jueves, 3 de septiembre de 2015

La tal paz… en función de lo posible



Libardo Sánchez Gómez

Tal cual están pactados los términos de discusión entre FARC  y gobierno en La Habana la firma de cualquier acuerdo, que implique la dejación de armas por parte de los insurgentes, desafortunadamente no se traducirá en la terminación de la guerra social y política que vive Colombia; pero, por ahora,  la paz santista será la única posible que se puede esperar.  La  clase hegemónica continuará expoliando al pueblo excluido colombiano y continuará profundizando el modelo neoliberal. Es más, silenciados los fusiles se hará más difícil  lograr   mejoras sociales y económicas que mitiguen la inequidad, exclusión y   pobreza del grueso de la población colombiana.    Se  podría pensar que, al menos,  al poner punto final a la confrontación armada cesará  la estigmatización de la oposición de izquierda señalándola como el enemigo interno, el arresto y   asesinato  de defensores de derechos humanos, de periodistas de medios alternativos, de líderes agrarios, estudiantes, sindicalistas y personas  reclamantes de tierras. Pues no es así,  lo palpable es que en la medida en que los diálogos en La Habana avanzan hacia la meta final en el interior del país las mediadas antipopulares cabalgan raudas sobre el lomo de la represión violenta, como medio para contener el descontento general.   

Por otro lado no se puede soslayar que la oligarquía es campeona en desconocer los pactos firmados con los diversos sectores en conflicto, por ejemplo, lo pactado con el sector agrario ha sido letra muerta;  la Mesa Nacional y Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA) dice que el Gobierno no ha cumplido ni siquiera el 1% de lo prometido durante las negociaciones que dieron por terminado el famoso “…el tal paro Nacional Agrario no existe”, y que, por el contrario, continúa “la violencia política y social que el gobierno ejerce en contra del movimiento social y popular colombiano”. Con el sector indígena ocurre otro tanto, la violencia a través del ESMAD Y el despojo de tierras es la respuesta a lo prometido.

Se dirá que es atizar el fuego, pero la verdad por cruda que sea se tiene siempre que decir; a los insurgentes no se les espera  con ramas de olivo,  es sabido que desde ya se les está armando el consabido ramito funerario conque la oligarquía sabe recibir a quien regresa de la guerra;  es voz pópuli  que algunos sectores militares  están alistando a lo largo y ancho del país grupos paramilitares para darles a los guerreros arrepentidos una “bienvenida…” de fuego, y no precisamente de fuegos artificiales.   La oligarquía no perdona a quien ose  amenazar sus privilegios. 

Como un buen indicativo, el paramilitarismo es el termómetro de lo que en el horizonte cercano, en materia de bienestar y sosiego, le espera a la sociedad en su conjunto.  Y,  connatural  al fenómeno del paramilitarismo, se impone la figura  de Álvaro Uribe Vélez; éste personaje no sólo es adalid de la negación dialéctica de las transformaciones sociales, sino que sigue tras bambalinas orientando el quehacer de los grupos delincuenciales de extrema derecha a nivel continental. El imperio USA,  usa tanto a los paramilitares como al otrora extraditable No 82 como punta de lanza para desestabilizar a los gobiernos progresistas latinoamericanos, principalmente al gobierno Bolivariano de Venezuela, por ser el más díscolo y el más rico en petróleo y otros recursos minerales.  El grueso de las huestes paramilitares no sólo   campea a lo largo de la frontera colombo-venezolana sino que ha logrado penetrar hondamente en territorio venezolano.  Allí, con la anuencia de la derecha opositora venezolana, han organizado el contrabando hacia Colombia de gasolina y de bienes subsidiados destinados al pueblo raso venezolano. Y, con las directrices del Pentágono, a través de distintas ONG, orquesta el caos social y organiza  crímenes contra funcionarios del Gobierno y contra las cabezas visibles de El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)  El presidente Nicolás Maduro manifiesta tener pruebas de que desde Bogotá las derechas colombiana y venezolana vienen tramando su asesinato.

