jueves, 24 de noviembre de 2016

La ola de asesinatos y la paz en Colombia

Posted: 21 Nov 2016 10:44 PM PST


|Por Gearóid Ó Loingsigh (*)

Los grupos de derechos humanos y organizaciones sociales han expresado su consternación y preocupación por la reciente ola de asesinatos de dirigentes sociales en el país justo cuando parece ser que nos encontramos al final del proceso de paz con las FARC y a punto de comenzar con la implementación de los acuerdos.

Aunque los asesinatos son chocantes no es un fenómeno nuevo.  Cuando las FARC comenzaron su proceso, la Marcha Patriótica sufrió una racha de asesinatos antes y después del comienzo de los diálogos con las FARC. El senador Iván Cepeda del Polo Democrático ha afirmado en declaraciones a la prensa “que desde 2012 han asesinado a 123 integrantes de ese movimiento político (énfasis es del original) y en lo corrido de este año a 16 (1)”  y además hay que contabilizar los asesinatos de militantes de otros movimientos como el Congreso de los Pueblos y los sindicatos, organizaciones estudiantiles, opositores a la minería. En fin, el terrorismo de Estado no ha dado tregua durante todo este proceso.

En el departamento de Cauca hubo otra racha de asesinatos este año. En ese momento la prensa intentó presentar al ELN como los responsables de esos asesinatos, aún cuando ocurrieron en zonas donde ellos tienen su base social y no hay motivo aparente para el ELN. Es que no se puede endilgar al paramilitarismo. El discurso oficial es que estamos en paz y el futuro se ve resplandeciente y si hay actos de violencia deben ser acciones de la otra guerrilla con quien no se ha podido avanzar. En un acto de sectarismo político y servilismo a la causa del Estado, Carlos Lozano, el director del periódico del Partido Comunista, Voz, también acusó al ELN. Emitió una carta pública reclamándoles a los elenos por supuestos asesinatos de comunistas en el departamento de Arauca. El ELN lo negó. No hay espacio para entrar en detalles de las sindicaciones de Lozano, pero guardan más relación con la realidad las novelas de Harry Potter que los exabruptos del dirigente. Lozano goza de cierta credibilidad entre la izquierda y hasta la prensa burguesa, y pudo usar su posición para denunciar al paramilitarismo, pero prefirió ganar puntos contra el ELN, haciendo un flaco favor a sus amigos de las FARC. Valga la pena recordar al lector que Lozano no pasará a la historia no como opositor del Estado sino como el “comunista” quién declaró a favor de César Pérez, el paramilitar y autor intelectual de la masacre de 43 personas en Segovia, en el juicio adelantado en su contra donde Pérez fue condenado a 25 años (2). 

Así, no obstante las declaraciones del amiguito de Pérez, hay que buscar a los responsables reales de esos asesinatos.  La más reciente ola segó la vida al dirigente de la Marcha Patriótica, Erley Monroy en el departamento de Caquetá donde el ELN no tiene presencia. La prensa en vez de señalar a los paramilitares, ya que no hay elenos en la zona, habla de un misterio y que la policía está investigando. Valga recordar que cuando la guerrilla ataca al Ejército, en poco tiempo nos nombran hasta la unidad del frente que llevó a cabo la acción.

No quieren reconocer que el paramilitarismo nunca desapareció.  No podemos esperar más de la prensa colombiana. Mientras tanto varios políticos de la izquierda no han dudado de la autoría de los paramilitares. El problema no es que señalen a los paras, sino, no nos hablan del porque. Para muchos, los asesinatos son un intento de entorpecer el proceso con las FARC en su última fase. Según esas versiones el paramilitarismo es el enemigo del proceso, lo cual puede ser cierto, y eso explica la violencia. Si fuera así, el argumento principal sería que hay que avanzar rápido con el proceso y que el ELN tiene que sumarse a lo ya acordado con las FARC en aras de poner fin a la violencia cuanto antes. Lastimosamente esa violencia no se puede explicar en esos términos y no llegará a su fin con la implementación del Acuerdo Final con las FARC ni con el proceso con el ELN.

