La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordena que se investiguen a varios funcionarios y ex funcionarios públicos y a empresarios, de posibles omisiones o complicidades con el paramilitarismo.
En una de las decisiones más trascendentales que hasta el momento se han tomado en tribunales de justicia transicional en el país, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó investigar a una decena de ex funcionarios y ex militares de alto nivel por la posible comisión de diversos delitos relacionados con el paramilitarismo. Esta semana, como lo informó VerdadAbierta.com, la Sala anunció que pediría a la Cámara de Representantes investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez. (ver nota).
La decisión, tomada en sala mayoritaria (dos de tres magistrados), fue leída en Medellín durante una audiencia de control de legalidad de cargos contra siete desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes aspiraban a obtener los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, entre ellos, la pena alternativa de ocho años de cárcel.
La magistratura ordenó investigar a la ex fiscal Viviane Morales Hoyos, al Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Eberto Rodríguez Hernández, al Fiscal 28 de la Unidad Delegada de Fiscalía contra el Terrorismo de la época (2009 - 2011) y al Fiscal 7 Delegado ante la Corte, “por el posible delito de prevaricato por omisión, por su omisión en la investigación y juicio de los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón y de los demás generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.
Ambos oficiales, el primero de ellos del Ejército y el segundo de la Policía, estuvieron destacados en Medellín para octubre de 2002, cuando se realizó la llamada ‘Operación Orión’, una acción conjunta de fuerzas de seguridad del Estado ordenada por el entonces presidente Uribe Vélez para retomar la comuna 13, dominada en ese momento por milicias de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo.
Los diversos testimonios y versiones, entre ellas la confesión de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, llevaron a la Sala a establecer que existen sospechas suficientes de que en esa acción militar, los miembros del Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) pudieron haber participado de manera concertada con los altos oficiales.
La Sala de Justicia y Paz de Medellín también ordenó investigar a los ex generales Oscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño (fallecido en un accidente en el 2007) e Iván Ramírez; al Teniente Coronel John Jairo Cardona Chaparro y al coronel Germán Morantes Hernández. A todos ellos pidió ser investigarlos para determinar si “promovieron, organizaron y apoyaron a los grupos paramilitares y/o se concertaron con éstos”.
Semanas atrás, la Sala ya había ordenado investigar al general retirado Alejandro Navas Ramos, quien se desempeñó hasta hace poco como comandante de las Fuerzas Militares, por su presunta responsabilidad en la masacre de La Horqueta, ocurrida en la Mesa, Cundinamarca, el 21 de noviembre de 1997, en la que murieron 14 personas, época en la cual el oficial, siendo Teniente Coronel estuvo al mando del batallón Miguel Antonio Caro, guarnición clave en la comisión del múltiple crimen perpetrado por un comando conjunto de militares y paramilitares llevados allí desde el Urabá antioqueño.
“La Fiscalía deberá informar a esta Sala de todas las investigaciones que se adelantan contra generales y altos oficiales de las Fuerzas Militares y del Estado de su proceso, incluidos los mencionados en el párrafo anterior, e identificar a los que aún no lo han sido plenamente en esta decisión”, anunció el magistrado Darío Pinilla Cogollo, quien presidía la audiencia.
Esta magistratura también le exigió al Ente Acusador investigar e informar de los procesos que se adelantan contra un grupo de empresarios privados que han sido mencionados a lo largo del proceso que se lleva contra el Bloque Cacique Nutibara de las Auc, para establecer si estuvieron “comprometidos en la promoción, organización, financiación y apoyo de grupos paramilitares”.
Una de las decisiones que más llama la atención es la solicitud de la Sala de investigar a varios funcionarios judiciales, sobre quienes dice se debe establecer “conducta y omisiones en la investigación de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario” asociadas al paramilitarismo. Se trata de la Fiscal 6 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz, Oher Hadith Hernández Roa; al Fiscal 64 Delegado, Javier Girón Rodríguez; al Fiscal 90 Delegado, Hernando Antonio Bustamante Triviño; al Fiscal 129 Delegado, Hugo Alberto Gómez Lemus; al Fiscal 3 Delegado, Carlos Alberto Rico Correa; al Fiscal 113 Delegado, Milton Javier Rodríguez; al Fiscal Primero Delegado, Rafael Antonio Vargas Gallo; al Fiscal 14 Delegado, Guillermo Alonso Uribe Rueda; la Fiscal 51 Delegada, Ana Lucia Jiménez Zapata, y policía judicial identificado como ‘Australia Cuatro’, quien además deberá ser investigado por el delito de concierto para delinquir.
