Libardo Sánchez Gómez
Aunque parece tarde aún hay tiempo para iniciar un debate a profundidad sobre el proceso de paz que se discute en la Habana. Existe un sector de aúlicos de la paz, sin condiciones, que aplauden a rabiar cada nuevo avance, que acerca las guerrillas a su entrega definitiva, sin importar que para la sociedad en su conjunto este hecho no represente ningún beneficio. Hay que insistir en que no se defiende la guerra por la guerra. Al respecto Níkolas Stolpkin ayuda a despejar dudas, Él afirma: "Que quede claro: no estamos en contra del proceso de paz en Colombia, estamos en contra de que se desconozca la HISTORIA de lucha de nuestros pueblos y, peor aún, que se desconozca la NATURALEZA misma del sistema capitalista cuando ve amenazado sus intereses. La FARC-EP podrán abandonar la lucha armada y todo lo que quieran, pero las ESTRUCTURAS del sistema opresor colombiano se mantendrán INTACTAS". El siguiente artículo de Matt Peppe, propuesto por Níkolas Stolpkin, puede ser el punto de partida de un necesario debate acerca del actual proceso de paz colombiano.
Las Distorsiones del Conflicto Colombiano
Por: Matt Peppe
Hace semana y media la noticia desde la Habana fue que las FARC (fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) y el gobierno colombiano habían definido que el
acuerdo final de la paz sería firmado en un plazo de seis meses. La noticia fue aclamada como un paso importante en la solución de un conflicto que lleva más de medio siglo y como una oportunidad para lograr la paz del país. No obstante, los medios masivos de comunicación que siempre recitan la retórica del gobierno, omiten reconocer las causas principales de la violencia y la inevitabilidad de que esta continuará en el futuro.
A lo largo de décadas, la política del gobierno colombiano ha sido una estrategia de seguridad nacional de contrainsurgencia, desarrollada a finales de los años 50 bajo el auspicio del ejército de los Estados Unidos. El objetivo del gobierno de Estados Unidos era mantener un sistema político amigable para los negocios mediante la implementación de políticas económicas que favorezcan a las corporaciones multinacionales y al capital extranjero. Cualquier resistencia a tales políticas era considerada subversiva, y las personas que simpatizaban con tal resistencia eran estigmatizados como enemigos internos que debían ser eliminados o neutralizados por medios militares.
La retórica de la doctrina de seguridad nacional sostiene que si se elimina la amenaza insurgente la paz será restaurada. La presunción implícita en esa doctrina es que los rebeldes de las FARC han sido siempre el bando que se atraviesa en el camino de la paz.Según esta interpretación, cuando las FARC iniciaron sus operaciones militares el Estado tenía que responder en beneficio de la nación en su totalidad organizando una respuesta contraguerrillera.
Pero esta narrativa es históricamente equivocada. El conflicto colombiano no es una pelea del conjunto de la sociedad contra un grupo de guerrilleros, sino una batalla de un grupo minoritario de élites que controlan el aparato estatal contra la mayoría de la población.
“Como en muchos otros países latinoamericanos, las semillas de la desigualdad social actual y la lucha por la concentración de la tierra y recursos de Colombia la podemos encontrar en el control ejercido por una minoría minúscula, igual que en el despojo progresivo de la mayoría de la gente, lo cual tiene sus raíces en el colonialismo del siglo XVI,” explica Jazmín Hristov en su libro
Sangre y Capital: La Paramilitarización de Colombia. [1]
Una vez las FARC se constituyeron en el ala armada del Partido Comunista en Colombia, la doctrina contrainsurgente - desarrollada por el ejército de EEUU y codificada en manuales que fueron distribuidos desde los años 60 - instruyó a sus contrapartes colombianas a que consideraran cualquier forma de lucha por la justicia social o reforma democrática como forma de insurrección comunista. Además de los rebeldes armados, miembros del clero, académicos, líderes sindicalistas, defensores de derechos humanos, y otros miembros de la sociedad civil han sido convertidos en blancos insurgentes potenciales.
Para extender su alcance en la sociedad colombiana, el gobierno autorizó legalmente el paramilitarismo en 1965 con el Plan Lazomediante la conformación de “fuerzas de defensa civiles” armadas e integradas al sistema militar colombiano [2]. Estas fuerzas sirven al objetivo del gobierno de preservar el status quo realizando su trabajo sucio a través de escuadrones de la muerte, asesinatos, tortura, intimidación y desapariciones, al tiempo que proporcionan el encubrimiento y un aparente distanciamiento del Estado en sí mismo.
