En Colombia muchos izquierdistas, autodeclarados defensores
de las causas populares, terminan utilizando las mismas causas como un medio expedito
para enriquecerse. Por lo general crean fundaciones, entidades exentas del pago de
impuestos, para recibir recursos de entidades públicas y privadas del orden
nacional así como de ONGs, quedándose con la mayor parte de los recursos
recibidos. El caso
más emblemático es el de las víctimas del magnicidio de la Unión Patriótica. Se
estima que hasta principios del 2014 el
Estado había girado alrededor de CIENTO CATORCE MIL MILLONES de pesos. Según las denuncias de los afectados la fundación
receptora y, a la vez, encargada de CERTIFICAR la condición de víctima, les hacía firmar
recibos por cuantías que iban de cien mil a trescientos mil pesos; por el
número de beneficiados se calcula que las víctimas no alcanzaron a recibir el 10%
del total girado. Y al aparecer entregan dichas ayudas a personas que no son
víctimas ni sobrevivientes de la UP.
Dada la
gravedad de lo que viene ocurriendo un grupo de víctimas han emprendido
la ACCION DE GRUPO para que se aclare el presunto carrusel en la
asignación y entrega de las ayudas del programa para las
víctimas y sobrevivientes de la UNION PATRIOTICA y PCC. El abogado Francisco Basilio Arteaga Benavides, apoderado judicial, también es considerado víctima, como militante de la Unión Patriótica. El jurista informa que presentará la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
La idea es hacer seguimiento de esta demanda. En esta
primera entrega se anexa el auto
admisorio de la demanda atrás comentada.
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