Adicional a ello, y teniéndolo en frente de la audiencia, pues es el fiscal que lleva el proceso del Bloque Cacique Nutibara, la magistratura anunció el envío de copias de esta decisión a la Fiscalía General de la Nación para que “evalúe el cumplimiento de sus funciones” del Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro Ávila, así como de los Juan Guillermo Jiménez Moreno; María del Pilar Vélez Estrada; Elizabeth Chilamak Neira, Fiscal 89 Delegada; Matilde Cardona, Fiscal 22 Delegada; Alexandra Vélez Rincón, Fiscal 104 Delegada; y Diana Builes González, Fiscal 23 Delegada.
Otra decisión trascendental para el caso de Medellín tiene que ver con la expedición de copias a la jurisdicción pertinente de la decisión asumida en sala mayoritaria y de las pruebas correspondientes con destino a la investigación que se le adelanta a Luis Pérez Gutiérrez por el posible "concierto con las bandas o grupos armados ilegales en las elecciones del 2.007 y de 2.011 y los delitos electorales cometidos por éstos”.
Asimismo, le hizo un llamado a la Alcaldía de Medellín para que en “asocio de las autoridades competentes, y en cumplimiento de los compromisos y deberes internacionales del Estado”, tome las medidas necesarias para “suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos y delimitados como la Escombrera y la Arenera de Medellín y rehabilitar esas zonas de tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados en esa zona, con audiencia y opinión de las víctimas. La Sala lo exhorta a cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas y al cumplimiento de ese deber”.
Ambos sitios están en laderas de la comuna 13, zona occidental de la ciudad, donde los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, tuvieron una fuerte injerencia, sobre todo después de octubre de 2002, cuando se ejecutó la llamada ‘Operación Orión’. Se presume que en el área están sepultadas cientos de personas asesinadas y desaparecidas por estas facciones paramilitares. Con esa decisión, se cumple un anhelo de las víctimas, quienes infructuosamente han reclamado acciones de la administración municipal desde hace varios años sin resultado alguno
Consideró la Sala que la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal “tienen el deber de adoptar e implementar mecanismos eficaces para garantizar la búsqueda y protección de los desaparecidos, los cuales han sido ineficaces. La Sala los exhorta a cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas”.
La Sala expedirá copias de decisión para ser trasladadas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para efectos de la evaluación y seguimiento que adelanta de la situación de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia.
Por último, y teniendo en cuenta que se trataba de una audiencia de control de legalidad de cargos, requisito indispensable para optar por los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años, la Sala consideró que los ex paramilitares del Bloque Cacique Nutibata que comparecieron ante ella no cumplieron con los requisitos de verdad y reparación, por lo tanto ordenó excluir del proceso a Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, alias ‘Bertico’ o ‘Cañitas’; Néstor Eduardo Cardona Cardona, alias ‘el Mono’ o ‘Alpinito’; Juan Fernando Chica Atehortúa; Édgar Alexander Erazo Guzmán, alias ‘Alex el Bonito’; Mauro Alexander Mejía Ocampo, alias ‘el Aguacate’ o ‘Mauro’; Juan Mauricio Ospina Bolívar, alias ‘el Rolo’; y Wander Ley Viasus Torres.
El auto proferido en sala mayoritaria de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín tuvo un salvamento de voto del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, quien se mostró contrario a buena parte de sus contenidos. En relación con la orden dada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Uribe, aseveró que se llegó a ella a través de conclsuiones generalizadas y no acertadas.
Asimismo se mostró contrariado con relación a la orden de investigar a una decena de funcionarios y exfuncionarios, particularmente de la Fiscalía General de la Nación, entre ellas a la exfiscal Viviane Morales Hoyos, pues estimó que se podría incurrir en una extralimitación de funciones. De otro lado, llamó la atención sobre los postulados en riesgo de ser excluidos, pues de un lado se le dio credibilidad a sus versiones y, de otro, decide excluirlos del proceso de Justicia y Paz.
