desprecia tanto a las demás personas como para creerse indispensable, irreemplazable?
Son más debates. Mientras tanto, sería interesante repetir la operación en otros países: comparar también en ellos las proclamas y los resultados. Quizás allí también se vea la diferencia entre el reparto de la riqueza que llevaría adelante un gobierno de izquierda y el asistencialismo clientelar que emprendió éste. Quizás entonces se entienda por qué, mientras algunos de estos gobiernos se reclamaban de izquierda, sus propios teóricos solían llamarlos populistas, una tendencia que la izquierda siempre denunció, convencida de que era una forma de desviar los reclamos populares: tranquilizar a los más desfavorecidos con limosnas —subsidios, asignaciones— que los vuelven más y más dependientes del partido que gobierna.
Pero el lugar común pretende que lo que fracasó fue la izquierda –y eso les sirve a casi todos. A aquellos gobiernos, queda dicho, o a sus restos, para legitimarse. Y a sus opositores del establishment para tener a quien acusar, de quien diferenciarse, y para desprestigiar y desactivar, por quién sabe cuánto tiempo, cualquier proyecto de izquierda verdadera.
jueves, 8 de septiembre de 2016
El futuro político de las FARC
Libardo Sánchez Gómez
Parece mentira que se organice una
guerra, y que dure sesenta años, con la idea central de tener un espacio
político; pues no se trata de un chiste sino de una parte de nuestra realidad
macondiana, esa que le permitió al nobel Gabriel García Márquez escribir Cien años de Soledad y “El Coronel no tiene
quien le escriba”. Las FARC-EP nacieron y crecieron (¿morirán en el intento?) con
la idea de hacer política, de ser “políticos exitosos”. Durante el largo periodo activo de la confrontación armada la respectiva
comandancia, el mayor tiempo en cabeza de su fundador Manuel Marulanda,
intentaba entablar diálogos con el Gobierno de turno con miras a deponer las
armas, pero la oligarquía por un lado desconfiaba
de las intenciones de los rebeldes y por otro pensaba
que tendrían que negociar y ceder sus privilegios; entonces, cuando accedían a dialogar lo hacían para
tomar ventaja militar, con la idea fija de derrotarlos militarmente.
Pero por fin se cumplió el anhelo,
Juan Manuel Santos les abrió la puerta al
hermoso mundo de la política donde, en
palabras del mandatario, podrán “disparar
votos en vez de balas”. Pero, como era
de esperar, las intenciones de éste
vocero de la oligarquía no son las mejores, recientemente ridiculizó las aspiraciones de
los futuros políticos, decía en su mejor tono irónico: “pues vayan a ver que van hacer en elecciones, ¿van vender marxismo-leninismo?
Eso… es algo trasnochado; ¿Socialismo del Siglo XXI? Ja ja, miren a Venezuela, que es el ejemplo
de eso…” la oligarquía sabe de antemano que difícilmente podrán desenvolverse
en la arena política, y si lo logran no los dejarán medrar. Un sector
mayoritario de rebeldes ha aceptado hacer de la política su forma de vida. Se les augura éxitos en esa actividad que, al decir de muchos, es
sinónimo de criminalidad. Ojalá puedan demostrar lo contrario. En Colombia, como en la mayor parte del mundo
capitalista, la política no se ejerce para buscar soluciones generales sino
para satisfacer ambiciones personales. Se busca llegar al parlamento y/o a la
dirección del Estado, en sus distintos niveles, para legislar y actuar a favor no sólo de la
clase dominante sino de intereses y
privilegios muy particulares. Tradicionalmente los intereses de las distintas
corrientes políticas ya sean progresistas o retardatarias, por lo general, terminan amalgamadas en un mismo
crisol; y, salvo contadas excepciones, los
representantes de los sectores populares
actúan abiertamente en la misma
dirección de la burguesía, mendigando mendrugos de pan y mermelada.
Aún no está clara la futura línea
política de las FARC, como nunca lo estuvo durante los sesenta años de guerra. Algunas
veces se declararon revolucionarios marxistas leninistas, otras veces lo negaron; eso sí dejaron
en claro que la guerra no era por el poder, ¿ahora como políticos tampoco
lo buscarán? No obstante, con miras al futuro, las FARC deben tener en
cuenta que quienes les apoyaron, principalmente los campesinos, creyeron que la guerra
apuntaba a
cambiar el mundo de violencia, inequidad
y pobreza desde una posición
revolucionaria. Hace unos días, se desconoce cuáles eran sus
intenciones, Iván Márquez en un tuiter
escribió, “no duden que somos socialistas”. Ojalá no sea un nudo más en
el enredo ideológico por el que han trasegado durante la vida guerrillera. ¿Se mantendrá esa
línea? En todo caso, sea esta su brújula ideológica o no el camino
político a futuro de las FARC será extremadamente tortuoso. Para tirios y troyanos, los guerrilleros
siempre guerrilleros serán, así en la realidad su intención no haya sido ni sea la de
amenazar seriamente
los privilegios de la clase hegemónica. Si quieren seguir por el sendero de los
partidos tradicionales liberal y conservador, su cauda política se puede
esfumar antes de comenzar. Por el lado
de los políticos de “izquierda”, pazólogos de profesión y potenciales
aliados, estos no creen en el socialismo, les gusta el capitalismo
“con rostro humano”, y no les van a admitir
muy cerca de sus toldas construidas a la
sombra de los campamentos de la derecha.
