jueves, 11 de julio de 2013

¿PRINCIPIO DEL FIN DEL "GRAN COLOMBIANO". Magistrados ordenan indagar sobre espinosas verdades


La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordena que se investiguen a varios funcionarios y ex funcionarios públicos y a empresarios, de posibles omisiones o complicidades con el paramilitarismo.
En una de las decisiones más trascendentales que hasta el momento se han tomado en tribunales de justicia transicional en el país, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó investigar a una decena de ex funcionarios y ex militares de alto nivel por la posible comisión de diversos delitos relacionados con el paramilitarismo. Esta semana, como lo informó VerdadAbierta.com, la Sala anunció que pediría a la Cámara de Representantes investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez. (ver nota).

La decisión, tomada en sala mayoritaria (dos de tres magistrados), fue leída en Medellín durante una audiencia de control de legalidad de cargos contra siete desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes aspiraban a obtener los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, entre ellos, la pena alternativa de ocho años de cárcel.
La magistratura  ordenó investigar a la ex fiscal Viviane Morales Hoyos, al Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Eberto Rodríguez Hernández, al Fiscal 28 de la Unidad Delegada de Fiscalía contra el Terrorismo de la época (2009 - 2011) y al Fiscal 7 Delegado ante la Corte, “por el posible delito de prevaricato por omisión, por su omisión en la investigación y juicio de los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón y de los demás generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.
Ambos oficiales, el primero de ellos del Ejército y el segundo de la Policía, estuvieron destacados en Medellín para octubre de 2002, cuando se realizó la llamada ‘Operación Orión’, una acción conjunta de fuerzas de seguridad del Estado ordenada por el entonces presidente Uribe Vélez para retomar la comuna 13, dominada en ese momento por milicias de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo.
Los diversos testimonios y versiones, entre ellas la confesión de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, llevaron a la Sala a establecer que existen sospechas suficientes de que en esa acción militar, los miembros del Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) pudieron haber participado de manera concertada con los altos oficiales.
La Sala de Justicia y Paz de Medellín también ordenó investigar a los ex generales Oscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño (fallecido en un accidente en el 2007) e Iván Ramírez; al Teniente Coronel John Jairo Cardona Chaparro y al coronel Germán Morantes Hernández. A todos ellos  pidió ser investigarlos para determinar si “promovieron, organizaron y apoyaron a los grupos paramilitares y/o se concertaron con éstos”.
Semanas atrás, la Sala ya había ordenado investigar al general retirado Alejandro Navas Ramos, quien se desempeñó hasta hace poco como comandante de las Fuerzas Militares, por su presunta responsabilidad en la masacre de La Horqueta, ocurrida en la Mesa, Cundinamarca, el 21 de noviembre de 1997, en la que murieron 14 personas, época en la cual el oficial, siendo Teniente Coronel estuvo al mando del batallón Miguel Antonio Caro, guarnición clave en la comisión del múltiple crimen perpetrado por un comando conjunto de militares y paramilitares llevados allí desde el Urabá antioqueño.
“La Fiscalía deberá informar a esta Sala de todas las investigaciones que se adelantan contra generales y altos oficiales de las Fuerzas Militares y del Estado de su proceso, incluidos los mencionados en el párrafo anterior, e identificar a los que aún no lo han sido plenamente en esta decisión”, anunció el magistrado Darío Pinilla Cogollo, quien presidía la audiencia.
Esta magistratura también le exigió al Ente Acusador investigar e informar de los procesos que se adelantan contra un grupo de empresarios privados que han sido mencionados a lo largo del proceso que se lleva contra el Bloque Cacique Nutibara de las Auc, para establecer si estuvieron “comprometidos en la promoción, organización, financiación y apoyo de grupos paramilitares”.
Una de las decisiones que más llama la atención es la solicitud de la Sala de investigar a varios funcionarios judiciales, sobre quienes dice se debe establecer  “conducta y omisiones en la investigación de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario” asociadas al paramilitarismo. Se trata de la Fiscal 6 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz, Oher Hadith Hernández Roa; al Fiscal 64 Delegado, Javier Girón Rodríguez; al Fiscal 90 Delegado, Hernando Antonio Bustamante Triviño; al Fiscal 129 Delegado, Hugo Alberto Gómez Lemus; al Fiscal 3 Delegado, Carlos Alberto Rico Correa; al Fiscal 113 Delegado, Milton Javier Rodríguez; al Fiscal Primero Delegado, Rafael Antonio Vargas Gallo; al Fiscal 14 Delegado, Guillermo Alonso Uribe Rueda; la Fiscal 51 Delegada, Ana Lucia Jiménez Zapata, y policía judicial identificado como ‘Australia Cuatro’, quien además deberá ser investigado por el delito de concierto para delinquir.
Adicional a ello, y teniéndolo en frente de la audiencia, pues es el fiscal que lleva el proceso del Bloque Cacique Nutibara, la magistratura anunció el envío de copias de esta decisión a la Fiscalía General de la Nación para que “evalúe el cumplimiento de sus funciones” del Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro Ávila, así como de los Juan Guillermo Jiménez Moreno; María del Pilar Vélez Estrada; Elizabeth Chilamak Neira, Fiscal 89 Delegada; Matilde Cardona, Fiscal 22 Delegada; Alexandra Vélez Rincón, Fiscal 104 Delegada; y Diana Builes González, Fiscal 23 Delegada.
Otra decisión trascendental para el caso de Medellín tiene que ver con la expedición de copias a la jurisdicción pertinente de la decisión asumida en sala mayoritaria y de las pruebas correspondientes con destino a la investigación que se le adelanta a Luis Pérez Gutiérrez por el posible "concierto con las bandas o grupos armados ilegales en las elecciones del 2.007 y de 2.011 y los delitos electorales cometidos por éstos”.
Asimismo, le hizo un llamado a la Alcaldía de Medellín para que en “asocio de las autoridades competentes, y en cumplimiento de los compromisos y deberes internacionales del Estado”, tome las medidas necesarias para “suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos y delimitados como la Escombrera y la Arenera de Medellín y rehabilitar esas zonas de tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados en esa zona, con audiencia y opinión de las víctimas. La Sala lo exhorta a cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas y al cumplimiento de ese deber”.
Ambos sitios están en laderas de la comuna 13, zona occidental de la ciudad, donde los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, tuvieron una fuerte injerencia, sobre todo después de octubre de 2002, cuando se ejecutó la llamada ‘Operación Orión’. Se presume que en el área están sepultadas cientos de personas asesinadas y desaparecidas por estas facciones paramilitares. Con esa decisión, se cumple un anhelo de las víctimas, quienes infructuosamente han reclamado acciones de la administración municipal desde hace varios años sin resultado alguno
Consideró la Sala que la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal “tienen el deber de adoptar e implementar mecanismos eficaces para garantizar la búsqueda y protección de los desaparecidos, los cuales han sido ineficaces. La Sala los exhorta a cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas”.
La Sala expedirá copias de decisión para ser trasladadas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para efectos de la evaluación y seguimiento que adelanta de la situación de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia.
Por último, y teniendo en cuenta que se trataba de una audiencia de control de legalidad de cargos, requisito indispensable para optar por los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años, la Sala consideró que los ex paramilitares del Bloque Cacique Nutibata que comparecieron ante ella no cumplieron con los requisitos de verdad y reparación, por lo tanto ordenó excluir del proceso a Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, alias ‘Bertico’ o ‘Cañitas’; Néstor Eduardo Cardona Cardona, alias ‘el Mono’ o ‘Alpinito’; Juan Fernando Chica Atehortúa; Édgar Alexander Erazo Guzmán, alias ‘Alex el Bonito’; Mauro Alexander Mejía Ocampo, alias ‘el Aguacate’ o ‘Mauro’; Juan Mauricio Ospina Bolívar, alias ‘el Rolo’; y Wander Ley Viasus Torres.
El auto proferido en sala mayoritaria de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín tuvo un salvamento de voto del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, quien se mostró contrario a buena parte de sus contenidos. En relación con la orden dada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Uribe, aseveró que se llegó a ella a través de conclsuiones generalizadas y no acertadas.
Asimismo se mostró contrariado con relación a la orden de investigar a una decena de funcionarios y exfuncionarios, particularmente de la Fiscalía General de la Nación, entre ellas a la exfiscal Viviane Morales Hoyos, pues estimó que se podría incurrir en una extralimitación de funciones. De otro lado, llamó la atención sobre los postulados en riesgo de ser excluidos, pues de un lado se le dio credibilidad a sus versiones y, de otro, decide excluirlos del proceso de Justicia y Paz.
El magistrado Cárdenas cuestionó el hecho de ordenar una investigación contra el exgeneral Alejandro Navas por la masacre de La Horqueta, Cundinamarca, pues las declaraciones en su contra no provinieron de los postulados del Bloque Cacique Nutibara sino del Bloque Elmer Cárdenas, lo que impide que sea presentada en este proceso.
Finalmente, la decisiòn de excluir a estos siete postulados del Bloque Cacique Nutibara fue apelada por los representantes de la Fiscalía, la Procuraduria, por su abogado defensor y por los representantes de victimas. En esta audiencia no se expusieron las razones de su apelación, las cuales se presentarán el próximo 18 de octubre. De ratificarse la decisión, los exparamilitares deberán ser procesados por la justicia ordinaria, responder en ella por sus delitos y, de ser condenados, afrontarán penas que superarían los 20 años de cárcel.


