miércoles, 30 de septiembre de 2015

Proceso de paz, lucha de clases y las batallas del posconflicto




La firma de un acuerdo en materia de víctimas en las negociaciones de paz [1], sellado con un simbólico apretón de manos entre el comandante máximo de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y el presidente Juan Manuel Santos ha dado mucho que hablar y ha llenado de esperanza a amplios sectores en torno al avance del proceso de paz adelantado con los insurgentes en La Habana. Es entendible el entusiasmo de no pocos sectores sociales que ven -¡al fin!- un gesto inequívoco de avance en unas negociaciones que, cíclicamente y en medio del secretismo, parecen estancarse. Hasta se le ha puesto una fecha tentativa, acordada por ambas partes, para la firma de un acuerdo definitivo: el 23 de Marzo. Y se ha dicho que dos meses después, es decir, a finales de Mayo, tendría que estar concluyendo el proceso de dejación de armas por parte de los guerrilleros de las FARC-EP. Este avance, que ocurre a un mes de las elecciones regionales, no está, desde luego, exento de los ritmos y cálculos de la política.
¿Presidente de la paz?
En medio del entusiasmo, se vuelve a hablar del “presidente de la paz”, de Santos posicionado como el hombre que pasará a la historia como el artífice de la paz, rumbo al Nóbel, etc. [2] Estas afirmaciones, entendibles en este enguayabamiento generalizado, pasan por alto quehistóricamente los únicos y grandes responsables del conflicto que se vive en Colombia son aquellas clases dirigentes representadas en la figura de Santos. Como lo decía con pluma magistral William Ospina, sorprende que “la astuta dirigencia de este país una vez más logre su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan [3]. No podemos, desde la izquierda, ayudar a absolverlos ante la historia.
Pero también estas expresiones pasan por alto la complejidad del momento que se vive y que han llevado a este actual proceso. El Miércoles 23 detuvieron a siete estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja; continúa el asesinato sistemático y los hostigamiento a dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, como lo indica el más reciente informe del Programa Somos Defensores [4]; la acción del Ejército y de paramilitares deja muertos en estas semanas en San José de Apartadó, Araracuara y Pradera, por nombrar solamente algunas localidades; las acciones del gobierno no van de la mano en absoluto con lo que se viene acordando en La Habana hasta el momento, y es más, toda su agenda legislativa va a contravía de lo acordado, profundizando la impunidad mediante el Fuero Militar y empujando el despojo mediante las ZIDRES, la profundización de los megaproyectos y hasta utilizando la ley de víctimas como nuevo mecanismo de despojo en el Yarí y Planadas, Tolima [5]; por último, el gobierno ha irrespetado todos y cada uno de los acuerdos que ha firmado con el pueblo movilizado, fundamentalmente con los campesinos, lo que llevó, a comienzos de Septiembre, a una nueva jornada de movilización, que incluyó la toma del Ministerio de Agricultura. Es decir, aun cuando haya sobradas razones para el optimismo respeto a las negociaciones, en el terreno, la realidad se ve mucho más difícil para el pueblo y los cálculos alegres son más fruto de un excesivo optimismo que de un análisis riguroso de la realidad.
Aun cuando firme la paz, no se puede tildar a Santos como un “presidente de la paz”, cuando ha sido el represor de los paros agrarios, el ministro de los falsos positivos, el de los bombardeos a miembros de la delegación de paz de la insurgencia y el asesino de Alfonso Cano cuando estaba comenzando el proceso de negociación. Santos cuenta varios muertos del pueblo en su portafolio y un reconocimiento sobrio de su rol en las negociaciones, no puede convertirse en una euforia en la cual todos estos cadáveres deban ser barridos bajo la alfombra. Pero lo más grave de esta afirmación, es que quita el justo reconocimiento al pueblo colombiano que es quien en última instancia forzó el escenario que llevó a Santos a negociar. Santos no ganó las elecciones para negociar, sino que para continuar las políticas de Uribe Vélez, y fue el enrome contexto de movilización popular en ascenso entre el 2008 y el 2012, lo que finalmente forzó el escenario de negociaciones. Este proceso es una conquista de los de abajo, no una concesión gratuita de los de arriba. Desconocer este hecho, o minimizarlo para exaltar la figura del estadista, que es la tentación en la que ha caído parte de la izquierda, es entregarle las llaves de la paz en bandeja de plata a Santos, y con ella, entregarle la iniciativa política [6].
La relatividad de lo ganado
Lo ganado, con este acuerdo, no es menor. Principalmente, en materia de justicia, siendo derrotadas las tesis uribistas que repiten monotemáticamente “cárcel y más cárcel”, “impunidad”, y todo ese corillo indigestible, particularmente viniendo de boca de uno de los principales promotores de la cultura de la impunidad en las últimas décadas. En lugar de esta visión, se ha impuesto una visión de justicia que pone la reparación como eje de su quehacer. Una justicia que, sin llegar a ser transformadora, no es punitiva. Esto lo explica de manera clara un comunicado del CPDH,
Este acuerdo de justicia creará una jurisdicción especial para la paz, en la que se constituirá un tribunal al que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado y que desembocarán siempre en una sentencia.
Es de resaltar la propuesta de justicia restaurativa que se ha concretado, que busca la reconciliación de la sociedad colombiana. Este acuerdo reconoce el delito político y la juridicidad guerrillera que se apoya en una respuesta contra un orden social injusto. Este modelo de justicia reencuentra a la sociedad colombiana con la idea de la paz, con justicia social, y va de la mano de la comisión de la verdad.  [7]
Esta jurisdicción especial será aplicable a todos los “actores” del conflicto, incluida la Fuerza Pública, aunque queda ver cómo se compatibilizará esta jurisdicción con el Fuero Militar con el cual los uniformados gozan de virtual impunidad. Uribe se escandaliza que los miembros de la Fuerza Pública sean equiparados a los “terroristas”, cuando en realidad, esto ha sido un golazo del gobierno y una generosa concesión por parte de los insurgentes. Uribe está en lo correcto: los guerrilleros no pueden ser equiparados a la Fuerza Pública, pero no por las razones dadas por él. No lo son, porque los insurgentes han estado en rebelión por más de medio siglo y los actos delictuales que han cometido, han sido cometidos en el desconocimiento de la legitimidad del marco legal vigente y de la rebelión en contra del Estado. Debido a esto, en un acuerdo de paz, es evidente que deba haber un tratamiento especial a estos actos. Por su parte, los actos violatorios por parte de miembros de la Fuerza Pública no fueron hechos ni en rebelión ni en el rechazo al marco constitucional vigente; por el contrario, fueron cometidos en circunstancias que la Fuerza Pública debía, no solamente actuar en el marco constitucional, sino que además, debía ser el garante último del respeto a la legalidad. Las fuerzas del Estado, en teoría, tienen el deber de proteger a la comunidad, no de desplazarla, asesinarla, desaparecerla, torturarla y violarla. Por eso sus acciones son particularmente graves –este argumento, ha sido debidamente señalado por el MOVICE en un reciente comunicado, en donde expresan sus preocupaciones de que el Estado pase sus crímenes de agache [8].
Puesto en esta perspectiva, quienes más se beneficiarán de este acuerdo en materia de justicia, a diferencia de lo que afirma histéricamente Uribe, serán el Ejército y la Policía, así como los sostenes civiles de la guerra sucia, que agazapados en los gremios financiaron y estimularon el paramilitarismo sin haber ellos puesto una sola gota de sangre.
Pero subsisten algunas inquietudes respecto a la forma que adoptará esta jurisdicción especial según lo plantea el abogado Carlos Ruiz, quien ha participado en estos debates en el marco del proceso de paz. Inquietudes aún más legítimas cuando se tiene en consideración la naturaleza faltona y mentirosa de la oligarquía colombiana.
Para una organización concebida como revolucionaria, no es lo mismo someterse a tribunales de hoy o a jueces futuros, por definición ajenos, que pueden reproducir la matriz que se quiso superar, y no se pudo, máxime cuando no se ha reconocido la complejidad del delito político y sus conexidades, ni se han aplicado amnistías generales e indultos incondicionales, mientras su contraparte, el Estado colombiano, puede someterse a cuantos compromisos de derechos humanos sean necesarios suscribir, sin cumplir la inmensa mayoría de ellos: ostenta la calidad hegemónica generada en la simbiosis exitosa de un Estado que es democrático en el papel, cuando simultáneamente en estos cincuenta años de guerra ha consumado estrategias sucias, de un verdadero genocidio político y un holocausto social.
