Entrevista a los Comandantes Jesús Santrich, Andrés París y Rubèn Zamora miembros y voceros de la delegación de paz de las Farc-EP sobre Comisión de la Verdad, Foros de Víctimas, y Medios de Comunicación y Paz
Parte 1 de 3
Jesús Santrich Andrés París Rubén Zamora
FSJ: ¿Por qué exigen que la Comisión de la Verdad se remonte al año 1936, tiempo de reformas a la Constitución, y de intentos de cambios progresistas en nuestro país por parte de un gobierno liberal, que incluía conceptos como “orden moral”, en lugar de “moral cristiana”, y el entendimiento de la propiedad con una función social, entre otras medidas que no pudieron ser aplicadas?
Jesús Santrich:
Al abordar las discusiones del tema “Víctimas” hemos hablado de dos instrumentos diferenciados en lo que concierne al asunto de la búsqueda de la verdad: uno es la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y el otro la Comisión de la Verdad. Ambas comisiones son herramientas para el esclarecimiento de los orígenes, causas y consecuencias de la confrontación. Entonces, en este momento te hablaría de la primera porque solamente sobre esa es que hemos hecho ya algunos acuerdos que son públicos y que tiene que ver con su composición, propósitos, mandato, etc. Sobre lo que sería una Comisión de la Verdad aún no hemos avanzado definiciones.
Sobre la Comisión Histórica del Conflicto lo que podemos decir es que uno de los objetivos centrales es darle un contexto histórico a la confrontación política, social y armada que permitan establecer bases sólidas para la definición de la verdad y las responsabilidades.
En el fondo del conflicto el problema de la tenencia y uso de la tierra es fundamental. Existen coincidencias teóricas serias y documentadas de especialistas, que indican que hasta los años treinta del siglo pasado se acentuó en el país una feria de baldíos generando una estructura “bipolar” latifundio-minifundio que configuró un antagonismo profundo entre terratenientes y desposeídos. 
La mayoría de ellos población campesina, indígena y afrodescendiente, todos empobrecidos a los que nunca se les resolvió su situación. En esta época de pre-modernidad se hunden las raíces de la guerra que padecemos, por eso el marco temporal lo extendemos a la primera mitad del siglo XX, pues la guerra no inició con el surgimiento de las FARC ni de ninguna otra guerrilla, sino que su génesis está en la violencia de acumulación capitalista que desató el régimen.
Marmato incrustado en la montaña. Foto Alvaro Lopera
Nosotros hemos planteado que entre los años 30 y 70, el conflicto por la tierra está marcado por la violencia política y en ésta se acentúa el conflicto partidista liberal-conservador el cual, en gran medida, giró en torno al despojo de la tierra y destierro de la población rural. Este fenómeno es factor causal primordial del surgimiento del movimiento de resistencia armada que se convierte en guerrilla.
Te refieres con cierta razón al tiempo de reformas a la Constitución, y de intentos de cambios progresistas del gobierno liberal de López Pumarejo. Desde las políticas públicas de este presidente se intentaron emprendimientos de superación de lo que se consideraba era una estructura agraria atrasada. Ahí surgió la Ley 200 de 1936 como intento de modernización del campo y algo similar puede decirse de la Ley 131 de 1961.
Fueron intentos por lograr la modernización productiva del país. Quizás por eso algunos estudiosos llaman esa etapa del 30 al 70 “período de transición”. El propósito de estas decisiones era también calmar la inconformidad del movimiento campesino, pero esos intentos no tocaban el gran latifundio y exacerbaron la “geofagia” de la aristocracia criolla.
En materia de tierra, lo que a la gente humilde se le entregó fueron baldíos, con alta fragmentación de la tierra, pero lejos de los valles productivos interandinos. No se resolvió nada, la desigualdad y la miseria crecieron y la confrontación se profundizó.
Es necesario señalar que contrario a lo que se pretende posicionar en cuanto a que los problemas de violencia son causados por la existencia de la guerrilla en Colombia, la guerilla surgió como consecuencia de aquella, de la opresión y el despojo a que las élites han sometido a la población.
