sábado, 13 de julio de 2013

Una mirada en torno a la restituida Personería Jurídica a la Unión Patriótica


Libardo Sánchez Gómez*

El fallo del Consejo de Estado devolviendo la Personería Jurídica a la UP fue un fallo de sentido común, no tan común en un personaje diabólico como el procurador Ordoñez, quien pidió expresamente al Consejo que  la negara. El Consejo no podía hacer otra cosa que reparar el daño. La oligarquía creyó que había acabado con  todos los militantes, pero unos pocos lograron evadir   la parca, la cual con la mortífera  guadaña    en alto les buscaba en cada rincón de la Patria.  El  CNE llamó a lista a los votantes de la UP,  y por si acaso quedaban alguno que otro sobreviviente, para eliminarlos definitivamente, ordenó su ejecución política.

Pero es que la UP no sólo ha tenido que enfrentar el asedio del exterior sino también dentro de su propio seno.  Las  cabezas visibles unas  se acomodaron en el exilio y otras se pasaron a las filas del régimen que había aniquilado a sus compañeros, es el caso de los lumpen proletarios Garzón (aún no saben a qué clase social pertenecen)  hoy Angelino, que de ángel no tiene nada,   es nada menos  que el Vicepresidente y Lucho flamante funcionario de algo que tiene que ver con lo social, ¿mejor antisocial? Otros, en el colmo de la ignominia, declararon ante la Corte Suprema de Justicia a favor del perpetrador de la Masacre de Segovia donde asesinaron 43 miembros de la UP, el ex congresista  César Pérez, condenado a 30 años de cárcel; sus defensores fueron el Director del semanario Voz Carlos Lozano y el diputado de la UP por el departamento de Antioquia Nelson Campos ver: http://libsang-elviajeroysusombra.blogspot.com/2013/06/no-me-muevo-y-punto-porque-no-puedo.html  

Un  grupo pequeño pero bien “hormonado”  de militantes, logró velarse entre la población y no sólo resistió airoso la peor arremetida contra un partido político de oposición, que se sepa haya ocurrido en el mundo entero por parte de un Estado, como política sistemática de eliminación de los opositores, sino que mantuvo en alto la amarilla bandera de la UP. El mayor de sus logros fue, precisamente, haber retornado la Personería Jurídica a su Partido.

     En el año  1999 la Unión Patriótica realizó su último Congreso en este se eligió como presidente al señor Mario Upegui; y en el año 2002 el Consejo Nacional Electoral le retira la Personería Jurídica, decretándole su muerte política, culminación de la tarea de exterminio orquestada por la oligarquía en el Poder.

Según  los Estatutos  el Congreso tiene que reunirse cada 36 meses, para validar, entre otros, las directivas; de no hacerlo, obviamente,  el partido queda acéfalo. Mario Upegui, como era su deber, impugnó ante el CNE el retiro de la Personería Jurídica, impugnación que fue negada. Entonces,  desde  la pérdida de la personería no hizo nada para convocar al Congreso.  Mario Upegui muere en el año  2008, y todo el mundo   piensa que la UP no existe.   Pero el grupo de valientes supervivientes, entre los que  se encuentra el antiguo Secretario Sebastián González,   en el año 2010 demandan ante el Consejo de Estado la nulidad de la Resolución del CNE que le arrebata a la UP la Personería Jurídica, extralimitando sus funciones, petición que fue acogida, ordenándole al CNE restituirle sus derechos políticos.

Decíamos atrás que la UP también ha tenido que batallar contra sus mismas huestes, para la muestra un botón: desde el tercer Congreso, el manejo por parte de sus directivas no fue bien claro y, muchas veces,  non sanctus. Por ejemplo, jamás se efectuó la rotación de la presidencia como lo indican los estatutos; por otro lado entre las directivas, según hallazgos del propio Consejo Nacional Electoral, efectuaron una serie de autopréstamos,  los cuales desafortunadamente por la pérdida de la Personería Jurídica no se investigaron; e, incluso, hay serios indicios de que se llevaba doble contabilidad. De igual manera la ONG Corporación REINICIAR,   demandante del Caso Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,  caso: No. 12.227, y que nada tiene que ver con la restitución de la Personería Jurídica a la UP,  está envuelta en densos rumores en los que se ventila que  su directora Jael Quiroga enfrenta serias reclamaciones por parte de las víctimas que Ella defiende, la cuestión es que como se trata de personas humildes estas no tienen acceso a la información que les indique cuánto dinero deben recibir por los daños causados. Esta es tarea que debe asumir la próxima jefatura del Partido. Se reitera a la opinión pública,  que el trabajo ante la CIDH de REINICIAR, nada tuvo que ver con la restitución de la Personería Jurídica. Es más, la lucha jurídica por la reparación de las víctimas se debe dar al interior del país, pues los fallos de un Entidad externa, para un Gobierno corrupto y genocida, como lo ha reconocido la CIDH, son inocuos, nadie ni nada se los hace cumplir.