(…) Haciendo tránsito las FARC-EP a la legalidad, no hay básicas garantías de no repetición por su adversario, no hay depuración del Estado, ni reformas que aseguren que nunca más se incurrirá en la barbarie, con la que se saluda hoy la esperanza en este cruce de caminos. Y quizá hubiera sido deseable atar esto primero, antes que aceptar someterse a unos procedimientos que pueden cargar sólo hacia un lado. (…) Pues mientras una parte de la guerrilla acoge la posibilidad de ir en calidad de victimaria ante tribunales, y se presta a dejar las armas, sin que se le haya reconocido previamente y en hechos jurídicos amnistías e indultos, con una necesaria nueva legislación sobre las conexidades del delito político, mientras emprende ese camino sumamente arriesgado, el Estado continúa persiguiendo e infligiendo dolor injusto a miles de seres resistentes. Ha firmado hoy, sin dar garantías de remover sus instrumentos criminales. [9]
¿Superado el punto más difícil de la negociación?
No es verdad, como afirmaron los medios de comunicación, que, con un acuerdo en el punto de justicia, el tema más espinoso se haya resuelto. Quizás sea mostrado de esta manera por el establecimiento por las razones dadas por Ospina en su citada columna: “Esta semana Juan Manuel Santos ha conseguido mostrarle al mundo, con gran cubrimiento mediático, que el acuerdo sobre justicia transicional al que ha llegado con las Farc es el punto clave de los diálogos de La Habana, quizá porque es el punto en el que las Farc parecen admitir que son las responsables de la guerra de estas cinco décadas”, aunque, en realidad, los únicos grandes responsables sean esta oligarquía indolente que de esta manera logra diluir su responsabilidad por este desangre eterno [10].
Pero no es el tema más complejo. Queda aún el tema de la dejación de armas, el cual no es menor dado a que un sector importante de la oligarquía quiere ver la entrega de armas como un acto de humillación y de conquista simbólica de la insurgencia campesina. Los guerrilleros farianos, por su parte, han insistido en varias entrevistas que ese escenario no se dará y que optarán por la dejación de armas. Quedaron también en el congelador dos temas del punto sobre la cuestión agraria que son, de hecho, los más espinosos: el tema de los límites a la concentración de tierras, es decir, la cuestión del latifundismo, y el tema de los límites a la extranjerización de tierras, otro tema clave en la lucha contra las locomotoras minero-enérgeticas y agro-industriales. En ambos puntos el gobierno es inflexible, y ambos puntos, desde el punto de vista de la ideología fariana, deben ser necesariamente abordados. Son temas irrenunciables inscritos en el ADN del movimiento guerrillero.
Aún quedan esos temas y será muy difícil destrabarlos, más aún cuando vemos que todas las medidas que está tomando el gobierno van en contravía de una resolución medianamente favorable para los sectores campesinos y populares. La oligarquía, que ya ha comenzado una ofensiva generalizada por la explotación de los territorios, se está aprestando para que la paz le abra de par en par, sin ninguna clase de restricciones, los territorios para sus inversiones; de alguna manera, en el presente, la insurgencia ha sido un cierto límite a la expansión del gran Capital hacia las zonas rurales de economía campesina. Ya están comenzando a estallar conflictos en todo el país debido a esta presión sobre la tierra que están viviendo las comunidades en los territorios. Es probable que la mesa de negociaciones no pueda destrabar estos temas, sin una fuerte presión popular. El movimiento popular no puede ser un espectador en este punto y ver qué se decide por arriba, cruzados de brazos. La movilización, la lucha, la organización y la presión creciente es, por esto mismo, mucho más importante en esta fase de la negociación que nunca.Solamente así se podrá alcanzar un acuerdo que, al menos en parte, recoja las demandas de la mesa de unidad agraria, étnica y popular.
Y la cosa no acaba ahí. Tampoco se ha abordado el tema de refrendación de los acuerdos, que incluye la propuesta insurgente –a la cual se ha opuesto el gobierno- de realizar una asamblea constituyente, la cual tiene sus propias complicaciones. Nada indica que una asamblea constituyente, de llegarse a dar, produzca una constitución necesariamente más progresista y más proclive a los intereses populares que la que ya hay. No es casual que sean los uribistas quienes también están agitando la demanda de una constituyente, por lo que su incierta realización implica una aguda lucha política en condiciones desfavorables con los sectores oligárquicos que se han dedicado desde 1991 a cambiar la correlación de fuerzas que sustentó el compromiso constitucional de ese entonces, aún más a su favor. Esto, sin entrar todavía en la fase de implementación, que promete ser aún más difícil que la negociación de un acuerdo. Con esto, no quiero decir que haya que desanimarse ante las enormes tareas que tiene por delante el campo popular, sino sencillamente evitar falsos triunfalismos, evitar dormirse en los laureles, evitar caer en la inercia a la que lleva un excesivo optimismo, confiándose demasiado del desenvolvimiento del proceso como si los dados ya estuvieran echados a favor del pueblo, porque no lo están (aún).
Y no olvidemos tampoco que el proceso con el ELN aún no arranca formalmente, aunque se lleven años de discusiones en secreto. Aunque el comandante eleno, Gabino, ha insistido en que existe una buena comunicación con las FARC-EP y que ellos entienden el proceso como un solo, entendiendo la negociación de los elenos como complementaria a la que se lleva adelante con las FARC-EP [11], lo cierto es que esta es una negociación que, necesariamente, tendrá sus propios ritmos. La oligarquía puede estar preparando un escenario en el cual aceleren las negociaciones con las FARC-EP como manera de aislar al ELN, que tiene sus propias demandas, muy fuertes por ejemplo en el tema de recursos naturales y del sector minero-energético, claves para la actual estrategia de acumulación capitalista. Tampoco el EPL está en las negociaciones, una fuerza formidable en una de las regiones más complejas del país, como es el Catatumbo, y el gobierno de Santos no parece tener la voluntad de sentarse en la mesa con ellos. La ausencia de un acuerdo sustancial con estos sectores puede llevar a un nuevo ciclo de conflicto armado.
¿Irreversibilidad del proceso? Los ritmos de la lucha de clases
El proceso no es irreversible. Debido a la fórmula de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en cualquier momento la oligarquía puede patear la mesa. Es cierto que, con todo lo que se ha avanzado hasta el momento, el costo político para Santos de patear la mesa en estos momentos sería más alto, muchísimo más alto, que hace seis meses. Sin embargo, el bloque dominante en todo momento estará calculando, y calculará hasta el mismísimo final, cuál es la alternativa más conveniente para ellos como clase, si seguir el curso de la guerra sucia o si firmar un acuerdo de paz que les permita continuar siendo la fuerza hegemónica con algunas concesiones, más o menos importantes según sea la fuerza popular que enfrenten.
Pero nada en la lucha de clases es irreversible. No existen ni derrotas, ni triunfos absolutos, menos aún para el bloque dominante que en todo momento está presto a recomponer su hegemonía. Y digo “bloque dominante” porque, pese a quienes ven en el gesto del apretón de manos un gesto entre iguales, esto solamente es así –y en un sentido muy relativo- en el plano militar. En el plano político y en el plano de la lucha de clases que lo sustenta, está claro que la oligarquía colombiana sigue siendo el bloque dominante y que esto no será puesto en cuestión ni por las negociaciones ni por el eventual acuerdo. Se puede decir que esta no será una paz “de vencedores ni vencidos” en el plano de lo estrictamente militar, pero lo cierto es que, en el terreno concreto de la lucha de clases, la oligarquía mantiene su hegemonía, su control y la iniciativa. Es verdad que el actual contexto político y el ascenso de la lucha de clases desde el 2008 en adelante han erosionado esta hegemonía absoluta. Pero aunque vapuleada y desgastada, la oligarquía sigue manteniendo firmes las riendas del poder y no se avizora que las suelte en el corto o en el mediano plazo. Este análisis no significa que esa correlación de fuerzas no pueda ser cambiada: puede y debe ser modificada. Pero eso es parte de un proceso más largo en el cual mucho tienen que aportar las experiencias de construcción de poder popular y de autonomía que se han venido desarrollando en distintas partes del territorio de hace décadas. Para poder comenzar ese proceso, lo principal es evitar triunfalismos infundados desde la izquierda, enguayabarse con la foto del apretón de manos y marearse confundiendo el significado preciso del actual momento histórico.