Guatemala

Guatemala nos muestra claramente lo que podemos esperar del proceso de paz, en términos de la reducción o eliminación de la violencia contra los movimientos sociales. Este año Guatemala celebra 20 años de la firma de la paz con la guerrilla de la URNG.  Igual que en Colombia, prometieron una tierra de leche y miel, el fin de la violencia y prosperidad. Existe una tendencia de ver la violencia en ese país y en El Salvador como parte de un proceso de descomposición social, y sin duda, la criminalidad, la pobreza y las drogas juegan su papel.  Pero aquí queremos enfocarnos en la violencia política, el terrorismo de Estado (frase que ya no está de moda ni allá ni acá).

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA), entre 2000 y octubre 2016 hubo un total de 4.958 agresiones contra activistas en el país. De esos, 205 corresponden al año en curso, y el peor año fue 2014 cuando hubo 813 agresiones, entre ellas intimidaciones, acciones judiciales, allanamientos, intentos de asesinato y por supuesto asesinatos (3). Según la misma fuente, los ambientalistas son uno de blancos principales. Eso no es mera coincidencia, Guatemala es uno de los países más abiertos a la inversión extranjera, y por eso ha experimentado un aumento dramático en la construcción de hidroeléctricas y también en minería.  La actual legislación minera en Guatemala es el resultado del proceso de paz y se aprobó en el primer gobierno del llamado posconflicto (Álvaro Arzú 1996-2000) y redujo las regalías de 6% a 1% (4). El resultante flujo de empresas mineras hacia el país aumentó los conflictos sociales, y los conflictos por el uso de la tierra y como consecuencia aumentaron los asesinatos de ambientalistas y dirigentes comunitarios en las zonas sujetas a la depredación minera (5). Un ejemplo de eso es la hidroeléctrica de Santa Rita, financiado por el Banco Mundial y la Unión Europea, ¡sí ellos, la misma UE que dice que quiere la paz en Colombia! Este proyecto no contó con el permiso ni fue consultado con la comunidad indígena y han matado a seis indígenas en un intento de intimidar a la comunidad.  Dos de los muertos son niños, ambos sobrinos de un dirigente de la zona quien se reunía con el Relator de la CIDH en el momento de los asesinatos a manos de un empleado de la empresa (6). 

Cuando preguntamos por las olas de asesinatos que se han presentado en Colombia desde los comienzos del proceso con las FARC, debemos mirar lo que pasa en esas regiones, cuales son los intereses en juego. Antes la Izquierda y las ONG de derechos humanos hacían eso, casi de forma automática, aplicando el viejo refrán de seguir el dinero. Ya no, matan a un dirigente y todos preguntan ¿por qué? Y a esa pregunta solo podemos responder con otra ¿No es obvio?  Es por las mismas razones de ayer y el año pasado y por las mismas razones porque pronto matarán a otros. Los asesinatos no entran en contradicción con el proceso de paz, sino son una parte integral de ese proceso y el posconflicto. El capitalismo ganó y siente la necesidad de seguir eliminando a opositores, tal como lo siguen haciendo en Guatemala 20 años después de terminar el proceso con la URNG.

En este mismo mes de noviembre cuando las organizaciones sociales colombianas protestan los asesinatos recientes, en Guatemala protestan los asesinatos del sindicalista Eliseso Villatoro y el periodista Hamilton Hernández y su esposa (7). Y el 12 de noviembre el asistente de la Dirección General del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) Jeremy Abraham Barrios Lima fue asesinado a tiros en la ciudad de Guatemala (8). 