El conflicto colombiano no puede ser entendido correctamente sin el reconocimiento de la naturaleza verdadera de los actores implicados y los intereses que estos representan. “El paramilitarismo nunca ha sido, mucho menos ahora, un tercer actor aislado (el estado y las guerrillas son los otros dos), tal como es presentado en los discursos oficiales de seguridad nacional,” escribe Hristov. [3]
Escribiendo en el
New York Times luego de que el acuerdo sobre justicia fuera anunciado, Ernesto Londoño dice que la “lucha de tres vías entre las facciones de la guerrilla, las fuerzas del gobierno y las bandas paramilitares de la derecha que a menudo actuaban como testaferros del estado habían asesinado a más de 220.000 personas y desplazado alrededor de 5.7 millones.”
Dan Kovalik, profesor de derechos humanos internacionales en la escuela de leyes de la Universidad de Pittsburgh, controvierte la noción de que los paramilitares simplemente operan de vez en cuando como testaferros: “Es imposible hablar de los paramilitares como actor separado del Estado colombiano, porque es el estado colombiano el que ayudó a crear los paramilitares; y los grupos defensores de derechos humanos han concluido año tras año que el Estado les ha suministrado las armas, ayuda logística y ha realizado incluso operaciones conjuntas. Incluso las cortes federales cuando han sido confrontadas con estas preguntas, bajo la Alien Tort Claims Act, han concluido que los paramilitares están tan integrados con el Estado que sus acciones criminales constituyen una acción del Estado.”
Además de la inexactitud al describir el conflicto, la declaración de Londoño utiliza estadísticas de la violencia acumulada sin distinguir quién es el actor responsable de las muertes y desplazamientos. Más adelante en su columna, Londoño culpa implícitamente a las FARC de la mayoría de la violencia: “docenas de víctimas viajaron a La Habana para hablar sobre los abusos que sufrieron a manos de los líderes de la guerrilla. Algunas implicaron a las fuerzas del gobierno en actos brutales… Los tribunales especiales de guerra que el gobierno intenta crear para juzgar crímenes serán asimilados a cortes de canguro por quienes han estado a favor de una derrota militar de las FARC.”
Si uno acepta la retórica de la seguridad nacional según la cual la mayoría de la violencia perpetrada por el gobierno equivale solo a un daño colateral como resultado de la reacción a la agresión insurgente, entonces las guerrillas serían responsables de la mayoría de muertes y lesiones. Pero éste es apenas un caso.
Kovalik anota que los “grupos defensores de derechos humanos han concluido consistentemente que el Estado colombiano y sus aliados paramilitares cometen la mayor parte de las violaciones de derechos humanos en el país - en los peores años, por lo menos el 80% de los abusos han sido atribuidos a estas fuerzas.”
La intervención del gobierno de EEUU y el Plan Colombia
Londoño también elogia la política de EEUU señalándola como la generadora del ímpetu para alcanzar la paz: “La intervención por la fuerza de Washington en la guerra, la cual comenzó hacia finales de los 90s, permitió que el gobierno colombiano debilitara a las FARC y en últimas sentara las bases para las actuales negociaciones de paz.”
La política contrainsurgente de Washington es vista no sólo como un instrumento para la paz, sino como el factor principal que permitirá su logro. Es increíble como el revisionismo histórico retrata al instigador y patrocinador de la violencia masiva que ha perdurado por décadas como un intermediario honesto para terminar esta violencia.
En realidad, la intervención de Washington comenzó 40 años antes del tiempo al que se refiere Londoño, y esa intervención fue la que agudizo la guerra que ha azotado al país desde entonces. Cualquier evaluación objetiva de la política exterior de EEUU en Colombia ha encontrado que ésta ha sido un absoluto fracaso.
Bajo la dirección, financiamiento y entrenamiento de los EEUU, el Estado colombiano ha mostrado uno de los peores historiales en respeto de los derechos humanos en el hemisferio. Muchas organizaciones de derechos humanos dan testimonio de esto, y han exigido el fin de la ayuda militar de EEUU a Colombia.
