Colombia, títere de EEUU para destruir Venezuela

VICKY PELAEZ / Colombia, títere de EEUU para destruir Venezuela

VICKY PELAEZ / SPUTNIKNEWS – El presidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció el fin de la “revolución bolivariana”, de la democracia y el desmoronamiento de Venezuela tras el conflicto fronterizo. En realidad Santos repitió las palabras de su patrón norteamericano Joe Biden.

Odio al cinismo más que al diablo, a menos que ambos sean la misma cosa

— Robert Louis Stevenson, 1850-1894

Es muy sospechosa la tremenda histeria de los medios de comunicación globalizados, desatada por una simple decisión del gobierno de Venezuela para cerrar parcialmente el suroeste de su frontera con Colombia después de que una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana fuera emboscada por un grupo armado de paramilitares colombianos que protegían una operación de contrabando cerca del puente internacional que une el estado Táchira con el departamento colombiano del Norte de Santander.

Estos medios globalizados no quisieron tomar en cuenta que cada país tiene derecho a proteger su territorio y que le tomó más 50 años a Venezuela para decretar medidas que hubiera hecho cualquier estado del mundo al ver, cada vez más creciente la expansión de otra nación en su territorio. Desde 1990 la acción paramilitar colombiana en las zonas de los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas se hacía cada vez más amenazante y dañina para los pobladores venezolanos de la región. Sin embargo, los gobiernos colombianos de turno se hacían de la vista gorda y nunca han hecho un esfuerzo para controlar la situación fronteriza a excepción de acusar a Venezuela de exagerar la situación y promover enemistad entre ambos pueblos.

Mientras tanto, las bandas paramilitares colombianas como la MAS (Muerte a Secuestradores), la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), los Urabeños (Clan Úsuga — banda paramilitar narcotraficante), Águilas Negras, las Convivir (Cooperativas de Vigilancia), los Rastrojos (grupos narco paramilitares), las Bacrim (agrupaciones de crimen y narcotráfico) y tantas otras organizaciones delictivas establecieron su reino de contrabando, prostitución, casinos y empresas de transporte en el territorio fronterizo venezolano. Los comerciantes, contrabandistas y los habitantes venezolanos y colombianos indocumentados fueron obligados a pagar “vacunas” (impuestos) a estos delincuentes que instalaron alcabalas y entraron en la parapolítica al servicio de la oposición venezolana, igualmente, participando en las guarimbas (protestas violentas) en 2014 y en los actos terroristas.

Por supuesto, el estado colombiano nunca condenó estos actos de sus paramilitares ni tampoco hizo un mínimo esfuerzo para erradicarlos. Al revés, según la nueva Ley de Colombia promulgada en enero de 2015, no se sancionan los delitos de lesa humanidad provocadas por las prácticas paramilitares. De acuerdo a esta ley, quedan impunes los delitos contra los propios colombianos lo que está violando las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario. Actualmente en Colombia el paramilitarismo implantado por Álvaro Uribe durante ocho años de su presidencia (2002-2010) es la principal fuerza política que rige el destino del país que también podría llamarse parapolítica.

A tal extremo llegaron las redes criminales colombianas en Venezuela, asociadas con los elementos corruptos del gobierno, con la oposición, los oligarcas nacionales y los acaparadores y los saboteadores del Proyecto de Hugo Chávez “Socialismo del Siglo XXI”, que el 60 por ciento de las mercancías importadas o producidas en el país, todas subsidiadas por el gobierno, apenas ingresaban en puertos venezolanos, es más, en 72 horas aparecían en las ciudades fronterizas para ser trasladados a Colombia de contrabando. Se calcula que alrededor de 100 mil barriles de productos derivados de petróleo se van diariamente de Venezuela a Colombia, ocasionando pérdida de 3,5 millones de dólares diarios al gobierno venezolano.

A esto habría que añadir el contrabando de alimentos que hacen perder a Venezuela otros 6,5 millones de dólares diarios. Según las estimaciones del gobierno bolivariano, el contrabando de hidrocarburos y alimentos produce una pérdida al país de unos 10 mil millones de dólares anuales. Para entenderlo hay que tomar en cuenta que un litro de leche cuesta en Venezuela 250 BsF (Bolívar Fuerte) y en Colombia lo venden por 14.000 BsF. En el territorio venezolano una camioneta cuatro puertas de 33 galones se llena con 8.250 pesos colombianos (dos dólares y cincuenta centavos) y en Colombia habría que pagar 231.000 pesos (un galón cuesta 7.000 pesos).La revista colombiana Semana publicó recientemente un artículo sobre el contrabando que fue incautado en el puesto fronterizo venezolano Nueva Lucha el 12 de setiembre pasado. Las autoridades venezolanas detuvieron un cargamento que contenía 1.400 kilos de harina der maíz, 218 kilos de pasta, 243 kilos de mayonesa, 2.620 unidades de jabón, 180 unidades de lavaplatos y 1.400 unidades de yogurt. Todos estos productos subsidiados escasean en Venezuela debido al acaparamiento, sabotaje y contrabando y los habitantes deben hacer largas colas diariamente para conseguirlos.

Debido a esta situación no le quedaba otra alternativa al gobierno bolivariano de cerrar la frontera y declarar el Estado de Excepción limitado de acuerdo a los Artículos 322, 327, 337, 339 de la Carta Magna. También es justificada la acción de desmantelamiento de los pueblos colombianos ilegalmente establecidos en el territorio venezolano, como por ejemplo, el asentamiento “La Invasión”. También el gobierno venezolano hizo repatriar, según el director general de Gestión de Riesgo Carlos Iván Márquez 877 colombianos y más de 10.000 regresaron voluntariamente a Colombia al no poder continuar con sus actividades vinculadas con el contrabando, narcotráfico y el delito en general.

Estas medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro produjeron una reacción histérica tanto en EEUU como en la Unión Europea. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra´ad al Hussein declaró “estar perturbado por las recientes deportaciones colectivas de más de mil colombianos de Venezuela”. Las organizaciones de derechos humanos internacionales dieron un grito de alarma “indignados” por la “Actitud arbitraria” de Venezuela. El departamento de Estado norteamericano expresó su “preocupación porque la deportación y el cierre de la frontera afectaría la estabilidad en la región”. El más explícito fue el presidente de Colombia Juan Manuel Santos que anunció el fin de la “revolución bolivariana”, de la democracia y el desmoronamiento de Venezuela.En realidad Santos repitió las palabras de su patrón el vicepresidente norteamericano Joe Biden quien en enero pasado declaró que Venezuela es un estado fallido y es un peligro para sus vecinos.