Mientras en el mundo entero, incluido los EEUU, se pone en primera línea el
socialismo, como única posibilidad que
tienen las formas vivas incluido el hombre para sobrevivir, en Colombia la izquierda prefiere
el capitalismo depredador. En este
sentido Manuel E. Yepe (Elecciones en
EE.UU. son distracción masiva. 2016)
Opina: “Así como la angustia y
desesperación se va haciendo cada vez más presionante para las masas de
desposeídos en el mundo y presagian una inevitable insurrección popular a
escala global, en el seno de Estados Unidos se hace más aguda la contradicción
entre el 1% que lo domina todo y el 99% que no puede seguir engañado con mitos
y trucos de la democracia representativa bajo control de los ricos”.
Probablemente las FARC quieran
acomodarse en la socialdemocracia al
lado del Partido Comunista Colombiano (partido liberal chiquito) pero esta puede ser
una alianza peligrosa, los jerarcas
desde siempre han gustado establecer alianzas con las clases en el poder. Por ejemplo,
en el siglo pasado, lo hicieron con el retrógrado Gabriel Turbay en vez de hacerlo
con el progresista JORGE Eliécer Gaitán.
Lozano, actual director del
Semanario VOZ y máximo jerarca del Partido, enciende una vela a
dios y otra al diablo al mismo tiempo. En alguna oportunidad fue testigo estrella
a favor de Cesar Pérez, condenado como
determinador de la masacre de miembros de la UP en Segovia. En aquella época,
tratando de defender a Parez, dejó entrever
que había sido el ELN. Luego funge como artífice
de la entrega de las FARC; y, ahora, través de VOZ se presta para hacerle el juego a
la oligarquía, acusa al ELN de asesinar un miembro del
Partido, creando una matriz mediática en contra del ELN, para hacer que éste grupo
insurgente, también, abandone la lucha
armada. Pero el ELN ha dejado en claro que no abandonará las armas hasta tanto
no se lleven a cabo las transformaciones que remuevan las causas que les
obligaron a tomarlas.
Pero la
competencia política dura de las FARC la tendrá con los partidos de la “izquierda light”, como el Verde, variopinta amalgama de políticos francamente reaccionarios. Entre
los progresistas, que abrevan en fuentes izquierdistas, están Antonio Navarro y
Claudia López, esta última declarada enemiga de las FARC. Por el lado del POLO,
partido con una línea política difusa, sobresale Jorge Robledo habilidoso senador
de
corte pequeño burgués defensor de los gremios y por ende del modo de producción capitalista. Otro político
sobresaliente del POLO, quien anda en este partido porque no hay más en el
espectro de la “izquierda”, es Iván
Cepeda, honesto
y muy comprometido con las causas populares.
Pero dada su soledad en el parlamento
es una voz opositora inofensiva, por eso
la oligarquía lo cuida con esmero, pues lo necesita para darle al Régimen un viso de
democracia. En cuanto a la UP, este Movimiento murió
en manos de una señora totalmente desorientada, quien admite que le “gusta
el capitalismo” y, además, se mueve a la
sombra de Lozano. En el “progresismo” será imposible prosperar, pues es un Movimiento
político construido por Gustavo Petro
exclusivamente para Gustavo Petro. Con
quien sí podrán contar Las FARC, como aliado confiable, es con la liberal Piedad
Córdoba más revolucionaria y comunista que todos los “izquierdistas” y
comunistas juntos, a quien recientemente la Corte Suprema de Justicia
restableció sus derechos políticos alevemente cercenados por el ex procurador
Ordoñez.
Las FARC tienen la posibilidad de perdurar como
agrupación política cohesionada por lo
menos durante un par de años, es decir,
durante el tiempo que el gobierno les ayude a sobrevivir económicamente. Si la
FARC POLÍTICA no logra interpretar los anhelos de la base popular, es
decir, de la izquierda de los
sectores revolucionarios, aquellos que quieren tomarse el poder a nombre del pueblo excluido,
para abolir el sistema capitalista e instaurar el socialismo, antes de lo
esperado va a terminar atomizada y refundida entre los diversos movimientos y
partidos políticos, incluido el Centro Democrático, como aconteció con ciertos
miembros del M-19.
Hasta ahora se ha hablado de la
FARC POLÍTICA, nombre que una vez
entreguen las armas debe ser cambiado, pues ya no serán más fuerzas armadas
revolucionarias. El nombre lo deberán conservar
quienes perseveren en la lucha armada, tras
la toma del PODER para poder efectuar las transformaciones que la
sociedad colombiana requiere. Se espera
que quienes abandonen la causa tengan la
gallardía de respetar la decisión de sus compañeros y compañeras y omitan las
descalificaciones injuriosas. Los guerrilleros en armas, por el contrario, han dicho de manera gallarda que respetan la
decisión de los compañeros que se desmovilicen y les auguran éxitos en su
actividad política. Parece que se trata
de un número respetable que se acerca a las dos mil unidades. En todo caso, es
preferible un combatiente a plena luz que mil en la oscuridad. No le hacen bien a la causa libertaria quienes no están convencidos de lo que hacen,
por eso el pueblo colombiano debe votar
masivamente por el SI al plebiscito, en el frente de combate seguramente quedará únicamente gente que sabe lo que quiere.
jueves, 1 de septiembre de 2016
¿Paz en Colombia?