El magistrado Cárdenas cuestionó el hecho de ordenar una investigación contra el exgeneral Alejandro Navas por la masacre de La Horqueta, Cundinamarca, pues las declaraciones en su contra no provinieron de los postulados del Bloque Cacique Nutibara sino del Bloque Elmer Cárdenas, lo que impide que sea presentada en este proceso.
Finalmente, la decisiòn de excluir a estos siete postulados del Bloque Cacique Nutibara fue apelada por los representantes de la Fiscalía, la Procuraduria, por su abogado defensor y por los representantes de victimas. En esta audiencia no se expusieron las razones de su apelación, las cuales se presentarán el próximo 18 de octubre. De ratificarse la decisión, los exparamilitares deberán ser procesados por la justicia ordinaria, responder en ella por sus delitos y, de ser condenados, afrontarán penas que superarían los 20 años de cárcel.
Esta es la providencia del Magistrado Pinilla con la cual responsabiliza a Álvaro Uribe Vélez del surgimiento paramilitar
El mensaje del expresidente Uribe titulado ¿Por qué soy paramilitar?, es la respuesta a la providencia emitida en su contra el pasado 6 de septiembre por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz en cabeza del Magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo. En el documento se involucra al exmandatario como uno de los responsables del nacimiento del fenómeno paramilitar en Colombia. El siguiente es el aparte sobre la probable responsabilidad del expresidente:
Responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez
El nombre del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado en este texto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos. A manera de recapitulación, está detrás de Pedro Juan Moreno Villa, quien fue su Secretario de Gobierno mientras se desempeñó como Gobernador de Antioquia y quien no sólo concibió y desarrolló el proyecto de COOSERCOM como un laboratorio del paramilitarismo, sino que ha sido señalado como uno de los 6 ó 12 líderes que definían y orientaban la política de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
Conjuntamente con éste, está detrás de la promoción, impulso y apoyo de las Convivir en Antioquia, que van a ser un germen del paramilitarismo, entre las cuales se cuenta la Convivir Papagayo, la más emblemática de todas, y a las que tenía el deber de hacerles seguimiento, de conformidad con los decretos de ley.
Está detrás de la hacienda Guacharacas, donde se asentó la Convivir El Cóndor y que, al decir de Jhon Fredy González Isaza, eran los mismos paramilitares y cuyo administrador era un colaborador de éstos.
Está detrás de la pacificación de Urabá durante su período como Gobernador, que el exaltó y promovió como un ejemplo nacional, realizada de la mano del General Rito Alejo del Río y los paramilitares de la región.
Está detrás del homenaje de desagravio realizado en el Hotel Tequendama a dicho General, después de haber sido retirado por sus vínculos con los paramilitares, para el cual vino exclusivamente desde el exterior y actuó como oferente y orador.
Está detrás de las omisiones en la masacre del Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situación y a cuya comunidad no le brindó apoyo durante 7 días y luego desmintió las denuncias.
Está detrás de la Operación Orión y la toma de la Comuna 13, realizada concertadamente con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara con el fin de eliminar el último bastión de las milicias urbanas y consolidar el dominio de dicho bloque, como lo reconoció Diego Fernando Murillo Bejarano, que él ordenó y a cuya Edificio Lara Bonilla. Calle 49 51-52, piso 2°, Teléfono 5119284 relatoría@saladejusticiaypazmedellin.com 4 Relatoría Sala de Justicia y Paz iniciación y despliegue asistió.
Está detrás de la negociación con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, con cuyos votos salió elegido como confesaron varios comandantes y del proyecto de alternatividad penal presentado originalmente al Congreso que aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, mientras le declaraba la guerra total a las demás organizaciones armadas ilegales.
Está detrás del General Mauricio Santoyo, a su servicio como Gobernador de Antioquia y luego como su Oficial de Seguridad en la Presidencia de la República, cuyos vínculos con los paramilitares están ya establecidos y que no pudo ser su asesor de seguridad sin su asentimiento.
Está detrás de los Directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes. No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia.
Por supuesto, hay también testimonios en ese sentido, como los de Pablo Hernán Sierra, conocido como Alberto Sierra, comandante del Bloque Cacique Pipintá y Aldides de Jesús Durango, conocido como René, comandante del Bloque Suroeste y otros más. Pero, la cuestión no es de testimonios. Es de lógica y lógicas. Como en alguna ocasión dijo el Director de El Espectador, no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse. Por lo tanto, se ordenará expedir copias por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República”.