No nos engañemos, esos asesinatos seguirán, y los hinchas del proceso los olvidarán justo como ahora olvidan la racha de asesinatos con que comenzaron el proceso de paz. Debemos estar de luto por esos dirigentes, pero no podemos aceptar los asesinatos representan una torpeza para el proceso de paz. Los hinchas del proceso ya han demostrado que están dispuestos a firmar lo que les pongan debajo de las narices.  Estos asesinatos son una parte integral del proceso y seguirán por muchos años después, porque el capitalismo triunfante necesita garantizar su estabilidad. Las organizaciones sociales no pueden bajar su guardia, ni ahora ni después de la implementación de los acuerdos y deban hacer caso omiso de los hinchas del proceso que prometen el fin del terrorismo de Estado.  No está en sus manos poner fin a esa violencia.

(*) Contactos: goloing@gmail.com

NOTAS: 

[1] Denuncian proceso de genocidio contra Marcha Patriótica ww.caracol.com.co 21/11/2016

[2] El audio del testimonio de Lozano se encuentran disponible en https://www.youtube.com/watch?v=SABoNFMzg1E
[3] Véase http://udefegua.org
[4] Vandenbroucke, E. (2008) Environmental and Social Impacts of Mining in Guatemala: The Role of Local Communities and the Ecological Justice Movement, VUB.
[5] Sobre el tema de minería y derechos humanos en Guatemala, existen muchos informes, el lector puede comenzar con el informe de Amnistía Internacional AI (2014) Mining in Guatemala: Rights at Risk, amr 34/002/2014www.amnesty.org
[6] Artur Neslen (2015) ‘Green’ dam linked to killings of six indigenous people in Guatemala www.theguardian.com
[7] Véase http://udefegua.org   op.cit.

[8 Amnistia Internacional Acción Urgente AMR 34/5144/2016

Tomado: EL SALMON, https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1588b0aa12599148