Escrito por JAVIER GIRALDO, sacerdote Jesuita.
Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se
repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos
eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas
preocupaciones.
Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la
guerrilla de las FARC, luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de
víctimas y ha llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. Este proceso ha
ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para
buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el
último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes
de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los
acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no
sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas.
Hace pocos días se firmó en La Habana un documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la
agenda acordada al comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego
bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo el país se encuentra profundamente polarizado por
el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las
posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado
multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos.
Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por
todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los
aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas
más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones como las siguientes:
1) Se percibe un doble lenguaje: en uno de ellos se afirma que el proceso no se ha enfocado como
una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces
sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; el otro lenguaje, usado por el gobierno fuera
de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una
legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante
repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha
obligado a sentarse a la mesa de negociación.
2) Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto,
sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar
en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas
a esas raíces del conflicto como “salvedades” o “constancias” de lo que fue imposible discutir. El
gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez
dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus
propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que
mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de
propiedad de los medios masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición
podrá conquistar triunfos democráticos.
3) Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a
los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes
de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que
aceptar la inmunidad de los ex presidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades
de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y
amplía la impunidad rutinaria.
4) El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la
sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más
grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el
paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización
de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un
acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino más bien a anunciar que esa fuerza
se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: ¿si es verdad que se acaba la guerra, por
qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar?
5) El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del
conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las
negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción
Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados
internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales,
sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que
no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica
la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes.
Sin embargo dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas
expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables.
Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a
modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios,
como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas.
6) En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de
paz, descansan en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la
lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales respaldadas por el
poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados
Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos
que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político
predominante es pragmático y egoísta y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de
justicia. Los discursos del Presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que
beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su
extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con una violencia cruel las
protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han
causado y siguen causando esas empresas multinacionales.
Desde la extrema derecha se condena el proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes,
seguramente responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se
teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos
crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en
crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce en la continuidad de un poder
represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con
violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia.
A pesar de los esfuerzos formales por construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la
Constitución de 1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses
transnacionales, llegando a configurar un Estado esquizofrénico en el cual lo formal se apoya en lo
legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal cuya relación con el
Estado es negada rotundamente por los funcionarios del régimen y los medios masivos de
información.
La primera experiencia reciente de justicia transicional la realizó un gobierno de extrema derecha del Presidente Álvaro Uribe- en 2005, mediante la ley 975 llamada paradójicamente “Ley de Justicia
y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su
candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes paramilitares más connotados,
obtuvo su sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años
aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares. Supuestamente se
desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes atroces pero sólo fueron
condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi todos están en libertad desde 2015. A esa
estrategia de negociación con grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos puesto
que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el ex Presidente Uribe añadió otras estrategias
para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un paramilitarismo legalizado,
vinculando a varios millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y
cooperantes y remodelando los estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a
tareas bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial. El paramilitarismo ilegal, en grandes
franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos objetivos, a saber:
persecución a todo movimiento social o de protesta mediante escritos de clara inspiración
contrainsurgente, anticomunista y fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas
armadas; apoyo a las empresas transnacionales cuya destrucción ecológica denominan “progreso”, y
sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos
nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común ajena a toda relación con el Estado. Hoy se
articulan y coordinan con calculada astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo,
cobijadas por un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia.
Desde el comienzo de las negociaciones actuales, las FARC habían afirmado que jamás se
someterían a la justicia colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad
monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo y su desvergonzada
parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que
consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar
imparcialidad, incluyendo la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes
progresistas de América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más
independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de lo ocurrido en otros
países que emitieron leyes audaces de impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron
posteriormente invalidadas por tribunales internacionales. El ex Presidente César Gaviria lanzó una
carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de impunidad, para
protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por tribunales internacionales o por las mismas
cortes nacionales, por ello el Acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro,
no sea que tribunales internacionales o nacionales puedan desconocer lo acordado. Esos blindajes
no dejan de ser frágiles y en su análisis se descubre con mayor contundencia la dependencia del
derecho respecto a la política y a los vaivenes de los poderes de turno.
En el momento en que escribo aún no se ha firmado el Acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el
Combo Amarillo 8
proceso es irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la firma.
Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones Unidas y de
concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales mientras comienzan a
implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las
negociaciones de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino un cese de
fuego. La paz habrá que comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha
sido más intensa. La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos que,
mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad,
la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la criminalidad estatal tendiente
a reprimir toda protesta social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y
justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles sus consecuencias.