Piden a Tribunal de Medellín trasladar pruebas a Fiscalía en proceso contra UribeSep 9. Álvaro Uribe Vélez: dos décadas de impunidad. Por Johnson Bastidas
Uribe designa a María de Pilar Hurtado como directora del DAS. Recibió la orden de Uribe de "chuzar" las comunicaciones y hacer seguimientos a la oposición política, magistrados de la Corte Suprema de Justicia o periodistas que saben hacer su profesión. DAS-G3 entregó listas de opositores a los paramilitares que asesinaron varias personas que figuraron en aquellas listas. Después de ser desenmascarada, la directora del DAS, se vio obligada de asilarse en Panama, por recomendación de Uribe donde le otorgaron asilo. Uribe es acusado no solo por ser Padrino del paramilitarismo sino de ejercer como gobernante un Terrorismo de Estado.
Sorprende que la política editorial de los medios masivos de comunicación, nos escondan en secciones interiores, una noticia que debería ser para la primera pagina.
Ayer por decisión mayoritaria, el Tribunal Superior de Medellín, tomó la decisión de investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por promover, auspiciar y apoyar a los grupos paramilitares. La ponencia fue leída por el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del tribunal. Este tribunal ha hecho un balance de hechos delictivos, en los cuales aparece vinculado el ex presidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares en las últimas dos décadas.
Que se pida la investigación de un ex presidente por su compromiso paramilitar, parece no interesarle a los medios masivos de comunicación, más preocupados por estigmatizar a los participantes del paro agrario y popular que desde el 19 agosto cubre todo el territorio nacional.
Todo el país conoce a partir de hechos y testimonios de mucha credibilidad, que el ex presidente Uribe Vélez ha tenido un compromiso paramilitar. Sin embargo, a pesar del pedido del tribunal superior de Medellín, la impunidad seguirá reinando en torno al ex presidente, si tenemos en cuenta, que por su inmunidad, sólo el parlamento colombiano, tiene la potestad para investigarlo y judicializarlo. Todo el país sabe, que el parlamento colombiano no es una instancia creíble. Durante los temas cruciales que afectan al pueblo colombiano, el parlamento no ha tenido la estatura moral para tomar decisiones transcendentales, contrario a eso, ha legislado contra los intereses de las mayorías sucumbiendo incluso, en prácticas delincuenciales. No será en el parlamento, donde se hará justicia si no cambia la correlación de fuerzas que lo componen.
De cómo un presidente se vuelve delincuente
El sociólogo estadounidense Ch. Tilly después de años de investigación sobre el desarrollo histórico del Estado, llegó a establecer que en la configuración de los estados modernos, la guerra había jugado, y juega un papel importante. En ese desarrollo histórico, entre otras, dos instituciones han jugado un rol trascendental, ellas son; el ejército y el sistema de impuestos, instituciones que a la base son los cimientos del Estado moderno. Siendo esquemáticos, la premisa fundamental de Tilly es que la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra. Estos dos procesos son, si se quiere inter-dependientes.
De otro lado, M. Weber señaló su consabida premisa de que es el Estado el que tiene el predomino o monopolio de la fuerza. Para estos dos autores, la legitimidad aparece como un requisito fundamental para este ejercicio. Esta legitimidad en su ascensión moderna, pasa por respectar el ordenamiento jurídico, palabras más, palabras menos, el Estado de Derecho vigente, cosa que Uribe Vélez nunca hizo.
Muchos jefes de Estado se creen investidos por una misión sagrada de violar las leyes que ellos mismos han ayudado a promulgar, cuando en realidad, ningún jefe de Estado o de gobierno puede esgrimir, bajo el argumento de las amenazas contra el statu quo o las instituciones que, en aras de su defensa, el régimen que preside se puede desbordar el marco jurídico vigente. El estado y el régimen político en cabeza de un presidente o un jefe de Estado, no puede bajo ninguna circunstancia combatir une rebelión pasando por encima del Estado de derecho. Un pilar, al menos teórico de la democracia burguesa es que el Estado, y en su conjunto el régimen político, no puede recurrir al delito para combatir a quienes le compiten el monopolio de la fuerza o su legitimidad. Debemos recordar aquí, que el presidente o jefe del Estado es, el comandante en jefe de las fuerzas militares (FFMM) y que debe velar para que el poder estatal opere en los márgenes del derecho. Si no lo hace, el jefe del Estado viola el ordenamiento jurídico interno y externo ya que las normas del derecho internacional, -para el caso de una guerra o conflicto interno- han sido integradas –vía tratados- al derecho interno, como es el caso del tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Uribe Vélez ayer y Santos hoy, parecen olvidar el efecto legitimador que tienen sus actos y palabras cuando estigmatizan a una organización política opositora, como es el caso actual de la Marcha Patriótica, exponiéndola a la violencia institucional y para institucional.