En gran medida las raíces del fenómeno las podemos apreciar estudiando hechos terribles, incluso previos al año 1930, como la masacre de las bananeras de 1928, la legislación represiva que se impuso en aquellos tiempos, adefesios como la Ley Heroica que estableció el delito de opinión, las circunstancias en que por entonces fue ilegalizado el Partido Socialista Revolucionario; un poco antes, el aplastamiento del movimiento de protesta del 14 de enero de 1927 contra los trabajadores de la Tropical oil Company y de la Andian Nacional Corporation en Barrancabermeja, donde fueron asesinados 15 trabajadores, etc. Así se puede mostrar mejor de dónde viene esta confrontación a la que mucha gente solamente le cuenta el medio siglo de existencia de las FARC como obligada forma de resistencia popular armada.
Convocatoria frente a la sindical obrera. El Centro, Barrancabermeja.
En este drama, la sumisión a los enclaves extranjeros por parte del régimen colombiano y el tratamiento brutal a los trabajadores nacionales ha sido una constante que se extiende hasta los hoy cuando la re-primarización de la economía y la entrega a los intereses trasnacionales vienen acompañados de la muerte y la zozobra que entraña el terrorismo de Estado.
FSJ: ¿Cuando ustedes hablan de completar el cuadro de los horrores de la violencia a qué otros actores se refieren, a qué otras verdades y hasta dónde quieren llegar?
Andrés París:
Empecemos por cuestionar la terminología acuñada por semiólogos y lingüistas para referenciar el tema de las víctimas en los conflictos armados con cierto sesgo que beneficia siempre a los “amos” del poder económico en el mundo.
Tras el llamado pensamiento único y el fin de la historia, laboratorios políticos y lingüísticos para la fábrica del pensamiento neoliberal han entregado nuevas acepciones intentando describir las viejas políticas, que sembraron de violencia y horror a la humanidad, de manera tal que beneficien sus intereses.
Por ejemplo, los llamados “actores de la violencia”. Con esta frase se centra el problema de la guerra como si se tratara de un asunto entre protagonistas armados o dos bandos, ocultando hasta donde más caben la responsabilidad de los Estados, el peso de sus políticas económicas, la responsabilidad de los políticos, que por constitución ejercen el poder y son la instancia legal de las decisiones que tienen que ver con la guerra y la paz, y la responsabilidad de otros sujetos activos en la instigación del conflicto, como es el caso de la gran prensa en la que múltiples elementos de este campo han ayudado a desinformar, a manipular la conciencia nacional y aniquilar la verdad.
Igual ocurre con ciertos personajes de la Iglesia que han incendiado el país desde los púlpitos, convirtiéndose en “actores” con la misma responsabilidad que pudieran tener también los directorios de partidos políticos, como el liberal y el conservador, y el empresariado que ayudó a financiar el paramilitarismo. De todas maneras, algo que está suficientemente claro, aparte de la responsabilidad que tenga cada uno de estos protagonistas de la confrontación es que, poniendo el análisis al derecho, la imputación principal de la violencia y de la guerra de exterminio que ha vivido nuestro país en más de 60 años le cabe al Estado colombiano.
FSJ: ¿Qué tipo de elementos y estrategias incluiría esta Comisión para que las verdades y memorias allí recogidas sean diversas y más incluyentes que la memoria institucional producida hasta el momento por el Estado?
Jesús Santrich:
En cada punto que hemos abordado, las FARC-EP han presentado visiones globales de los problemas a tratar, y al mismo tiempo, hemos expuesto nuestras posiciones alrededor de la situación de crisis económica, política y social que padece el país, incluyendo de manera especial la profunda crisis humanitaria que han generado la guerra sucia y el “terrorismo de Estado”, como factores causales de la confrontación.
Hemos indicado con argumentos irrebatibles que en el Estado radica la máxima responsabilidad en lo que concierne al surgimiento y permanencia del conflicto y sus consecuencias.
Esto implica que el análisis y las soluciones para el punto quinto sobre Víctimas, que contempla los sub puntos sobre derechos humanos y verdad, se asumen, de nuestra parte, desde el plano estructural, desentrañando los orígenes más profundos y efectos. Esto para diseñar desenlaces que satisfagan al conjunto de la población que ha sido golpeada y que, mayoritariamente, compromete a los sectores más empobrecidos y humildes de la nación.