Es necesario anotar, que el Acuerdo no se va a firmar, por el momento sino con la guerrilla de las
FARC. La otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica: el Ejército de Liberación Nacional,
no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno,
aunque ha dado pasos significativos.
Javier Giraldo Moreno, S. J.
Roma, julio 4 de 2016
miércoles, 31 de agosto de 2016
La tragedia brasileña.
Por Atilio Boron
Una banda de “malandros”, como canta el incisivo y premonitorio poema de Chico Buarque -“malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro con contrato, con corbata y capital”- acaba de consumar, desde su madriguera en el Palacio Legislativo de Brasil, un golpe de estado (mal llamado “blando”) en contra de la legítima y legal presidenta de Brasil Dilma Rousseff.
Y decimos “mal llamado blando” porque como enseña la experiencia de este tipo de crímenes en países como Paraguay y Honduras, lo que invariablemente viene luego de esos derrocamientos es una salvaje represión para erradicar de la faz de la tierra cualquier tentativa de reconstrucción democrática.
El tridente de la reacción: jueces, parlamentarios y medios de comunicación, todos corruptos hasta la médula, puso en marcha un proceso pseudo legal y claramente ilegítimo mediante el cual la democracia en Brasil, con sus deficiencias como cualquier otra, fue reemplazada por una descarada plutocracia animada por el sólo propósito de revertir el proceso iniciado en el 2002 con la elección de Luiz Inacio “Lula” da Silva a la presidencia.
La voz de orden es retornar a la normalidad brasileña y poner a cada cual en su sitio: el “povao” admitiendo sin chistar su opresión y exclusión, y los ricos disfrutando de sus riquezas y privilegios sin temores a un desborde “populista” desde el Planalto.
Por supuesto que esta conspiración contó con el apoyo y la bendición de Washington, que desde hacía años venía espiando, con aviesos propósitos, la correspondencia electrónica de Dilma y de distintos funcionarios del estado, además de Petrobras. No sólo eso: este triste episodio brasileño es un capítulo más de la contraofensiva estadounidense para acabar con los procesos progresistas y de izquierda que caracterizaron a varios países de la región desde finales del siglo pasado.
Al inesperado triunfo de la derecha en la Argentina se le agrega ahora el manotazo propinado a la democracia en Brasil y la supresión de cualquier alternativa política en el Perú, donde el electorado tuvo que optar entre dos variantes de la derecha radical.
No está demás recordar que al capitalismo jamás le interesó la democracia: uno de sus principales teóricos, Friedrich von Hayek, decía que aquella era una simple “conveniencia”, admisible en la medida en que no interfiriese con el “libre mercado”, que es la no-negociable necesidad del sistema. Por eso era (y es) ingenuo esperar una “oposición leal” de los capitalistas y sus voceros políticos o intelectuales a un gobierno aún tan moderado como el de Dilma.
De la tragedia brasileña se desprenden muchas lecciones, que deberán ser aprendidas y grabadas a fuego en nuestros países. Menciono apenas unas pocas.
Primero, cualquier concesión a la derecha por parte de gobiernos de izquierda o progresistas sólo sirve para precipitar su ruina. Y el PT desde el mismo gobierno de Lula no cesó de incurrir en este error favoreciendo hasta lo indecible al capital financiero, a ciertos sectores industriales, al agronegocios y a los medios de comunicación más reaccionarios.
Segundo, no olvidar que el proceso político no sólo transcurre por los canales institucionales del estado sino también por “la calle”, el turbulento mundo plebeyo. Y el PT, desde sus primeros años de gobierno, desmovilizó a sus militantes y simpatizantes y los redujo a la simple e inerme condición de base electoral. Cuando la derecha se lanzó a tomar el poder por asalto y Dilma se asomó al balcón del Palacio de Planalto esperando encontrar una multitud en su apoyo apenas si vio un pequeño puñado de descorazonados militantes, incapaces de resistir la violenta ofensiva “institucional” de la derecha.
Tercero, las fuerzas progresistas y de izquierda no pueden caer otra vez en el error de apostar todas sus cartas exclusivamente en el juego democrático. No olvidar que para la derecha la democracia es sólo una opción táctica, fácilmente descartable. Por eso las fuerzas del cambio y la transformación social, ni hablar los sectores radicalmente reformistas o revolucionarios, tienen siempre que tener a mano “un plan B”, para enfrentar a las maniobras de la burguesía y el imperialismo que manejan a su antojo la institucionalidad y las normas del estado capitalista. Y esto supone la organización, movilización y educación política del vasto y heterogéneo conglomerado popular, cosa que el PT no hizo.
Conclusión: cuando se hable de la crisis de la democracia, una obviedad a esta altura de los acontecimientos, hay que señalar a los causantes de esta crisis. A la izquierda siempre se la acusó, con argumentos amañados, de no creer en la democracia. La evidencia histórica demuestra, en cambio, que quien ha cometido una serie de fríos asesinatos a la democracia, en todo el mundo, ha sido la derecha, que siempre se opondrá con todas la armas que estén a su alcance a cualquier proyecto encaminado a crear una buena sociedad y que no se arredrará si para lograrlo tiene que destruir un régimen democrático. Para los que tengan dudas allí están, en fechas recientes, los casos de Honduras, Paraguay, Brasil y, en Europa, Grecia. ¿Quién mató a la democracia en esos países? ¿Quiénes quieren matarla en Venezuela, Bolivia y Ecuador? ¿Quién la mató en Chile en 1973, en Indonesia en 1965, en el Congo Belga en 1961, en Irán en 1953 y en Guatemala en 1954?