Esta es la providencia del Magistrado Pinilla con la cual responsabiliza a Álvaro Uribe Vélez del surgimiento paramilitar

Esta es la providencia del Magistrado Pinilla con la cual responsabiliza a Álvaro Uribe Vélez del surgimiento paramilitar
 
El mensaje del expresidente Uribe titulado ¿Por qué soy paramilitar?, es la respuesta a la providencia emitida en su contra el pasado 6 de septiembre por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz en cabeza del Magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo. En el documento se involucra al exmandatario como uno de los responsables del nacimiento del fenómeno paramilitar en Colombia. El siguiente es el aparte sobre la probable responsabilidad del expresidente:
Responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez
El nombre del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado en este texto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos. A manera de recapitulación, está detrás de Pedro Juan Moreno Villa, quien fue su Secretario de Gobierno mientras se desempeñó como Gobernador de Antioquia y quien no sólo concibió y desarrolló el proyecto de COOSERCOM como un laboratorio del paramilitarismo, sino que ha sido señalado como uno de los 6 ó 12 líderes que definían y orientaban la política de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
Conjuntamente con éste, está detrás de la promoción, impulso y apoyo de las Convivir en Antioquia, que van a ser un germen del paramilitarismo, entre las cuales se cuenta la Convivir Papagayo, la más emblemática de todas, y a las que tenía el deber de hacerles seguimiento, de conformidad con los decretos de ley.
Está detrás de la hacienda Guacharacas, donde se asentó la Convivir El Cóndor y que, al decir de Jhon Fredy González Isaza, eran los mismos paramilitares y cuyo administrador era un colaborador de éstos.
Está detrás de la pacificación de Urabá durante su período como Gobernador, que el exaltó y promovió como un ejemplo nacional, realizada de la mano del General Rito Alejo del Río y los paramilitares de la región.
Está detrás del homenaje de desagravio realizado en el Hotel Tequendama a dicho General, después de haber sido retirado por sus vínculos con los paramilitares, para el cual vino exclusivamente desde el exterior y actuó como oferente y orador.
Está detrás de las omisiones en la masacre del Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situación y a cuya comunidad no le brindó apoyo durante 7 días y luego desmintió las denuncias.
Está detrás de la Operación Orión y la toma de la Comuna 13, realizada concertadamente con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara con el fin de eliminar el último bastión de las milicias urbanas y consolidar el dominio de dicho bloque, como lo reconoció Diego Fernando Murillo Bejarano, que él ordenó y a cuya Edificio Lara Bonilla. Calle 49 51-52, piso 2°, Teléfono 5119284 relatoría@saladejusticiaypazmedellin.com 4 Relatoría Sala de Justicia y Paz iniciación y despliegue asistió.
Está detrás de la negociación con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, con cuyos votos salió elegido como confesaron varios comandantes y del proyecto de alternatividad penal presentado originalmente al Congreso que aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, mientras le declaraba la guerra total a las demás organizaciones armadas ilegales.
Está detrás del General Mauricio Santoyo, a su servicio como Gobernador de Antioquia y luego como su Oficial de Seguridad en la Presidencia de la República, cuyos vínculos con los paramilitares están ya establecidos y que no pudo ser su asesor de seguridad sin su asentimiento.
Está detrás de los Directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes. No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia.
Por supuesto, hay también testimonios en ese sentido, como los de Pablo Hernán Sierra, conocido como Alberto Sierra, comandante del Bloque Cacique Pipintá y Aldides de Jesús Durango, conocido como René, comandante del Bloque Suroeste y otros más. Pero, la cuestión no es de testimonios. Es de lógica y lógicas. Como en alguna ocasión dijo el Director de El Espectador, no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse. Por lo tanto, se ordenará expedir copias por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República”.

