Un Estado que ha incumplido sus promesas pretende ahora callar las protestas de los campesinos. El manejo desafortunado de una crisis que se alarga y que no se resolverá en la mesa de La Habana.
Foto: Globovisión
Una larga historia
A veces se olvida que las marchas populares no surgen de la noche a la mañana: se han incubado lentamente, enraizadas en el abandono y la desconfianza ante un Estado incapaz de proveer condiciones de vida digna y de garantizar las vidas y bienes de la población.
Las protestas en El Catatumbo no son una excepción. Con diálogos o sin diálogos — y con acuerdos o no sobre las zonas de reserva campesina en La Habana — está en juego una deuda acumulada con campesinos e indígenas, mientras se favorecen los grandes negocios.
Son similares a las de 1995, 1996, 1998… y 1999 cuando — tras el anuncio de Carlos Castaño - los paramilitares ingresaron al Catatumbo y perpetraron masacres, homicidios selectivos, desaparición forzada y violencia sexual, entre otros crímenes.
La respuesta estatal tampoco ha cambiado desde entonces: promesas y anuncios de inversiones que se olvidan cuando sus delegados se levantan de la mesa de negociación. O que se cumplen parcialmente, sin resolver los problemas de fondo en infraestructura, salud, educación, proyectos productivos, electrificación y saneamiento básico.
Por eso muchos ciudadanos no encuentran ya otra forma de hacerse oír: protestan mediante marchas que paralizan algunas actividades económicas y elevan la presión sobre el gobierno.
Como siempre, ciertos sectores tratan de socavar o de instrumentalizar estas manifestaciones de protesta legítima: por un lado, algunos voceros del gobierno las estigmatizan; por el otro, grupos armados ilegales intentan sacar beneficios.
Petróleo, coca… y miseria
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José Noé Ríos, Viceministro de Relaciones Laborales. Moderador designado.
Foto: www.mintrabajo.gov.co |
De poco les sirvió a los pobladores de la Cuenca del Catatumbo que a mediados del siglo XX se hubiera otorgado la segunda concesión petrolera del país. Por el contrario, el ingreso de las petroleras vino acompañado de violencia contra los indígenas Motilones Barí, para “castigar su indomable resistencia a la colonización misional y campesina” [i], y ocasionó un proceso de repoblamiento desordenado y sin presencia del Estado, que más tarde sería aprovechado por el ELN, las FARC y el EPL.
Las regalías de los cientos de pozos de donde se extrae el petróleo — que fluye hacia el mar desde Arauca por el oleoducto Caño Limón - Coveñas — no han mitigado los daños ambientales derivados de su explotación ni los causados por las frecuentes voladuras de las guerrillas. Tampoco se reflejan en obras en la región.
En los años 80 del siglo pasado, las precarias condiciones de la región y su estratégica ubicación propiciaron los cultivos de coca, que aumentaron a finales de los 90 como efecto de la intensificación de las fumigaciones en el sur del país.
Los recursos del narcotráfico tampoco se reflejan en la región. Por el contrario, uno de los detonantes del ingreso paramilitar — que contó con el apoyo de miembros de la Fuerza Pública y de agentes económicos y políticos locales [ii] — fue apropiarse de los réditos de los cultivos y del comercio de la cocaína, hasta entonces en manos de las guerrillas.
Pese a los acuerdos de las marchas de 1996 y 1998, incorporados en el Plan de Desarrollo y Paz del Catatumbo y en el Plan de Vida Motilón Bari — uno de los cuales fue precisamente suscribir pactos de erradicación voluntaria-, entre 2000 y 2003, con recursos del Plan Colombia las acciones del Estado se centraron en las fumigaciones aéreas con químicos, contaminando las fuentes de agua, provocando enfermedades y destruyendo los cultivos de pancoger y las plantaciones de cacao y de palma aceitera [iii]. Paradójicamente, estas últimas hacen parte de los programas de desarrollo alternativo, también auspiciados por Estados Unidos.
Los enfrentamientos entre los actores armados legales e ilegales, los atentados contra la infraestructura y las fumigaciones con químicos ocasionaron el desplazamiento de cerca de 90 mil personas entre 1997 y 2010, sin contar a quienes huyeron hacia Venezuela, invisibles para los registros oficiales.
Actualmente, la estrategia gubernamental se centra en la erradicación forzadamanual. Pero, igual que las aspersiones aéreas, se ejecuta sin haber cumplido los compromisos asumidos en las marchas anteriores y sin proyectos productivos que garanticen ingresos y seguridad alimentaria a las comunidades.
Reconstrucción y consolidación territorial
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Foto: Agencia Prensa Rural |
A la crisis humanitaria causada por todos los actores armados, se suma el abandono forzado de las tierras y de los resguardos indígenas. A la par que se vaciaban los territorios y se negociaba la desmovilización del Bloque Catatumbo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos reactivaba la explotación petrolera se aumentaban los títulos para la explotación de carbón (39 que comprometen más de 400 mil hectáreas) y de oro y otros minerales (14 en más de 24 mil hectáreas) [1], y se expandían los cultivos de palma aceitera.