El tridente de la reacción: jueces, parlamentarios y medios de comunicación, todos corruptos hasta la médula, puso en marcha un proceso pseudo legal y claramente ilegítimo mediante el cual la democracia en Brasil, con sus deficiencias como cualquier otra, fue reemplazada por una descarada plutocracia animada por el sólo propósito de revertir el proceso iniciado en el 2002 con la elección de Luiz Inacio “Lula” da Silva a la presidencia.
La voz de orden es retornar a la normalidad brasileña y poner a cada cual en su sitio: el “povao” admitiendo sin chistar su opresión y exclusión, y los ricos disfrutando de sus riquezas y privilegios sin temores a un desborde “populista” desde el Planalto.
Por supuesto que esta conspiración contó con el apoyo y la bendición de Washington, que desde hacía años venía espiando, con aviesos propósitos, la correspondencia electrónica de Dilma y de distintos funcionarios del estado, además de Petrobras. No sólo eso: este triste episodio brasileño es un capítulo más de la contraofensiva estadounidense para acabar con los procesos progresistas y de izquierda que caracterizaron a varios países de la región desde finales del siglo pasado.
Al inesperado triunfo de la derecha en la Argentina se le agrega ahora el manotazo propinado a la democracia en Brasil y la supresión de cualquier alternativa política en el Perú, donde el electorado tuvo que optar entre dos variantes de la derecha radical.
No está demás recordar que al capitalismo jamás le interesó la democracia: uno de sus principales teóricos, Friedrich von Hayek, decía que aquella era una simple “conveniencia”, admisible en la medida en que no interfiriese con el “libre mercado”, que es la no-negociable necesidad del sistema. Por eso era (y es) ingenuo esperar una “oposición leal” de los capitalistas y sus voceros políticos o intelectuales a un gobierno aún tan moderado como el de Dilma.
De la tragedia brasileña se desprenden muchas lecciones, que deberán ser aprendidas y grabadas a fuego en nuestros países. Menciono apenas unas pocas.
Primero, cualquier concesión a la derecha por parte de gobiernos de izquierda o progresistas sólo sirve para precipitar su ruina. Y el PT desde el mismo gobierno de Lula no cesó de incurrir en este error favoreciendo hasta lo indecible al capital financiero, a ciertos sectores industriales, al agronegocios y a los medios de comunicación más reaccionarios.
Segundo, no olvidar que el proceso político no sólo transcurre por los canales institucionales del estado sino también por “la calle”, el turbulento mundo plebeyo. Y el PT, desde sus primeros años de gobierno, desmovilizó a sus militantes y simpatizantes y los redujo a la simple e inerme condición de base electoral. Cuando la derecha se lanzó a tomar el poder por asalto y Dilma se asomó al balcón del Palacio de Planalto esperando encontrar una multitud en su apoyo apenas si vio un pequeño puñado de descorazonados militantes, incapaces de resistir la violenta ofensiva “institucional” de la derecha.
Tercero, las fuerzas progresistas y de izquierda no pueden caer otra vez en el error de apostar todas sus cartas exclusivamente en el juego democrático. No olvidar que para la derecha la democracia es sólo una opción táctica, fácilmente descartable. Por eso las fuerzas del cambio y la transformación social, ni hablar los sectores radicalmente reformistas o revolucionarios, tienen siempre que tener a mano “un plan B”, para enfrentar a las maniobras de la burguesía y el imperialismo que manejan a su antojo la institucionalidad y las normas del estado capitalista. Y esto supone la organización, movilización y educación política del vasto y heterogéneo conglomerado popular, cosa que el PT no hizo.
Conclusión: cuando se hable de la crisis de la democracia, una obviedad a esta altura de los acontecimientos, hay que señalar a los causantes de esta crisis. A la izquierda siempre se la acusó, con argumentos amañados, de no creer en la democracia. La evidencia histórica demuestra, en cambio, que quien ha cometido una serie de fríos asesinatos a la democracia, en todo el mundo, ha sido la derecha, que siempre se opondrá con todas la armas que estén a su alcance a cualquier proyecto encaminado a crear una buena sociedad y que no se arredrará si para lograrlo tiene que destruir un régimen democrático. Para los que tengan dudas allí están, en fechas recientes, los casos de Honduras, Paraguay, Brasil y, en Europa, Grecia. ¿Quién mató a la democracia en esos países? ¿Quiénes quieren matarla en Venezuela, Bolivia y Ecuador? ¿Quién la mató en Chile en 1973, en Indonesia en 1965, en el Congo Belga en 1961, en Irán en 1953 y en Guatemala en 1954?