Existe una tendencia a suspender el análisis de la lucha de clases cuando se habla del tema de paz, quizás por la hegemonía que el liberalismo ha mantenido por décadas en el seno de la izquierda. Se divide el campo político entre “partidarios” y “enemigos” de la paz, obviando que por paz se están entendiendo proyectos sociales (de clase) muy diferentes, por parte de distintos actores. Hace unas semanas Santos era el que no cumplía acuerdos, que le fallaba a los campesinos, y ahora, gracias a un gesto político bien calculado (pero no por ello menos significativo) se ha convertido nuevamente en el presidente de la paz, y habrá quien hasta considere en serio la propuesta de ciertos sectores de la izquierda liberal de proponer a Humberto de la Calle como candidato de “unidad” para el posconflicto en las elecciones del 2018 –dando así nuevos bríos a esa oligarquía moribunda. Estos súbitos cambios de opinión en ciertos sectores de izquierda reflejan un análisis cortoplacista, coyunturalista, que no se asienta en una comprensión clasista de la realidad, sino en un análisis voluntarista y superestructural. Es verdad que un acuerdo de paz de ninguna manera soluciona el problema de la lucha de clases en Colombia; tampoco la firma de la paz elimina la necesidad de buscar la construcción de una sociedad socialista y libertaria. Pero la manera en que el pueblo enfrente la coyuntura, en que los sectores organizados analicen sus tareas políticas del momento y decidan un curso de acción para este momento tiene un impacto decisivo en el curso de la lucha de clases en el futuro inmediato y mediato. En pocas palabras, dependiendo de cómo se asuma el proceso de paz y su lugar en una estrategia revolucionaria a largo plazo, es que los sectores populares pueden salir fortalecidos del proceso de paz, en su lucha por una nueva sociedad, o pueden salir debilitados, cooptados, desmoralizados y metidos en una camisa de fuerzas –de la mano del liberalismo- como socio menor del bloque dominante para garantizar la gobernabilidad oligárquica, con fachada democrática. Retomar el análisis clasista es un primer paso para poder rearticular un proyecto propio de los sectores populares y de armarse políticamente para las luchas que se vienen.
Conflicto social, Acuerdo de Paz y las luchas que se vienen
Es sabido, como hemos dicho, que la firma de un acuerdo de paz no significa el fin de la lucha de clases, ni el fin del capitalismo, ni mucho menos, el fin de las contradicciones sociales. Esta afirmación, no por ser de perogrullo, es menos necesario machacarla en el actual contexto. El tema es, como también decíamos, qué tendencias se van a reforzar con la firma de la paz: si una tendencia a la desmovilización popular, tendencia que objetivamente reforzará a la derecha, o una tendencia a avanzar en las luchas y la organización populares, tendencia que, objetivamente reforzaría las fuerzas de izquierda. Santos, como representante de la oligarquía, ve la opción de paz o guerra en función de los intereses de su bloque dominante. Pensar que un representante de la oligarquía va a realizar las labores que solamente las fuerzas populares pueden realizar, es una peligrosa ilusión.
Razones totalmente distintas llevan al movimiento popular, a la insurgencia y a Santos (así como a los sectores oligárquicos nacionales e internacionales que lo sustentan) a buscar la paz. Mientras que el pueblo busca la paz con justicia social, para poder avanzar en la consolidación de los derechos más básicos, represados por una política feroz de represión centenaria, los sectores del bloque dominante buscan la paz, naturalmente, para avanzar en sus propios intereses, es decir, para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria popular. Esta contradicción no se definirá de manera puramente superestructural, ni en base a ningún sofisma jurídico, ni en base a ningún acuerdo de paz.Esta contradicción se definirá en el terreno concreto de la lucha de clases, y la clase que logre imponerse mediante su capacidad organizativa y su fuerza, será la que incline la balanza a su favor. Como decíamos, la oligarquía lleva la delantera y son ellos los que están, en estos momentos, en mejores condiciones de imponer su proyecto de paz para las inversiones multinacionales y para profundizar la acumulación por despojo –proyecto que no puede sino exacerbar los conflictos sociales.
Una de las primeras que salió a opinar después del apretón de manos de Timoleón Jiménez y de Juan Manuel Santos, fue la estridente ultra-derechista Salud Hernández en su columna de El Mundo. En ella, la periodista española afirma que “la firma de un proceso de paz con las Farc, Juan Manuel Santos augura un imponente flujo de inversiones nacionales y foráneas hacia su país (…)sin la amenaza de las Farc en buena parte del territorio colombiano, gracias a la política de seguridad que emprendió Álvaro Uribe, de cuyo gobierno Santos fue ministro de Defensa, y sin la presencia de los paramilitares, que se desmovilizaron entre el 2005 y el 2006, Colombia pasó de estado fallido a uno de las naciones de moda en el planeta para hacer negocios [12].
En la misma nota, Hernández plantea la apuesta europea por la paz como la apertura de los territorios a la explotación por parte de los grandes inversionistas internacionales sin ninguna clase de contrapeso:
El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, sellado en el 2013, también contribuyó a que muchos empresarios del Viejo Continente volvieran sus ojos hacia la nación sudamericana. En el 2014 la inversión española alcanzó los 2.154 millones de dólares, un crecimiento del 126% sobre el año anterior, convirtiéndose en el tercer principal inversor (…) Hace unos días el Presidente Santos recibió a una amplia delegación de empresarios españoles, entre los que estaban presidentes de compañías grandes como Sacyr, Gas Natural, Fenosa, Mapfre y Repsol, entre otras. Y todos manifestaron su vivo interés por hacer negocios. Es indudable que saber que las Farc no representarán un peligro para sus intereses a partir del pacto que propiciará que la banda terrorista deje las armas, supone un aliciente.
Sabemos que el pueblo no se cruzará de brazos a ver cómo le dejan el hueco donde había monte. Aunque un sector se sienta tentado a pensar que nada puede frenar el avance de las locomotoras y de esta visión dominante de la paz como una extensión de la perversa política uribista-santista de la “seguridad inversionista”, lo cierto es que todo depende de cómo el pueblo articule la lucha por la paz (con justicia social) con la lucha en contra del modelo social del despojo. El resultado de estas negociaciones no está escrito en las estrellas y pueden servir para fortalecer o para debilitar al movimiento popular, pero esto dependerá del propio movimiento popular, de su capacidad de articularse y de superar la espontaneidad pura. Lo que pase, dependerá de la fuerza y la resistencia que el pueblo oponga a esta ofensiva que se viene del gran Capital, si se materializa este escenario de paz neoliberal y de la paz del despojo, o si se logra frenar esta arremetida. La última palabra la tienen las organizaciones populares.
Se requiere de una mirada sobria sobre el proceso de paz y su eventual terminación en un acuerdo de paz –cuya implementación, sabemos, será, en el mejor de los casos, extraordinariamente difícil. No podemos hacernos falsas ilusiones que con la firma de un acuerdo de paz se acaban los problemas sociales o se habrá conseguido lo más importante, más aún si se impone la paz “minimalista” de Santos. Como lo señala el mismo Ospina, “Una paz sin enormes cambios sociales, sin proyecto urbano, sin una estrategia económica generosa, sin un proyecto ambicioso de juventudes, podrá ser una buena campaña de comunicación, pero no llegará al corazón de millones de personas que necesitan ser parte de ella[13] . Aún estamos a tiempo de empujar una paz con mayores concesiones para el pueblo, una paz que profundice los componentes de justicia social, pero eso no ocurrirá espontáneamente.
Sea como sea, la firma de un acuerdo de paz, eventualmente, debería ser el comienzo de un nuevo proceso de luchas sociales en donde –si las cosas salen como deberían, algo altamente improbable- la oligarquía debería, en teoría, renunciar a la guerra sucia contra el pueblo. Pero sabemos –y esto lo sabe la comunidad internacional y los burócratas de la resolución de conflictos y construcción de paz- que el gobierno no cumplirá los acuerdos, mentirá y mantendrá niveles importantes de represión, que serán descritos como niveles “aceptables” por los socios en EEUU y la UE, que tienen demasiados intereses estratégicos en Colombia como para montar una alharaca por unos cuantos campesinos masacrados. No hay que caer en esa infantil ilusión burguesa de que con el fin del conflicto armado se le acabará a la oligarquía la “excusa” para criminalizar al movimiento popular y para reprimir. Como lo dijo el revolucionario guineano Amílcar Cabral, bajo las condiciones del capitalismo, toda lucha es armada: sólo que a veces el pueblo tiene armas y a veces no. Pero el Estado siempre las tiene y siempre las utiliza contra el pueblo cuando ve sus intereses estratégicos amenazados. La fuerza organizada del pueblo es la única barrera objetiva que tendrá esa violencia de clase. Hay que esta advertidos y preparados para los conflictos del posconflicto.