Desde décadas atrás,   colombianos campesinos desplazados y gentes provenientes de sectores populares citadinos, huyéndole al hambre y a la violencia, han buscado refugio en suelo  Venezolano. De esta población migrante más de cinco millones han obtenido residencia legal en Venezuela, muchos han adquirido cédula venezolana, y allí trabajan y estudian, disfrutando de los mismos privilegios   que el Gobierno destina a su gente; todo hombre o mujer goza de  un bono que le da derecho a una canasta básica mensual, que les permite subsistir dignamente. Nadie paga por la atención médica y cuando una persona cumple los sesenta años tiene asegurada una pensión mínima. La educación es gratuita en todos los niveles.  No obstante, un grupo minoritario de colombianos, por diversas razones, entre ellas   tener cuentas pendientes con las autoridades, no han obtenido visa de residentes  y viven como ilegales. Y muchos de estos compatriotas se han convertido en fermento de la descomposición social que amenaza a la sociedad venezolana.  No es un secreto que la inseguridad en campos y ciudades desborda la capacidad de contención de la guardia venezolana la cual, no pocas veces, se hace de la vista gorda o cohonesta el delito. Según  los informes de las autoridades, para vergüenza nuestra, en la mayoría de los casos está presente alguno de estos  colombianos. Además, algunos de los compatriotas indocumentados hacen parte de los grupos paramilitares, otros sobreviven como bachaqueros, mejor revendedores de los productos de la canasta básica asignada al pueblo, creando escases ficticia de productos de primera necesidad.  

¿Y qué se espera que haga el presidente Maduro? Según el coro vocinglero del Gobierno colombiano y los representantes  de todos los partidos políticos tanto de derecha como de izquierda, debe cruzarse de brazos mientras la sociedad venezolana se descuaderna. ¿Quieren que siga tolerando impávido el contrabando? ¿Que baje la cabeza ante los grupos paramilitares? Lo cierto es que el cierre de la frontera  fue un recto a la mandíbula del paramilitarismo y   mafias del  contrabando colombo-venezolanas, eso duele mucho. ¿A Uribe le duele que hayan derribado la casa que los paramilitares tenían como madriguera para explotar sexualmente a mujeres colombianas y venezolanas y para planear los atentados? Ante los hechos, surge una pregunta capciosa, ¿por qué las autoridades colombianas no han revisado los antecedentes judiciales de los repatriados? ¿A caso hay miedo que el Gobierno venezolano tenga la razón, y que entre estos   se encuentren personas con cuentas pendientes con la justicia? Y si es así,  ya no sólo será la crisis humanitaria de este lado  de la frontera, que el gobierno colombiano no está en capacidad de manejar, sino que se va a incrementar la crisis carcelaria de por si inmanejable. 


¿Cómo está la situación allende la frontera venezolana días después de la salida de los indocumentados colombianos y del cierre de la frontera? En palabras de Tarek William Saab, defensor del Pueblo   Venezolano, “El cambio ha sido de 180 grados a favor de Venezuela. Por lo tanto creo que soberanamente el Estado venezolano ha tomado una medida justa. Colombia tendrá que corregir toda esta permisividad donde no hay control de la gente que entra y sale de la frontera colombiana hacia la venezolana, la gran mayoría de las veces no como víctimas de la violencia política. Me refiero a ese otro tipo de personas que no tienen estatus de refugiados, sino que de manera ilegal entran impunemente a nuestro territorio a cometer delitos, y el Estado venezolano soberanamente tiene el derecho de defenderse”. Y, como por arte de magia, se acabó el desabastecimiento y disminuyó la crónica inseguridad en el territorio bolivariano. ¿No será, entonces, que la razón está de parte de Venezuela, y   las medidas del gobierno venezolano fueron y son totalmente acertadas?
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