 Piden a Tribunal de Medellín trasladar pruebas a Fiscalía en proceso contra Uribe


Sep 9. Álvaro Uribe Vélez: dos décadas de impunidad. Por Johnson Bastidas


Uribe designa a María de Pilar Hurtado como directora del DAS. Recibió la orden de Uribe de "chuzar" las comunicaciones y hacer seguimientos a la oposición política, magistrados de la Corte Suprema de Justicia o periodistas que saben hacer su profesión. DAS-G3 entregó listas de opositores a los paramilitares que asesinaron varias personas que figuraron en aquellas listas. Después de ser desenmascarada, la directora del DAS, se vio obligada de asilarse en Panama, por recomendación de Uribe donde le otorgaron asilo. Uribe es acusado no solo por ser Padrino del paramilitarismo sino de ejercer como gobernante un Terrorismo de Estado.



Sorprende que la política editorial de los medios masivos de comunicación, nos escondan en secciones interiores, una noticia que debería ser para la primera pagina.
Ayer por decisión mayoritaria, el Tribunal Superior de Medellín, tomó la decisión de investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por promover, auspiciar y apoyar a los grupos paramilitares. La ponencia fue leída por el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del tribunal. Este tribunal ha hecho un balance de hechos delictivos, en los cuales aparece vinculado el ex presidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares en las últimas dos décadas.
Que se pida la investigación de un ex presidente por su compromiso paramilitar, parece no interesarle a los medios masivos de comunicación, más preocupados por estigmatizar a los participantes del paro agrario y popular que desde el 19 agosto cubre todo el territorio nacional.
Todo el país conoce a partir de hechos y testimonios de mucha credibilidad, que el ex presidente Uribe Vélez ha tenido un compromiso paramilitar. Sin embargo, a pesar del pedido del tribunal superior de Medellín, la impunidad seguirá reinando en torno al ex presidente, si tenemos en cuenta, que por su inmunidad, sólo el parlamento colombiano, tiene la potestad para investigarlo y judicializarlo. Todo el país sabe, que el parlamento colombiano no es una instancia creíble. Durante los temas cruciales que afectan al pueblo colombiano, el parlamento no ha tenido la estatura moral para tomar decisiones transcendentales, contrario a eso, ha legislado contra los intereses de las mayorías sucumbiendo incluso, en prácticas delincuenciales. No será en el parlamento, donde se hará justicia si no cambia la correlación de fuerzas que lo componen.