Notas
[1] http://caracol.com.co/radio/2015/09/24/politica/1443058060_336247.html
[2] Ver, por ejemplo, http://prensarural.org/spip/spip.php?article17791
[3] http://www.elespectador.com/opinion/los-invisibles
[4] http://somosdefensores.org/index.php/en/publicaciones/informes-siaddhh/134-los-nadie
[5] Sobre este último punto ver http://anarkismo.net/article/28474
[6] Sobre el particular, ver dos artículos anteriores, escritos en el contexto de la re-elección de Santos http://anarkismo.net/article/27091 &http://anarkismo.net/article/27046 . Ver también http://anarkismo.net/article/27180
[7] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203690&titular=%93debemos-prepararnos-para-la-paz%94-
[8] http://prensarural.org/spip/spip.php?article17810
[9] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203667&titular=el-acuerdo-sobre-tribunales:-%BFsin-derrota-ni-derroteros-de-justicia?-
[10] http://www.elespectador.com/opinion/los-invisibles
[11] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203740&titular=%93el-proceso-de-paz-colombiano-es-uno-solo%94-
[12] http://www.elmundo.es/economia/2015/09/24/56041e27268e3e2b1a8b45cb.html
[13] http://www.elespectador.com/opinion/los-invisibles

domingo, 27 de septiembre de 2015

El legado político de Hugo Chávez

JAMES PETRAS / 

chavez-lluvia
JAMES PETRAS / REBELION – Hugo Chávez siempre consideró a la Revolución Bolivariana como un proceso continuo, en dos sentidos:
1) la revolución contemporánea era una continuación de la lucha histórica por la liberación nacional liderada por Simón Bolívar a principios del siglo XIX;
2) la revolución política nacional iniciada con su elección en 1998 debía, por necesidad, avanzar hacia una transformación socialista.
Chávez comprendía que el poder político involucraba algo más que ganar elecciones y entrar al palacio presidencial; el objetivo político estratégico era la transformación del estado neocolonial para avanzar en la revolución de liberación nacional, que en Venezuela significaba crear una nación independiente. En un Estado petrolero, liberación nacionalsignificaba tomar el control total de la industria petrolera y redistribuir los ingresos entre la mayoría de los trabajadores. Para Chávez la revolución nacionalista era un paso necesario para avanzar hacia la revolución socialista. Para Chávez, la nacionalización de las industrias estratégicas era un paso hacia la socialización de la economía -la descentralización del control que pasó a manos de los consejos comunales. Para Chávez, o la revolución avanzaba de lo político y económico hacia una transformación social, cultural y ética o la revolución se estancaría, se revertiría y sería derrotada.
Ante cada crisis de peso -el golpe de Estado de 2002, el paro patronal de 2003, el referéndum de 2004, la década de amenazas militares y sabotajes desde Washington y Bogotá- Chávez respondió con la radicalización de la revolución, movilizando las masas e internacionalizando la revolución.
Ante cada punto de la confrontación de clases, Chávez jamás retrocedió; en lugar de transigir con la burguesía, intensificó los esfuerzos para elevar el nivel de conciencia nacional y socialista de las masas.
Chávez libró la lucha en dos frentes:
1) contra el enemigo externo -el imperialismo estadounidense, el Estado terrorista colombiano y la clase capitalista venezolana;
2) contra el enemigo interno, aquellos líderes y funcionarios del Estado bolivariano y del PSUV que formaban parte del legado rentista y estaban involucrados en la corrupción, que abusaban del poder y no respondían a las demandas populares. Chávez declaró la guerra contra la burocracia y contra la conciliación con la burguesía.
Chávez pensaba que la capacidad de resistencia frente a los “enemigos externos” dependía de los movimientos de masa organizados y concientes. Chávez detestaba a los líderes burocráticos, incompetentes y corruptos que querían impedir el avance de la revolución. Esos funcionarios intentan paralizar el avance del poder popular, marginalizar los consejos comunales, concentrar el poder en manos de la élite burocrática para negociar un acuerdo con el imperialismo y la burguesía nacional que deje intactos las instituciones básicas y los privilegios de la sociedad capitalista.
El legado político esencial de Chávez es la noción de que la relación dialéctica entre enemigos externos e internos de larevolución continua exige la profundización del nivel de conciencia espiritual, cultural y político a través de la radicalización de la lucha de clases y de la acción audaz de las masas.
Enfrentado al sabotaje capitalista de la economía, Chávez declaró la necesidad de nacionalizar todas las industrias principales. Enfrentado a las maniobras financieras fraudulentas del sector privado y de funcionarios públicos, Chávez exigió la socialización del sistema bancario.
Enfrentado al bloqueo imperial, Chávez buscó nuevos aliados internacionales: profundizó los lazos con nacionalistas de América Latina, el mundo islámico, Rusia y China.
Hoy, Venezuela enfrenta su mayor crisis desde la elección de Chávez. El presidente Maduro tiene dos opciones: seguir el camino trazado por Chávez, el camino de la revolución continua; o elegir el camino de la reconciliación, la capitulación y la derrota.
Chávez identificó los cinco objetivos históricos interrelacionados del pueblo venezolano en el camino hacia la revolución. Estableció el marco nacional, colocó al socialismo en la agenda inmediata, promovió la unidad de América del Sur, participó en la creación de un mundo multipolar y llevó a primer plano el tema del cambio climático.
Los avances del presidente Chávez están en peligro mortal hoy frente a los ataques de los enemigos internos y externos. Durante los próximos meses, la continuación y concreción de los objetivos históricos de Chávez está en manos de los sectores de avanzada de las masas revolucionarias.

jueves, 24 de septiembre de 2015

Statu quo, narcotráfico y guerra sucia

Destinos encontrados: Indochina, Colombia y México




La noche del 26 de septiembre de 2014, una nueva atrocidad fue cometida por el Estado mexicano: la represión contra jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. De esa acción, resultaron 6 personas asesinadas, 20 heridos y 43 desaparecidos forzados, un hecho que ha provocado la indignación mundial.
La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad y la editorial Ocean Sur acaban de publicar en Mexico “Ayotzinapa: Un grito desde la humanidad”. Aquí les ofrecemos el texto escrito por Hernando Calvo Ospina, quien nos cuenta cómo en México se reproduce la utilización de paramilitares y narcotraficantes como parte de la guerra sucia estatal, estrategia desarrollada por las fuerzas especiales francesas durante la guerra colonial en Indochina, en Vietnam por las estadounidenses y posteriormente en Colombia.