También el presidente colombiano acusó al gobierno bolivariano de delitos de Lesa Humanidad contra los colombianos, ignorando que más del 80 por ciento de los colombianos que dejaron su país fue por escapar de la violencia y se refugiaron en Venezuela. También Santos quiso ignorar que uno de cada cinco habitantes de Venezuela es de origen colombiano, lo que significa que son 5,6 millones que reciben los mismos beneficios sociales que el resto de la población bolivariana. En los años recientes el gobierno asignó 800.000 casas construidas para los necesitados y de ellas 180.000 fueron entregadas a los habitantes de origen colombiano.

Actualmente Venezuela, llamada por los globalizadores iluminados el “país fallido” tiene el menor índice de diferencia social en toda América Latina.

Mientras tanto en Colombia hay más de seis millones de desplazados por la violencia que está viviendo en el país durante los últimos 50 años. El libro de Hernando Calvo Ospina, “Colombia, Laboratorio de Embrujos. Democracia y el Terrorismo de Estado” (2008) demuestra cómo el poder y la economía del narcotráfico conviven en matrimonio permanente con un Estado que dice combatirlo. En este libro Calvo Ospina cita al asesor militar de Bill Clinton, Stan Goff quien afirmó que “desde 1991 los más feroces escuadrones paramilitares estaban directamente conectados con las fuerzas de seguridad para la inteligencia y operaciones especiales, mediante una red organizada bajo la tutela debla CIA y el Pentágono”.El promotor de la economía y política paramilitar ha sido el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, actualmente senador y uno de los auspiciadores de la oposición venezolana. Los “falsos positivos” (asesinato de civiles inocentes por el ejército o paramilitares haciéndolos pasar como guerrilleros) y los “Daños Colaterales” fueron resultado de su política paramilitarizar en el país. Juan Manuel Santos participó en este proceso en calidad de Ministro de Defensa del gobierno de Uribe (2006-2009) y sigue siendo protector de Uribe quien en este momento tiene 242 procesos judiciales en Colombia de los cuales sólo nueve han sido abiertos y han sido clasificados de “carácter penal”. Sin embargo no pasa nada porque el Procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado es un partidario del paramilitarismo y en su juventud hizo quemar libros de García Márquez por considerarlos de orientación comunista. También Uribe es frecuente visitante de la residencia del embajador norteamericano en Colombia, Kevin Whitaker.

Colombia es un aliado incondicional de los Estados Unidos que tiene en este país siete bases militares y unas tres adicionales, clandestinas. El presidente Santos es un simple ejecutor de la política norteamericana en la región, orientada precisamente a socavar el bolivarianismo y el chavismo en Venezuela cuyas 600 mil millones de reservas de petróleo dejan sin dormir a las grandes transnacionales petroleras. Antes estaban tratando de sacar del poder a Hugo Chávez, ahora a Nicolás Maduro utilizando por el momento la injerencia paramilitar colombiana en coordinación con la oposición venezolana y la guerra mediática. Pero por algo mantienen sus sofisticadas bases militares e incentivan a Colombia para que tengan uno de los más grandes ejércitos militares en América Latina, ellos cuentan con 240.000 tropas, lo que nunca tiene que olvidar el pueblo venezolano.

Estados Unidos no solamente está manipulando la actitud del gobierno colombiano respecto a Venezuela debido al reciente cierre de la frontera, sino a la opinión mundial, tanto de la derecha como de la supuesta izquierda contemporánea, utiliza el pretexto de la reciente condena y la sentencia de 13 años de cárcel decretada contra uno de los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López por su participación activa en la violencia de las guarimbas en Venezuela en 2014. El secretario de Estado, John Kerry afirmó que la “decisión del tribunal plantea gran preocupación por la naturaleza política del proceso judicial y el veredicto y por el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno”.

La misma opinión emitió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Internacional Socialista y hasta el líder de la oposición “progresista” “Podemos” de España, Pablo Iglesias rechazó la condena en forma vehemente declarando que “creo que la crispación en Venezuela ha tenido consecuencias espantosas”. Leopoldo López se convirtió en seguida, por la magia de la prensa globalizada, en “mártir de la lucha por la democracia” sin que nadie se acuerde de sus métodos de lucha por la justicia, libertad y democracia. Leopoldo López participó activamente en el 2002 en el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Fue instruido por el mismo Álvaro Uribe en las tácticas y estrategias para derrotar el Socialismo del Siglo XXI en América Latina y en especial en Venezuela. En el 2014, bajo la consigna “Sacar a quien nos está gobernando” promovió la violencia en el país con el saldo de 43 muertos y cientos de heridos haciendo paralizar la economía del país. Este año, estando en la cárcel anunció el inicio de la campaña contra la Paz en Venezuela siguiendo las pautas del departamento de Estado norteamericano.

Esta es la realidad que está afrontando Venezuela. Felizmente el país no está solo. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresaron su solidaridad con la república Bolivariana y afirmaron que estarán vigilantes ante las amenazas a la independencia y soberanía de la nación. A la vez la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC) y la Unión de naciones Suramericanas (UNASUR) están haciendo todo lo posible para apaciguar las relaciones entre Venezuela y Colombia lo que no es fácil de hacer debido a la injerencia norteamericana y su plan de sacar del poder a Nicolás Maduro.

El pueblo venezolano debe estar en guardia porque como escribió recientemente el ex contratista (paramilitar) de la logística de guerra durante más de seis años en el Medio Oriente, el venezolano Oscar Heck, “si sacan a Maduro, entran los gringos”.

Tomado: http://www.contrainjerencia.com/?p

La tal paz… en función de lo posible

Libardo Sánchez Gómez

Tal cual están pactados los términos de discusión entre FARC  y gobierno en La Habana la firma de cualquier acuerdo, que implique la dejación de armas por parte de los insurgentes, desafortunadamente no se traducirá en la terminación de la guerra social y política que vive Colombia; pero, por ahora,  la paz santista será la única posible que se puede esperar.  La  clase hegemónica continuará expoliando al pueblo excluido colombiano y continuará profundizando el modelo neoliberal. Es más, silenciados los fusiles se hará más difícil  lograr   mejoras sociales y económicas que mitiguen la inequidad, exclusión y   pobreza del grueso de la población colombiana.    Se  podría pensar que, al menos,  al poner punto final a la confrontación armada cesará  la estigmatización de la oposición de izquierda señalándola como el enemigo interno, el arresto y   asesinato  de defensores de derechos humanos, de periodistas de medios alternativos, de líderes agrarios, estudiantes, sindicalistas y personas  reclamantes de tierras. Pues no es así,  lo palpable es que en la medida en que los diálogos en La Habana avanzan hacia la meta final en el interior del país las mediadas antipopulares cabalgan raudas sobre el lomo de la represión violenta, como medio para contener el descontento general.   