Tomado:http://cubaendefensadelahumanidad.blogspot.com.co/2016/08/la-tragedia-brasilena-por-atilio-boron.html
jueves, 11 de agosto de 2016
Las FARC, cuando no sabe para dónde va cualquier camino le sirve
Libardo Sánchez
Gómez
Un adagio popular dice que
“cuando no sabe para va dónde va cualquier camino le sirve”, y éste dicho le cae “como anillo al
dedo” a las FARC, desde sus inicios su derrotero ha sido incierto.
La lucha de clases en medio de
formas atrasadas de producción, a nivel urbano
capitalismo dependiente colonial y en el campo semifeudalismo y
feudalismo, enmarcaron la aparición de las FARC. La toma de las armas por parte de Manuel
Marulanda, familiares y vecinos, fue una manera obligada, para contener de
manera efectiva la violencia de los grandes latifundistas. En “Quiénes somos y por qué luchamos” (http://www.farc-ep.co/nosotros.html)
el secretariado cuenta que los campesinos con las armas defendían “Las colonias agrícolas fundadas por el
campesinado desterrado de sus zonas de origen” las cuales “pasaron
a ser consideradas Repúblicas Independientes a las que había que aniquilar”.
Se puede decir que las FARC inicialmente tuvieron vocación revolucionaria, así lo testimonia el Secretariado, “…De la agresión iniciada contra las colonias de Marquetalia, el Pato,
Riochiquito y El Guayabero nacimos las FARC-EP como respuesta armada que se
propone la toma del poder político en el país”. Asunto que con el tiempo, como
se verá más adelante, dejaron de lado. Para Revolución Obrera. 2016. (http://www.revolucionobrera.com/secciones/editorial/)
desde los inicios de las FARC se evidencia “la ausencia de una correcta dirección de clase que hizo que el proceso
poco a poco tome distintos rumbos hasta anidar en el reformismo pequeño burgués
y éste se mimetice en el discurso seudo marxista”.
Con el paso de los años las FARC se
fueron desdibujando como guerrilla revolucionaria, se puede concluir que
terminaron llevando a cabo una guerra reivindicatoria por la tierra, lejana a
cualquier proceso transformador del sistema de producción vigente. En realidad nunca quisieron luchar por el poder. ¿”El poder para qué”? Ese parece ser el dilema de algunos líderes
políticos colombianos. Y la defensa de la tierra no iba más allá de
evitar el despojo. Por eso, al final de
las negociaciones con el Gobierno, la
estructura de tenencia de la tierra en
vez de haber avanzado hacia la democratización profundizó, aún más, su
concentración en un puñado de individuos y empresas. Durante los diálogos, en
sus propias narices, el presidente Santos hizo aprobar la ley ZIDRES, y las
FARC ni se fruncieron. Esa actitud desafiante de la oligarquía hubiese sido suficiente para haberse levantado
de la Mesa. Cualquiera podría pensar que las FARC, con esa actitud autista,
estaba traicionando su causa y su pueblo, pero no, nada de eso, pues hay que tener
en cuenta que su esencia no es ni ha
sido transformadora, sino simplemente maquilladora del modelo. Recientemente
Timochenko despejó cualquier duda al respecto: “…Este no es un proceso que va
encaminado contra el empresariado. Este no es un proceso que va encaminado a
tumbar el Estado colombiano, es un proceso que está tratando de generar las
condiciones para que en Colombia se produzcan transformaciones para que nos
dejemos de matar por las ideas que cada uno defienda”. En otro
aparte agrega: “…nosotros lo que queremos es una Colombia que se desarrolle. Que se
desarrollen las fuerzas productivas. Necesitamos rescatar la industria
nacional, que rescatemos las riquezas…”. ¿Cómo llamar una guerra de cinco
décadas que no se hace para tomar el poder?
¿Y riquezas para quién? Se sabe
que en un mundo capitalista (y salvaje como en
el que los reinsertos van a vivir)
las riquezas, necesariamente, van a dar a manos de quienes poseen la
tierra y el capital. Eso no es ser
revolucionario y menos marxista leninista.
Las FARC no entendieron que la paz sólo se logra eliminando por la fuerza las
relaciones de producción que generan explotación, violencia, miseria, hambre y
dolor. No se puede entender cómo las grandes campañas militares emprendidas por
las FARC nunca hayan apuntado a destruir
el viejo Poder, para construir uno nuevo más afable con
el hombre y el medio ambiente. Las
demostraciones de poderío militar no iban más allá de la construcción de mecanismos de presión, para obligar a la oligarquía a sentarse a conversar
con la comandancia ciertas condiciones
de favorabilidad para su reinserción al establecimiento.
