Los acuerdos en La Habana: tranquilidad para tirios y troyanos

Libardo Sánchez Gómez

Varios amigos me solicitaron que dedicara unas líneas al análisis del discurso del presidente Juan Manuel Santos en la recientemente celebrada Asamblea de la ONU;  para lograrlo, intenté centrarme en algunos aspectos cognitivos e individuales, en los significados y representaciones socialmente construidas así como en los aspectos de la materialidad presentes en la interacción social. Se  puede deducir que su discurso se dirigió hábilmente, al mismo tiempo, a dos audiencias, a una internacional a quien    buscó impresionar con datos y cifras llenas de buenas intenciones y grandes logros, y  a la doméstica,  a la que, con lo  mismo,    quiso controlarle   mentalmente, como uno de los mecanismos utilizados para perpetuar la dominación; hábilmente recurrió a la interpelación de   actitudes  ideológicas (de derecha) para mostrase  como defensor de  normas y valores   “democráticos”, artilugio que   mantiene en el poder a la burguesía. Santos  Mostró un país pujante a pesar de la guerra interna de más cincuenta años, entre otros aspectos, mencionó: “Colombia –a pesar de esto (el conflicto)–  ha logrado avances sin precedentes en los últimos años en materia de seguridad, de lucha contra la pobreza y de desempeño económico”.  Pero  no hizo referencia a  que gracias al TLC firmado con el imperio ya no somos dueños de las reservas genéticas de nuestra  fauna y flora, que no podemos sembrar nuestras semillas autóctonas, que no vale la pena sembrar  cereales  como maíz, trigo, cebada y arroz, porque nos los envía subsidiados  el imperio. No dijo que para consolidar la Alianza del Pacífico, necesidad geoestratégica de dominación gringa, se está desplazando a sangre y fuego  a la población pobre de la costa pacífica especialmente de Buenaventura. Tampoco hizo alusión alguna a la persistencia  de las abismales diferencias sociales,  a la concentración de la tierra en un puñado de terratenientes, al pírrico acceso del pueblo  a la educación superior, a la falta de servicios públicos esenciales a lo largo y ancho de la nación, a los bajos niveles de infraestructura que nos ponen en incapacidad de competir eficientemente con todos los países con quienes se han firmado TLCs y, tampoco,  dijo nada acerca de   la corrupción que carcome las entrañas  del Régimen. Una vez más tiene vigencia  el análisis de Ana María Rivero Santos de los discursos de Juan Manuel ante la ONU,  dice la investigadora en “Representaciones sobre la violencia en el discurso del presidente Juan Manuel Santos ante la asamblea general de la ONU” (Discurso & Sociedad, Vol. 7(2), 2013)   que: “(…)las intervenciones presidenciales en el organismo internacional están atravesadas por representaciones de la violencia, aparentemente contradictorias, que tienen como finalidad legitimar la agenda  política interna y contribuir a reproducir los discursos del terrorismo y, con ello, la  ‘securitización’ de la agenda política internacional”. Sólo que esta vez Santos contó, como novedad, que se habían  firmado en La Habana unos acuerdos parciales con  las FARC-EP y que la paz total está a la vuelta de la esquina ya que el ELN camina por el mismo camino. Aclarando, eso sí, que el statu quo no cambiará en modo alguno  ahora ni después que se firmen los acuerdos finales.

Develado el misterio acerca de lo que se discute entre FARC- EP y Gobierno en La Habana le volvió el alma al cuerpo a la burguesía terrateniente y al capital transnacional.  La confianza inversionista sigue intacta, el saqueo de nuestras reservas minerales está asegurada.  Santos  remarcó que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” y que “no se está negociando el modelo económico, la estructura de la tenencia de la tierra ni el tamaño del ejército”, es decir nada que les afecte el bolsillo ni su permanencia eterna en el poder.   

