Libardo Sánchez Gómez
Los
vándalos en el poder en Colombia han medrado a la sombra de un modelo económico
capitalista totalmente dependiente de la metrópoli imperial. La estructura económica neocolonial les ha
permitido urdir unas superestructuras culturales, políticas, religiosas,
mediáticas y jurídicas moldeadas a sus necesidades de
dominación y preservación de privilegios. Por ejemplo, el sistema jurídico
colombiano es tan firme como una gota de mercurio, se amolda perfectamente a las miserias particulares de jueces y
fiscales, permitiéndoles interpretaciones de más de 360°; la misma norma, dependiendo del juez, permite condenar al acusado a la máxima pena o absolverlo de toda culpa. El caso Petro es
un claro ejemplo, mientras que un magistrado del Consejo de Estado, en su
Ponencia, encontró que el procurador
había vulnerado los derechos del alcalde otro en la suya sostuvo que el
procurador había obrado correctamente, y que, por tanto, hacía bien en darle
muerte política.
El
imperio a
través de ayuda económica, inteligencia y tecnología militar de punta, da “protección y abrigo” a los vándalos en el
poder; además, medio millón de hombres
en armas les otorga la tranquilidad suficiente para mantenerse
en el poder, avasallando a las mayorías.
La
destitución y sanción inquisitoria del alcalde Gustavo Petro es la más reciente
tropelía de la clase dominante con significancias de amplia trascendencia ética,
jurídica y política. Se visibilizó en el mundo entero la inescrupulosa
arrogancia de la oligarquía dominante y
la manera como, en cabeza de Juan Manuel
Santos, actúa cual corsario sin “Dios ni ley”. Con este tipo de medidas se envían mensajes a tirios y troyanos; se ratifica
que las instancias internacionales importan un pepino, sólo acatan y acatarán las disposiciones que
les sean favorables; primero se burlaron
de la Corte de la Haya en el litigio con Nicaragua y ahora lo hacen con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos CIDH respecto de las medidas cautelares que
intentaban oponerse a la monstruosa arbitrariedad cometida por el Procurador
Ordoñez contra Petro.
El
mensaje también va para las maquinarias electoreras de ultraderecha asegurándoles que sus votos son valiosos y que los de la izquierda son menos que un cero a la izquierda. Y reafirma Juan Manuel que la izquierda está
y estará lejos de cualquier posibilidad de compartir poder y privilegios; frente al
establecimiento solo admiten mayordomos acomodados
a la izquierda de los reyezuelos.
En
La Habana, la decisión de Santos cayó
como baldado de agua fría en las espaldas de los insurgentes. Definitivamente,
el Gobierno, le apunta a que los acuerdos no vayan más allá de la dejación de
armas a cambio de puestos burocráticos, algunas sillas en el congreso y algo de
dinero, para que un puñado de
reinsertos junto con los pazólogos y
pazólogas “monten” oficinas de “análisis de la realidad colombiana”. La destitución e inhabilidad de Petro hace
que las conversaciones en La Habana entre insurgencia y gobierno sean,
aún, más insípidas. No obstante, es una oportunidad para que las FARC endurezcan
sus posiciones, estableciendo “inamovibles”
(entre otros, nacionalización de la tierra y la explotación de minerales, nacionalización
de la banca y empresas de servicios públicos, no a la presencia militar de
potencias extranjeras; educación, salud
y protección social gratuitas) Solo que las
FARC aceptaron discutir “cambios” sin que los acuerdos conlleven transformaciones de la estructura económica capitalista y, por tanto, de las supra
estructuras aparejadas al modelo neoliberal. “La paz” que los colombianos veremos luego de la firma
de acuerdos en La Habana será la paz para la oligarquía criolla y transnacionalizada, pues podrán invertir sin acoso ni sobresaltos.
¿Pero
cómo frenar las tropelías de los vándalos en el poder? Los colombianos excluidos, campesinos sin tierra,
pequeños propietarios, colonos, mineros artesanales, obreros, indígenas de base, pobrería afro descendiente,
estudiantes
hijos de la pobrería y todo tipo de grupos minoritarios, anclan sus esperanzas en los desarrollos de la
recientemente realizada Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, “espacio
alternativo a la apuesta del Gobierno del Presidente Santos conocida como
"Pacto Nacional Agrario" que busca posicionar su política de
locomotoras, pequeños subsidios y “alianzas estratégicas” -entre
terratenientes, agroindustriales y pequeños productores en muchos casos sin
tierra (Agencia Prensa Rural. Cumbre departamental agraria, campesina, étnica y
popular del Cauca. Mesa de Interlocución y Acuerdo - MIA / Viernes 28 de
febrero de 2014) La Cumbre Agraria es una extensión de las mesas
de negociación entre los campesinos, que
alentaron el reciente y en remojo Paro
Agrario Nacional, y el violento régimen excluyente. En dicha Cumbre
convergieron, entre otros, la Organización
Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el Coordinador Nacional Agrario-CNA, la
Mesa de Unidad Agraria-MUA, la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de
Interlocución y Acuerdo - MIA, el Congreso de los Pueblos y el Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica. El pasado 31 de marzo de 2014 se radicó en
Bogotá, el Pliego Unitario de Exigencias de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica
y Popular, ante el Departamento de Protección Social – DPS. Allí, al contrario
de lo que ocurre en La Habana, los
sectores populares plantean profundas transformaciones de tipo económico,
social y político. Los campesinos han
puesto en la cancha del régimen el balón
de sus reivindicaciones y rectificaciones al desastre propiciado por los
vándalos en el poder. ¿Cuál será la jugada maestra del afamado jugador de ajedrez?
Lo cierto es que no tiene ases en la manga, y las decisiones de calado no
están en sus manos sino en las garras del águila imperial y de los militares. Nada podrá hacer respecto del TLC firmado con
el imperio, médula de la problemática que lo enfrenta con los sectores
populares, pues los gringos no permiten cambios a éste y mucho menos
rescindirlo. Las reformas a la tenencia de la tierra chocan contra los intereses
de los grandes latifundios paramilitaristas y la estructura neoliberal no permite la acción
del estado en favor de los menos favorecidos. Así que todo lleva a pensar que
en los próximos días el futuro de los colombianos se comenzará a moldear en las
carreteras y parcelas de la geografía nacional de mano del sector agrario.
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