Es difícil explicar cómo las FARC terminan claudicando de una manera
nunca vista en un proceso de reincorporación a la legalidad burguesa de
rebeldes armados; ni siquiera en el caso del M-19, una guerrilla derrotada y, también,
sin una línea revolucionaria definida, pero por lo menos este grupo armado logró
presionar una Asamblea Constituyente. A pesar del
innegable compromiso social el objetivo principal fariano se ha centrado
en la llamada solución política al conflicto social y político. El Secretariado
lo confirma, “…Hemos promovido luchas
sociales y políticas en defensa de los intereses populares y hemos buscado en
múltiples ocasiones llegar a acuerdos de paz que pongan fin al largo desangre
que azota a nuestro país”. Así que cuando
las FARC encuentran
el espacio ideal, que venían buscando
para dar por terminada la lucha armada,
deciden desarmarse de manera irrevocable. Juan Manuel Santos, sabiendo que nada le costaría a
la oligarquía, les brinda en bandeja de
plata el espacio que andaban buscando. Este proceso, a diferencia de los
anteriores intentos de reinserción a la “vida civil”, se hizo posible gracias a
que fue más aséptico desde el punto de vista de la participación ciudadana, la
cual fue apenas marginal. El régimen fue
más cuidadoso en evitar que se contaminara con la presencia de la llamada
sociedad civil. El proceso del Caguán con Pastrana se vino a pique debido a que
se convirtió en una tarima donde los más diversos grupos sociales
ventilaban sus angustiantes problemáticas, las cuales exigían profundas
transformaciones al oprobioso modelo socioeconómico vigente. El
proceso actual es tan exigente en la exclusión de la participación
ciudadana que los guerrilleros tienen prohibido tener
contacto directo con las personas que habitan en sus zonas de influencia, y no
por temor a que la guerrilla les ”lave el cerebro” sino, por el contrario, para
que los campesinos no recriminen a la
guerrilla por abandonar la lucha a
cambio de nada.
Los acuerdos alcanzados parecen, apenas, arandelas al hecho de fondo
que es el desarme y la reinserción de los rebeldes. El plebiscito para refrendar los acuerdos que
llevan al desarme y entrega de los guerrilleros, se convirtió en un seudo
pugilato político entre el ex presidente Álvaro Uribe Vélez a la cabeza de la oligarquía
terrateniente, empresarios agrarios, mafiosos y sus ejércitos mercenarios y
Juan Manuel Santos en representación de los intereses del imperio, la
oligarquía financiera y el capital corporativo transnacional. Al final de
cuentas, a las FARC les debe dar lo mismo que
se apruebe o rechace dicho plebiscito, la decisión de entregarse ya nada la
podrá hacer cambiar. Un vocero dijo irónicamente que si no se aprueba el
plebiscito “ …se hará lo que propone Uribe”, y así va a ser.
Cualquiera diría que es suicida o, por lo menos, incomprensible que la
guerrilla concentre sus hombres en
pequeñas áreas y el propio Régimen sea quien le eche cerrojo a las armas,
para luego someterse a un incierto plebiscito. En estas
condiciones al mismo Juan Manuel Santos le conviene que dicho plebiscito no sea
aprobado, así no tendrá que cumplir nada
de lo acordado, como es su costumbre, las FARC confinadas ya nada podrán
hacer.
Sí bien no se puede hablar de
traición de las FARC, pues han sido fieles a su concepción reivindicatoria y reformista inicial, sí hay mucha gente
desilusionada, francamente defraudada. Entre los desilusionados están en primer
lugar sus bases y la gente de su entorno. Su
discurso mimetizado en el marxismo leninismo logró calar en buena parte de la intelectualidad de
izquierda, sectores proletarios y en la propia base guerrillera. Entre los
sorprendidos está el suscrito. En julio de 2103 escribí el artículo titulado “Acuerdos
en La Habana, van mis restos” (http://libsang-elviajeroysusombra.blogspot.com.co/2013/07/acuerdos-en-la-habana-van-mis-restos.html)
en este escrito apostaba una semana de
ayuno convencido de ganar ya que la entrega de las FARC era un imposible. En
aquel entonces expresé: “Como premisa fundamental partí del hecho de
que la FARC es un movimiento de orientación marxista leninista- y me dije -sí
así es- ellos más que nadie saben que las transformaciones sociales únicamente
son posibles gracias a revoluciones
violentas, más en Colombia donde
a los reales opositores se les elimina físicamente”. Así que tendré una larguísima semana, con las
“tripas pegadas al espinazo”, por haber creído, como muchos, en la orientación
revolucionaria de las FARC.
¿Las FARC llegaron al final de su camino? Parece que no. Su paso por el marxismo les llevó a crear el Partido
Comunista Clandestino y a conformar
cuadros con alto grado de conciencia social y política al interior del
grupo insurgente. Muchos de los reinsertos no van
a poder ni querrán virar su discurso revolucionario marxista leninista
hacia uno liberal reformador socialdemócrata. Y se rumora que un grueso número de rebeldes de la
base no irán a los sitios de concentración.
miércoles, 27 de julio de 2016
Ego y poder
Por D. Nelma Forero Sánchez*
Reza un dicho popular que: “las sedes de los políticos de izquierda,
para que quepan sus líderes, necesitan ser
más altas que las iglesias donde habita el altísimo”.
El ego de los izquierdistas antiguos y nuevos, en estos
momentos de reconciliación con la oligarquía, están muy henchidos; los acomodados y los por acomodar están que no se cambian por
nadie, gracias a que ya no serán
estigmatizados como “enemigos internos”, aunque quien sabe que tan cierto sea
esto, pues la oligarquía no perdona ni olvida.