I
Humillada por la guerrilla, Francia aceptó retirarse de Vietnam en 1954. Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a que el «comu­nismo» se apoderara del sudeste asiático. Entonces se aceleró el traspaso de operaciones militares, principalmente las clandestinas.
Esencial fue multiplicar la formación de fuerzas paramilitares tribales en Laos, Birmania y Vietnam. Estas fueron denominadas Unidades de Reconocimiento Provincial (URP). Su especialidad fueron la guerra de guerrillas y la tortura.
Cuando más demostraron la capacidad de destrucción fue durante la Campaña de Pacificación Acelerada, conocida como el Programa Fénix, dirigida por un equipo especial estadouni­dense. Desde 1967 las lanzaron a sembrar el terror entre la pobla­ción civil, con el objetivo se destruir la infraestructura logística y de apoyo rebelde. Los médicos y profesores, principalmente del campo, fueron objetivo codiciado. Fénix duró unos cuatro años y dejó casi 40 000 asesinados, mujeres y niños incluidos.
Como el Congreso en Washington tenía prohibido ese tipo de operaciones «sucias», con el visto bueno de los presidentes Eisen­hower, Kennedy, Johnson y Nixon, los expertos del Pentágono y la CIA utilizaron una fuente alterna de financiamiento siguiendo el ejemplo dejado por los servicios especiales franceses: el tráfico de opio y heroína.
Las calles de Europa y Estados Unidos se llenaron de estas dro­gas, y con el dinero de su venta se hicieron las acciones clandes­tinas del terror. Continuaron siendo moda cuando el presidente Nixon, que apoyaba la agresión a Vietnam, declaró hipócritamente la guerra al comercio internacional de heroína. La prensa le creyó e hizo creer.
II
Unos años después, el presidente Ronald Reagan consideró al narcotráfico como el enemigo princi­pal de la seguridad de su país y le declaró la guerra. La mediati­zación universal fue enorme y hacia Colombia se dirigieron casi todos reflectores de culpabilidad.
Acababa de triunfar la Revolución Sandinista en Nicaragua (julio de 1979), a la cual Reagan también declaró problema de seguridad nacional. Dos «guerras» que se cruzaron.
A Colombia llegaron algunos «expertos», particularmente de la CIA y la DEA, con la pretendida tarea de ayudar a capturar traficantes y cargamentos de cocaína. Periodistas de todos los rincones del mundo desembarcaron, por cientos, en ocho años de la tal guerra reaganiana.
Mientras Nicaragua era rodeada por una fuerza mercenaria que se conocería como la Contra, la que entrababa a Nicaragua para sembrar el terror entre la población civil. Esta había sido creada en la Casa Blanca. Como el Congreso se negó a que se financiaran sus necesidades militares, Reagan dis­puso que se hiciera como fuera. George Bush padre, vicepresidente y «zar» antidrogas y antiterrorismo, se puso al frente de ello.
En 1986 una Comisión del Senado, encabezada por quien es hoy el Secretario de Estado, John Kerry, dejó en claro que Bush y el Consejo Nacional de Seguridad formaron una sociedad entre la CIA y los «coqueros» colombianos. Salía la droga desde Colom­bia hasta Centroamérica y luego se transportaba hasta aeropuer­tos militares en la Florida. Puesta en la calle, sus ganancias servían para armar a la Contra. A los colombianos se les permitía entrar sus cargamentos y adquirir armas.
Se puede afirmar que sin la guerra sucia antisandinista ese grupo de colombianos, que hasta esos momentos dependía de los grandes traficantes estadounidenses, no hubiera logrado tener tanto poder en tan poco tiempo.
III
Coincidencialmente, el paramilitarismo como estrategia nacional contrainsurgente nació en Colombia apenas iniciando la década de los ochenta. Su embrión habían sido las «auto­defensas». Estas fueron organizadas a partir de lo aconsejado en 1962 por una misión militar estadounidense, como método para acabar con grupos de campesinos liberales y comunistas que exi­gían pan y tierra. Faltaban dos años para que nacieran las guerri­llas, pero el fantasma de la Revolución Cubana rondaba y había que acabarlo.
El paramilitarismo fue encargado de las acciones de guerra sucia para que las Fuerzas Armadas no aparecieran tan implicadas en ella, y entidades como Amnistía Internacional o la ONU no siguieran señalándolas como responsables. El dinero para subvencionarlo no fue un problema porque estaba al alcance de la mano: el narcotráfico.
La gruesa cortina de humo que ayudó a levantar la casi totali­dad de medios informativos en el mundo distorsionó la realidad: no se combatió al narcotráfico, porque éste era un aliado para la guerra al “comunismo”.
En Colombia los paramilitares se convirtieron en parte esenciales del terrorismo de Estado, ese que no combate a las guerrillas pero sí asesina a todo aquel que se opone o critica el statu quo , o es conside­rado apoyo de las guerrillas. Especialmente vaciaron de campesinos las regiones ricas en recursos estratégicos y se apoderaron de ellas, o las entregaron a caciques políticos, militares, gamonales y trasnacionales. Ha existido una violenta reforma agraria al revés. En treinta años son casi un millón de asesinados y desaparecidos a base de horribles matanzas, y seis millones de desplazados. Y casi nadie lo sabe. Es una barbarie, como pocas en la historia de la humanidad, la que han cometido los narco-paramilitares, planificada desde las altas instancias del poder político, económico y militar. En Bogotá y Washington.
Washington y Bogotá han sabido que sin el narco-paramilita­rismo la guerrilla estuviera a las puertas del poder.
Desde hace unos veinte años el paramilitarismo es el máximo «cártel» productor y exportador de cocaína del mundo. De vez en cuando quitan del camino a capos que ya estorban por mala imagen, o a los narcos que no responden a los intereses. Y de esto hacen una sensacional noticia para mostrar que se está en guerra contra la droga.
IV
Pablo Escobar cayó en desgracia ante los estadounidenses cuando se negó a continuar la entrega de cocaína para la Contra; además empezó a exigir a la élite colombiana el poder político que merecía su poder económico. Lo hicieron el peor de los peores, cuando la realidad rápidamente demostró que eran otros narcos los podero­sos y peores asesinos.
Se narra que el general Oscar Naranjo lo buscó hasta matarlo. Y sí: fueron sus hombres quienes lo persiguieron y lo acorralaron, muy en particular un grupo, ese no pertenecía a la policía, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la CIA o la DEA: eran narcotraficantes. Viejos aliados en la conformación del terrorismo de Estado. Con ellos, Naranjo, la CIA y la DEA planificaban cada paso de la cace­ría. Hasta que los capos llamaron al general, a la presidencia de la República, a la CIA y la DEA para contarles que habían matado a Escobar. Así Naranjo fue promovido a héroe. Después, él mismo negoció con ellos su entrega a bajo precio. Y el general quedó como si hubiera acabado con los cárteles de la droga. Luego Estados Unidos le dio el título de «mejor policía del mundo», sin mencionar que él respondía más a la CIA y la DEA que al presidente colombiano. Ni que era uno de los responsables de la estrategia de terror que se impuso al pueblo colombiano.
V
Retirados, el general Naranjo y muchos otros policías y militares fueron contratados en varios países para aprovechar su «vasta» experiencia. Siempre bajo la falsa bandera que todo puede y per­mite: luchar contra bandas del crimen organizado, en particular narcotraficantes.
Pocos cuestionaron la real capacidad de estos «expertos», pues cualquiera puede constatar que el narcotráfico y el narco- paramili­tarismo en Colombia han llegado a tener un crecimiento y poder no antes conocidos. Casi nadie levantó la voz para decir que la policía y las Fuerzas Armadas colombianas están catalogadas como de las más corruptas, represivas y sanguinarias del mundo por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En junio de 2012 Naranjo fue contratado en México, por suge­rencia o presión de Washington. También fueron llegando otros oficiales colombianos para encargarse de formar a 7 000 policías.
¿Simple casualidad? Cuando se dio la masacre de los estudian­tes en Ayotzinapa ya se estaba denunciando el surgimiento de policías comunitarias, autodefensas y paramilitares. Se da en ellas una mezcla de civiles, fuerzas del orden y narcotraficantes… muy al estilo colombiano.
¿Simple casualidad? La atroz forma en que se asesinó y des­apareció a los estudiantes ha sido típica del narco- paramilitarismo colombiano.
Se sabe que la situación de pobreza está convirtiendo a México en una olla a presión con el hueco tapado. Y los narcos son aliados estratégicos para tratar de contener la explosión social por medio del terror.
México y Washington repiten que están en guerra contra los narcotraficantes mexicanos. Aunque ese discurso se repite desde los años de las guerras del sudeste asiático, en especial por Washington, parece que siempre surte efecto como cortina de humo…
Hernando Calvo Ospina. Periodista y escritor. Colaborador de Le Monde diplomatique.