Hoy que los militantes logran la increíble hazaña, los buitres de la politiquería encabezados por los jerarcas del Partido Comunista Colombiano revolotean en torno a la presa: la recuperada Personería Jurídica. Es claro que por un mínimo principio de justicia quienes tienen derecho a ésta son los militantes de base que la lucharon y lograron. Las bases, respetando los estatutos, desde principios de año han venido convocando al V Congreso, para nombrar sus representantes de manera legal, pero los altos jerarcas del PC colombiano, que entre otras cosas se creen los dueños de la UP  lanzaron como punta de lanza a un antiguo Secretario de La UP el señor Omer Calderon, nombrándolo en Marzo de este año como Presidente. Para tal efecto realizaron una amañada y anti estatutaria reunión entre ellos, haciendo creer que se trataba del Tercer Pleno, sólo que se les olvidó que ya se habían realizado 18 Plenos.  El señor Omer Calderón actualmente se desempeña como empleado público, pues es docente de planta en la Universidad Distrital; precisamente por su participación en política la Universidad hace unos días le inició un proceso disciplinario, mientras tanto la Procuraduría adelanta la propia por lo mismo, no creo que el procura-godo Ordoñez se la perdone. El apetito político del señor Omer y del PCC es tan desmedido, que  el día jueves 11 de los corrientes radicaron  ante el Consejo Nacional Electoral una constancia en la que Omer se declara  Presidente de la Unión Patriótica, ¿haraquiri? Ahora sí Ordoñez tendrá con quien desquitarse, pues quedó con “un palmo de narices” esperando que el Consejo de Estado negara la petición de restablecerle los derechos cercenados a la UP.     

Avanzando hacia el futuro,  el país va a contar, en caso que la UP siga en manos de las bases, con un partido monolítico ideológicamente, siendo el único políticamente activo en Colombia de carácter expresamente de izquierda revolucionario.  Además, las bases vienen pregonando su carácter horizontal, es decir, alejados de  dirigentes mesiánicos, que terminan como tiranos. Creo que ha llegado la hora de formar un gran partido de izquierda,   pero,  ojo, marxista leninista, la historia enseña que solo si se es comunista se está en la posibilidad de adelantar transformaciones sociales; lo demás, por buenas intenciones que se tengan, tan solo se podrá aspirar a realizar algunas reformas, que no van a solucionar el hondo problema de exclusión social en que vive la mayoría de las personas  no sólo en Colombia sino en todo el planeta.

Las bases de la Unión Patriótica ahora tendrán que ir  por la reparación total, el Estado genocida, tendrá que devolverles las curules, reparar integralmente a las víctimas y, por sobre todo, asegurar que no se volverá a repetir, asunto casi imposible para una oligarquía enferma por el poder; ¿qué hará cuando dentro de unos días la UP amenace con arrebatarles de nuevo el poder? Antes la disculpa se fincaba en que eran el brazo político de las FARC-EP y que, por tanto,  la UP acudía a todas las formas de lucha; eso no era así porque todos los miembros eran civiles así dentro del Partido hubiesen antiguos guerrilleros desmovilizados. De todas maneras esta es una excusa que no tiene fundamento alguno, pues en la lucha por el poder es absolutamente válida la combinación de todos los medios que estén al alcance para acceder al poder, siempre y cuando los que estén en la actividad política lo hagan sin armas; pero eso no invalida que los  que se quieran arriesgar a usar las armas lo hagan por su cuenta y riesgo fuera del Partido. La  oligarquía en el poder es maestra en combinar las formas de lucha, que ella no quiera que otros hagan, maneja, entre otros, la educación, los medios de comunicación, el terror, los paramilitares y el apoyo del imperio USA, para mantenerse en el poder; sin los cuales sería flor de un día.

La defensa a futuro es un reto que enfrenta la nueva militancia de la UP. Esto es un aspecto importante  porque, tarde o temprano, van a venir las agresiones     estatales y paraestatales.  Más si, las FARC – EP en el hipotético caso de que se desmovilicen,   deciden actuar dentro de la UP. Según Arco Iris ya hay 49 sitios detectados donde agentes de la CIA y paraestatales están esperando a que lleguen los guerrilleros  desmovilizados para eliminarlos. ¿Qué tipo de estrategias preparar para evitar que esto suceda? Se me ocurre que la mayoría de cuadros deben permanecer en la sombra, ojo, algo  distinto a la clandestinidad; y por otra parte  tendrán que responder ojo por ojo, de la misma manera que lo haga la oligarquía, el problema es que no  habrá con qué contestarles, de ahí la importancia de no entregar las armas.

