LAS LÍNEAS ROJAS DEL RÉGIMEN
Libardo
Sánchez Gómez
La negoción entre las FARC y el
Régimen colombiano tendientes a lograr acuerdos, que permitan detener la interminable guerra civil, se enmarcan dentro de una serie de inamovibles
o, mejor, de líneas rojas impuestas de
manera unilateral por el Gobierno. Estas líneas se erigen como pétreos muros simplemente
para impedir el natural avance dialéctico del actual modelo socioeconómico, a toda costa se quiere impedir la superación
de las estructuras y superestructuras del
inmoral e ineficiente sistema
capitalista, de corte neoliberal, por un modo de producción más favorable al
medio ambiente y al grueso de la humanidad.
Los inamovibles, a su vez, son ordenados por supra poderes, que están muy por encima del
actual Gobierno vasallo. Para el mismo presidente
Santos son una camisa de fuerza. Por esta
razón, desde el inicio de las conversaciones, el presidente dejó en claro que “…desde que pensó en la posibilidad de
negociar un acuerdo de fin del conflicto con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) ha tenido muy claro a dónde quiere llegar, qué se va a negociar, qué está en la mesa de negociación y qué no
está" (Publimetro, 21 febrero de 2014). Las mismas FARC se quejan de
dichas talanqueras, Iván Márquez manifiesta, “…Dice el Gobierno
que no está en discusión la política económica, pero es que Colombia no puede
estar condenada a la injusticia. Al saqueo de los recursos naturales por parte
de las transnacionales, ni de los políticos recursos. No nos oponemos a la
extracción mineroenergética, pero la queremos al servicio de la gente” (Alfredo
Molano Jimeno, 31 MAYO 2015)
La principal línea roja es aquella
teñida con sangre y que tiene que ver con la estructuración del estamento
militar, ésta línea la impone el
Departamento de Defensa gringo y la hacen valer las dóciles fuerzas armadas
internas; Santos advierte, "Hay líneas rojas que no permitiré que se
traspasen y una de esas líneas rojas son nuestras Fuerzas Armadas". Las
demás líneas de tipo social y económico, también,
responden a los intereses geoestratégicos de dominación global de los EEUU, quien en última instancia dice qué se puede o no acordar con los insurgentes.
Es un hecho que la caótica situación
sociopolítica colombiana está ligada al desarrollo
del capital transnacional, principalmente
a los intereses estadounidenses. Por
ahora, el imperio necesita intacto al
paquidérmico estamento militar, junto
con las renovadas estructuras
paramilitares, para controlar internamente a todo aquel que amenace los
privilegios de las clases dominantes internas y externas y, sobre todo, al díscolo gobierno de la vecina República
Bolivariana de Venezuela. Al respecto,
recientemente Contrainjerencia (http://www.contrainjerencia.com) publicó el reportaje, que el Noticiero UNO efectuó a la
subsecretaria de Defensa de Estados Unidos Mary Beth Long, según dicho reportaje, ésta “…piensa que hay que prepararse para enfrentar
a Venezuela”. Y agrega que para la ex funcionaria, que también trabajó en el Departamento de
Estado, en la CIA y la NSA, “… las
Fuerzas Militares de Colombia se están preparando para eventuales ataques de
países vecinos”. El también senador Republicano de los Estados Unidos, Paul
Coverdale, manifiesta, “Para controlar a Venezuela es necesario ocupar
militarmente a Colombia”, para lo cual el imperio ya cuenta con nueve bases
militares y cientos de mercenarios en
territorio colombiano.
Las demás líneas rojas, que el régimen
impone como condicio sine qua non
para pactar acuerdos con la insurgencia, responden a la preservación de los
privilegios acumulados por las variopintas
y sanguinarias clases que mantienen el poder central. Cada sector dominante impone su conditio, por ejemplo, la estructura de tenencia de la tierra es un inamovible impuesto por
la burguesía terrateniente, la cual se ha nutrido a través del tiempo con la
ratería de la sabia campesina e indígena. Los remedos de reforma
agraria, que tímidamente se ha intentado en Colombia, contienen
un componente perverso, pues se han hecho no para dar tierra a los sin
tierra sino para despojar a los
minifundistas para traspasarle sus
tierras a los latifundistas. Incluso la cacareada Ley de restitución de tierras
de Santos, mayormente, no ha hecho más que
legalizarle los títulos a los propios despojadores.
Los TLC, son unas desequilibradas líneas rojas impuestas por el capital transnacional, desde su puesta en marcha vienen arruinando aceleradamente al sector
agropecuario y la pequeña y mediana industria. Estas tampoco son objeto de revisión y menos de anulación, pues de
su observancia depende la estancia en el
poder de los vasallos de turno.
El capital privado
a través de las Empresas
prestadoras de Salud EPS, sentina
de la corrupción de cuello blanco, ha creado a su antojo su propia línea roja. La salud y seguridad social son el más grande de los negocios inmorales en Colombia, su
rentabilidad es directamente proporcional a la desatención, sufrimiento y muerte de los afiliados.
¿La oligarquía colombiana y el
capital transnacional están convencidos que la paz les saldrá gratis? ¿Creen
que son posibles acuerdos de paz con la
insurgencia, que no impliquen modificación alguna al statu quo? El desarrollo de los acuerdos hasta el momento entre gobierno y FARC, con
sus ajustes y desajustes, hacen pensar que nada o muy poco les va a costar. Si se revisa cuidadosamente lo que se ha dado
a conocer sobre lo acordado, no hay nada que atente contra los privilegios de
la oligarquía ni contra los intereses del imperio. La Mesa de conversaciones
más parece una mesa de sometimiento que una de acuerdos entre negociadores
donde no hay vencidos ni vencedores. Hasta el momento las clases dominantes van
cantando victoria. Pero las
FARC han sacado su as escondido
bajo la manga, la carta lanzada por la insurgencia sobre la
Mesa corresponde a la verdad, esta es una inflada línea roja, que determinará el éxito o el fracaso de las negociaciones de
paz en La Habana, ¿los determinadores de
la debacle social, ganaderos, banqueros, dueños de medios de comunicación,
industriales, funcionarios públicos, legisladores, transnacionales, políticos y
militares, entre otros, se someterán a subir al estrado a decir la verdad verdadera de lo que han hecho para avivar el conflicto social,
político y económico? No, definitivamente
no lo harán; este será el límite de la
paz negociada. Entonces, no quedará más que
preguntarnos, como lo hizo el fariano Alfonso Cano, al instalarse las negociaciones entre el
Gobierno del presidente Gaviria y las Farc en Caracas en el mes de junio de
1991,"¿Nos veremos otra vez dentro de diez mil muertos?" Así será.
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