lunes, 21 de septiembre de 2015

Colombia, títere de EEUU para destruir Venezuela

VICKY PELAEZ / Colombia, títere de EEUU para destruir Venezuela


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VICKY PELAEZ / SPUTNIKNEWS – El presidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció el fin de la “revolución bolivariana”, de la democracia y el desmoronamiento de Venezuela tras el conflicto fronterizo. En realidad Santos repitió las palabras de su patrón norteamericano Joe Biden.
Odio al cinismo más que al diablo, a menos que ambos sean la misma cosa
— Robert Louis Stevenson, 1850-1894
Es muy sospechosa la tremenda histeria de los medios de comunicación globalizados, desatada por una simple decisión del gobierno de Venezuela para cerrar parcialmente el suroeste de su frontera con Colombia después de que una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana fuera emboscada por un grupo armado de paramilitares colombianos que protegían una operación de contrabando cerca del puente internacional que une el estado Táchira con el departamento colombiano del Norte de Santander.
Estos medios globalizados no quisieron tomar en cuenta que cada país tiene derecho a proteger su territorio y que le tomó más 50 años a Venezuela para decretar medidas que hubiera hecho cualquier estado del mundo al ver, cada vez más creciente la expansión de otra nación en su territorio. Desde 1990 la acción paramilitar colombiana en las zonas de los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas se hacía cada vez más amenazante y dañina para los pobladores venezolanos de la región. Sin embargo, los gobiernos colombianos de turno se hacían de la vista gorda y nunca han hecho un esfuerzo para controlar la situación fronteriza a excepción de acusar a Venezuela de exagerar la situación y promover enemistad entre ambos pueblos.
Mientras tanto, las bandas paramilitares colombianas como la MAS (Muerte a Secuestradores), la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), los Urabeños (Clan Úsuga — banda paramilitar narcotraficante), Águilas Negras, las Convivir (Cooperativas de Vigilancia), los Rastrojos (grupos narco paramilitares), las Bacrim (agrupaciones de crimen y narcotráfico) y tantas otras organizaciones delictivas establecieron su reino de contrabando, prostitución, casinos y empresas de transporte en el territorio fronterizo venezolano. Los comerciantes, contrabandistas y los habitantes venezolanos y colombianos indocumentados fueron obligados a pagar “vacunas” (impuestos) a estos delincuentes que instalaron alcabalas y entraron en la parapolítica al servicio de la oposición venezolana, igualmente, participando en las guarimbas (protestas violentas) en 2014 y en los actos terroristas.
Por supuesto, el estado colombiano nunca condenó estos actos de sus paramilitares ni tampoco hizo un mínimo esfuerzo para erradicarlos. Al revés, según la nueva Ley de Colombia promulgada en enero de 2015, no se sancionan los delitos de lesa humanidad provocadas por las prácticas paramilitares. De acuerdo a esta ley, quedan impunes los delitos contra los propios colombianos lo que está violando las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario. Actualmente en Colombia el paramilitarismo implantado por Álvaro Uribe durante ocho años de su presidencia (2002-2010) es la principal fuerza política que rige el destino del país que también podría llamarse parapolítica.
A tal extremo llegaron las redes criminales colombianas en Venezuela, asociadas con los elementos corruptos del gobierno, con la oposición, los oligarcas nacionales y los acaparadores y los saboteadores del Proyecto de Hugo Chávez “Socialismo del Siglo XXI”, que el 60 por ciento de las mercancías importadas o producidas en el país, todas subsidiadas por el gobierno, apenas ingresaban en puertos venezolanos, es más, en 72 horas aparecían en las ciudades fronterizas para ser trasladados a Colombia de contrabando. Se calcula que alrededor de 100 mil barriles de productos derivados de petróleo se van diariamente de Venezuela a Colombia, ocasionando pérdida de 3,5 millones de dólares diarios al gobierno venezolano.
A esto habría que añadir el contrabando de alimentos que hacen perder a Venezuela otros 6,5 millones de dólares diarios. Según las estimaciones del gobierno bolivariano, el contrabando de hidrocarburos y alimentos produce una pérdida al país de unos 10 mil millones de dólares anuales. Para entenderlo hay que tomar en cuenta que un litro de leche cuesta en Venezuela 250 BsF (Bolívar Fuerte) y en Colombia lo venden por 14.000 BsF. En el territorio venezolano una camioneta cuatro puertas de 33 galones se llena con 8.250 pesos colombianos (dos dólares y cincuenta centavos) y en Colombia habría que pagar 231.000 pesos (un galón cuesta 7.000 pesos).La revista colombiana Semana publicó recientemente un artículo sobre el contrabando que fue incautado en el puesto fronterizo venezolano Nueva Lucha el 12 de setiembre pasado. Las autoridades venezolanas detuvieron un cargamento que contenía 1.400 kilos de harina der maíz, 218 kilos de pasta, 243 kilos de mayonesa, 2.620 unidades de jabón, 180 unidades de lavaplatos y 1.400 unidades de yogurt. Todos estos productos subsidiados escasean en Venezuela debido al acaparamiento, sabotaje y contrabando y los habitantes deben hacer largas colas diariamente para conseguirlos.
Debido a esta situación no le quedaba otra alternativa al gobierno bolivariano de cerrar la frontera y declarar el Estado de Excepción limitado de acuerdo a los Artículos 322, 327, 337, 339 de la Carta Magna. También es justificada la acción de desmantelamiento de los pueblos colombianos ilegalmente establecidos en el territorio venezolano, como por ejemplo, el asentamiento “La Invasión”. También el gobierno venezolano hizo repatriar, según el director general de Gestión de Riesgo Carlos Iván Márquez 877 colombianos y más de 10.000 regresaron voluntariamente a Colombia al no poder continuar con sus actividades vinculadas con el contrabando, narcotráfico y el delito en general.
Estas medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro produjeron una reacción histérica tanto en EEUU como en la Unión Europea. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra´ad al Hussein declaró “estar perturbado por las recientes deportaciones colectivas de más de mil colombianos de Venezuela”. Las organizaciones de derechos humanos internacionales dieron un grito de alarma “indignados” por la “Actitud arbitraria” de Venezuela. El departamento de Estado norteamericano expresó su “preocupación porque la deportación y el cierre de la frontera afectaría la estabilidad en la región”. El más explícito fue el presidente de Colombia Juan Manuel Santos que anunció el fin de la “revolución bolivariana”, de la democracia y el desmoronamiento de Venezuela.En realidad Santos repitió las palabras de su patrón el vicepresidente norteamericano Joe Biden quien en enero pasado declaró que Venezuela es un estado fallido y es un peligro para sus vecinos.
También el presidente colombiano acusó al gobierno bolivariano de delitos de Lesa Humanidad contra los colombianos, ignorando que más del 80 por ciento de los colombianos que dejaron su país fue por escapar de la violencia y se refugiaron en Venezuela. También Santos quiso ignorar que uno de cada cinco habitantes de Venezuela es de origen colombiano, lo que significa que son 5,6 millones que reciben los mismos beneficios sociales que el resto de la población bolivariana. En los años recientes el gobierno asignó 800.000 casas construidas para los necesitados y de ellas 180.000 fueron entregadas a los habitantes de origen colombiano.
Actualmente Venezuela, llamada por los globalizadores iluminados el “país fallido” tiene el menor índice de diferencia social en toda América Latina.
Mientras tanto en Colombia hay más de seis millones de desplazados por la violencia que está viviendo en el país durante los últimos 50 años. El libro de Hernando Calvo Ospina, “Colombia, Laboratorio de Embrujos. Democracia y el Terrorismo de Estado” (2008) demuestra cómo el poder y la economía del narcotráfico conviven en matrimonio permanente con un Estado que dice combatirlo. En este libro Calvo Ospina cita al asesor militar de Bill Clinton, Stan Goff quien afirmó que “desde 1991 los más feroces escuadrones paramilitares estaban directamente conectados con las fuerzas de seguridad para la inteligencia y operaciones especiales, mediante una red organizada bajo la tutela debla CIA y el Pentágono”.El promotor de la economía y política paramilitar ha sido el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, actualmente senador y uno de los auspiciadores de la oposición venezolana. Los “falsos positivos” (asesinato de civiles inocentes por el ejército o paramilitares haciéndolos pasar como guerrilleros) y los “Daños Colaterales” fueron resultado de su política paramilitarizar en el país. Juan Manuel Santos participó en este proceso en calidad de Ministro de Defensa del gobierno de Uribe (2006-2009) y sigue siendo protector de Uribe quien en este momento tiene 242 procesos judiciales en Colombia de los cuales sólo nueve han sido abiertos y han sido clasificados de “carácter penal”. Sin embargo no pasa nada porque el Procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado es un partidario del paramilitarismo y en su juventud hizo quemar libros de García Márquez por considerarlos de orientación comunista. También Uribe es frecuente visitante de la residencia del embajador norteamericano en Colombia, Kevin Whitaker.
Colombia es un aliado incondicional de los Estados Unidos que tiene en este país siete bases militares y unas tres adicionales, clandestinas. El presidente Santos es un simple ejecutor de la política norteamericana en la región, orientada precisamente a socavar el bolivarianismo y el chavismo en Venezuela cuyas 600 mil millones de reservas de petróleo dejan sin dormir a las grandes transnacionales petroleras. Antes estaban tratando de sacar del poder a Hugo Chávez, ahora a Nicolás Maduro utilizando por el momento la injerencia paramilitar colombiana en coordinación con la oposición venezolana y la guerra mediática. Pero por algo mantienen sus sofisticadas bases militares e incentivan a Colombia para que tengan uno de los más grandes ejércitos militares en América Latina, ellos cuentan con 240.000 tropas, lo que nunca tiene que olvidar el pueblo venezolano.
Estados Unidos no solamente está manipulando la actitud del gobierno colombiano respecto a Venezuela debido al reciente cierre de la frontera, sino a la opinión mundial, tanto de la derecha como de la supuesta izquierda contemporánea, utiliza el pretexto de la reciente condena y la sentencia de 13 años de cárcel decretada contra uno de los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López por su participación activa en la violencia de las guarimbas en Venezuela en 2014. El secretario de Estado, John Kerry afirmó que la “decisión del tribunal plantea gran preocupación por la naturaleza política del proceso judicial y el veredicto y por el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno”.
La misma opinión emitió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Internacional Socialista y hasta el líder de la oposición “progresista” “Podemos” de España, Pablo Iglesias rechazó la condena en forma vehemente declarando que “creo que la crispación en Venezuela ha tenido consecuencias espantosas”. Leopoldo López se convirtió en seguida, por la magia de la prensa globalizada, en “mártir de la lucha por la democracia” sin que nadie se acuerde de sus métodos de lucha por la justicia, libertad y democracia. Leopoldo López participó activamente en el 2002 en el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Fue instruido por el mismo Álvaro Uribe en las tácticas y estrategias para derrotar el Socialismo del Siglo XXI en América Latina y en especial en Venezuela. En el 2014, bajo la consigna “Sacar a quien nos está gobernando” promovió la violencia en el país con el saldo de 43 muertos y cientos de heridos haciendo paralizar la economía del país. Este año, estando en la cárcel anunció el inicio de la campaña contra la Paz en Venezuela siguiendo las pautas del departamento de Estado norteamericano.
Esta es la realidad que está afrontando Venezuela. Felizmente el país no está solo. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresaron su solidaridad con la república Bolivariana y afirmaron que estarán vigilantes ante las amenazas a la independencia y soberanía de la nación. A la vez la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC) y la Unión de naciones Suramericanas (UNASUR) están haciendo todo lo posible para apaciguar las relaciones entre Venezuela y Colombia lo que no es fácil de hacer debido a la injerencia norteamericana y su plan de sacar del poder a Nicolás Maduro.
El pueblo venezolano debe estar en guardia porque como escribió recientemente el ex contratista (paramilitar) de la logística de guerra durante más de seis años en el Medio Oriente, el venezolano Oscar Heck, “si sacan a Maduro, entran los gringos”.
Tomado: http://www.contrainjerencia.com/?p

jueves, 3 de septiembre de 2015

La tal paz… en función de lo posible



Libardo Sánchez Gómez

Tal cual están pactados los términos de discusión entre FARC  y gobierno en La Habana la firma de cualquier acuerdo, que implique la dejación de armas por parte de los insurgentes, desafortunadamente no se traducirá en la terminación de la guerra social y política que vive Colombia; pero, por ahora,  la paz santista será la única posible que se puede esperar.  La  clase hegemónica continuará expoliando al pueblo excluido colombiano y continuará profundizando el modelo neoliberal. Es más, silenciados los fusiles se hará más difícil  lograr   mejoras sociales y económicas que mitiguen la inequidad, exclusión y   pobreza del grueso de la población colombiana.    Se  podría pensar que, al menos,  al poner punto final a la confrontación armada cesará  la estigmatización de la oposición de izquierda señalándola como el enemigo interno, el arresto y   asesinato  de defensores de derechos humanos, de periodistas de medios alternativos, de líderes agrarios, estudiantes, sindicalistas y personas  reclamantes de tierras. Pues no es así,  lo palpable es que en la medida en que los diálogos en La Habana avanzan hacia la meta final en el interior del país las mediadas antipopulares cabalgan raudas sobre el lomo de la represión violenta, como medio para contener el descontento general.   