A esa reconfiguración territorial contribuyó la compra masiva de tierras. Igual que en otras zonas del país, se produjo mediante prácticas abusivas como la venta de las carteras de adjudicatarios morosos de tierras, los fraudes y los pagos forzados por debajo de su valor real.
La gobernación de Norte de Santander apalancó las medidas de aseguramiento de tierras abandonadas mediante el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la extinta Acción Social. En 2009, identificó la adquisición de 232 predios por parte de 77 personas. Una de ellas compró 47 predios [2].
El resultado fue la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares (UAF), cuyo límite máximo está entre 36 y 44 hectáreas. Pero, en realidad, empresas como Bioagroindustrial de Colombia, Ecopalma, Inversiones Palma de Oriente, Ganadería Puerto Rico Ltda y Cypag, familias como los Gutiérrez de Piñérez y Alvarado Yáñez y otras personas naturales concentran más de 10 mil hectáreas [3].
Las adquisiciones de las tres primeras fueron demandadas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural ( INCODER[4]) por objeto ilícito: es decir, contrariar la Constitución y la ley 160 de 1994, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los conceptos del Consejo de Estado.
Más de 21 mil hectáreas otrora utilizadas para la seguridad alimentaria de los tibuyanos y demás habitantes del Catatumbo están hoy destinadas a la agroindustria de la palma aceitera. Esta iniciativa es liderada por la Hacienda Oleoflores, que adquiere el fruto y lo procesa en Codazzi, mientras se acaba de construir la planta en Campo Dos, frente a la base militar construida para protegerla.
Esa empresa es propiedad de Carlos Murgas, el zar de la palma y exministro de agricultura en los inicios del Plan Colombia. También es propietario del 51 por ciento de la planta, pionero de los proyectos de asociación con campesinos y promotor de la palma de aceite “como un arma de guerra contra el narcotráfico” [5].
Pese a cambios tan radicales en la tenencia de la tierra — en menoscabo de las víctimas de la guerra y de la violencia generalizada — sólo se han proferido cuatro sentencias de restitución. Ello se debe, entre otros factores, a la presencia de guerrillas y de neo-paramilitares, más la siembra masiva de minas antipersona en la región.
Los resultados de la Política de Consolidación de Reconstrucción y Consolidación Territorial en los siete municipios priorizados son escasos, a pesar de la presencia de la Fuerza de Tarea Vulcano y del aumento del número de militares. Las denuncias de abusos de derechos humanos en contra de miembros de la fuerza pública han aumentado [6].
El Estado tampoco logra coordinar las acciones de las instituciones civiles y los anuncios de inversiones — incluyendo las del documento Conpes de 2013 — y no concreta las acciones para reubicar a los afectados por las olas invernales. Los mayores avances se observan en el mejoramiento de la vía La Gabarra – Cúcuta, donde participan ingenieros militares, que responde más a los requerimientos mineros y agroindustriales que a las demandas de las comunidades.
La falta de tierra de los campesinos donde puedan definir qué cultivar, a quién venden y a qué precio, y con quién se asocian motivó la solicitud de la zona de reserva campesina en 2009.
La creación de esta zona puede contribuir efectivamente al ordenamiento de una región donde se traslapan dos resguardos indígenas, el Parque Nacional Catatumbo y las zonas de reserva forestal, así como las iniciativas mineras y agroindustriales impulsadas desde Bogotá. Precisamente, las restricciones de los títulos mineros han impedido que avance la formalización de las tierras.
Bala y deslegitimación
Ante semejante panorama de pobreza y marginalidad del Catatumbo — pese a su riqueza — y dado el imperdonable abandono estatal, salvo cuando se trata de proteger iniciativas económicas de grandes conglomerados --, la respuesta más absurda e inadecuada consiste en intentar deslegitimar la protesta social, cuando el Estado ha incumplido reiteradamente los acuerdos alcanzados con las comunidades desde los años ochenta y ha quebrantado su confianza.
La respuesta militar — que estigmatiza a los habitantes del Catatumbo, a sus organizaciones y a sus líderes — va en contravía de la búsqueda de la paz y de la convivencia, de la reparación de las víctimas y del cierre de la brecha urbano–rural, ejes de la Prosperidad Democrática del presidente Santos.
A bala no se resolverán los problemas estructurales de esta región: se necesitan acciones afirmativas a favor de los menos favorecidos y no solo de estímulos a iniciativas económicas que benefician a los acaparadores de tierras y a los poseedores de títulos mineros, que se aprovechan y agravan la situación actual.
* Abogada, consultora externa del Proyecto “Construcción de Memoria Histórica sobre el desplazamiento forzado en Colombia” del Centro de Memoria Histórica, asesora de Indepaz.
[1] Agencia Nacional de Minería (2012). “ Gerencia de Catastro y Registro Minero. Actualización del Catastro Minero”, Bogotá, julio 19 de 2012.
[2] Gobernación de Norte de Santander y Acción Social. “ Informe de seguimiento al proceso de emisión de autorizaciones de enajenación”. Cúcuta, 2009.
[3] Ver: SNR. “ Para que los colombianos recuperen su tierra. Informe Norte de Santander”, Bogotá, 2012.
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