martes, 15 de noviembre de 2016

Negociación ELN-Gobierno, lo que no se puede permitir

Libardo Sánchez Gómez

El  Ejército de liberación Nacional ELN ha dejado en claro  que será la sociedad quien delineará los acuerdos, que podrán determinar el fin de su  alzamiento en armas o, por el contrario, obligarlos a continuar su lucha hasta “vencer o morir”. Para facilitar el análisis de lo que será la participación ciudadana en las negociaciones hay que tratar de desenmarañar la enrevesada madeja de la sociedad colombiana; más allá de la clásica diferenciación marxista y, aún, Weberiana,  ricos, medio ricos, pobres y paupérrimos, es preciso  aclarar  que dentro de una misma clase social existen varios subgrupos.   Pero la  expresión política se traslapa de una clase a otra, por ejemplo, los pobres y paupérrimos, por lo general, están en sintonía con las clases poderosas.   En cuanto a las clases hegemónicas, aunque desprecian a las demás, buscan tenerlas de su lado. En   primer lugar se pueden mencionar los sectores fascistas, representando la economía atrasada de corte feudal, allí se inscribe la oligarquía terrateniente. A esta se suman los empresarios agrícolas, principalmente el capital corporativo transnacional y colonialista; son aportantes de recursos para mantener los ejércitos mercenarios paramilitares, mejor conocidos como “autodefensas”, hoy BACRIM,  bautizadas así por su fundador el extraditable No. 82 y ex presidente Álvaro Uribe Vélez.  Este sector es el que  cuenta con más  respaldo de sectores pobres sobre todo de los campesinos,   esto es así por múltiples  razones, que escapan a este análisis, pero basta decir que son sectores conservadores,  desinformados, ignorantes (no sólo académicamente sino políticamente, pues se le suman profesionales ) es una población emotiva y fácilmente manipulable.     Se le ha hecho creer   que sus males son debidos a la existencia de las guerrillas. En segundo lugar está  la oligarquía urbana, también, fascistoide, para su existencia cuenta con el respaldo militar del Pentágono a cambio de la entrega de la soberanía nacional  y los recursos naturales.  Este sector burgués económicamente es de corte corporativo y políticamente plutócrata y centralista, realmente es quien maneja  los hilos del poder, claramente define   al mandatario de turno. Existe un tercer grupo poblacional que actúa como un hijo y aliado de la anterior,   que se expresa como pequeña burguesía, pero  de “izquierda”. Es el más variopinto de los grupos sociales, arropa intelectuales,  académicos y chicos de la aristocracia, a veces, declarados en rebelión contra su clase;  dada su  esencia de personas “pudientes”  no quieren que nada cambie. También hacen parte de la pequeña burguesía  de izquierda, con algo de conciencia de clase, ciertos líderes obreros y   otros descendientes de  viejos militantes   revolucionarios; hacen oposición, pero, tampoco, quieren cambiar el modelo capitalista, pues les permite llevar un modo de vida confortable. Fuera de la pequeña burguesía de izquierda electorera, calculadora y “vividora”, existen algunos sectores progresistas  honestos,   que anhelan el capitalismo con rostro humano, pero que no se atreven a ir más allá  debido a su debilidad intelectual y conceptual,  se quedaron con el discurso que les vendió  la burguesía acerca de que el socialismo fracasó y que la lucha de clases no existe. No leen a Marx ni materialismo dialéctico ni histórico,  pero  no creen en Marx y menos en el socialismo científico.   Y, finalmente, se puede mencionar un sector   revolucionario, con educación política y alta conciencia de clase, que lucha por la construcción de la nueva sociedad, que vaya más allá de cualquier expresión del capital, y que cree que para lograrlo hay  que desbancar  a la oligarquía mediante la combinación de todas las formas de lucha.  Con esta diversidad social deberá lidiar ELN, en su leal saber y entender escuchará y escogerá  las opiniones que considere más adecuadas a sus intereses y a la sociedad que quiera ser representada por el grupo insurgente. Las FARC escucharon a quienes creyeron que eran sus amigos, los “pazólogos”  en el interior y en el exterior gobiernos a quienes la situación social de Colombia les importa un pepino,  amigos  que por conveniencia propia  les llevaron a una ignominiosa   desaparición.  Y de verdad da tristeza su desabrido final, derrotados y dispuestos aceptar cualquier condición, así sea  la horca, con tal de regresar a la “legalidad”. Y, al final del final, quienes, con el mentiroso cuento de ampliar consensos, terminaron dictando los acuerdos FARC-Gobierno   fueron los sectores más fachistas de la sociedad encabezados por el “Señor de las Sombras” Álvaro Uribe Vélez, el retrasado mental ex presidente   Andrés Pastrana, la harpía ex ministra Marta Lucía Ramírez y el retrógrado ex procurador  Alejandro Ordoñez. 

Los acuerdos FARC-Gobierno en adelante dificultarán el accionar de las organizaciones sociales principalmente de las agrarias y de las mismas negociaciones ELN-Gobierno, pues blindaron las posibilidades de llevar a cabo reales transformaciones sociales, sobre todo las referentes con la democratización del campo, por un lado con la Ley ZIDRES  se asegura la concentración y extranjerización de la tierra  y, por otro lado, acaban con la Ley de Reservas Campesinas, pues ya no habrá más ampliación de estas.  Políticamente  las FARC se exponen a un desastre, dichos acuerdos los dejan por fuera de la arena política,  ¿con lo mostrado y acordado en La Habana,   será que alguien podrá    creerles  y apoyarles? Y sin una continua    “gabela” de curules a dedo difícilmente accederán al Congreso. Lo más probable es que la cúpula insurgente se entremezcle en los diversos movimientos políticos, muchos de ellos en las toldas del “gran colombiano” Álvaro Uribe. Su desaparición física, también, está a la vuelta de la esquina, pues se acordó no tocar tamaño, estructura y orientación, de las fuerzas militares, a  quienes se les perdonarán sus crímenes atroces declarándoles, en palabras del presidente Santos, “nuestros héroes”; por principio los ex guerrilleros  serán considerados elementos peligrosos para la “seguridad nacional”, peligro que deberá ser eliminado.  Lo incomprensible de todo este enredo en que se convirtió la negociación, que sí que no,   es que la mayoría de las bases guerrilleras, sabiendo lo que les espera, se hayan “pre concentrado” junto a los micos aulladores y araguatos lejos de los humanos a esperar el triste final.   La cúpula guerrillera es tan falta de Norte  que en vez de entregar los recursos a quienes quedan en la selva defendiendo sus ideales, traicionados para muchos, los entregarán al Estado, para reparar supuestas víctimas, ¿acaso no estaban en guerra? En cualquier parte del mundo se toman como “daños y /o efectos colaterales”.