Por otro lado no se puede soslayar que la oligarquía es campeona en desconocer los pactos firmados con los diversos sectores en conflicto, por ejemplo, lo pactado con el sector agrario ha sido letra muerta;  la Mesa Nacional y Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA) dice que el Gobierno no ha cumplido ni siquiera el 1% de lo prometido durante las negociaciones que dieron por terminado el famoso “…el tal paro Nacional Agrario no existe”, y que, por el contrario, continúa “la violencia política y social que el gobierno ejerce en contra del movimiento social y popular colombiano”. Con el sector indígena ocurre otro tanto, la violencia a través del ESMAD Y el despojo de tierras es la respuesta a lo prometido.

Se dirá que es atizar el fuego, pero la verdad por cruda que sea se tiene siempre que decir; a los insurgentes no se les espera  con ramas de olivo,  es sabido que desde ya se les está armando el consabido ramito funerario conque la oligarquía sabe recibir a quien regresa de la guerra;  es voz pópuli  que algunos sectores militares  están alistando a lo largo y ancho del país grupos paramilitares para darles a los guerreros arrepentidos una “bienvenida…” de fuego, y no precisamente de fuegos artificiales.   La oligarquía no perdona a quien ose  amenazar sus privilegios. 

Como un buen indicativo, el paramilitarismo es el termómetro de lo que en el horizonte cercano, en materia de bienestar y sosiego, le espera a la sociedad en su conjunto.  Y,  connatural  al fenómeno del paramilitarismo, se impone la figura  de Álvaro Uribe Vélez; éste personaje no sólo es adalid de la negación dialéctica de las transformaciones sociales, sino que sigue tras bambalinas orientando el quehacer de los grupos delincuenciales de extrema derecha a nivel continental. El imperio USA,  usa tanto a los paramilitares como al otrora extraditable No 82 como punta de lanza para desestabilizar a los gobiernos progresistas latinoamericanos, principalmente al gobierno Bolivariano de Venezuela, por ser el más díscolo y el más rico en petróleo y otros recursos minerales.  El grueso de las huestes paramilitares no sólo   campea a lo largo de la frontera colombo-venezolana sino que ha logrado penetrar hondamente en territorio venezolano.  Allí, con la anuencia de la derecha opositora venezolana, han organizado el contrabando hacia Colombia de gasolina y de bienes subsidiados destinados al pueblo raso venezolano. Y, con las directrices del Pentágono, a través de distintas ONG, orquesta el caos social y organiza  crímenes contra funcionarios del Gobierno y contra las cabezas visibles de El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)  El presidente Nicolás Maduro manifiesta tener pruebas de que desde Bogotá las derechas colombiana y venezolana vienen tramando su asesinato.

Desde décadas atrás,   colombianos campesinos desplazados y gentes provenientes de sectores populares citadinos, huyéndole al hambre y a la violencia, han buscado refugio en suelo  Venezolano. De esta población migrante más de cinco millones han obtenido residencia legal en Venezuela, muchos han adquirido cédula venezolana, y allí trabajan y estudian, disfrutando de los mismos privilegios   que el Gobierno destina a su gente; todo hombre o mujer goza de  un bono que le da derecho a una canasta básica mensual, que les permite subsistir dignamente. Nadie paga por la atención médica y cuando una persona cumple los sesenta años tiene asegurada una pensión mínima. La educación es gratuita en todos los niveles.  No obstante, un grupo minoritario de colombianos, por diversas razones, entre ellas   tener cuentas pendientes con las autoridades, no han obtenido visa de residentes  y viven como ilegales. Y muchos de estos compatriotas se han convertido en fermento de la descomposición social que amenaza a la sociedad venezolana.  No es un secreto que la inseguridad en campos y ciudades desborda la capacidad de contención de la guardia venezolana la cual, no pocas veces, se hace de la vista gorda o cohonesta el delito. Según  los informes de las autoridades, para vergüenza nuestra, en la mayoría de los casos está presente alguno de estos  colombianos. Además, algunos de los compatriotas indocumentados hacen parte de los grupos paramilitares, otros sobreviven como bachaqueros, mejor revendedores de los productos de la canasta básica asignada al pueblo, creando escases ficticia de productos de primera necesidad.  

¿Y qué se espera que haga el presidente Maduro? Según el coro vocinglero del Gobierno colombiano y los representantes  de todos los partidos políticos tanto de derecha como de izquierda, debe cruzarse de brazos mientras la sociedad venezolana se descuaderna. ¿Quieren que siga tolerando impávido el contrabando? ¿Que baje la cabeza ante los grupos paramilitares? Lo cierto es que el cierre de la frontera  fue un recto a la mandíbula del paramilitarismo y   mafias del  contrabando colombo-venezolanas, eso duele mucho. ¿A Uribe le duele que hayan derribado la casa que los paramilitares tenían como madriguera para explotar sexualmente a mujeres colombianas y venezolanas y para planear los atentados? Ante los hechos, surge una pregunta capciosa, ¿por qué las autoridades colombianas no han revisado los antecedentes judiciales de los repatriados? ¿A caso hay miedo que el Gobierno venezolano tenga la razón, y que entre estos   se encuentren personas con cuentas pendientes con la justicia? Y si es así,  ya no sólo será la crisis humanitaria de este lado  de la frontera, que el gobierno colombiano no está en capacidad de manejar, sino que se va a incrementar la crisis carcelaria de por si inmanejable. 


¿Cómo está la situación allende la frontera venezolana días después de la salida de los indocumentados colombianos y del cierre de la frontera? En palabras de Tarek William Saab, defensor del Pueblo   Venezolano, “El cambio ha sido de 180 grados a favor de Venezuela. Por lo tanto creo que soberanamente el Estado venezolano ha tomado una medida justa. Colombia tendrá que corregir toda esta permisividad donde no hay control de la gente que entra y sale de la frontera colombiana hacia la venezolana, la gran mayoría de las veces no como víctimas de la violencia política. Me refiero a ese otro tipo de personas que no tienen estatus de refugiados, sino que de manera ilegal entran impunemente a nuestro territorio a cometer delitos, y el Estado venezolano soberanamente tiene el derecho de defenderse”. Y, como por arte de magia, se acabó el desabastecimiento y disminuyó la crónica inseguridad en el territorio bolivariano. ¿No será, entonces, que la razón está de parte de Venezuela, y   las medidas del gobierno venezolano fueron y son totalmente acertadas?

martes, 1 de septiembre de 2015

Negocios cotidianos

Bandas paramilitares, narcotráfico, y poder político y económico en Colombia y la frontera con Venezuela
Negocios cotidianos



En Sevilla, pueblo al norte del departamento del Valle del Cauca, Colombia, Artemo, joven comerciante de carnes, al comienzo de una noche cualquiera se despidió de su socio y de la última vecina de la cuadra que le acababa de comprar una libra de asadura, o cacheo, o desperdicios, la incierta combinación de vísceras de res, corazón, hígados, intestinos, etc., que se fríen en su propia grasa y es indicada para elevar los niveles de colesterol. La pobreza no permite ningún miramiento en dietas.

Artemo tenía una hija a la que amaba y una ex mujer a la que no odiaba demasiado. Más o menos tranquilo en cuanto a los afectos, por dentro lo carcomían las difíciles condiciones económicas. No debía una gran suma, pero la que tenía era suficiente para trasnocharlo. El monto adeudado no estaba lejos de sus alcances, pero las condiciones del préstamo sí bastaban para hacerle trizas la tranquilidad a cualquiera.

Al día siguiente, Artemo no abrió el negocio a las 6 de la mañana, como de costumbre. Tampoco lo hizo a las 8, o a las 9, o más tarde. Al mediodía, su socio, luego de llamarlo en vano varias veces al teléfono celular, fue hasta la casa, a unas cuadras. Un rato después de no conseguir ninguna respuesta a sus llamados, se tomó el atrevimiento de empujar la puerta con fuerza e ingresar. Halló a Artemo en el cuarto del fondo colgado de una viga del techo. Hacía varias horas que se había suicidado, según dictaminó el médico forense. No dejó mensajes o nota alguna.

Una semana antes, Artemo había recibido una amenaza seria. Se lo comentó al socio, en secreto. Si no pagaba la deuda junto a los copiosos intereses que se habían venido sumando con cada día de retraso, le matarían la hija, la ex mujer, y los padres, y luego él, en tal orden. Tanto Artemo, como el socio eran conscientes de que no se trataba de una broma o una exageración. Así, o casi así, habían hecho con Antonio, y con Marco, y con otros conocidos que de la noche a la mañana habían caído en la espiral sin fondo de los préstamos “gota a gota”, que controlan con mano de hierro las bandas paramilitares de la región.