En el proceso histórico de desarrollo del Estado moderno, el Estado se ve confrontado a ciertos contradictores que le cuestionan su legitimidad. En algunos casos de orden militar, las fuerzas regulares oficiales fueron incapaces de enfrentarse con éxito a fuerzas irregulares, por eso ciertos Estados y regímenes políticos crearon las famosas fuerzas paramilitares irregulares o grupos de justicia privada que fueron una extensión de la represión del Estado. Este modelo involucra dos visiones complementarias, por un lado la visión del enemigo interno, y por el otro, la visión del soldado-ciudadano que debe luchar junto al ejército oficial contra los enemigos de la patria. Este modelo paramilitar por excelencia ha sido utilizado por muchos Estados y regímenes, con el agravante de la degradación de los conflictos, la violación del Estado de derecho y del derecho de guerra. El estado participa entonces, en la criminalidad organizada.
Esta criminalidad de los aparatos de poder muestra que el crimen de Estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizá la manifestación de criminalidad realmente organizada por excelencia (Zaffaroni, 2007: 25). La gravedad de éste tipo de delincuencia radica en que el nivel superior estratégico del Estado, es decir su autoridad central utiliza, en el ejercicio de su cargo las estructuras del aparato estatal [Léase, DAS, ESMAD, FFMM, y las paraestatales, léase los paramilitares] para la comisión sistemática de delitos que por sus gravedad y riesgos de impunidad adquieren relevancia internacional (Faraldo cabana 2006:200). No se puede condenar a todos los colaboradores cercanos a Uribe Vélez, sin reclamar responsabilidades a su jefe inmediato, el comandante en jefe de las FFMM, como no se podía, en Perú condenar a Montesinos sin tocar a Fujimori. Por lo tanto, un régimen estatal que desde su nivel estratégico superior ordena la comisión de estos graves delitos no puede ser calificado como un Estado de derecho.
Hoy cuando el país vive un justo Paro agrario y popular a nivel nacional, es de extrema gravedad, cuando un presidente de la república, estigmatiza a contradictores políticos como miembros de la insurgencia armada, y posteriormente éstos son víctimas de la guerra sucia, organizada desde el Estado, o desde las fuerzas paramilitares. Este hecho consolida del dominio que el presidente ejerce sobre la organización y hará que los ejecutores estén más predispuestos hacia la comisión del delito, en tanto estos conocen e internalizan que no habrá norma o autoridad que puedes limitar o sancionar su actuar delictivo. Un comportamiento reciente, es la actuación del ESMAD ante la justa protesta campesina y popular.
En su lucha por preservar privilegios del statu quo vigente, los regímenes políticos con sus presidentes a la cabeza encubrieron la comisión de delitos graves, por acción u omisión con actos sistemáticos tendientes a anular al opositor político, tendientes a desnaturalizar al opositor político, presentándolo como insurgente, terrorista, apátrida, traidor a la patria, etc. etc. De esos señalamientos, bajo el gobierno de Uribe no se escapó ni la corte suprema de justicia, ahora Santos replica el mismo método estigmatizando a la Marcha Patriótica.
Cuando a través de pronunciamientos públicos de las más altas personalidades en la jefatura del Estado, empezando por el propio presidente de la república, el ministro de la defensa, que en muchas intervenciones reseñas por los medios de comunicación han incitado a la eliminación física de organizaciones/y o personas que han osado emitir una crítica contra su régimen acusándolas sistemáticamente de ser insurgentes, “guerrilleros de civil o simplemente terroristas”. Esto se ha interpretado como una patente de corso para que los paramilitares actúen y ejecuten a los opositores políticos, sindicalistas, defensores de DDHH, y ciudadanos en general.