De cómo un presidente se vuelve delincuente

El sociólogo estadounidense Ch. Tilly después de años de investigación sobre el desarrollo histórico del Estado, llegó a establecer que en la configuración de los estados modernos, la guerra había jugado, y juega un papel importante. En ese desarrollo histórico, entre otras, dos instituciones han jugado un rol trascendental, ellas son; el ejército y el sistema de impuestos, instituciones que a la base son los cimientos del Estado moderno. Siendo esquemáticos, la premisa fundamental de Tilly es que la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra. Estos dos procesos son, si se quiere inter-dependientes.
De otro lado, M. Weber señaló su consabida premisa de que es el Estado el que tiene el predomino o monopolio de la fuerza. Para estos dos autores, la legitimidad aparece como un requisito fundamental para este ejercicio. Esta legitimidad en su ascensión moderna, pasa por respectar el ordenamiento jurídico, palabras más, palabras menos, el Estado de Derecho vigente, cosa que Uribe Vélez nunca hizo.
Muchos jefes de Estado se creen investidos por una misión sagrada de violar las leyes que ellos mismos han ayudado a promulgar, cuando en realidad, ningún jefe de Estado o de gobierno puede esgrimir, bajo el argumento de las amenazas contra el statu quo o las instituciones que, en aras de su defensa, el régimen que preside se puede desbordar el marco jurídico vigente. El estado y el régimen político en cabeza de un presidente o un jefe de Estado, no puede bajo ninguna circunstancia combatir une rebelión pasando por encima del Estado de derecho. Un pilar, al menos teórico de la democracia burguesa es que el Estado, y en su conjunto el régimen político, no puede recurrir al delito para combatir a quienes le compiten el monopolio de la fuerza o su legitimidad. Debemos recordar aquí, que el presidente o jefe del Estado es, el comandante en jefe de las fuerzas militares (FFMM) y que debe velar para que el poder estatal opere en los márgenes del derecho. Si no lo hace, el jefe del Estado viola el ordenamiento jurídico interno y externo ya que las normas del derecho internacional, -para el caso de una guerra o conflicto interno- han sido integradas –vía tratados- al derecho interno, como es el caso del tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Uribe Vélez ayer y Santos hoy, parecen olvidar el efecto legitimador que tienen sus actos y palabras cuando estigmatizan a una organización política opositora, como es el caso actual de la Marcha Patriótica, exponiéndola a la violencia institucional y para institucional.
En el proceso histórico de desarrollo del Estado moderno, el Estado se ve confrontado a ciertos contradictores que le cuestionan su legitimidad. En algunos casos de orden militar, las fuerzas regulares oficiales fueron incapaces de enfrentarse con éxito a fuerzas irregulares, por eso ciertos Estados y regímenes políticos crearon las famosas fuerzas paramilitares irregulares o grupos de justicia privada que fueron una extensión de la represión del Estado. Este modelo involucra dos visiones complementarias, por un lado la visión del enemigo interno, y por el otro, la visión del soldado-ciudadano que debe luchar junto al ejército oficial contra los enemigos de la patria. Este modelo paramilitar por excelencia ha sido utilizado por muchos Estados y regímenes, con el agravante de la degradación de los conflictos, la violación del Estado de derecho y del derecho de guerra. El estado participa entonces, en la criminalidad organizada.
Esta criminalidad de los aparatos de poder muestra que el crimen de Estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizá la manifestación de criminalidad realmente organizada por excelencia (Zaffaroni, 2007: 25). La gravedad de éste tipo de delincuencia radica en que el nivel superior estratégico del Estado, es decir su autoridad central utiliza, en el ejercicio de su cargo las estructuras del aparato estatal [Léase, DAS, ESMAD, FFMM, y las paraestatales, léase los paramilitares] para la comisión sistemática de delitos que por sus gravedad y riesgos de impunidad adquieren relevancia internacional (Faraldo cabana 2006:200). No se puede condenar a todos los colaboradores cercanos a Uribe Vélez, sin reclamar responsabilidades a su jefe inmediato, el comandante en jefe de las FFMM, como no se podía, en Perú condenar a Montesinos sin tocar a Fujimori. Por lo tanto, un régimen estatal que desde su nivel estratégico superior ordena la comisión de estos graves delitos no puede ser calificado como un Estado de derecho.
Hoy cuando el país vive un justo Paro agrario y popular a nivel nacional, es de extrema gravedad, cuando un presidente de la república, estigmatiza a contradictores políticos como miembros de la insurgencia armada, y posteriormente éstos son víctimas de la guerra sucia, organizada desde el Estado, o desde las fuerzas paramilitares. Este hecho consolida del dominio que el presidente ejerce sobre la organización y hará que los ejecutores estén más predispuestos hacia la comisión del delito, en tanto estos conocen e internalizan que no habrá norma o autoridad que puedes limitar o sancionar su actuar delictivo. Un comportamiento reciente, es la actuación del ESMAD ante la justa protesta campesina y popular.
En su lucha por preservar privilegios del statu quo vigente, los regímenes políticos con sus presidentes a la cabeza encubrieron la comisión de delitos graves, por acción u omisión con actos sistemáticos tendientes a anular al opositor político, tendientes a desnaturalizar al opositor político, presentándolo como insurgente, terrorista, apátrida, traidor a la patria, etc. etc. De esos señalamientos, bajo el gobierno de Uribe no se escapó ni la corte suprema de justicia, ahora Santos replica el mismo método estigmatizando a la Marcha Patriótica.
Cuando a través de pronunciamientos públicos de las más altas personalidades en la jefatura del Estado, empezando por el propio presidente de la república, el ministro de la defensa, que en muchas intervenciones reseñas por los medios de comunicación han incitado a la eliminación física de organizaciones/y o personas que han osado emitir una crítica contra su régimen acusándolas sistemáticamente de ser insurgentes, “guerrilleros de civil o simplemente terroristas”. Esto se ha interpretado como una patente de corso para que los paramilitares actúen y ejecuten a los opositores políticos, sindicalistas, defensores de DDHH, y ciudadanos en general.
Pero Uribe Vélez no es intocable, la señal más clara e importante, es el antecedente de dos jefes de Estado, uno en ejercicio (El presidente de Darfur Al Bashir) y otro ex presidente (Alberto Fujimori), no pueden ocultarse en la inmunidad propia de sus cargos, ésta no le garantiza la impunidad a ningún jefe de Estado en ejercicio para el caso de Darfur, o la inmunidad que puede garantizarse un ex presidente, que como en el caso de Fujimori controló en su momento todas las instancias de los tres poderes públicos peruanos. Los delitos cometidos por Fujimori y por Al Bashir son una gota de agua comparado con el mar de atrocidades e impunidad que ha reinado en Colombia durante los dos mandatos de Uribe Vélez y que sigue reinando hasta ahora.
Recordemos que las responsabilidades no se pueden perder en la cadena de mando. Que el presidente de la república es el comandante en jefe de las FFMM, y que un funcionario público es culpable por acción u omisión de las funciones propias de su cargo.
Le corresponderá a la justicia nacional, y si no, a la justicia internacional establecer la predisposición a la realización de hechos ilícitos del ex presidente colombiano. El corpus teórico está ahí, en la tesis de Claus Roxin (2004, 2006) el poder de mando de Uribe, su apartamiento del Estado de derecho, la fungibilidad y su disponibilidad para saltarse la constitución nacional deben ser objeto de estudio del parlamento colombiano, de la corte suprema de justicia y sino de la Corte Penal Internacional.
A pesar de que los medios de comunicación silencian el pronunciamiento del tribunal superior de Medellín, este es un hecho esperanzador para todas las miles de víctimas del terrorismo de Estado. Hoy ante la dignidad del sector agrario y popular, que se levanta en una sola voz a exigir sus derechos, el gobierno de turno repite su ciclo de señalamientos y estigmatizaciones contra el movimiento social y popular, la oligarquía colombiana no aprende, incluso en tiempos de diálogos de paz, la represión y judicialización siguen al orden del día. 
Madrid, 6 de septiembre 2013



ÁLVARO URIBE ENCABEZA MANO NEGRA QUE IMPIDE RESTITUCIÓN D


Las gracias del vice del No 82., peón y socio de la oligarquía bogotana.

Las ”inversiones” de Francisco Santos

Written By Allende La Paz 

Cambio Total.

Ha quedado palpablemente develado el por qué de la política de desplazamiento forzoso adelantado desde el Estado por la oligarquía colombiana. Es que el despojo forzoso y la apropiación indebida son las formas –violentas- de acumular riqueza, es decir, de acumular tierras para adelantar sus megaproyectos energéticos.