“Año tras año la política de EEUU ha ignorado las evidencias y peticiones de las Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales colombianas e internacionales y del pueblo de Colombia. El plan Colombia ha sido un fracaso en todos los aspectos y los derechos humanos en Colombia no mejorarán hasta que haya un cambio fundamental en la política exterior de EEUU,” declara la oficina de
Amnistía Internacional en los EEUU.
Un informe de la ONG de derechos humanos
Human Rights Watch dice: “toda la ayuda para la seguridad internacional debe ser condicionada a acciones explícitas del gobierno colombiano encaminadas a cortar conexiones, en todos los niveles, entre el ejército y los paramilitares.
Los abusos atribuidos directamente a los miembros del ejército colombiano han disminuido durante estos últimos años, pero en el mismo período el número y magnitud de los abusos atribuidos a los grupos paramilitares que operan con el consentimiento de los militares o con su abierto apoyo, se han elevado súbitamente.”
El profesor e historiador de Bogotá
Renán Vega Cantor, en un estudio sobre la presencia de EEUU en Colombia, escribe que: “El terrorismo de Estado que se perpetúa en Colombia desde finales de la década de 1940 se alimenta tanto del sostén militar y financiero de los Estados Unidos, como de los intereses de las clases dominantes criollas, para preservar su poder y su riqueza y negarse a realizar elementales reformas económicas y sociales de tipo redistributivo.”
Lo que el New York Times y los medios masivos omiten en su análisis es que el sistema sociopolítico colombiano neoliberal actual necesita la continuación de la violencia para acomodar el capital.
“La guerrilla no fue la causa del conflicto colombiano sino por el contrario, uno de sus síntomas, y simultáneamente se convirtió en un factor contribuyente en el sentido de que su misma existencia sirve de pretexto y justificación para la violencia y la militarización por parte del Estado; lo cual desafortunadamente ha hecho que la presencia de la guerrilla sea utilizada por el establecimiento para legitimar la violencia sobre las fuerzas sociales que desafían el poder de las clases dominantes,” escribe Hristov en su ultimo libro,
Paramilitarismo y Neoliberalismo: Sistemas Violentos de la Acumulación de Capital en Colombia y Más Allá. [4]
Hristov dice que si el gobierno quiere satisfacer las demandas de las FARC, tiene que invertir en programas sociales a expensas del aparato militar y políticas de seguridad actual. Pero como estos sistemas le sirven a esa estructura económica neoliberal que transfiere la tierra y los recursos de las masas populares a una minúscula minoría elitista, es ingenuo pensar que esos cambios ocurran.
“Incluso en una era post-FARC el Estado tendría siempre pretextos, recurrirá a las BACRIM [bandas criminales que tienen raíces en los grupos paramilitares presuntamente desarmados] o a la existencia de otros grupos guerrilleros, para mantener el desbordado nivel de militarización,” escribe Hristov. [5]
La representación del conflicto colombiano en el New York Times y otros medios masivos es una réplica de la propaganda estatal, haciendo eco a la doctrina de seguridad nacional, propaganda que oculta la violencia inherente al sistema económico colombiano que ha ocasionado la perpetuación del militarismo y la represión en el país.
Si bien cualquier acuerdo de paz que ofrezca la perspectiva de reducir el derramamiento de sangre es bien recibida, el hecho de que el Estado colombiano continúe sometido al consenso de Washington y a su modelo socioeconómico neoliberal, significa que el país se dirige inevitablemente hacia la continuación de la violencia, el despojo, y el sufrimiento de la inmensa mayoría de la población.
Solo cuando el gobierno colombiano y los medios masivos de comunicación occidentales reconozcan que la intervención de Washington exacerba la violencia en lugar de minimizarla, tal vez entonces Colombia pueda empezar a liberarse a sí misma y a buscar una paz duradera y con justicia social para todos sus habitantes.
Referencias
[1] Hristov, Jasmin. Blood and Capital: The Paramilitarization of Colombia. Ohio University Press; 1 edition, 2009. Kindle edition.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Hristov, Jasmin. Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and Beyond. London: Pluto Press, 2014. (pg. 153)
[5] Hristov, 2014 (pg. 157)
Título original: Misrepresentation of the Colombian Conflict
Traducción: La Colombia Invisible
Corrección de detalles en la Traducción: Stolpkin.net
Negritas: Stolpkin.net
Marta Lucía Ramírez, ex MinDefensa de Uribe, Enrique Peñalosa y Carlos Fernando Galán.AP-
