jueves, 3 de abril de 2014

Oligarquía colombiana, corsario sin Dios ni Ley

Libardo Sánchez Gómez

Los vándalos en el poder en Colombia han medrado a la sombra de un modelo económico capitalista totalmente dependiente de la metrópoli imperial. La  estructura económica neocolonial les ha permitido urdir unas superestructuras culturales, políticas, religiosas, mediáticas  y  jurídicas moldeadas a sus necesidades de dominación y preservación de privilegios. Por ejemplo, el sistema jurídico colombiano es tan firme como una gota de mercurio, se amolda perfectamente  a las miserias particulares de jueces y fiscales, permitiéndoles interpretaciones de más de 360°;  la misma norma, dependiendo del juez,  permite condenar al acusado a la máxima pena  o absolverlo de toda culpa. El caso Petro es un claro ejemplo, mientras que un magistrado del Consejo de Estado, en su Ponencia,  encontró que el procurador había vulnerado los derechos del alcalde otro en la suya sostuvo que el procurador había obrado correctamente, y que, por tanto, hacía bien en darle muerte política.

El  imperio   a través de ayuda económica, inteligencia y tecnología militar de punta,  da “protección y abrigo” a los vándalos en el poder; además,  medio millón de hombres en armas   les otorga la tranquilidad suficiente para mantenerse en el poder, avasallando a las mayorías.

La destitución y sanción inquisitoria del alcalde Gustavo Petro es la más reciente tropelía de la clase dominante con significancias de amplia trascendencia ética, jurídica y política.   Se visibilizó en el mundo entero   la inescrupulosa arrogancia de la  oligarquía dominante y la manera  como, en cabeza de Juan Manuel Santos,  actúa  cual corsario  sin “Dios ni ley”.  Con este tipo de medidas se envían    mensajes a tirios y troyanos;   se ratifica que las instancias internacionales   importan  un pepino,  sólo acatan y acatarán las disposiciones que les sean favorables;  primero se burlaron de la Corte de la Haya en el litigio con Nicaragua  y ahora lo hacen con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH respecto de las medidas cautelares que intentaban oponerse a la monstruosa arbitrariedad cometida por el Procurador Ordoñez contra Petro.

El mensaje también va para las maquinarias electoreras de ultraderecha  asegurándoles que sus votos son valiosos  y que los  de la izquierda  son menos que un cero a la izquierda.  Y reafirma Juan Manuel que la izquierda está y estará lejos de cualquier posibilidad   de compartir poder y privilegios; frente al establecimiento  solo admiten mayordomos acomodados a la izquierda de los reyezuelos.

En  La Habana, la decisión de Santos cayó como baldado de agua fría en las espaldas de los insurgentes. Definitivamente, el Gobierno, le apunta a que los acuerdos no vayan más allá de la dejación de armas a cambio de  puestos  burocráticos,   algunas sillas en el congreso y algo de dinero, para que un puñado    de reinsertos junto con  los pazólogos y pazólogas   “monten”  oficinas de “análisis de la realidad colombiana”.  La destitución e inhabilidad de Petro hace que las conversaciones  en   La Habana entre insurgencia y gobierno sean, aún, más insípidas.   No obstante,  es una oportunidad para que las FARC endurezcan sus posiciones,  estableciendo “inamovibles” (entre otros, nacionalización de la tierra y la explotación de minerales, nacionalización de la banca y empresas de servicios públicos, no a la presencia militar de potencias extranjeras; educación,  salud y protección social gratuitas)  Solo     que las FARC aceptaron discutir “cambios” sin que los acuerdos  conlleven transformaciones de la estructura    económica capitalista y, por tanto, de las supra estructuras aparejadas al modelo neoliberal. “La  paz”   que los colombianos veremos luego de la firma de acuerdos  en La Habana  será la paz para   la  oligarquía criolla y   transnacionalizada, pues podrán invertir sin  acoso ni sobresaltos.

¿Pero cómo frenar las tropelías de los vándalos en el poder?   Los  colombianos excluidos, campesinos sin tierra, pequeños propietarios, colonos, mineros artesanales, obreros,  indígenas de base, pobrería afro descendiente,   estudiantes hijos de la pobrería y todo tipo de grupos minoritarios,  anclan sus esperanzas en los desarrollos de la recientemente realizada Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular,  “espacio alternativo a la apuesta del Gobierno del Presidente Santos conocida como "Pacto Nacional Agrario" que busca posicionar su política de locomotoras, pequeños subsidios y “alianzas estratégicas” -entre terratenientes, agroindustriales y pequeños productores en muchos casos sin tierra (Agencia Prensa Rural. Cumbre departamental agraria, campesina, étnica y popular del Cauca. Mesa de Interlocución y Acuerdo - MIA / Viernes 28 de febrero de 2014)   La Cumbre Agraria es una extensión de las mesas de negociación entre los campesinos,  que alentaron el reciente y en remojo  Paro Agrario Nacional, y el violento régimen excluyente. En dicha Cumbre convergieron, entre otros,  la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el Coordinador Nacional Agrario-CNA, la Mesa de Unidad Agraria-MUA, la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo - MIA, el Congreso de los Pueblos y el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.   El pasado 31 de marzo de 2014 se radicó en Bogotá, el Pliego Unitario de Exigencias de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, ante el Departamento de Protección Social – DPS. Allí, al contrario de lo que ocurre en La Habana,  los sectores populares plantean profundas transformaciones de tipo económico, social y político.  Los campesinos han puesto  en la cancha del régimen el balón de sus reivindicaciones y rectificaciones al desastre propiciado por los vándalos en el poder. ¿Cuál será la jugada maestra del afamado jugador de ajedrez? Lo cierto es que no tiene ases en la manga, y las decisiones de calado   no están en sus manos sino en las garras del águila imperial y de los militares.      Nada podrá hacer respecto del TLC firmado con el imperio, médula de la problemática que lo enfrenta con los sectores populares, pues los gringos no permiten cambios a éste y mucho menos rescindirlo. Las reformas a la tenencia de la tierra chocan contra los intereses de los grandes latifundios paramilitaristas y  la estructura neoliberal no permite la acción del estado en favor de los menos favorecidos. Así que todo lleva a pensar que en los próximos días el futuro de los colombianos se comenzará a moldear en las carreteras y parcelas de la geografía nacional de mano del sector agrario.   


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