Finalmente desearles a la militancia de base de la UP éxitos  en su V Congreso, donde estoy seguro que van a confluir las bases del resto de movimientos sociales y políticos: Juventud Comunista, M – 19, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Pueblos Indígenas y todos, todos, los sin Partido. ¡AH¡ y espero que se me admita, pues hasta ahora he sido un simple comentarista  que habla de los toros desde el palco.


*DMV. UN. MSc, UPJ. Profesor universitario.  
lisago25@gmail.com



El retorno de la Unión Patriótica: justicia administrativa y reparacionesImprimirE-mail
POLITICA Y GOBIERNO
Domingo, 21 de Julio de 2013 19:49
El Consejo de Estado restituyó el reconocimiento legal a la Unión Patriótica, un paso importante en la reparación a este partido que fue víctima de la violencia sistemática y selectiva contra sus militantes y dirigentes.
carlos lozano personería up dia víctimas
Foto: Marcha Patriotica
Ascenso y exterminio
La singularidad de muchos fenómenos colombianos suele despertar el interés de académicos de distintas disciplinas y de muchos lugares del mundo. 
El caso del exterminio de la Unión Patriótica (UP) es uno de ellos: Colombia es probablemente el único país del mundo en el cual se eliminó casi por completo a un partido político de forma violenta. Uno a uno, miles de sus militantes fueron asesinados o desaparecidos, o tuvieron que irse al exilio. 
Tras su exitosa participación en las elecciones para Congreso de 1986, su candidato presidencial –el ex magistrado y sindicalista Jaime Pardo Leal- logró la más alta votación de la izquierda  hasta ese momento, algo más de 328.000 votos. Una proeza en un sistema político donde los partidos tradicionales predominaban. 
Después de sus primeros logros electorales, de haber obtenido escaños en todas las corporaciones públicas y de hacer una mayor presencia en los debates políticos nacionales, este partido fue víctima de una campaña de persecución y de exterminio masivo, producto de una alianza entre narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado. 
La violencia condujo a su debilitamiento organizativo, a la perdida de sus principales líderes y a una diáspora de los sobrevivientes sometidos al acoso y a las amenazas. Después del asesinato de Manuel Cepeda en 1994 - su último senador- la participación en las elecciones se volvió marginal y en las efectuadas en el 2002 no presentó candidatos, razón por la cual  el Consejo Nacional Electoral le retiró su personería jurídica. 
Además de haber sido sometida a un exterminio sistemático y planificado, la máxima autoridad electoral le negaba el derecho a participar en las elecciones. 

Restitución de derechos
 
carlos lozano personería up marcha conmemoración
Foto: Marcha Patriótica 
 
El Consejo de Estado, máxima instancia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, expidió recientemente una sentencia donde le restituye el reconocimiento legal a la Unión Patriótica, una década después de que el Consejo Nacional Electoral se la retirara. 
Mediante este fallo el Consejo de Estado demuestra que  puede jugar un papel muy importante en la reparación de los daños causados por el conflicto armado. El alto tribunal resolvió una acción de nulidad  contra el acto administrativo del Consejo Nacional Electoral (CNE) que había declarado la pérdida de la personería jurídica de la Unión Patriótica. 
Conforme a la ley vigente entonces -Ley 130 de 1994- para que un partido político conservara su personería jurídica debía obtener al menos 50 mil votos en las últimas elecciones u obtener representación parlamentaria. Pero en las elecciones de 2002 la UP no había cumplido con ninguna de estas dos condiciones. 
Ante esta decisión, el presidente del partido presentó un recurso de apelación argumentado la existencia de un motivo de fuerza mayor que había impedido su participación en las elecciones. 
Como la determinación del CNE fue confirmada, se recurrió a la demanda ante el Consejo de Estado, donde se arguye que ese acto administrativo había incurrido en falsa motivación y desviación de poder, pues la UP no participó en las elecciones porque estaba siendo víctima de una persecución sistemática. 
Sobre la base de en un informe de la Defensoría del Pueblo, la magistrada del Consejo de Estado argumentó que el exterminio de la UP no encajaba dentro de la situación descrita en la ley 130 de 1994, por cuanto este partido no había contado con las garantías efectivas para participar y  su reconocimiento legal no debió haberse suspendido.  