Por eso es que, nuestro enfoque, en cuanto a temporalidad busca ir al menos hasta los años treinta del siglo pasado, en el propósito de mostrar cómo en el fondo del conflicto hay causas de orden económico, muy ligadas al problema de la tenencia, la propiedad y el uso de la tierra, que en últimas alcanzan una dimensión territorial, de factor de poder, de elemento esencial de la confrontación de clases.
La memoria institucional tiende a pasar por alto estos aspectos de orden estructural de la violencia y de la confrontación, enmascara o deja en las tinieblas la principal responsabilidad del Estado y del bloque de poder gobernante en el que están los partidos tradicionales o protagonistas de mucha incidencia como son quienes manejan los hilos de la economía nacional, pero sí ponen de relieve y en primer plano, datos e interpretaciones falseadas, las responsabilidades de quienes han tenido que resistir a la violencia.
A estos los colocan en el plano de grupos armados organizados al margen de la ley, y dentro de esa conceptualización maniquea de la lucha antiterrorista, los descalifican, los estigmatizan y montan en el cadalso mortal de la opinión pública manipulada.
Nuestra estrategia radica en la recuperación de la verdad. Al contrario de lo que se pretende posicionar en cuanto a que los problemas de violencia son causados por la existencia de la guerrilla en Colombia, urge esclarecer que ésta ha surgido como consecuencia de aquella, de la opresión y el despojo a que las élites han sometido a la población.
Para encontrar la verdad y acertar con las soluciones se requiere consultar con el pasado, a partir de unos soportes de trabajo serios y responsables. Por eso, entre los instrumentos necesarios para seguir esa estrategia de búsqueda de la verdad insistimos mucho en la definición de unos principios. Estos están consignados en lo que publicamos en acuerdo con el gobierno como “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la Agenda: Víctimas” que en síntesis es una reiteración detallada del compromiso de respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, reivindicando su pleno cumplimiento y dimensión.
Y se reitera además, con mucho énfasis, el compromiso de reconocimiento, respeto y resarcimiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario o que sean víctimas del conflicto en general.
Esta declaración debe guiar cualquier acción e iniciativa que se realice en desarrollo del quinto punto, y de todos los puntos que están pendientes por definirse en la discusión del Acuerdo General de la Habana, y apunta especialmente a que se dé el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y efectos, en el camino de satisfacer los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general.
Es importante indicar que cuando en lo que hemos acordado se habla de resarcimiento, existe el compromiso de atender, también, a los principios de universalidad, igualdad y progresividad, sin pasar por alto las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales.
Un segundo instrumento es la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, el tercero es el de la Comisión de la Verdad; ambos destinados a que el esclarecimiento de los hechos de la confrontación no se deje para después sino que inicie desde ya.
Están también los foros que se realizaron en Villavicencio, Barrancabermeja, Barranquilla y Cali, alrededor de los cuales infortunadamente hubo mucha manipulación mediática que en vez de abogar por el entendimiento alimentó la vindicta y se harán las audiencias con la víctimas en La Habana, ya se dio la primera, que deben dotarnos de insumos para profundizar en la búsqueda de soluciones y caminos de reconciliación.
Finalmente presentaremos un marco conceptual desde nuestra visión para tener herramientas interpretativas suficientes y un preciso listado de propuestas mínimas entre las que estará nuestra propuesta de Comisión de la Verdad y nuestras ideas en torno a lo que debe ser el proceso de transición hacia la paz justa, desechando cualquier intento de que el Estado se nos convierta en juez y parte o en sujeto omnipotente que imponga los mecanismos de refrendación.
Subrayamos en que con el trabajo de la Comisión Histórica, definitivamente comienza el esclarecimiento de la verdad, que es una tarea que aspiramos complete con detalle un poco más adelanta la Comisión de la Verdad.
FSJ: ¿Cuándo se instalará la comisión de esclarecimiento de las causas y responsabilidades del conflicto, qué avances hay en ese tema?
Jesús Santrich:
Lo que se tiene previsto es que el 21 de agosto, se instalará formalmente la Comisión Histórica del Conflicto. La Comisión Histórica será un instrumento fundamental para el proceso de esclarecimiento de orígenes, causas y consecuencias del conflicto que antecede a la Comisión de la Verdad y tiene la particularidad de que comenzará su trabajo este mismo mes y en concomitancia con el trabajo que las Delegaciones harán en la Mesa.