Pero Uribe Vélez no es intocable, la señal más clara e importante, es el antecedente de dos jefes de Estado, uno en ejercicio (El presidente de Darfur Al Bashir) y otro ex presidente (Alberto Fujimori), no pueden ocultarse en la inmunidad propia de sus cargos, ésta no le garantiza la impunidad a ningún jefe de Estado en ejercicio para el caso de Darfur, o la inmunidad que puede garantizarse un ex presidente, que como en el caso de Fujimori controló en su momento todas las instancias de los tres poderes públicos peruanos. Los delitos cometidos por Fujimori y por Al Bashir son una gota de agua comparado con el mar de atrocidades e impunidad que ha reinado en Colombia durante los dos mandatos de Uribe Vélez y que sigue reinando hasta ahora.
Recordemos que las responsabilidades no se pueden perder en la cadena de mando. Que el presidente de la república es el comandante en jefe de las FFMM, y que un funcionario público es culpable por acción u omisión de las funciones propias de su cargo.
Le corresponderá a la justicia nacional, y si no, a la justicia internacional establecer la predisposición a la realización de hechos ilícitos del ex presidente colombiano. El corpus teórico está ahí, en la tesis de Claus Roxin (2004, 2006) el poder de mando de Uribe, su apartamiento del Estado de derecho, la fungibilidad y su disponibilidad para saltarse la constitución nacional deben ser objeto de estudio del parlamento colombiano, de la corte suprema de justicia y sino de la Corte Penal Internacional.
A pesar de que los medios de comunicación silencian el pronunciamiento del tribunal superior de Medellín, este es un hecho esperanzador para todas las miles de víctimas del terrorismo de Estado. Hoy ante la dignidad del sector agrario y popular, que se levanta en una sola voz a exigir sus derechos, el gobierno de turno repite su ciclo de señalamientos y estigmatizaciones contra el movimiento social y popular, la oligarquía colombiana no aprende, incluso en tiempos de diálogos de paz, la represión y judicialización siguen al orden del día.
Madrid, 6 de septiembre 2013
ÁLVARO URIBE ENCABEZA MANO NEGRA QUE IMPIDE RESTITUCIÓN DLas gracias del vice del No 82., peón y socio de la oligarquía bogotana.Las ”inversiones” de Francisco Santos
Written By Allende La Paz
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CRONICÓN.NET
Colombia feroz. Del asesinato de Gaitán a la presidencia de Uribe, es el título del último libro del periodista español José Manuel Martín Medem, quien hace un análisis histórico del déficit de democracia en esta nación andina.
El autor se detiene a analizar el gobierno del cuestionado y oscuro Álvaro Uribe Vélez, quien es el único presidente en la historia de América Latina acusado simultáneamente de fraude electoral, de recibir dinero del narcotráfico para su candidatura, de sobornar a parlamentarios para conseguir su reelección, de convertir los servicios secretos en policía política, de terrorismo de Estado en complicidad con los paramilitares y de violar la soberanía nacional de Venezuela y de Ecuador.
Martín Médem en su trabajo bibliográfico de Ediciones Catarata demuestra que en el doble mandato presidencial de Uribe se condensan las estrategias de impunidad con las que los poderes económico, político y militar han impuesto durante sesenta años su modelo de apropiación de Colombia.
En el siguiente video el periodista Hernán Zin de Hispantv entrevista a Martín Medem y al analista sobre América Latina Manuel Revuelta, quienes a partir de este libro hablar sobre la cruda realidad social y política de Colombia.
Publicado el 22/04/2013
Álvaro Uribe ha sido el único presidente en la historia de América Latina acusado simultáneamente de fraude electoral, de recibir dinero del narcotráfico para su candidatura, de sobornar a parlamentarios para conseguir su reelección, de convertir los servicios secretos en una policía política, de terrorismo de Estado en complicidad con los paramilitares y de violar la soberanía nacional de Venezuela y de Ecuador. El autor de este libro intenta demostrar que en su doble mandato presidencial, con la ferocidad de la guerra contrainsurgente compartida con Estados Unidos, se condensan las estrategias de impunidad con las que los poderes económico, político y militar han impuesto durante sesenta años su modelo de apropiación de Colombia. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, que impidió la democratización del país, hasta la presidencia de Álvaro Uribe, protagonizada por los paramilitares, los narcotraficantes, los grandes empresarios y la intervención de Estados Unidos, se ha ido fortaleciendo una falsa democracia que criminaliza a la oposición, bloquea la negociación con la guerrilla y aumenta constantemente las peores desigualdades sociales de América Latina.