A nuestro personaje le habían prestado 400 mil pesos, menos de 150 dólares, unos meses atrás, para salir de algún atolladero. Pagó día tras día los altísimos intereses del 10% diario durante un buen tiempo, pero las cosas se complicaron y empezó el retraso con las cuotas, intereses que fueron acrecentando la obligación inicial, hasta que la cifra se salió de los márgenes en pocas semanas.

En Colombia, la estructura paramilitar de otros tiempos ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de penetración y control social: Las llamadas “Bandas criminales”, que no son otra cosa que entidades atomizadas, pero organizadas y coordinadas, de los paramilitares, dominan una extensa gama de los negocios y el comercio del país. En unos participan activamente, en algunos más son una especie de armazón parasitario, mas insoslayable.

Es un andamiaje de bandidos que ya no opera sólo desde arriba, apropiándose de los recursos de la salud, la educación o de la riqueza de los megaproyectos económicos, como hace años, sino que empieza carcomiendo la bases más elementales de la sociedad. Afecta desde la esquina, la cuadra más pobre, el negocio informal, el establecimiento medio surtido, asciende por la buseta del barrio, el mini mercado, la peluquería de medio pelo, hasta llegar a las estructuras del contrabando organizado, como algunos comercios de los San Andresito, cuyos comerciantes protestan en masa y a pedrada limpia ante la sola amenaza del gobierno de legalizarlos, la distribución de partes de automotor, alimentos, electrodomésticos, los almacenes de cadena, aquello que mueve dinero en el país. Es decir, todo.

Lo cierto es que son pocas las actividades económicas, transacciones, flujos de dinero, cultivos, establecimientos, legales e ilegales, que hoy en día pueden permanecer al margen de la acción criminal organizada del cruce entre paramilitarismo y narcotráfico. Operan en los pequeños pueblos de la Costa Atlántica y en las ciudades intermedias del interior, en los pueblos polvorientos de los Llanos Orientales y en la propia capital de la república, en las aldeas insondables del Chocó y en las dos o tres esquinas para mostrar de Medellín. Por supuesto, tienen tomadas las fronteras, y, de manera particular, los extensos límites con Venezuela, históricos, activos, fulgurantes, indivisibles, que superan los 2.200 kilómetros.

Controlan la piratería, el contrabando de mercancías, gasolina y personas, el tráfico de drogas, la especulación monetaria, la compraventa de bolívares y pesos y la fachada de las casas de cambio, son prestamistas y usureros. El estado colombiano, en los tiempos de Álvaro Uribe, como es bien sabido, no sólo fue permisivo, sino que auspició y fortaleció el paramilitarismo. La justicia se acercó a los tentáculos políticos, pero dejó indemne la estructura económica, la misma que causa estragos al interior del país, y que afecta de modo sensible a Venezuela. Las ganancias son exorbitantes. Y donde las hay, los hay.

Las fronteras de Colombia han estado en situación de tensión desde los tiempos de la Independencia. Hemos perdido territorios por descuido, se han vuelto a correr los mojones en silencio, las hemos violado para asesinar guerrilleros “en caliente”, decimos hacerlas respetar para despertar falsos sentimientos de patria, como son todas las conmociones patrióticas del ex presidente mencionado. Los habitantes de esas distantes tierras son colombianos negados. Y son invasores los venezolanos o brasileños o ecuatorianos que cruzan de los puentes para acá. En Cúcuta, en Leticia, en Ipiales, la misma cosa.

La situación no ha cambiado. Los departamentos de frontera colombianos son pobres y abandonados. Los fronterizos paisanos sobreviven sin políticas de generación de empleo digno, sin acceso a la educación y con un sistema de salud aun peor que el del resto del país, lo cual es difícil de imaginar. No les llegan los planes de vivienda que apenas si asoman por Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla.

Ningún gobierno colombiano ha generado políticas sociales para los habitantes de las fronteras. De acuerdo con estudios del Departamento Nacional de Planeación y del PNUD, los 12 departamentos y 70 municipios fronterizos, que a lo largo de 6.301 kilómetros le dan casi la vuelta a Colombia, exhiben, con contadas excepciones, indicadores por debajo de la media nacional y muy lejos de los de la capital.

El cierre de la frontera decretado por el gobierno Venezolano es una medida que obliga a discutir la política social y económica del Estado colombiano en estas zonas. No es una crisis nueva ni única. Es un problema de hace muchos años, cuya solución siempre se ha esquivado. Según cifras oficiales, la actual campaña anti contrabando del gobierno venezolano, que lleva un año, ha dejado 1.185 detenidos, 176 trochas inhabilitadas y 19.000 toneladas de productos confiscadas. Las cifras se incrementaron en los días recientes. Pero es un problema profundo, entre dos pueblos hermanos, cuya atención debe ser integral, y asumida de manera responsable y mancomunada por ambos gobiernos. Lo que no se ha hecho.

La alianza entre paramilitarismo, narcotráfico y poder político es vieja en Norte de Santander, el departamento limítrofe con el eje de penetración regular más importante entre los dos países. Data, al menos, de 1999, cuando la Casa Castaño le encargó a Salvatore Mancuso el control del Bloque Catatumbo. El poderoso Clan Barriga (conformado por los hermanos Carlos Emiro, ex senador, Pedro Luis, multimillonario empresario de la construcción y de fábrica de asfalto, quien según la ONG Progresar era el jefe de finanzas del “Bloque Catatumbo”, y Rafael, alias “Toyota”, que amasó su gran fortuna como contrabandista prototipo de carros robados en Venezuela), tuvo vínculos estrechos con “El Iguano”, reconocido comandante paramilitar, y con el asesinado narcotraficante Luís Pérez Mogollón, alias “El Pulpo”. (1)

Si los tres mosqueteros eran cuatro, los tres apóstoles del Clan Barriga fueron cinco o más. También figuraba el extraditable Yensy Miranda Dávila, beneficiario del programa Agro Ingreso Seguro del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, acusado por el juez Baltasar Garzón de efectuar envíos masivos de cocaína colombiana hacia Europa, a través de Venezuela, con escala en Guinea Bissau, en África. (2)

En la lista de beneficiarios directos, concurrentes, allegados y pupilos de estos vínculos perversos, existen dirigentes y líderes nacionales, regionales y locales, hubo y hay senadores y ex senadores, representantes y ex representantes, ex gobernadores y el actual gobernador, ex alcaldes, secretarios de gobierno y hacienda, secretarios de todas las carteras, funcionarios y funcionarias de todas las pelambres, contratistas, terratenientes de la palma aceitera, concesionarios de la explotación de yacimientos petrolíferos y de la veta de carbón ubicada entre Sardinata y La Gabarra, en fin.

Muchos de los nombres presuntos, condenados o vinculados a investigaciones figuran en investigaciones previas, denuncias y artículos, desde 2006. El régimen de terror llevado a cabo contra testigos e investigadores no ha permitido mayores avances (3). Pero hay verdades irrefutables: “La oleada paramilitar en El Catatumbo nortesantandereano dejó cerca de once mil campesinos (as) asesinados. Más de ciento treinta mil desplazados y pasan de ochocientos los desaparecidos registrados” (4).

Las bandas criminales del paramilitarismo y del narcotráfico vieron una oportunidad excelsa en la frontera con Venezuela. La han aprovechado de la manera excesiva y despiadada que saben hacerlo. Es un problema para Venezuela, cuyas pérdidas sólo en cuanto al contrabando de gasolina se estima que supera los 200 millones de dólares anuales. Una de las puntas del iceberg.

Pero, ante todo, es un problema para Colombia y de los colombianos, que también son víctimas del esquema implantado e implementado por el enlace entre los paramilitares, los narcotraficantes y la dirigencia política, que se desborda por las fronteras.

La ilegalidad es una moda repentina en este país, que de pronto pone a circular la alharaca mediática para incrementar audiencias, el golpe de pecho de algún funcionario despistado, un prelado de súbito moralista o un incómodo opositor de izquierda. Porque no solamente está inserta en un negocio específico o en la sustancia de uso ilícito, sino que, sobre todo, está enquistada en los endebles articulados de unas leyes hechas con el firme propósito de que no se cumplan, o se cumplan a medias, o se cumplan de acuerdo con la ocasión y el marrano.

Nunca se estableció con claridad si Artemo se suicidó o si lo suicidaron. Si lo hizo con mano propia o si fue con un poco de ayuda de sus amigos prestamistas. Tomó un dinero que la usura no le permitió cancelar, pero también pudo no ser así. De igual modo, habría llegado un buen vecino con el fin de garantizarle que su local no sería incendiado, o él asesinado a tiros una mañana, o la hija secuestrada al salir del colegio, a cambio de lo cual debería abonar a diario una suma ponderada de acuerdo con sus ingresos, o un tantico por encima. Trances delincuenciales como este no se daban antes en Venezuela. Ahora avanzan, como en una oleada, de occidente a oriente.

En todo caso, la justicia colombiana se da por bien servida con cualquier teoría más o menos creíble sobre la muerte de Artemo, con tal de evitarse embrollos, líos en los que el propio juez puede terminar optando entre suicidarse y quitarse la vida.