Este grupo de doce expertos, que harán su primera presentación en La Habana, están facultados también para orientar y contribuir a la discusión del punto sobre víctimas.
Sobre esta comisión hay acordado un mandato, con propósitos y procedimientos de trabajo que operarán durante cuatro meses a partir de la instalación, lo cual quiere decir que a finales de diciembre tendremos el resultado de sus estudios y conclusiones.
La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas proporcionará el contexto histórico que permita un entendimiento de la confrontación, apegado a la verdad e indicando responsabilidades, no individuales, sino de orden político. Con el trabajo de esta Comisión comienza el esclarecimiento de la verdad que es una tarea que aspiramos complete con detalle un poco más adelanta la Comisión de la Verdad.
FSJ: En su carta al “nuevo” Congreso ustedes hablan de la firma de un Tratado de Paz cuando se firmen los acuerdos. ¿Cómo visualizan ese tratado y cómo se puede llegar a la paz sin reformas estructurales?
Jesús Santrich:
No hay paz justa sin reformas estructurales. Por eso hablamos de la necesidad de firmar un “Tratado de paz”, pues el acuerdo al que lleguemos debe concluir la guerra y esto implica poner fin a las causas que la generaron, adecuando soluciones expuestas de manera clara, integral, objetiva y ordenada con garantías -y no simples promesas, sobre los asuntos de la vida nacional que están comprendidos en el Acuerdo General de La Habana y su Agenda- que tienen que ver con la superación de la miseria, la desigualdad y la carencia de democracia, fuentes principales de la victimización a la cual la plutocrática clase gobernantes ha sometido a las mayorías.
La importancia de un instrumento de esta naturaleza es tal, que por eso hemos insistido en que la población tenga la mayor participación en su construcción. Esto ha sido muy difícil porque cuando pedimos la presencia de delegaciones populares y de partidos y movimientos sociales para hablar en La Habana hubo amenazas de judicialización contra la gente.
Trasladarse a Cuba lo estaban convirtiendo en un delito. Solamente ahora se ha logrado que para el desarrollo del punto quinto las víctimas del conflicto estén presentes en la Mesa de Conversaciones.
Esta misma mecánica debió ocurrir en las discusiones de los puntos anteriores. Ojalá que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente permita resolver este importante aspecto de la participación ciudadana como factor fundamental en la construcción de la paz.
Volviendo al aspecto de los cambios estructurales, debo decir que la conquista de la paz no será posible si no hay cambios de fondo en materia económica y política. Estos cambios obligan a poner fin al neoliberalismo, a partir del establecimiento de la democracia y la materialización progresiva de la justicia social. No se puede seguir instrumentalizando, ni manipulando de manera utilitarista y simplista, el concepto de la paz, pretendiendo instalar en el imaginario colectivo la idea según la cual la paz es el desarme de la insurgencia.
El sendero cierto de la reconciliación inicia con el reconocimiento de los derechos plenos de la gente y la realización de las transformaciones sociales que el pueblo reclama en las calles. En este sentido, el gobierno no puede seguir repitiendo su perorata guerrerista opuesta al desescalamiento de la confrontación que le exigen las mayorías, ni negarse a poner en marcha desde ahora las soluciones a las exigencias urgentes de las comunidades.
No es nada coherente con un discurso de paz seguir despilfarrando los recursos nacionales en el fortalecimiento bélico, o continuar con el proceso de reprimarización de la economía, en su degeneración extractivista y en el incremento de la dinámica especulativa del capital financiero, etc que hunden la soberanía y entregan el país a las trasnacionales.
Sin cambios estructurales seguramente no habría campo para la firma del anhelado Acuerdo Final, sencillamente porque un compromiso de paz verdadera va más allá de su referencia a la finalización del conflicto armado. Un compromiso de paz verdadera se da cuando con determinación y celeridad se ponen en marcha soluciones los problemas de los que deriva el conflicto en todas sus dimensiones. Esto es, se ponen en marcha los cambios de las condiciones estructurales que atizan la lucha social, desistiendo del militarismo y del engaño torpe que anuncia el pos-conflicto como si fuera el resultado absurdo del aplastamiento militar o del sometimiento de la insurgencia mediante promesas vanas que se hacen al mismo tiempo que se incrementan las injusticias y el militarismo.
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