Agosto de 2013.
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Vergüenza de Patria tener un representante como este delincuente, para mostrar ante el mundo; esto es apenas el ápice de lo que Él y su hermanito, el líder de "los doce apóstoles", hicieron en su finca el Ubérrrimo y en la Carolina de propiedad de su familia. Claro que lo hizo por "el bien supremo de la Patria".
Me parece un capataz mediocre, rezandero y vengativo, siempre a los gritos, insultando y machacando a los que no reverencian su presunta inteligencia superior.
Sin embargo, durante sus ocho años de pérfido mandato le rogué a los dioses que no tuviera faltas temporales ni, mucho menos, absolutas, con tal de que su vice, el indescriptible Francisco Santos, alias Pachito, no fuera presidente. De rodillas le imploré a Júpiter, dios de dioses, para que protegiera a Uribe de todo mal. Le supliqué a Neptuno, dios de los mares, los terremotos y los caballos, que saliera ileso de sus cabalgatas entre culebras vivas (sic) y huevitos espurios. Hasta le recé a Marte, dios de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre, para que no le doliera ni una muela. Así fue: en el Olimpo oyeron mis súplicas. Salió sin un rasguño. Y para bien de la nación, Pachito no tuvo manera de sentarse en el solio de Bolívar.
Tres años después del milagro, a Uribe se le ha metido que el candidato de su natillera sea Pachito. No sabe uno si reír o llorar. Para empezar, en un gesto de mínima decencia, el autodenominado Centro Democrático debería cambiarse el nombre y llamarse como lo que es en realidad, Derecha Democrática. O, mejor, Extrema Derecha Democrática, si quieren meterle chispa a la campaña. Imposible, Uribe no tiene sentido del humor ni honestidad política. El Centro Democrático se seguirá llamando así, aunque su nombre sea una flagrante mentira. Al igual que su precandidato favorito, este Pachito de los mil demonios, entre cínico y candoroso, con sus ideas silvestres, su ineptitud a carta cabal y su pose de camorrista: “Las moscas se espantan / Así que lo ven, / Y él mismo al mirarse / Se asusta también”.
Puede que alguna gente vote por Uribe. Innegable. No votan, eso sí, por sus uribitos, llámense Peñalosa, Arias o Pachito. Fíjense en las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores. Uribe no ganó en ninguna parte, ni siquiera en Medellín y Antioquia. ¿Pasará lo mismo en las presidenciales? Todavía no he consultado a Apolo, dios de la profecía. Ya veremos. Mientras tanto, créanme una cosa: Juan Manuel es malo, pero Pachito es peor. Créanme aún más, los dos Santos son malos, pero Uribe es peor. ¿Peor? Pésimo. No, qué digo. ¡Perverso! O sea, “sumamente malo, que causa daño intencionadamente, que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas”, según la definición de la impasible y, no pocas veces, temeraria Real Academia Española.
Rabito de paja: ¿Quiénes son los espías uribistas en los cuarteles? El ministrico Pinzón, que habla tan bonito, ¿por qué calla? El general Navas, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que el sapo era “un traidor”. ¿Será acaso el general León, de la Policía, que tanto extraña a Uribe? ¿Ya las fuerzas están listas para el ruido de sables?
Rabillo: “No existe ideal que no esté encendido por una gran pasión”. Norberto Bobbio, en Derecha e izquierda, 1995.
Otra demanda para sumar a su prontuario
Domínico Nadal, Cambio Total.
Realmente da grima ver a los funcionarios del gobierno Santos envíandoles muestras de “admiración » a quién –está comprobado- es un narco-paramilitar. Por muy ex presidente que sea. Porque a decir verdad Colombia no se salva que las excrecencias mafiosas se hayan tomado el poder y hayan convertido la Casa de Nariño en « Casa de Nari ».
El ministro « pesista » Pinzón le envió este mensaje a Uribhitler con ocasión de su información –dice él que está errada de la cantidad de guerrilleros que tienen las FARC- : « el alto funcionario expresó “todo mi aprecio y admiración al expresidente @AlvaroUribeVel estoy seguro que no daría Información errada premeditadamente”. »
Qué vergüenza !