Si bien se tiene claro que el salto cualitativo del modo de producción capitalista  al modelo socialista, único posible para salvar la civilización humana,  no es factible  mediante un pacto, sí se deberán discutir los modos y los medios, para limitar los privilegios de las castas dominantes de tal manera  que permitan que más gente tenga   reales oportunidades de acceso a la educación, salud y seguridad social e, incluso, al manejo del Estado, asuntos que no ha permitido la oligarquía desde la independencia del imperio español. Simplemente pasamos de colonia española a neocolonia gringa. De no lograrse durante las negociaciones con el ELN sentar las bases para una real paz con justicia social, que no fue posible con las FARC,  será pura ilusión que, una vez desarmada la insurgencia, se pueda iniciar la era de transformaciones aplazadas.

Para el Régimen cualquier medida que contemple algo de bienestar para la  clase  popular se constituye en una línea roja, que aleja cualquier posibilidad de  discutir en la mesa de negociación las soluciones  a favor del común. La “sociedad civil”, más que el ELN,  será   quien deberá no sólo establecer las líneas rojas a favor del pueblo sino borrar las fatídicas líneas de la oligarquía. Antes que nada  se deberá  tener en cuenta  que se negocia entre contendientes no vencidos en batalla y en medio de la guerra, por tanto el Régimen deberá dejar de exigir acciones unilaterales de la contraparte. También, habrá que dejar de lado la discusión sobre la incorporación de los acuerdos, el Gobierno verá cómo lo hace; el ELN no tiene porqué desgastarse pensando en plebiscitos, cabildos o Constituyentes, dadas las circunstancias de hegemonía y manipulación por parte de la oligarquía ya se sabe quién sale triunfando, ahí está el espejo de las FARC. Tampoco las negociaciones se pueden enredar en el tipo de justicia que se puede aplicar a los reinsertados, en cualquier parte del mundo cuando se negocia la terminación de un conflicto interno, para ejercer la actividad política sin armas, a nadie se le ocurre pensar que los rebeldes deban pagar cárcel o cualquier tipo de acción punitiva, eso sólo lo permitieron las FARC.  Y si la Corte Penal Internacional es un estorbo, pues al diablo con ella, ¿acaso los gringos, amos directos de la oligarquía, la acatan?

Habrá que borrar muchos  aspectos de lo acordado con las FARC, como lo referente a las fuerzas militares, básicamente en lo atinente a la venenosa doctrina, que los condiciona hacia la eliminación de la oposición revolucionaria. Y si durante las negociaciones se asesina o atenta contra cualquier líder social se tendrá que hacer un paréntesis en las discusiones hasta tanto no se detenga a los responsables. Se tendrá que borrar la Ley ZIDRES, eso deberá quedar consignado en los acuerdos, y la plena aplicación de la Ley 160 de 1964 sobre las Zonas de Reserva Campesinas. Se deberán borrar los TLCs  con EEUU, que el nuevo presidente quiere eliminar, y con la Unión Europea. Cómo aceptar que nuestros campesinos no puedan sembrar sus propias semillas so pena de ir a la cárcel.

Se tendrá que hablar de educación y  democratización de las comunicaciones,  pero algo fundamental que, prioritariamente, tendrá que revisarse   es el canceroso sistema de salud y seguridad social actual, no más EPS ni AFP. Con las EPS y AFP se demostró que la salud en manos particulares no es más que un  floreciente negocio de la muerte.  Si en los acuerdos no se logra, al menos,  que sea El Estado quien administra    directamente la salud y seguridad social nada se habrá logrado con la desaparición de los actuales y principales actores rebeldes, la emancipación quedará pospuesta.