Por otro lado no se puede soslayar que la oligarquía es campeona en desconocer los pactos firmados con los diversos sectores en conflicto, por ejemplo, lo pactado con el sector agrario ha sido letra muerta;  la Mesa Nacional y Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA) dice que el Gobierno no ha cumplido ni siquiera el 1% de lo prometido durante las negociaciones que dieron por terminado el famoso “…el tal paro Nacional Agrario no existe”, y que, por el contrario, continúa “la violencia política y social que el gobierno ejerce en contra del movimiento social y popular colombiano”. Con el sector indígena ocurre otro tanto, la violencia a través del ESMAD Y el despojo de tierras es la respuesta a lo prometido.

Se dirá que es atizar el fuego, pero la verdad por cruda que sea se tiene siempre que decir; a los insurgentes no se les espera  con ramas de olivo,  es sabido que desde ya se les está armando el consabido ramito funerario conque la oligarquía sabe recibir a quien regresa de la guerra;  es voz pópuli  que algunos sectores militares  están alistando a lo largo y ancho del país grupos paramilitares para darles a los guerreros arrepentidos una “bienvenida…” de fuego, y no precisamente de fuegos artificiales.   La oligarquía no perdona a quien ose  amenazar sus privilegios. 

Como un buen indicativo, el paramilitarismo es el termómetro de lo que en el horizonte cercano, en materia de bienestar y sosiego, le espera a la sociedad en su conjunto.  Y,  connatural  al fenómeno del paramilitarismo, se impone la figura  de Álvaro Uribe Vélez; éste personaje no sólo es adalid de la negación dialéctica de las transformaciones sociales, sino que sigue tras bambalinas orientando el quehacer de los grupos delincuenciales de extrema derecha a nivel continental. El imperio USA,  usa tanto a los paramilitares como al otrora extraditable No 82 como punta de lanza para desestabilizar a los gobiernos progresistas latinoamericanos, principalmente al gobierno Bolivariano de Venezuela, por ser el más díscolo y el más rico en petróleo y otros recursos minerales.  El grueso de las huestes paramilitares no sólo   campea a lo largo de la frontera colombo-venezolana sino que ha logrado penetrar hondamente en territorio venezolano.  Allí, con la anuencia de la derecha opositora venezolana, han organizado el contrabando hacia Colombia de gasolina y de bienes subsidiados destinados al pueblo raso venezolano. Y, con las directrices del Pentágono, a través de distintas ONG, orquesta el caos social y organiza  crímenes contra funcionarios del Gobierno y contra las cabezas visibles de El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)  El presidente Nicolás Maduro manifiesta tener pruebas de que desde Bogotá las derechas colombiana y venezolana vienen tramando su asesinato.

Desde décadas atrás,   colombianos campesinos desplazados y gentes provenientes de sectores populares citadinos, huyéndole al hambre y a la violencia, han buscado refugio en suelo  Venezolano. De esta población migrante más de cinco millones han obtenido residencia legal en Venezuela, muchos han adquirido cédula venezolana, y allí trabajan y estudian, disfrutando de los mismos privilegios   que el Gobierno destina a su gente; todo hombre o mujer goza de  un bono que le da derecho a una canasta básica mensual, que les permite subsistir dignamente. Nadie paga por la atención médica y cuando una persona cumple los sesenta años tiene asegurada una pensión mínima. La educación es gratuita en todos los niveles.  No obstante, un grupo minoritario de colombianos, por diversas razones, entre ellas   tener cuentas pendientes con las autoridades, no han obtenido visa de residentes  y viven como ilegales. Y muchos de estos compatriotas se han convertido en fermento de la descomposición social que amenaza a la sociedad venezolana.  No es un secreto que la inseguridad en campos y ciudades desborda la capacidad de contención de la guardia venezolana la cual, no pocas veces, se hace de la vista gorda o cohonesta el delito. Según  los informes de las autoridades, para vergüenza nuestra, en la mayoría de los casos está presente alguno de estos  colombianos. Además, algunos de los compatriotas indocumentados hacen parte de los grupos paramilitares, otros sobreviven como bachaqueros, mejor revendedores de los productos de la canasta básica asignada al pueblo, creando escases ficticia de productos de primera necesidad.  

¿Y qué se espera que haga el presidente Maduro? Según el coro vocinglero del Gobierno colombiano y los representantes  de todos los partidos políticos tanto de derecha como de izquierda, debe cruzarse de brazos mientras la sociedad venezolana se descuaderna. ¿Quieren que siga tolerando impávido el contrabando? ¿Que baje la cabeza ante los grupos paramilitares? Lo cierto es que el cierre de la frontera  fue un recto a la mandíbula del paramilitarismo y   mafias del  contrabando colombo-venezolanas, eso duele mucho. ¿A Uribe le duele que hayan derribado la casa que los paramilitares tenían como madriguera para explotar sexualmente a mujeres colombianas y venezolanas y para planear los atentados? Ante los hechos, surge una pregunta capciosa, ¿por qué las autoridades colombianas no han revisado los antecedentes judiciales de los repatriados? ¿A caso hay miedo que el Gobierno venezolano tenga la razón, y que entre estos   se encuentren personas con cuentas pendientes con la justicia? Y si es así,  ya no sólo será la crisis humanitaria de este lado  de la frontera, que el gobierno colombiano no está en capacidad de manejar, sino que se va a incrementar la crisis carcelaria de por si inmanejable. 

¿Cómo está la situación allende la frontera venezolana días después de la salida de los indocumentados colombianos y del cierre de la frontera? En palabras de Tarek William Saab, defensor del Pueblo   Venezolano, “El cambio ha sido de 180 grados a favor de Venezuela. Por lo tanto creo que soberanamente el Estado venezolano ha tomado una medida justa. Colombia tendrá que corregir toda esta permisividad donde no hay control de la gente que entra y sale de la frontera colombiana hacia la venezolana, la gran mayoría de las veces no como víctimas de la violencia política. Me refiero a ese otro tipo de personas que no tienen estatus de refugiados, sino que de manera ilegal entran impunemente a nuestro territorio a cometer delitos, y el Estado venezolano soberanamente tiene el derecho de defenderse”. Y, como por arte de magia, se acabó el desabastecimiento y disminuyó la crónica inseguridad en el territorio bolivariano. ¿No será, entonces, que la razón está de parte de Venezuela, y   las medidas del gobierno venezolano fueron y son totalmente acertadas?

Negocios cotidianos

Bandas paramilitares, narcotráfico, y poder político y económico en Colombia y la frontera con Venezuela

Negocios cotidianos

Juan Alberto Sánchez Marín

Rebelión

En Sevilla, pueblo al norte del departamento del Valle del Cauca, Colombia, Artemo, joven comerciante de carnes, al comienzo de una noche cualquiera se despidió de su socio y de la última vecina de la cuadra que le acababa de comprar una libra de asadura, o cacheo, o desperdicios, la incierta combinación de vísceras de res, corazón, hígados, intestinos, etc., que se fríen en su propia grasa y es indicada para elevar los niveles de colesterol. La pobreza no permite ningún miramiento en dietas.