Y por qué Uribhitler sigue « dando lata » ? Porque los medios de comunicación en poder de la oligarquía sigue dándole espacio para que continúe su labor de subvertir el « orden constitucional ». Claro, que si Uribhitler no hubiera sido elevado a la primera magistratura por los « propios » que lo elevaron sería un « mafiosito » más, heredero de Pablo Escobar Gaviria, al igual que su primo José Obdulio.
Mas la llamada « extrema derecha », con enorme poder económico y comunicacional, le tiene « aprecio y admiración » a Uribhitler porque él se « atreve » a hablar de las cosas que los empresarios no se atreven porque entonces perderían la « teta estatal » que maman con sus contratos y con sus « legalizaciones », como el robo de baldíos.
Oh, pobre país en manos de desalmados !
Santos es malo, pero Uribe es peor
Written By Allende La Paz on sábado, agosto 10, 2013 | sábado, agosto 10, 2013
Por: Esteban Carlos Mejía
Lo digo sin rodeos: Uribe me cae como una patada en... salva sea la parte. Sus políticas me repugnan: entreguismo a trasnacionales, favorecimiento a terratenientes extranjeros y nacionales, neoliberalismo inclemente, convivencia con paramilitares, represión al pueblo, hostigamiento a magistrados, periodistas y opositores.
Sin embargo, durante sus ocho años de pérfido mandato le rogué a los dioses que no tuviera faltas temporales ni, mucho menos, absolutas, con tal de que su vice, el indescriptible Francisco Santos, alias Pachito, no fuera presidente. De rodillas le imploré a Júpiter, dios de dioses, para que protegiera a Uribe de todo mal. Le supliqué a Neptuno, dios de los mares, los terremotos y los caballos, que saliera ileso de sus cabalgatas entre culebras vivas (sic) y huevitos espurios. Hasta le recé a Marte, dios de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre, para que no le doliera ni una muela. Así fue: en el Olimpo oyeron mis súplicas. Salió sin un rasguño. Y para bien de la nación, Pachito no tuvo manera de sentarse en el solio de Bolívar.
Tres años después del milagro, a Uribe se le ha metido que el candidato de su natillera sea Pachito. No sabe uno si reír o llorar. Para empezar, en un gesto de mínima decencia, el autodenominado Centro Democrático debería cambiarse el nombre y llamarse como lo que es en realidad, Derecha Democrática. O, mejor, Extrema Derecha Democrática, si quieren meterle chispa a la campaña. Imposible, Uribe no tiene sentido del humor ni honestidad política. El Centro Democrático se seguirá llamando así, aunque su nombre sea una flagrante mentira. Al igual que su precandidato favorito, este Pachito de los mil demonios, entre cínico y candoroso, con sus ideas silvestres, su ineptitud a carta cabal y su pose de camorrista: “Las moscas se espantan / Así que lo ven, / Y él mismo al mirarse / Se asusta también”.
Puede que alguna gente vote por Uribe. Innegable. No votan, eso sí, por sus uribitos, llámense Peñalosa, Arias o Pachito. Fíjense en las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores. Uribe no ganó en ninguna parte, ni siquiera en Medellín y Antioquia. ¿Pasará lo mismo en las presidenciales? Todavía no he consultado a Apolo, dios de la profecía. Ya veremos. Mientras tanto, créanme una cosa: Juan Manuel es malo, pero Pachito es peor. Créanme aún más, los dos Santos son malos, pero Uribe es peor. ¿Peor? Pésimo. No, qué digo. ¡Perverso! O sea, “sumamente malo, que causa daño intencionadamente, que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas”, según la definición de la impasible y, no pocas veces, temeraria Real Academia Española.
Rabito de paja: ¿Quiénes son los espías uribistas en los cuarteles? El ministrico Pinzón, que habla tan bonito, ¿por qué calla? El general Navas, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que el sapo era “un traidor”. ¿Será acaso el general León, de la Policía, que tanto extraña a Uribe? ¿Ya las fuerzas están listas para el ruido de sables?
Rabillo: “No existe ideal que no esté encendido por una gran pasión”. Norberto Bobbio, en Derecha e izquierda, 1995.
Otra demanda para sumar a su prontuario
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