Desde tiempos inmemoriales la tenencia de la tierra ha tenido importancia singular. Puedes convertirte en un gran empresario del campo –no en campesino porque no saben ni manejar un azadón-, o en un monopolizador de lotes de engorde –ve usted la cantidad de lotes en las ciudades ?-, o en industrial y construyen sus industrias en terrenos apropiados indebidamente, o en urbanizador, o..., o...

La Familia López –los abuelos de Clara López- construyó una famosa carretera al Llano que, según se dijo en su momento, se había planeado y ejecutado con dineros públicos para beneficiar la finca de la familia llamada "La Libertad" (uso de dineros del Estado para favorecer una familia oligárquica tradicional).

Se dice que Andresito Pastrana se apropió de lotes por Ciudad Bolívar y hasta hubo muertos entre los pobres que querían « recuperar » esos terrenos y construir urbanizaciones populares.

Ahora, Francisco Santos –el mismo cobarde que le pidió a Carlos Castaño que conformara el Bloque Capital pero que él no quería comandarlo por le daba horrors la sangre- « pela el cobre » y se demuestra que tras su campaña contra la Paz, está su deseo –prohibido- de apropiarse de varias tierras.

En los lados de Atánquez, Chemesquemena y Guatapurí, departamento del Cesar –estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta-, Francisco Santos desde inicios del gobierno de Uribhitler viene haciéndoles coqueteos a los indígenas propietarios ancestrales de esas tierras para construir una represa en la región aprovechando las aguas del río Guatapurí, con los consabidos daños ecológicos y humanos que ella causaría. Quiénes serían los dueños de la represa : Francisco y Juan Manuel Santos.

Ahora el representante Wilson Arias denuncia « el precandidato presidencial del Centro Democrático, Francisco Santos, aparece en varios informes de la empresa Riopaila como propietario de tierras baldías y vecino de fincas cuestionadas. El exvicepresidente dijo que esas tierras se adquirieron lícitamente ». Ja !
Para qué quiere « tierras » un oligarquito de la más rancia oligarquía, dueños del diario El Tiempo ? No demuestra ésto para qué sirven las « leyes » de la república ? Se entiende ahora por qué el presidente JM Santos les ha hecho « pasito » a Riopaila. Sarmiento Ángulo, y demás empresas que se apropian fraudulentamente de los baldíos del Vichada ?

Ah, el « poder para qué » ? Para enriquecerse fraudulentamente ! Para apropiarse de las tierras que deben titularse a los campesinos, los mismos que sí trabajan la tierra y producen los alimentos que suplen las necesidades de los colombianos.

Esa es la oligarquía que pretende continuar en el poder, sea que gane un Santos, o que gane otro Santos...









HISTORIAS CANALLAS
COLOMBIA, FALSA DEMOCRACIA

CRONICÓN.NET

Colombia feroz. Del asesinato de Gaitán a la presidencia de Uribe, es el título del último libro del periodista español José Manuel Martín Medem, quien hace un análisis histórico del déficit de democracia en esta nación andina.

El autor se detiene a analizar el gobierno del cuestionado y oscuro Álvaro Uribe Vélez, quien es el único presidente en la historia de América Latina acusado simultáneamente de fraude electoral, de recibir dinero del narcotráfico para su candidatura, de sobornar a parlamentarios para conseguir su reelección, de convertir los servicios secretos en policía política, de terrorismo de Estado en complicidad con los paramilitares y de violar la soberanía nacional de Venezuela y de Ecuador.

Martín Médem en su trabajo bibliográfico de Ediciones Catarata demuestra que en el doble mandato presidencial de Uribe se condensan las estrategias de impunidad con las que los poderes económico, político y militar han impuesto durante sesenta años su modelo de apropiación de Colombia.

Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 -que impidió la democratización del país- hasta la presidencia de Álvaro Uribe -protagonizada por los paramilitares, los narcotraficantes, los grandes empresarios y la intervención de Estados Unidos- se ha ido fortaleciendo una falsa democracia que criminaliza a la oposición, bloquea la negociación con la guerrilla y aumenta constantemente las peores desigualdades sociales de América Latina.

Uribe maneja la posibilidad de una nueva reforma constitucional para su segunda reelección y también la alternativa de colocar en la presidencia a un heredero de confianza, planes que dependerán de cómo Barack Obama pretenda resolver el conflicto colombiano, en un nuevo escenario regional donde la mayoría de los gobernantes latinoamericanos reclaman respeto y colaboración.
Fuera de la presidencia, Uribe podría ser perseguido por la justicia internacional bajo la acusación de crímenes contra la humanidad.



Agosto de 2013.

José Manuel Martín Medem

En el siguiente video el periodista Hernán Zin de Hispantv entrevista a Martín Medem y al analista sobre América Latina Manuel Revuelta, quienes a partir de este libro hablar sobre la cruda realidad social y política de Colombia.



Publicado el 22/04/2013

Álvaro Uribe ha sido el único presidente en la historia de América Latina acusado simultáneamente de fraude electoral, de recibir dinero del narcotráfico para su candidatura, de sobornar a parlamentarios para conseguir su reelección, de convertir los servicios secretos en una policía política, de terrorismo de Estado en complicidad con los paramilitares y de violar la soberanía nacional de Venezuela y de Ecuador. El autor de este libro intenta demostrar que en su doble mandato presidencial, con la ferocidad de la guerra contrainsurgente compartida con Estados Unidos, se condensan las estrategias de impunidad con las que los poderes económico, político y militar han impuesto durante sesenta años su modelo de apropiación de Colombia. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, que impidió la democratización del país, hasta la presidencia de Álvaro Uribe, protagonizada por los paramilitares, los narcotraficantes, los grandes empresarios y la intervención de Estados Unidos, se ha ido fortaleciendo una falsa democracia que criminaliza a la oposición, bloquea la negociación con la guerrilla y aumenta constantemente las peores desigualdades sociales de América Latina.


Agosto de 2013.