Artemo tenía una hija a la que amaba y una ex mujer a la que no odiaba demasiado. Más o menos tranquilo en cuanto a los afectos, por dentro lo carcomían las difíciles condiciones económicas. No debía una gran suma, pero la que tenía era suficiente para trasnocharlo. El monto adeudado no estaba lejos de sus alcances, pero las condiciones del préstamo sí bastaban para hacerle trizas la tranquilidad a cualquiera.

Al día siguiente, Artemo no abrió el negocio a las 6 de la mañana, como de costumbre. Tampoco lo hizo a las 8, o a las 9, o más tarde. Al mediodía, su socio, luego de llamarlo en vano varias veces al teléfono celular, fue hasta la casa, a unas cuadras. Un rato después de no conseguir ninguna respuesta a sus llamados, se tomó el atrevimiento de empujar la puerta con fuerza e ingresar. Halló a Artemo en el cuarto del fondo colgado de una viga del techo. Hacía varias horas que se había suicidado, según dictaminó el médico forense. No dejó mensajes o nota alguna.

Una semana antes, Artemo había recibido una amenaza seria. Se lo comentó al socio, en secreto. Si no pagaba la deuda junto a los copiosos intereses que se habían venido sumando con cada día de retraso, le matarían la hija, la ex mujer, y los padres, y luego él, en tal orden. Tanto Artemo, como el socio eran conscientes de que no se trataba de una broma o una exageración. Así, o casi así, habían hecho con Antonio, y con Marco, y con otros conocidos que de la noche a la mañana habían caído en la espiral sin fondo de los préstamos “gota a gota”, que controlan con mano de hierro las bandas paramilitares de la región.

A nuestro personaje le habían prestado 400 mil pesos, menos de 150 dólares, unos meses atrás, para salir de algún atolladero. Pagó día tras día los altísimos intereses del 10% diario durante un buen tiempo, pero las cosas se complicaron y empezó el retraso con las cuotas, intereses que fueron acrecentando la obligación inicial, hasta que la cifra se salió de los márgenes en pocas semanas.

En Colombia, la estructura paramilitar de otros tiempos ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de penetración y control social: Las llamadas “Bandas criminales”, que no son otra cosa que entidades atomizadas, pero organizadas y coordinadas, de los paramilitares, dominan una extensa gama de los negocios y el comercio del país. En unos participan activamente, en algunos más son una especie de armazón parasitario, mas insoslayable.

Es un andamiaje de bandidos que ya no opera sólo desde arriba, apropiándose de los recursos de la salud, la educación o de la riqueza de los megaproyectos económicos, como hace años, sino que empieza carcomiendo la bases más elementales de la sociedad. Afecta desde la esquina, la cuadra más pobre, el negocio informal, el establecimiento medio surtido, asciende por la buseta del barrio, el mini mercado, la peluquería de medio pelo, hasta llegar a las estructuras del contrabando organizado, como algunos comercios de los San Andresito, cuyos comerciantes protestan en masa y a pedrada limpia ante la sola amenaza del gobierno de legalizarlos, la distribución de partes de automotor, alimentos, electrodomésticos, los almacenes de cadena, aquello que mueve dinero en el país. Es decir, todo.

Lo cierto es que son pocas las actividades económicas, transacciones, flujos de dinero, cultivos, establecimientos, legales e ilegales, que hoy en día pueden permanecer al margen de la acción criminal organizada del cruce entre paramilitarismo y narcotráfico. Operan en los pequeños pueblos de la Costa Atlántica y en las ciudades intermedias del interior, en los pueblos polvorientos de los Llanos Orientales y en la propia capital de la república, en las aldeas insondables del Chocó y en las dos o tres esquinas para mostrar de Medellín. Por supuesto, tienen tomadas las fronteras, y, de manera particular, los extensos límites con Venezuela, históricos, activos, fulgurantes, indivisibles, que superan los 2.200 kilómetros.

Controlan la piratería, el contrabando de mercancías, gasolina y personas, el tráfico de drogas, la especulación monetaria, la compraventa de bolívares y pesos y la fachada de las casas de cambio, son prestamistas y usureros. El estado colombiano, en los tiempos de Álvaro Uribe, como es bien sabido, no sólo fue permisivo, sino que auspició y fortaleció el paramilitarismo. La justicia se acercó a los tentáculos políticos, pero dejó indemne la estructura económica, la misma que causa estragos al interior del país, y que afecta de modo sensible a Venezuela. Las ganancias son exorbitantes. Y donde las hay, los hay.

Las fronteras de Colombia han estado en situación de tensión desde los tiempos de la Independencia. Hemos perdido territorios por descuido, se han vuelto a correr los mojones en silencio, las hemos violado para asesinar guerrilleros “en caliente”, decimos hacerlas respetar para despertar falsos sentimientos de patria, como son todas las conmociones patrióticas del ex presidente mencionado. Los habitantes de esas distantes tierras son colombianos negados. Y son invasores los venezolanos o brasileños o ecuatorianos que cruzan de los puentes para acá. En Cúcuta, en Leticia, en Ipiales, la misma cosa.

La situación no ha cambiado. Los departamentos de frontera colombianos son pobres y abandonados. Los fronterizos paisanos sobreviven sin políticas de generación de empleo digno, sin acceso a la educación y con un sistema de salud aun peor que el del resto del país, lo cual es difícil de imaginar. No les llegan los planes de vivienda que apenas si asoman por Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla.

Ningún gobierno colombiano ha generado políticas sociales para los habitantes de las fronteras. De acuerdo con estudios del Departamento Nacional de Planeación y del PNUD, los 12 departamentos y 70 municipios fronterizos, que a lo largo de 6.301 kilómetros le dan casi la vuelta a Colombia, exhiben, con contadas excepciones, indicadores por debajo de la media nacional y muy lejos de los de la capital.

El cierre de la frontera decretado por el gobierno Venezolano es una medida que obliga a discutir la política social y económica del Estado colombiano en estas zonas. No es una crisis nueva ni única. Es un problema de hace muchos años, cuya solución siempre se ha esquivado. Según cifras oficiales, la actual campaña anti contrabando del gobierno venezolano, que lleva un año, ha dejado 1.185 detenidos, 176 trochas inhabilitadas y 19.000 toneladas de productos confiscadas. Las cifras se incrementaron en los días recientes. Pero es un problema profundo, entre dos pueblos hermanos, cuya atención debe ser integral, y asumida de manera responsable y mancomunada por ambos gobiernos. Lo que no se ha hecho.