Implicaciones del Fallo
La restitución de la personería jurídica a la UP tiene implicaciones de distinto orden. 
· Permite que la UP ejerza los derechos de los partidos legalmente constituidos: puede inscribir candidatos a todo tipo de elección; puede acceder a los espacios asignados por la ley en los medios de comunicación; cuenta con  el derecho de réplica; tiene derecho a la financiación estatal de campañas y de funcionamiento de la organización, y puede postular candidatos propios al Consejo Nacional Electoral.  
· Puede incidir sobre las determinaciones futuras de la Corte Interamericana sobre víctimas pertenecientes a la UP: al reconocer que la violencia le impidió seguir participando en la actividad política, el fallo repercute sobre la asignación de responsabilidad al Estado colombiano por no haber brindado garantías a sus militantes y dirigentes. Al mismo tiempo, puede ser una herramienta para argumentar que el Estado sí ha reparado. 
· Abre una serie de expectativas respecto de la reparación: la UP podría insistir, como se hizo en el caso Manuel Cepeda contra Colombia, en la idea de restitución de las curules. Aunque la Corte Interamericana ya negó allí esa pretensión. 
En estricto sentido, la decisión del Consejo de Estado no constituye una medida de reparación, pues la demanda no buscaba  remediar daños sino anular una decisión administrativa contraria al derecho. Pero sí podría tener un efecto reparador significativo, compatible con el que buscan las medidas de restitución y rehabilitación en el sistema interamericano. En esa medida, es una sentencia muy importante para el caso UP. No obstante, debe estar complementada por una política integral de garantías al ejercicio de la oposición.  

La importancia del contencioso administrativo
 
carlos lozano personería up campesino partido
Foto: Agencia Prensa Rural  
 
La complejidad de la violencia ejercida contra la UP,  la falta de resultados penales en las investigaciones de los asesinatos y el gran número de víctimas hacen que la reparación de esta colectividad todavía siga siendo una asignatura pendiente. 
No obstante, este fallo constituye otro ejemplo de la posición privilegiada de la jurisdicción contencioso administrativa cuando se trata de reparar violaciones que involucran la responsabilidad del Estado o que necesitan que sus entidades adopten medidas. 
En efecto, el alto tribunal es competente para hacer lo que ninguna otra jurisdicción en Colombia puede hacer: discutir y declarar la responsabilidad del Estado y, en consecuencia, darles órdenes a las entidades públicas para que reparen los daños. Además, tiene presencia prácticamente en todo el país y ofrece al menos dos opciones para las víctimas: acciones de reparación directa y de reparación de grupo. 
Las acciones de nulidad, como demuestra el caso de la UP, también pueden ayudar a revertir los efectos de la violencia. Y las acciones de reparación directa han venido siendo usadas desde hace muchos años para compensar a las víctimas. La jurisdicción ha tenido avances reconocidos por la propia Corte Interamericana, con la cual presenta similitudes en esa materia. 
Por otro lado, la expedición de un nuevo código administrativo (ley 1437 de 2011) también ha contribuido a que esta rama del derecho se ciña más a la Constitución, lo cual implica mayores garantías para las víctimas, al menos en comparación con las normas previas a la Constitución de 1991. 
En general, la nueva legislación intenta ponerse a tono con el Estado social de derecho, pues ofrece mejores herramientas para el garantismo –incluso en sede gubernativa- y otorga una flexibilidad reglada a los jueces que ya no están maniatados y pueden fallar de forma más consistente con la protección de los derechos fundamentales, incluyendo la reparación. 
En suma: se trata de un juez con plenas facultades para vincular a las entidades estatales: difícilmente otra autoridad pública habría podido devolverle la personería jurídica a la UP.  Por supuesto, la jurisprudencia del Consejo de Estado no es perfecta, pero ha venido girando hacia formas cada vez más innovadoras de reparaciones, dentro del espacio que le dejan la ley y la Constitución. 

Preservar los avances del Consejo de Estado
Es importante que otras ramas del poder no obstaculicen la labor del Consejo de Estado en su papel de reparación a las víctimas, estableciendo, por ejemplo, topes a las indemnizaciones, mientras las de los demás demandantes habituales del Estado son ilimitadas. Esos límites no razonables obstaculizan la compensación de los daños, afectarían la independencia judicial y exponen al Estado a condenas ante la Corte Interamericana.   
Decisiones innovadoras como la que tomó la sección quinta del Consejo de Estado en el caso de la UP serán objeto de interés en tribunales internacionales, escuelas de derecho y en sociedades que estén lidiando con un pasado de abusos contra los derechos humanos. En el trasfondo está la expectativa de reparación a las víctimas. 
Sin duda, la justicia contencioso-administrativa tiene con qué reparar.   

* Investigador asociado del Grupo “Política y Legislación en Biodiversidad, Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional” (PLEBIO) del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia. Fue investigador en reparaciones del ICTJ. 
twitter1-1@CLozanoAcosta

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