Vergüenza de Patria tener un  representante como este delincuente, para mostrar ante el mundo; esto es apenas el ápice de lo que Él y su hermanito, el líder de "los doce apóstoles", hicieron   en su finca el Ubérrrimo y en la Carolina de propiedad de su familia. Claro que lo hizo por "el bien supremo de la Patria".


Domínico Nadal, Cambio Total.

Realmente da grima ver a los funcionarios del gobierno Santos envíandoles muestras de “admiración » a quién –está comprobado- es un narco-paramilitar. Por muy ex presidente que sea. Porque a decir verdad Colombia no se salva que las excrecencias mafiosas se hayan tomado el poder y hayan convertido la Casa de Nariño en « Casa de Nari ».

El ministro « pesista » Pinzón le envió este mensaje a Uribhitler con ocasión de su información –dice él que está errada de la cantidad de guerrilleros que tienen las FARC- : « el alto funcionario expresó “todo mi aprecio y admiración al expresidente @AlvaroUribeVel estoy seguro que no daría Información errada premeditadamente”. »

Qué vergüenza !

Y por qué Uribhitler sigue « dando lata » ? Porque los medios de comunicación en poder de la oligarquía sigue dándole espacio para que continúe su labor de subvertir el « orden constitucional ». Claro, que si Uribhitler no hubiera sido elevado a la primera magistratura por los « propios » que lo elevaron sería un « mafiosito » más, heredero de Pablo Escobar Gaviria, al igual que su primo José Obdulio.

Mas la llamada « extrema derecha », con enorme poder económico y comunicacional, le tiene « aprecio y admiración » a Uribhitler porque él se « atreve » a hablar de las cosas que los empresarios no se atreven porque entonces perderían la « teta estatal » que maman con sus contratos y con sus « legalizaciones », como el robo de baldíos.

Oh, pobre país en manos de desalmados !


Santos es malo, pero Uribe es peor

Written By Allende La Paz on sábado, agosto 10, 2013 | sábado, agosto 10, 2013

Por: Esteban Carlos Mejía

Lo digo sin rodeos: Uribe me cae como una patada en... salva sea la parte. Sus políticas me repugnan: entreguismo a trasnacionales, favorecimiento a terratenientes extranjeros y nacionales, neoliberalismo inclemente, convivencia con paramilitares, represión al pueblo, hostigamiento a magistrados, periodistas y opositores.

Me parece un capataz mediocre, rezandero y vengativo, siempre a los gritos, insultando y machacando a los que no reverencian su presunta inteligencia superior.

Sin embargo, durante sus ocho años de pérfido mandato le rogué a los dioses que no tuviera faltas temporales ni, mucho menos, absolutas, con tal de que su vice, el indescriptible Francisco Santos, alias Pachito, no fuera presidente. De rodillas le imploré a Júpiter, dios de dioses, para que protegiera a Uribe de todo mal. Le supliqué a Neptuno, dios de los mares, los terremotos y los caballos, que saliera ileso de sus cabalgatas entre culebras vivas (sic) y huevitos espurios. Hasta le recé a Marte, dios de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre, para que no le doliera ni una muela. Así fue: en el Olimpo oyeron mis súplicas. Salió sin un rasguño. Y para bien de la nación, Pachito no tuvo manera de sentarse en el solio de Bolívar.

Tres años después del milagro, a Uribe se le ha metido que el candidato de su natillera sea Pachito. No sabe uno si reír o llorar. Para empezar, en un gesto de mínima decencia, el autodenominado Centro Democrático debería cambiarse el nombre y llamarse como lo que es en realidad, Derecha Democrática. O, mejor, Extrema Derecha Democrática, si quieren meterle chispa a la campaña. Imposible, Uribe no tiene sentido del humor ni honestidad política. El Centro Democrático se seguirá llamando así, aunque su nombre sea una flagrante mentira. Al igual que su precandidato favorito, este Pachito de los mil demonios, entre cínico y candoroso, con sus ideas silvestres, su ineptitud a carta cabal y su pose de camorrista: “Las moscas se espantan / Así que lo ven, / Y él mismo al mirarse / Se asusta también”.

Puede que alguna gente vote por Uribe. Innegable. No votan, eso sí, por sus uribitos, llámense Peñalosa, Arias o Pachito. Fíjense en las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores. Uribe no ganó en ninguna parte, ni siquiera en Medellín y Antioquia. ¿Pasará lo mismo en las presidenciales? Todavía no he consultado a Apolo, dios de la profecía. Ya veremos. Mientras tanto, créanme una cosa: Juan Manuel es malo, pero Pachito es peor. Créanme aún más, los dos Santos son malos, pero Uribe es peor. ¿Peor? Pésimo. No, qué digo. ¡Perverso! O sea, “sumamente malo, que causa daño intencionadamente, que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas”, según la definición de la impasible y, no pocas veces, temeraria Real Academia Española.

Rabito de paja: ¿Quiénes son los espías uribistas en los cuarteles? El ministrico Pinzón, que habla tan bonito, ¿por qué calla? El general Navas, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que el sapo era “un traidor”. ¿Será acaso el general León, de la Policía, que tanto extraña a Uribe? ¿Ya las fuerzas están listas para el ruido de sables?

Rabillo: “No existe ideal que no esté encendido por una gran pasión”. Norberto Bobbio, en Derecha e izquierda, 1995.

Otra demanda para sumar a su prontuario




Amenaza el Presidente el Accionar Popular y Social


A un país insatisfecho, agitado por la grave crisis social y humanitaria y luego de medio siglo de conflicto social y armado, el Presidente responde, a las exigencias justas de las comunidades y gremios, amenazando con la tradicional formula del garrote.

No tiene respuestas para las reclamaciones de los campesinos del Catatumbo, de las comunidades mineras de cinco departamentos que están en pie de lucha exigiendo modificaciones al código minero y que no los traten como delincuentes.

Para las movilizaciones anunciadas del próximo mes, los cafeteros que están sufriendo los efectos del TLC y el gobierno les incumplió los acuerdos hechos en el anterior paro, de los paperos, cacaoteros, lecheros por igual motivo, de los camioneros que ya no pueden sufragar los altos costos de operación y otros sectores sociales y trabajadores que vienen preparándose para sumarse a las luchas, como es el caso de la salud.