La alianza entre paramilitarismo, narcotráfico y poder político es vieja en Norte de Santander, el departamento limítrofe con el eje de penetración regular más importante entre los dos países. Data, al menos, de 1999, cuando la Casa Castaño le encargó a Salvatore Mancuso el control del Bloque Catatumbo. El poderoso Clan Barriga (conformado por los hermanos Carlos Emiro, ex senador, Pedro Luis, multimillonario empresario de la construcción y de fábrica de asfalto, quien según la ONG Progresar era el jefe de finanzas del “Bloque Catatumbo”, y Rafael, alias “Toyota”, que amasó su gran fortuna como contrabandista prototipo de carros robados en Venezuela), tuvo vínculos estrechos con “El Iguano”, reconocido comandante paramilitar, y con el asesinado narcotraficante Luís Pérez Mogollón, alias “El Pulpo”. (1)

Si los tres mosqueteros eran cuatro, los tres apóstoles del Clan Barriga fueron cinco o más. También figuraba el extraditable Yensy Miranda Dávila, beneficiario del programa Agro Ingreso Seguro del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, acusado por el juez Baltasar Garzón de efectuar envíos masivos de cocaína colombiana hacia Europa, a través de Venezuela, con escala en Guinea Bissau, en África. (2)

En la lista de beneficiarios directos, concurrentes, allegados y pupilos de estos vínculos perversos, existen dirigentes y líderes nacionales, regionales y locales, hubo y hay senadores y ex senadores, representantes y ex representantes, ex gobernadores y el actual gobernador, ex alcaldes, secretarios de gobierno y hacienda, secretarios de todas las carteras, funcionarios y funcionarias de todas las pelambres, contratistas, terratenientes de la palma aceitera, concesionarios de la explotación de yacimientos petrolíferos y de la veta de carbón ubicada entre Sardinata y La Gabarra, en fin.

Muchos de los nombres presuntos, condenados o vinculados a investigaciones figuran en investigaciones previas, denuncias y artículos, desde 2006. El régimen de terror llevado a cabo contra testigos e investigadores no ha permitido mayores avances (3). Pero hay verdades irrefutables: “La oleada paramilitar en El Catatumbo nortesantandereano dejó cerca de once mil campesinos (as) asesinados. Más de ciento treinta mil desplazados y pasan de ochocientos los desaparecidos registrados” (4).

Las bandas criminales del paramilitarismo y del narcotráfico vieron una oportunidad excelsa en la frontera con Venezuela. La han aprovechado de la manera excesiva y despiadada que saben hacerlo. Es un problema para Venezuela, cuyas pérdidas sólo en cuanto al contrabando de gasolina se estima que supera los 200 millones de dólares anuales. Una de las puntas del iceberg.

Pero, ante todo, es un problema para Colombia y de los colombianos, que también son víctimas del esquema implantado e implementado por el enlace entre los paramilitares, los narcotraficantes y la dirigencia política, que se desborda por las fronteras.

La ilegalidad es una moda repentina en este país, que de pronto pone a circular la alharaca mediática para incrementar audiencias, el golpe de pecho de algún funcionario despistado, un prelado de súbito moralista o un incómodo opositor de izquierda. Porque no solamente está inserta en un negocio específico o en la sustancia de uso ilícito, sino que, sobre todo, está enquistada en los endebles articulados de unas leyes hechas con el firme propósito de que no se cumplan, o se cumplan a medias, o se cumplan de acuerdo con la ocasión y el marrano.

Nunca se estableció con claridad si Artemo se suicidó o si lo suicidaron. Si lo hizo con mano propia o si fue con un poco de ayuda de sus amigos prestamistas. Tomó un dinero que la usura no le permitió cancelar, pero también pudo no ser así. De igual modo, habría llegado un buen vecino con el fin de garantizarle que su local no sería incendiado, o él asesinado a tiros una mañana, o la hija secuestrada al salir del colegio, a cambio de lo cual debería abonar a diario una suma ponderada de acuerdo con sus ingresos, o un tantico por encima. Trances delincuenciales como este no se daban antes en Venezuela. Ahora avanzan, como en una oleada, de occidente a oriente.

En todo caso, la justicia colombiana se da por bien servida con cualquier teoría más o menos creíble sobre la muerte de Artemo, con tal de evitarse embrollos, líos en los que el propio juez puede terminar optando entre suicidarse y quitarse la vida.

Oligarquía santouribista arremete contra Venezuela bolivarana.

Escrito por  Horacio Duque Giraldo

Viernes, 28 Agosto 2015 07:10

  

A Santos y sus amigotes de la coalicion de gobierno (parapoliticos, socialliberales, conservadores y seudo progresistas aliados de las mafias de las drogas y los combustibles) se les cayo la mascara, se les termino la farsa, y se han postrado como manzas ovejas ante el Jefe supremo del paramilitarismo (AUV). La crisis en la frontera con Venezuela pone al desnudo las lacras sociales de un pais plagado de desplazados por la violencia de los grupos paramilitares financiados y organizados por los grandes poderes y sus fuerzas militares.

El señor Santos ha comunicado la decisión de llamar a consultas a su Embajador ante el gobierno de la República bolivariana de Venezuela. En respuesta, Caracas ha solicitado a su Embajador Ivan Rincón, desplazarse a consultas en su país.

Estos hechos se suman a la cadena de provocaciones y estrategias de la ultraderecha colombiana para desestabilizar y derrocar el gobierno legítimo del Presidente Nicolás Maduro.

Las relaciones entre las dos naciones viven un momento de crisis por el agravamiento de la situación en la frontera que comunica a Cúcuta con el Estado del Táchira. Las autoridades de Caracas fueron empujadas a tomar un conjunto de vigorosas medidas, incluido el cierre del paso fronterizo que será indefinido y condicionada su normalización a que Santos se decida a controlar el contrabando y las activas facciones del paramilitarismo. Esa decisión es consecuencia del sistemático sabotaje promovido desde Colombia para afectar la economía venezolana, en el marco de una brutal guerra económica, mediante el contrabando de combustibles, alimentos y la manipulación del dólar desde las casas de cambio y las redes de manejo de divisas, asunto en el que está involucrado el hermano de uno de los más importantes integrantes del gabinete de Santos, y otros connotados dirigentes de la política oficialista  santandereana.

Es, por supuesto, resultado de la acción de los grupos paramilitares y bandas criminales, utilizadas por las viejas camarillas oligárquicas, locales y regionales, para imponer su dominio y control territorial mediante la muerte, el terror, el desplazamiento forzado y la masacre.

Brigadas y batallones militares y policiales en la frontera organizan deliberadamente redes de asesinos que se ubican en la frontera y se infiltran en territorio venezolano para articularse a los planes golpistas contra el Estado bolivariano. Usugas (uribeños), rastrojos, águilas negras, autodefensas del norte, son los grupos mas caracterizados, encargadas del contrabando, el crimen y el  terror contra la población de los municipios fronterizos.

Esas redes mercenarias son parte de la infraestructura de violencia que acompaña a Uribe Vélez,  su principal promotor y defensor.