Nadie puede atreverse a disentir de
los antiguos y nuevos izquierdistas porque la estigmatización y humillación están siempre
presentes, incluso recurren a la clase
dominante para que repriman a quienes
les incomodan.
Veamos un ejemplo de lo antes
dicho, Le Monde Diplomatique promovió un
encuentro en Bogotá el 14 de julio del presente año, para analizar “el
blindaje de los acuerdos de La Habana”, en este foro intervinieron el ex magistrado Jaime Araujo, el
Dr. Bernardo Díaz y el politólogo Horacio Duque. El politólogo Horacio Duque, columnista del estigmatizado
y victimizado medio alternativo Agencia de Noticias para una Nueva Colombia
ANNCOL, se vino lanza en ristre contra Jaime Araujo y “Walter” Pérez, asistente al debate, con expresiones violentas,
más dañinas que las que hubiera podido emplear cualquier columnista de derecha. Ilustró, torticeramente, su publicación en
ANNCOl con la foto de un Pariente de Araujo, por cierto afecto a Álvaro Uribe Vélez, pero hubiese
podido colocar también la foto de otro pariente de Araujo, Simón Trinidad, hoy
detenido en las mazmorras del Imperio; pero no, cuando se trata de humillar se
debe hacer con saña. Dice Horacio Duque: “…Araujo
un pintoresco personaje de provincia cesarense”, pareciera que Duque no es provinciano, y que perteneciera
a las familias de la señoras de la 85,
pero parece que también es provinciano, pues sus arraigos están en Armenia. Y refiriéndose a uno de los asistentes
expresa Duque: “…Perez es una especie de
lumpenesco sicario verbal.” Vaya expresiones de un individuo que lucha por
una sociedad más igualitaria y quien, también, fue víctima
del régimen, que lo señaló como: “narcoterrorista de las FARC”. La revista Semana en aquel entonces tituló: “comienza el destape de la farc-política”;
y cuando detuvieron a Duque éste gritaba: “fui asesor de la campaña presidencial de
Serpa”, como era de esperarse, Serpa lo desconoció tres veces.
Contrario de lo esperado de esa victimización Duque aprendió una lección, y bien aprendida: cuando se tiene el
poder hay que “aplastar” al contradictor.
ANNCOL incontables veces ha sido hackeado y cerrado, habiendo tenido que cambiar
de dominio web, hasta quedar como anncol.eu. El dominio web inicial
fue robado, quien hoy ingrese al portal
anncol.co se encuentra con una página
reaccionaria. El director de ANNCOL Joaquín Pérez, exiliado mucho
tiempo luego de ser entregado por Hugo Chávez a la oligarquía colombiana,
estuvo varios años en las mazmorras del régimen. El subdirector Dick Emanuelson también fue victimizado.
ANNCOL surge como un medio de comunicación alternativo, durante mucho tiempo ha sido uno de los
pocos medios por el cual se puede
conocer la realidad social, política y económica de Colombia. Pero últimamente
su esencia ha venido cambiando, desde que las FARC toman la
decisión de acabarse como grupo alzado en armas, el ego de los directivos y
columnistas se ha venido elevando hasta ponerse a la misma altura de la clase dominante, con la que hoy
comparten manteles, tal vez siguiendo las huellas del comandante Timochenko quien dijo, “…ahora
somos aliados”.
De otro lado, ante las opiniones de
los antiguos amigos que disienten de los acuerdos entre Gobierno y FARC, vaya lo que se ha escuchado; el
guerrillero Gabriel Ángel tilda de “ultraizquierdistas”
a cualquier contradictor, el médico Alberto Sánchez Pinzón, columnista de ANNCOl, para
referirse a los mismos, acuñó el término de “hipermarxistas”.
Y No falta el que dice que “son enemigos de la paz al mejor estilo de los
uribistas”.
Cuando se iniciaron los diálogos,
la columnista lumpen proletaria pro -oligarca
María Isabel Rueda escribió en El Tiempo el artículo: “Nos
las están montando”, en él aconsejaba: “quítenle los micrófonos a las FARC”, le pregunté
(respuesta que fue publicada en ANNCOL) ¿Esa es la libertad de expresión que tanto
profesa? Ahora a los llamados “ultraizquierdistas e híper marxistas”, quienes
siempre hemos defendido a las FARC, a ANNCOL y al mismo Joaquín Pérez, somos víctimas de censura por parte de ANNCOL.
Ya sabemos qué esperar a futuro de la nueva
“izquierda” aliada de la clase dominante.
No obstante, esperemos que en Colombia no
ocurra lo mismo que en El Salvador donde los reinsertados se aliaron a la clase
dominante, para fusilar a los “marxistas-leninistas”. En Colombia ya se vio algo parecido, algunos
reinsertados del EPL se pasaron a las filas del paramilitarismo para combatir a los guerrilleros
de las FARC y el ELN. Será premonitorio la solicitud expresa de Horacio
Duque, refiriéndose a las opiniones del ex magistrado Jaime Araujo y Sebastián
Pérez: “Debe
tomar nota el gobierno de este descontrolado coletazo de fuerzas oscuras que
amenazan prematuramente la convivencia, por su manifiesta agresividad.”
*Docente Universitaria. Líder social.
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