Señor Presidente, las luchas que hoy se desarrollan en diversas regiones del país y las que se preparan, son continuación de otras que se acallaron con promesas incumplidas de los gobiernos de turno, que se replegaron atemorizaron con muertos, heridos y judicializados a montón. Los que hoy marchan, llevan la ira represada, el dolor por sus muertos, desaparecidos, detenidos arbitrariamente y sus desplazados.

Estas movilizaciones, son el producto de las políticas erráticas de los gobiernos oligárquicos, que no dan soluciones a las insatisfacciones de las comunidades y los gremios.

Ud. Señor Presidente y todos los políticos colombianos, de cualquier tendencia, saben que las guerrillas enarbolan las justas peticiones de los sectores populares y sociales porque nacimos y somos hijos de esos luchadores, fruto de ese sentimiento de exclusión y de sus luchas; por lo tanto es lógico que coincidamos en las búsquedas, objetivos, y propósitos.

Y nada más criminal que hacer de estas coincidencias la justificación para reprimir con el argumento que las organizaciones movilizadas están infiltradas por las guerrillas. Esta afirmación además, tiende a ilegalizar el derecho a la lucha y la protesta social.

Al persistir las causas que obligan a los sectores populares y sociales a la protesta y lucha directa, que son las mismas que originaron el alzamiento armado, es apenas lógico que hoy estas dos expresiones de lucha coincidan y tomen aliento.

Los policías y militares que usted manda a reprimirlos, son parte de unas Fuerzas Armadas que ayer ocuparon esos mismos territorios para masacrar a los familiares, amigos y vecinos de quienes hoy están marchando. Por eso, es absurdo que usted solicite mesura al tiempo que amenaza, cuando el régimen del que usted es hoy Presidente, es el responsable en primer grado, de la violencia y de la muerte contra quienes desarrollan las justas luchas de los desposeídos de siempre.

A la vez que el Presidente reprime a sangre y fuego las movilizaciones sociales, lanza operativos contrainsurgentes, mientras estigmatiza a las guerrillas aduciendo que ellas engañan, cambian el lenguaje y no se ciñen a las reglas del juego cuando dialogan.

Tal afirmación es una patraña confusionista en la que los grandes medios de información asumen el papel de contra-informadores. Se le olvida que los diálogos para llegar a la paz no se reducen solo a solucionar el conflicto militar, sino también para resolver el conflicto social, que es el origen de la guerra actual.

Quienes se ilusionaron al comienzo con la política santista, han ido comprendiendo que su estrategia sobre la paz y los problemas acumulados del país es demagógica, que solo se diferencia de sus antecesores en la metodología. Ella no soporta la crudeza de la realidad política, económica y social que padece Colombia que requiere de profundos cambios que afectarán intereses de la oligarquía y el imperialismo, por aquello que “a grandes males grandes remedios”.

Las FARC y el ELN jamás han dicho al Presidente ni dado a entender, que tienen disposición de desmovilizarse y entregar sus armas; la disposición es acordar un cese bilateral del fuego, para aclimatar la paz y generar confianzas. Tampoco se les ha dicho eso a los anteriores gobiernos oligárquicos y excluyentes, acostumbrados a gobernar de espaldas al pueblo usando el Terrorismo de Estado y entregando a las grandes potencias por migajas, las riquezas del país a cambio que les respalden en su guerra contra “el enemigo interno”.

Es ilusorio que la oligarquía piense que los diálogos hoy, son con una guerrilla derrotada o desmoralizada; Su arrogancia y prepotencia, siempre los ha llevado a subestimar a quienes tienen dignidad para asumir las consecuencias bien sea en la lucha popular, o la lucha revolucionaria y no aceptan mansamente sus imposiciones desmedidas.

No hemos ocultado los golpes recibidos en la confrontación eso es de conocimiento público y ha ocurrido tanto en el caso de la insurgencia como en el movimiento popular, casi destruido por la guerra sucia, en la que militares y paramilitares fueron una sola fuerza.

Estas fuerzas insurgentes alzadas en armas se mantienen activas casi 50 años después, porque se identifican con los intereses de amplios sectores de la población, y lucha por la paz con justicia y equidad social, democracia y soberanía.

La oligarquía se niega a aceptar esta realidad y solo tiene como fórmula para la paz, la desmovilización y desarme o guerra sin cuartel contra las guerrillas, y cero respecto de los cambios que el país necesita para que se logre una paz verdadera.

Pero no solo es ciega la postura del Presidente Santos sobre la realidad del país, sino intolerante, pues ni siquiera permite las críticas de sus asociados de la ONU, que cuestionan en su último informe el respeto a los Derechos Humanos en Colombia, la aprobación del Fuero Militar; y acaban de ratificar las pruebas presentadas por otros testigos, de que fueron las fuerzas Armadas gubernamentales las que asesinaron a cuatro marchantes en Tibú y produjeron heridas a cerca de 20 personas.

Quien puede afirmar con responsabilidad que en Colombia se avanza satisfactoriamente en materia de Derechos humanos, como lo afirma el Presidente Santos? Acaso se quiere ignorar que mas del 93 por ciento de las masacres producidas por paramilitares y militares, siguen en la impunidad?, y que en tan horrendos crímenes los paramilitares usaron los aviones, helicópteros y otros vehículos de las Fuerzas Armadas?

De nuevo queda claro que la posición intransigente de los señores del poder, sigue apostándole a la prolongación de la larga noche del conflicto social y armado.

Lo anterior convierte en un imperativo, la urgencia de unir todos los esfuerzos del pueblo, la sociedad entera, los demócratas, progresistas y revolucionarios para respaldar las luchas populares y sociales y trabajar por la creación del gran movimiento popular y social por la paz, porque no podemos seguir permitiendo que un puñado de mezquinos potentados, le sigan imponiendo a las grandes mayorías, sus designios guerreristas.

   Tiro Indirecto

Cuentan que la primera vez que a un pigmeo del Congo oriental,  acostumbrado a una visión de corta distancia, se le subió a una cumbre, confundió una manada de elefantes con moscas.