Precisamente este personaje es el que ha organizado un show en Cúcuta, para presentarse como una víctima y un falso defensor de los  colombianos que han debido irse para Venezuela por la situación de pobreza y violencia que los afecta en sus lugares de origen.  

Uribe, en cuyos gobiernos ocurrieron los mayores desplazamientos de campesinos y "falsos positivos", está utilizando la compleja situación para realizar una jugada a varias bandas orientada a sabotear los diálogos de paz de La Habana, romper la unidad latinoamericana (Unasur) y llevar a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.

De inmediato toda la élite dominante en el Estado ha salido a rodearlo, a respaldarlo. De nuevo cobra forma el Santouribismo,  como el bloque de poder que muestra sus colmillos de guerra para mantener la estructura de dominación y exclusión prevaleciente en el régimen político interno.

Santistas, neoliberales, parapolíticos, socialliberales, conservadores, demagogos seudoizquierdistas aliados electorales regionales con la mafia de la droga y los combustibles, “enmermelados” de todos los pelambres, alimentados por la corruptela santista de las regalías petroleras, se abrazan para atacar y desestabilizar las conquistas populares de la nación venezolana y al gobierno soberano y revolucionario del Presidente Nicolás Maduro.

Por supuesto, se equivocan. Encontraran la respuesta digna y enérgica del pueblo de Bolívar y Chávez.

En Colombia, el pueblo repudia esta oligarquía reaccionaria asociada al imperialismo en su pretensión de destruir los logros sociales y democráticos de los venezolanos.

Nota 1. Repugnante el papel de la falsimedia mediatica colombiana en este caso, como en todos; la degradación de Paracol es repugnante. Abandonaron los buenos modales, el maltrato al Presidente Maduro y la Canciller Rodríguez es de alcantarilla. Es una cloaca mediática que debería terminar como Globovision. Eso solo se lograra con un cambio profundo en nuestra sociedad, que llegara con los avances de la paz.

Nota 2. Acostumbrado a repartir mermelada para comprar aliados, el señor Santos, el mismo de los “falsos positivos” uribistas y la agresión al Ecuador, ahora ofrece cebo para acomodar la paz a su limitada visión. En vez de estar engañando con curules legislativas a su contraparte en La Habana, lo que debió hacer hace mucho rato el Estado fue restituir las 20 curules senatoriales, decenas de diputaciones y centenas de concejalías a la Unión Patriótica, exterminada por el bloque de poder que representa en la Casa de Nariño.

El ofrecimiento de curules no es más que otra manifestación de la “teoría de juegos” a que acuden en la Presidencia de la Republica en los diálogos de paz para ver por donde les suena la flauta de su paz neoliberal.

Recordemos que la teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (los llamados «juegos») y llevar a cabo procesos de decisión. Sus investigadores estudian las estrategias óptimas así como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos. Tipos de interacción aparentemente distintos pueden, en realidad, presentar estructura de incentivo similar y, por lo tanto, se puede representar mil veces conjuntamente un mismo juego, así sea a través del Póker. Mañas del señor para intentar salir de tanto aprieto que se le complicara con el alza de la crisis económica, mas ahora con el cierre de la frontera, por donde se mueven miles de millones de dólares de la narcoeconomia nacional.

Paramilitarismo en Cucuta y la frontera con Venezuela.

Escrito por  Horacio Duque Giraldo

Sábado, 29 Agosto 2015 10:01

    

El bloque oligarquico de poder en Colombia y la clase politica delincuencial de Cucuta y la zona fronteriza con la hermana Republica bolivariana de Venezuela, ha organizado en dicha region un narco Estado con su propio dispositivo de violencia integrado por las bandas paramilitares ancticomunistas que se han infiltrado por todo el territorio de los Estados fronterizos (Tachira, Zulia, Merida, Apure) atacando y saqueando la economia y las bases de existencia de la poblacion bolivariana.

En un acto de defensa y proteccion de su soberania y de la ciudadania, el Presidente Maduro ha tomado la decision de ejercer control sobre el caos y el desafio planteado por las redes criminales de la oligarquia local de Cucuta, forrada en millones obtenidos mediante el contrabando, la manipulacion del dolar, el narcotrafico y el crimen de campesinos, desplazados y defensores del socialismo revolucionario bolivariano.

La existencia y funcionamiento del paramilitarismo es el corazón mismo de todos los litigios del régimen político prevaleciente en la sociedad colombiana.

Lo es en la superación del largo conflicto armado nacional que avanza en su solución mediante las conversaciones que se realizan desde hace casi cuatro años entre representantes del Estado y delegados de las Farc en La Habana. En el Acuerdo especial para la terminación del conflicto se determinó que “en el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo”. Problemática que la delegación santista evade con el sofisma de que esta ya no existe por ningún lado o punto del territorio. Sin embargo, los hechos desmienten tal conclusión, esas bandas criminales siguen operando con otros nombres y marcas pero con la misma gravedad en sus prácticas violentas y de terror.

Lo es también, en la presente crisis surgida en la frontera de Colombia con Venezuela en los tres ejes de la línea que separa ambos territorios. El Presidente Nicolás Maduro ha señalado con mucha firmeza que desde Cúcuta y Norte de Santander se ha inundado de redes paramilitares a los municipios bolivarianos fronterizos, grupos convertidos en la infraestructura que blinda potentes mafias articuladas al contrabando de gasolina y alimentos, y la manipulación del dólar como parte de la guerra económica orquestada contra Venezuela por los Estados Unidos y la ultraderecha continental, a la que los avances de la revolución popular y democrática bolivariana se les convirtió en una tormentosa pesadilla, como en su momento ocurrió con la revolución cubana.

El paramilitarismo no es algo circunstancial en Colombia. Es parte de la esencia del Estado. Es el régimen político con sus fuerzas armadas quien lo concibió, organizo y lo puso a funcionar para consolidar y proteger el poder político de la oligarquía que monopoliza las instituciones públicas. Existe desde los años sesenta del siglo XX y en las dos últimas décadas se ha dado su auge más pronunciado. En una de sus conocidas obras el pensador político norteamericano, S. Huntington, indica que dicha fuerza es una prolongación del poder político de los militares y las elites correspondientes.

El departamento de Norte de Santander, Cúcuta, su capital, el Área Metropolitana, el Catatumbo y el eje que se extiende hasta San Antonio y San Cristóbal, en el Estado de Táchira, es un hervidero de esa retícula criminal y sangrienta.

Políticos santistas, ultraderechistas, uribistas, mandos policiales, jefes militares, empresarios, intermediarios financieros, parapolíticos y toda la caterva delincuencial que se mueve en ese territorio considera normal y necesaria la existencia de los paramilitares como herramienta para arremeter contra el proceso revolucionario que se inició en Venezuela desde 1999 con el Presidente Hugo Chávez.