Pero así como volvió la tranquilidad al bolsillo de los despojadores también calmó la ansiedad  de vastos sectores populares, especialmente del campesinado pobre, los indígenas de base,  las barriadas pauperizadas de medianas y grandes ciudades y de aquellos trabajadores y grupos minoritarios que, aún, conservan un mínimo de conciencia de clase, el grueso de la pobrería anda al lado de la burguesía.  Los guerrilleros, a su vez, aludiendo al mismo principio de “nada hasta lograr el todo”, aseguraron que no es cierto que la paz esté a la vuelta de la esquina, “…eso es completamente falso. Obedece a intereses venenosos de ciertos y poderosos sectores del país, que sueñan con ver rendidas las guerrillas y domesticadas las luchas populares, para poder aplicar todos sus planes y proyectos neoliberales, consistentes en la entrega a compañías multinacionales, de los recursos naturales y humanos más importantes del país”.  A renglón seguido afirman,  “Las FARC-EP y el pueblo colombiano jamás hemos pensado eso. Nunca hemos entendido que las mesas de diálogo con las oligarquías que gobiernan el país, fieles sirvientes de los intereses imperialistas, tengan como propósito la entrega de nuestras banderas y la traición a nuestra patria y a nuestras clases más necesitadas”.  Son contundentes al afirmar  que no habrá cese de su lucha hasta no lograr las transformaciones sociales y políticas que la nación demanda, “Nunca hemos estado tan lejos de una entrega o rendición como ahora.”

Un somero vistazo a lo acordado deja ver que las soluciones que las vastas mayorías excluidas demandan no están contempladas en dichos acuerdos, por ejemplo, en el tema agrario, aspecto medular de las negociaciones, no hay mínimo consenso  sobre lo fundamental, el gobierno no cede un ápice en los temas,  “Latifundio y delimitación de la propiedad, freno a la extranjerización del territorio, extracción minero energética y conflictos de uso del territorio, regulación de la explotación del territorio para la generación de agro combustibles, revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio contra la economía”; tampoco hay coincidencias en  “ajustes al Ordenamiento Territorial, financiación de la política de Desarrollo Rural y Agrario Integral, cuantificación del fondo de tierras, creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio y definiciones sobre el derecho real de superficie”.  

En cuanto al segundo   punto de la agenda, que tiene que ver con la Participación Política, las reformas sustanciales siguen en el limbo, en  el grupo de lo que han  llamado  salvedades están:

La Reestructuración democrática de Estado y la reforma política en función de la expansión democrática.  La  Revisión, reforma y democratización del sistema político electoral. La  Revisión y reforma de mecanismos de participación ciudadana. Estas reformas chocan con los intereses de la clase política acomodada y corrupta, que bajo ningún aspecto permite cambios que atenten contra sus privilegios. Otro aspecto en el que el gobierno no cede es en la “proscripción del tratamiento militar a la movilización y protesta y al desmantelamiento del ESMAD”.

En cuanto al tema de la Solución al problema de las drogas ilícitas, el gobierno no quiere ni puede comprometerse a pactar soluciones que eliminen de da raíz dicho problema, con razón se quejan los insurgentes,  “Nuestra posición, obviamente, resultó confrontada por las posiciones del gobierno nacional, innegablemente ligadas, de una u otra forma, a las posiciones represivas esgrimidas por el gobierno de los Estados Unidos en su fracasada política de guerra contra las drogas, de las que pese a ciertas declaraciones del Presidente de la República, siguen determinando los enfoques y soluciones planteados por el gobierno colombiano”.  Las salvedades en este punto, léase negativas del Gobierno, son: “1. Nueva política criminal contra las drogas ilícitas. 2. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de las víctimas. 3. Transformación estructural del sistema de salud pública que permita encuadrar el desarrollo del programa de prevención y consumo. 4. Conferencia Nacional sobre política de lucha contra las drogas”.

Aún falta desarrollar el tema de víctimas, al respecto las FARC dejan claro que, “Nuestra posición central se funda en que son el Estado y las clases dominantes en Colombia los principales responsables por la aparición y desarrollos del conflicto colombiano, incluidas sus millones de víctimas.”

Por lo visto y dicho todo indica que en el horizonte cercano  no se van a ver los  estallidos de la paz. No habrá tierra para quien la trabaja, pero tampoco tranquilidad para el que la usurpa.