Igual nos ocurre a los colombianos, acostumbrados como estamos a soportar la violencia, que nos dota de una visión corta de la vida. Por lo que se nos dificulta, tan siquiera imaginar cómo sería este país sin violencia y de esta forma percibimos los grandes retos de la paz, como si se tratara de pequeñas cosas.

Esta anécdota sirve para medir el alcance de la Declaración por la paz, hecha hace pocos días, por los dos máximos comandantes de las guerrillas colombianas. Hay que recordar que sólo se han hecho dos Cumbres de este tipo, en medio siglo de insurgencia y que la primera se hizo hace 23 años.

Este mensaje de las guerrillas demuestra voluntad por la solución política del conflicto, al proponer una fase de transición pacífica, en la que se democratizaría al país.

Materializar esta propuesta crearía un ambiente de reconciliación, que canalizaría la resolución de los conflictos, pero sería una mentira afirmar que va a desaparecer el choque de intereses.

La puja por el poder seguiría, pues mientras unos querrán hacer reformas para resanar al capitalismo marchito, los revolucionarios buscamos hacerlas como parte de la lucha anti sistema.
Desarrollar el pulso entre el viejo sistema y el que debe reemplazarlo, en medio del silenciamiento de las armas, es el reto que significa la solución política del conflicto.

La lucha política entre la elite dominante y las fuerzas populares, es un conflicto que va más allá de tomarse el gobierno, porque esta meta, apenas es una parte de la construcción de un poder popular, que garantiza el avance de la revolución.

En medio de esta crisis capitalista, W Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, con lucidez dice que:
“Hay una guerra de clases que se está librando desde hace 20 años, y mi clase ha ganado”.
Librar en Colombia esta lucha de clases sin armas, es el experimento que hoy se debate y para desarrollarlo es que se pactan reglas, una verificación y sanción para los infractores.

Con esta modalidad de tiro indirecto se reemplazaría los tiros, que tradicionalmente nos hemos cruzado.

ELN rechaza condiciones impuestas por Santos para diálogos

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PL -  El Ejército de Liberación Nacional (ELN) rechazó hoy las condiciones impuestas por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de liberar a un canadiense en poder de esa guerrilla, a cambio de iniciar una mesa de paz. El máximo líder de esa fuerza insurgente, Nicolás Rodríguez, respondió al gobierno en una carta abierta divulgada en su sitio en Internet, que mantiene su disposición a dialogar para buscar la paz con justicia social en el país, pero sin condiciones.
El presidente, subraya la misiva, ha usado los medios de comunicación poniéndole condiciones al ELN para conversar. Si de ello se trata, nosotros tendríamos igualmente muchos condicionantes.
“Por ejemplo, agrega, que aparezcan los desaparecidos por los agentes del Estado, que se den las garantías para que retornen a los lugares de origen los más de cinco millones de desplazados, que se haga justicia con los responsables intelectuales y de los mal llamados falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales).
Rodríguez llama al gobierno a la coherencia para seguir caminando hacia una posible mesa de diálogo. “Mientras se nos solicita confidencialidad, el presidente se atribuye el derecho de usar los micrófonos y los medios para poner condiciones”, enfatiza.
El guerrillero resalta que fue el gobierno que definió conversar en medio del conflicto, con el argumento de que un cese del fuego beneficiaría a la insurgencia. Si es así, indica, por qué ahora condicionar el diálogo ante determinado accionar insurgente.
Por otro lado insta a la empresa canadiense Braewal Mining a devolver a las comunidades del sur del departamento de Bolívar cuatro títulos mineros que adquirió “de manera fraudulenta y bajo sobornos”.
Ante esa solicitud, añade, la multinacional canadiense guarda silencio y el gobierno responde militarizando la zona en su intento de lograr rescatar por la vía militar al geólogo Jernoc Wobert.
El 3 de julio pasado, durante su visita a Suiza, el mandatario colombiano condicionó una posible mesa de conversaciones paralela con esa guerrilla a cambio de la liberación de Wobert.

FARC decide liberar a soldado estadounidense capturado en actividad de inteligencia

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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunció el viernes mediante comunicado que ofrece liberar a un militar de Estados Unidos, capturado el pasado 20 de junio en Colombia, en el marco del proceso de paz que actualmente lleva con el Gobierno.
El soldado estadounidense Kevin Scott Sutay fue capturado el día 20 de junio de 2013 en el municipio del Retorno, departamento del Guaviare (Amazonía), quien aseguró ser miembro de la Armada de los Estados Unidos desde el 17 de noviembre de 2009 hasta el día 22 de marzo de 2013, precisa el comunicado.
Las FARC señalan que con la captura de Kevin se “pone de manifiesto la activa participación sobre el terreno, de militares y mercenarios norteamericanos en operaciones de contra insurgencia” usados en campañas de agresión contra los pueblos.
Solicitaron que se instale una comisión humanitaria que lidere la activista de Derechos Humanos, Piedad Córdoba, junto a un delegado de la comunidad de Saint Egidio y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Denunciaron que a pesar “del negocio criminal del que aspiran ser parte el presidente Santos, su ministro de defensa y los generales, cuando anuncian a los cuatro vientos la suscripción de un acuerdo de cooperación con la OTAN”, les asiste el derecho de mantener al soldado Kevin Scott como prisionero de guerra.
Sin embargo, decidieron liberarlo como “gesto que se enmarca dentro del ambiente de las conversaciones que se adelantan en La Habana (Cuba) con el gobierno colombiano”, con miras a poner fin al conflicto social y armado que vive el país.
El proceso de conversaciones arrancó a finales de 2012, donde tanto el Gobierno de Colombia como las FARC-EP, buscan lograr avances en el tema de la participación política, las drogas ilícitas, el abandono de las armas y la reparación a las víctimas.
El conflicto armado en la nación suramericana, ha dejado casi 4 millones de desplazados y 600 mil muertos en aproximadamente 50 años, en cuyo proceso también han participado grupos de insurgentes, paramilitares de derecha y organizaciones relacionadas con el narcotráfico.
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