El paramilitarismo está más vigente hoy que nunca en Cúcuta y la frontera. Allí operan varias facciones. Los Uribeños, los Rastrojos, las Águilas Negras y las Autodefensas del Norte. Es una realidad que la Casa de Nariño y su tal Defensor del Pueblo, una marioneta gavirista neoliberal, desconocen cínicamente.  Los Uribeños trabajan de la mano de los comandos policiales y las brigadas militares, donde son entrenados y armados; los Rastrojos, desde Puerto Santander, se expanden por Ureña y todo el eje que llega hasta Mérida, de la mano de núcleos corruptos de la Guardia Nacional que los protegen en sus desplazamientos hasta Valencia y Caracas; las Águilas Negras protegen los directorios políticos oficialistas y sus negocios en las Casas de Cambio para manipular el dólar; y las Autodefensas del Norte, comandadas por alias Chang, un paraco uribista de Medellín, cuenta con la protección de la policía metropolitana y sus supuestos encargados de los derechos humanos.

El Alcalde de Cúcuta (DonAmaris Ramirez Paris) y otros burgomaestres de la región no son más que vulgares fichas de estas estructuras criminales. Están al servicio de las mismas facilitando la corrupción y el saqueo de los presupuestos públicos.

Pero el paramilitarismo colombiano hoy, no solo está allí. Con ocasión de las elecciones locales del próximo 25 de octubre y las campañas en curso, los caciques y gamonales de municipios y departamentos, los tienen muy activos. En eso el campeón es Uribe Vélez, a quien acompañan los parapolíticos santistas y de Cambio Radical de Vargas Lleras.

Los jefes políticos del santouribismo utilizan las bandas paramilitares para intimidar y acribillar a los grupos opositores asociados con el apoyo a la paz con justicia social e imponerse en alcaldías y gobernaciones.

Los paramilitares andan por la libre en Antioquia, Urabá,  el eje Cisneros-Puerto Berrio, el centro de Medellín apoyando a Juan Carlos Vélez el designado por Uribe, el Magdalena Medio, el Patía, el Cauca, en Putumayo, el Meta, Arauca, Magdalena, Córdoba, Sucre, Eje cafetero, Bolívar, Huila, Caquetá y en Bogotá, la capital, donde dan todo el respaldo, en Barrios y localidades, a los candidatos ligados al gobierno y al santouribismo: Peñalosa, Pardo y Pacho Santos, para impedir de tal manera el triunfo de la izquierda democrática.

Pero Santos, Uribe y sus roscas miran para otro lado. Dicen que esos son inventos de la guerrilla, la oposición y el Presidente Maduro.

Total. El conflicto armado en Colombia y las crisis permanentes con Venezuela en la frontera seguirán mientras la oligarquía colombiana siga utilizando los paramilitares como instrumento de presión, terrorismo y muerte contra los que no comparten su fementida democracia.

Hay que exigir y presionar su erradicación. La democracia ampliada de que se habla en las conversaciones de paz jamás podrá ser una realidad con los paramilitares funcionando a todo vapor, como se da en la actualidad con el respaldo y patrocinio del santouribismo.

 

[Grecia] ¿Qué busca Alexis Tsipras con futura reelección?

Por: Níkolas Stolpkin

Que no quepa duda, Alexis Tsipras va por la reelección. Sabe bien que necesita fortalecerse en el Parlamento heleno, por lo que una futura reelección lo habrá de fortalecer políticamente y, al mismo tiempo, fortalecería la firma del Memorándum de Entendimiento firmado (19 de agosto) con la Troika (CE, BCE, FMI y el MEDE). 

Tsipras necesita reelegirse lo antes posible porque sencillamente necesita el control del Parlamento, y porque, además, no estaba dispuesto a verse sometido a un voto de confianza, al perder mayoría en el Parlamento el pasado 14 de agosto. Por lo que optó por una jugada riesgosa: dimitir y provocar una futura elección parlamentaria. Decisión tomada, por lo demás, abruptamente sin consultar al Comité Central de su propio partido (Syriza) ni a la totalidad de su propio grupo parlamentario. Resultado de su decisión: 25 parlamentarios de Syriza se distancian del partido para formar nuevo partido, Unidad Popular, convirtiéndose así en la tercera fuerza política de Grecia, desplazando a Amanecer Dorado (17 escaños); y, ahora último, la salida de 53 miembros de su propio Comité Central.

Lo cierto es que la contrariedad dentro del partido ya se estaba arrastrando desde mucho antes, pero pudo verse materializado con la pasada aprobación del primer paquete de medidas de austeridad el pasado 16 de Julio en el Parlamento heleno, cuando se restaron con su voto 32 parlamentarios de Syriza, votando en contra; repitiéndose idéntica escena el pasado 22 de Julio (-31). Pero la fracturación mayor se produjo el 14 de Agosto para la aprobación del Tercer Rescate cuando 47 parlamentarios de Syriza votaron en contra de su aprobación, perdiendo así el gobierno de coalición su mayoría parlamentaria por tercera vez consecutiva, lo que ya hablaba de una fracturación de orden mayor. Nada menor, si vemos que el partido (Syriza) ha venido ganando en el Parlamento con los votos de ANEL, Nueva Democracia, PASOK y To Potami para favorecer los intereses de la Troika.

Syriza claramente abandonó su programa para entregarse al programa de los prestamistas. Que hoy intente convencer de lo contrario, sólo será retórica para alcanzar un fin. Lo claro es, que el gobierno, conformado por la coalición SYRIZA-ANEL, ha firmado ya la entrega de soberanía a la Troika, contraviniendo así la decisión tomada por el pueblo el pasado 05 de Julio (Referéndum). Será retórica todo lo relacionado con el "rescate" de Grecia por parte de la Troika. Sus intenciones no es "ayudar" ni es "a favor del crecimiento" griego, sus intenciones reales es robar la soberanía de Grecia y que el pueblo pague el costo.

Alexis Tsipras sabe que goza aún de mucha popularidad y mientras más rápido se realicen las elecciones parlamentarias, mucho mejor para él. Le conviene lo antes posible debido a que las consecuencias que ha de traer el Memorándum sobre el pueblo griego aún no ha desembarcado plenamente.

Nueva Democracia (76 escaños) y Unidad Popular, segunda y tercera fuerzas políticas más grandes de Grecia, de ninguna manera podrán alcanzar a formar un gobierno de transición de acuerdo a las directrices de la Constitución griega, ya que no les conviene a estas alturas. Por una parte, no tienen mayoría parlamentaria y, por otra, necesitan organizarse para las próximas elecciones; mientras más tiempo tengan para organizarse, mucho mejor.

Unidad Popular es la nueva fuerza política que demuestra mantenerse en contra de la austeridad y las políticas antipopulares de la Troika y, por sobre todo, siguen fieles al programa original de Syriza; son quienes representan de mejor forma el NO que levantó el pueblo en el Referéndum reciente. Pero le falta algo importante dentro de toda propaganda política: la visibilidad de una figura que sepa representar todo ese potencial que le favorece. Porque no basta con tener un partido que represente las cualidades que sea, se hace fundamental tener un rostro que represente al partido. Costas Lapavitsas, por citar un ejemplo, podría ser ese rostro perfectamente. Tiene fuerza, poder de convencimiento, claros fundamentos, pedagogo, economista, intelectual, etc.

Por otra parte, desconocemos el papel que ahora adoptará el partido comunista griego (KKE, 15 escaños) frente a este nuevo escenario político. Hay que recordar que el 28 de Junio votaron en contra del Referendum en el Parlamento heleno. ¿Podría haber alguna posibilidad de alguna alianza táctica, futura, entre Unidad Popular y el KKE, al ser partidos anti-Memorándum?

Lo cierto es, que ahora la tarea principal de Unidad Popular será ir a cada rincón de Grecia a dar a conocer lo que el presente gobierno, SYRIZA-ANEL, firmó con la Troika y explicar al pueblo lo que el gobierno al final respondió frente a un pueblo que dijo NO el 05 de Julio en el Referéndum. Unidad Popular tiene la fiabilidad suficiente para hacer frente a los que traicionaron su programa.

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Carta abierta

Carta abierta

FARC-EP

Rebelión

Compatriotas:
Frente Amplio por la Paz.
Proceso de Constituyentes por la Paz.
Comunidades basadas en la Fe.
Red de Universidades por la Paz.
Hoy se cumple el mes de cese al fuego unilateral decretado por las FARC-EP, del cual ustedes son verificadores; por esta razón, queremos darles a conocer el balance de lo ocurrido durante estos 30 días de vigencia de nuestro gesto de desescalamiento.
Tal como fue denunciado por el Comandante Timoleón Jiménez, en el trascurso de este mes se presentaron 2 bombardeos contra unidades nuestras en el departamento del Putumayo, a pesar de que el Presidente Santos dio una orden pública de suspender dichos ataques; a lo que se agregan operaciones terrestres en varios departamentos, en una muestra de falta de voluntad política, contraria al espíritu del acuerdo denominado “Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia” y que compromete al Gobierno y la insurgencia por igual.
Como resultado de estas operaciones terrestres, en el departamento de Antioquía, una guerrillera fue capturada y dos más asesinadas; en el Caquetá, en un asalto aéreo a una unidad del frente 14, murió un guerrillero y 3 más están desaparecidos, al tiempo que se intensifican las operaciones y las fumigaciones aéreas en áreas de los frentes 32, 15 y 14 en ese mismo departamento; y en los municipios de Toribío, Caloto, Corinto y Belalcazar en el departamento del Cauca.
A las guerrilleras y guerrilleros caídos rendimos sentido homenaje de reconocimiento. Sus vidas cegadas son ejemplo de la generosidad característica de la juventud colombiana y de su aporte a la lucha por una Colombia en paz con justicia social, democracia y soberanía.
Son varias las preocupaciones que deseamos exponer por su intermedio al país, en el entendido que mientras no haya definiciones claras sobre estos asuntos será muy difícil avanzar de manera expedita, en la construcción de acuerdos en la Mesa.
Es consenso nacional que ya no tiene validez dialogar en medio de las detonaciones y el ruido de los fusiles. Por eso, no se entienden estas agresiones a una guerrilla en tregua; que como es lógico, las unidades guerrilleras están en el derecho de responder apelando a la legítima defensa.
Lo más sensato por parte del gobierno es no continuar tratando de sacar ventaja militar de este gesto humanitario de la insurgencia; por ese camino, podemos terminar regresando a situaciones como las que se originaron a raíz de la masacre de guerrilleros en Guapi, Cauca.
Tampoco es comprensible, seguir empeñados en una estrategia de judicialización contra las FARC-EP, mediante la fabricación de expedientes amañados. Si de verdad se aspira a una solución política del conflicto, se hace necesario cesar este tipo de hostilidades y poner freno a la ofensiva mediática que pretende desconocer el carácter político de la insurgencia.
Informes recientes señalan que en los primeros 6 meses de 2015 fueron asesinados 69 defensores de derechos humanos, líderes políticos y sociales, 25 más sufrieron atentados, 334 fueron amenazados y 4 detenidos arbitrariamente; lo que demuestra la existencia de una política sistemática dirigida a perseguir, encarcelar y silenciar a los dirigentes sociales, líderes de movimientos alternativos y defensores de los derechos de todos los colombianos.
A lo anterior se suma el negacionismo gubernamental frente al fenómeno del paramilitarismo, que sigue siendo uno de los principales obstáculos en el camino de la paz; tal como lo demuestra la parálisis del proyecto piloto de descontaminación de explosivos en la vereda El Orejón, debido a las amenazas de los paramilitares que delinquen en el municipio de Briceño, Antioquia, a la vista de todos los pobladores; sin que las autoridades civiles, militares y de policía se den por aludidas.
Es tiempo de analizar la situación jurídica, de los condenados y procesados por pertenecer o colaborar con las FARC-EP y de los más de 9.000 prisioneros políticos y de conciencia, víctimas de los denominados falsos positivos judiciales. Una Colombia en paz con democracia, presupone terminar con semejante aberración. Un buen comienzo sería aliviar el terrible hacinamiento y las condiciones de reclusión, organizando patios especiales para los prisioneros políticos y de guerra.
Conocido el informe preliminar del Censo Agrario, las cifras nos dan la razón. Es oportuno retomar la discusión de las salvedades de este punto, entre las que se encuentra el tema del latifundio. No es buen precedente negar la existencia de estos pendientes, ni incumplir los acuerdos pactados con las organizaciones participantes en el paro agrario de 2013, al tiempo que se presentan proyectos de ley que marchan en contravía de lo ya acordado, como es el caso de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre); y se lanzan iniciativas políticas dirigidas a crear falsas expectativas en la opinión pública.
Como puede verse, sin que se agoten nuestras preocupaciones, son varios y complejos los temas que faltan por abordar en la Mesa, para lo que se necesita de un ambiente político apropiado, ante lo cual ratificamos nuestra decisión de mantener el cese al fuego unilateral, a pesar de los hechos que se vienen sucediendo en distintas regiones de Colombia; pero exigimos una actitud correspondiente por parte del Gobierno para que se pueda consolidar el desescalamiento del conflicto, hasta llegar al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo que toda Colombia reclama.
En ese camino, la patriótica labor de verificación que ustedes adelantan, cobra cada día mayor importancia y se convierte en motivación para que nuevos sectores se sumen a este gran esfuerzo por derrotar la guerra y sus causas en nuestro país.
De ustedes, con sentimiento de consideración;
Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP.