El otro día, pasando por delante del local de una organización de caridad acá en Dublín, vi un cartel que decía “Nuestra organización seguirá apoyando a las víctimas de Israel y de Palestina en el actual conflicto”. Comparto la opinión de quienes dicen que toda pérdida de vida humana es lamentable: pero equiparar la tragedia de dos mil civiles palestinos masacrados con uno o dos civiles israelíes muertos en una guerra asimétrica declarada por Israel sin ningún asidero en el derecho internacional, me parece un abuso indignante. Equiparar las víctimas de una nación desarraigada, bloqueada, despojada, empobrecida, con un par de ciudadanos respaldados por uno de los Ejércitos más modernos del mundo y cuyas familias se beneficiarán de todo el apoyo psicológico, económico y social del Estado de Israel, me parece francamente obsceno. No sólo es deshonesto, sino estúpido, y sin embargo, constituye la narrativa con la cual EEUU justifica los crímenes de lesa humanidad de su alfil en el Medio Oriente. Porque cuando se trata de un conflicto donde las partes son tan desiguales, tratar de equipararlas en el discurso es un recurso para dar mayor preponderancia a las minorías poderosas.
Una situación parecida es la manera como se está abordando el tema de las víctimas que comienza a ser discutido en las negociaciones de La Habana . La delegación de víctimas que llegó a La Habana [1] , “muy plural que representaba varios hechos victimizantes, varias regiones, varios estratos sociales y víctimas de varios victimarios”, en palabras del representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild [2] , refleja ese desequilibrio. Representando a todas las víctimas por igual, se pierde toda noción de representatividad en el conflicto colombiano, en el cual la inmensa mayoría de las víctimas son pobres y han sido victimizadas por agentes estatales o paraestatales. Se sigue así invisibilizando a la inmensa mayoría de las víctimas de esa violencia masiva que han sufrido los pobres, fundamentalmente en el campo, por parte del Estado con el propósito de aplastar la rebelión. Con el discurso de los “victimarios” se dejan de lado las responsabilidades políticas e históricas, así como la escala de las violencias respectivas. Se nos dirá que es muy difícil mantener el equilibrio en estos casos: pero ahí está la raíz del problema, y es que tal equilibrio entre victimarios y violencias no existe. En el intento de crearlo artificialmente se desfigura la realidad. Aún el mismo término “víctima” es utilizado de manera bastante elástica en la narrativa oficial. Desde los medios se machaca que todos somos víctimas, aunque claro, algunos somos más víctimas que otros. El Estado es una víctima, en opinión de Álvaro Uribe, quien dice esto sin sonrojarse, parodiando a Turbay Ayala cuando decía que él era el único prisionero político en Colombia. El tema de víctimas da para todo y aunque sé que se trata de un tema espinoso y sensible, creo necesario discutir en torno a algunos problemas que obscurecen la real naturaleza del debate.
¿Qué entendemos por víctima?
Uno de los primeros problemas es la falta de definición en torno a qué nos referimos con víctimas: ¿víctimas de violaciones al derecho internacional humanitario o a las violaciones de derechos humanos? Hay una tendencia a confundir de manera deliberada el DIH con los DDHH, tendencia que ha ido de la mano con una tentativa de “privatizar” los DDHH e ignorar que es responsabilidad suprema del Estado garantizarlos en función de su legitimidad ante la sociedad. Incluso, los DDHH se han convertido en un ejercicio de relaciones públicas a la vez que en arma de guerra: las oficinas de DDHH del Ejército están ligadas a Operaciones Psicológicas. DIH y DDHH no son lo mismo y su confusión no ayuda a esclarecer lo que está en juego. Una son las infracciones de los actores en conflicto en el contexto de la confrontación armada [3] . Las violaciones a los derechos humanos son aquellas perpetradas por el Estado o por su inacción, por agentes del Estado o por personas aliadas a él (ej. paramilitares), que van directamente en contra de las disposiciones estipuladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo particularmente grave de este último tipo de violaciones, es que no solamente victimizan la persona, sino que degradan las nociones más esenciales que se tienen del ser humano en la modernidad, así como también degradan el concepto de ciudadano en que se fundamenta el Estado Moderno, que aunque se pueda argumentar que es una ficción, representa una o bligación para quienes ejercen el poder en la actual sociedad. Las violaciones a los derechos humanos, insistimos, son hechas por el Estado y al decretar a sectores de la sociedad como no-ciudadanos, paso previo a negarles su condición humana, abre las puertas al derecho a la rebelión consagrado en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos. En esta perspectiva, el surgimiento de los movimientos guerrilleros se ve en una luz completamente diferente.
Otro problema es la perspectiva temporal corta en que se asienta todo el debate en torno a las víctimas. Se da por sentado que el conflicto armado que hoy se vive en Colombia se inició con el surgimiento de los movimientos guerrilleros FARC-EP y el ELN entre 1964-1966. A lo sumo, como se hace en el informe “Basta Ya” del Centro Nacional de Memoria Histórica, se comienza con el Frente Nacional en 1958. El problema con esta historia “corta” es que no da cuenta del momento en que el escenario para la actual violencia fue sentado desde la década de los ’30, surgiendo una violencia nítida, con una continuidad hasta el presente desde 1946. Cuando los guerrilleros en La Habana se declararon víctimas del conflicto, despertaron airadas reacciones por parte de los gurús del establecimiento y de sus obsecuentes propagandistas en los medios. Sin embargo, si adoptamos la historia larga y una comprensión cabal de los DDHH, podremos comprender cómo los campesinos perseguidos en el período conocido como la Violencia (1946-1958) se alzaron en armas, en rebelión, contra un Estado que, cuando no los masacraba y violaba, observaba impávido como las milicias privadas de los terratenientes lo hacían. Todo esto tiene lógicamente que ver con el problema de la memoria y de la verdad histórica, que también son temas que tendrán que abordarse en el marco de las negociaciones.
El otro problema es que la misma definición de víctimas también deja de lado algunos elementos más complicados para asir la naturaleza de esta guerra degradada, difusa, a veces difícil de definir: ¿qué pasa con los exiliados? ¿qué pasa con los presos políticos y de guerra víctimas de atroces torturas y de privaciones de agua, medicamentos, alimentos, útiles de aseo, etc.? ¿una persona que ha sido victimizada por agentes del Estado o paramilitares pierde su condición de víctima si se rebela y toma las armas ? ¿qué pasa con las víctimas de la limpieza social, esos nadie, los llamados desechables, que viviendo en los márgenes de la sociedad no tienen organizaciones que les representen? ¿qué pasa con los que han sido víctimas de un modelo de desarrollo impuesto a sangre y fuego por las multinacionales? ¿por qué no son las multinacionales, de hecho, consideradas como un actor del conflicto armado pese a su abierta complicidad con agentes del Estado y con bandas paramilitares? ¿es la naturaleza una víctima del conflicto, independientemente de su centralidad para sostener a la humanidad como una entidad viable? ¿qué pasa con las personas que sin haber sufrido de la violencia física directamente sufren de la violencia estructural, de la exclusión, la marginación y la violencia de la sociedad impuesta median te la guerra, como el caso de los niños hambreados en la Guajira y en toda Colombia? Son preguntas nada fáciles y que algunas organizaciones se están atreviendo a plantear.
La víctima despolitizada y pasiva
Hay una tendencia a despolitizar al concepto de víctimas, tendencia en la que han caído aún algunos sectores tradicionalmente vinculados a la izquierda. Se puede afirmar que “no permitiremos que enfrenten a las víctimas”, como si todos fueran la misma cosa, pero ese nunca ha sido el problema de fondo. Esta manera indiferenciada de abordar la problemática de las víctimas refuerza un discurso desmovilizador y apolítico que ha calado hondo en sectores de los defensores de DDHH (¡Cuánta falta hace el doctor Eduardo Umaña!). Denunciar los “manejos políticos” ante el tema de las víctimas es un sin sentido, precisamente, porque las víctimas están inscritas en un conflicto esencialmente político.
El problema de fondo es que el debate en torno a las víctimas (quién, cómo y en qué sentido es una víctima) es un debate que nos enfrenta con la naturaleza misma del conflicto social y armado en Colombia, con esa violencia que permea diferencialmente al conjunto de la sociedad, violencia que es ante todo y por sobre todas las cosas, una violencia de carácter político. Explorar el problema de las víctimas desde una perspectiva aséptica, acrítica, como si fuera una categoría que engloba a todos por igual es insostenible. No puede darse el debate de las víctimas dejando de lado aspectos claves de contexto ni de la intencionalidad de quienes han perpetrado los actos de violencia. No todas las violencias son iguales. Este es un principio clave del proyecto “Nunca Más”, en el que participaron las más importantes organizaciones de DDHH del país, el cual expresa sin ambigüedades:
Desde hace varios años (…) nos hemos visto sometidas a extremas presiones, por parte de fuerzas sociales, nacionales e internacionales, para que nuestras denuncias y acciones humanitarias se sitúen en ‘posiciones neutrales’, que no recarguen las censuras sobre ninguna de las partes en conflicto, y para que nuestro trabajo se rija por parámetros de ‘equilibrio’ que lleve a estigmatizar ‘por igual’ y a ‘equiparar’ las diversas violencias que afectan a la sociedad colombiana. Se nos ha presentado como principio rector que debe orientar nuestro trabajo, el de ‘Condenar toda violencia, venga de donde viniere’. Muchas veces nos hemos preguntado si tal tipo de neutralidad es éticamente sustentable.
Creemos que ningún tipo de discernimiento ético puede dispensarnos (…) de tener en cuenta (…) los móviles y estrategias globales que comprometen a los diversos actores enfrentados. Imperativos éticos (…) nos llevan a censurar con mayor fuerza a quienes se sirven de la violencia represiva para defender violencias estructurales e injusticias institucionales que favorecen a capas privilegiadas de la sociedad, mientras victimizan, exterminan o destrozan a las capas sociales más pobres y vulnerables, sometidas a siglos de despojo e injusticia.
(…) No es posible ser neutral cuando se es consciente de que un polo de la violencia es mucho más dañino para el conjunto de la sociedad, o acumula en sí mismo mayores perversidades, o representa la oclusión institucional de los caminos que podrían conducir a una sociedad más justa, o acumula en su haber mayor violencia contra los débiles. [4]
Qué pena, y digo esto con todo el respeto del mundo: no es lo mismo el caso de Bojayá, donde el cilindro-bomba –lanzado por lo demás de manera irresponsable- fue desviado pero no hubo la intención explícita de asesinar personas, con las incontables masacres del paramilitarismo que fueron hechas con intención y alevosía. Por censurable que sea, no es lo mismo el secuestro de un parapolítico corrupto, que la desaparición de un campesino que organizó a su comunidad para tratar colectivamente de superar los efectos más apremiantes de la pobreza. Jamás podré estar de acuerdo con quienes traten de equiparar situaciones tan complejas y diferentes, equiparamiento que sirve para encubrir la naturaleza políticamente motivada de la violencia que azota a Colombia.
Una opción ética, popular y libertaria ante el tema de víctimas
Si hay una cosa en la que estoy de acuerdo con los uribistas es que no todas las víctimas son iguales: esto es tan cierto en Colombia como lo es en Palestina. Creo que afirmar lo contrario es una necedad que no tiene nada que ver ni con el acto humano de la empatía ni de la reconciliación. Cualquiera que haya visto la televisión colombiana se da cuenta de esto que los uribistas insisten hasta el cansancio: algunas “víctimas” – las menos y las que tienen una posición económica privilegiada- reciben atención en horarios estelares mientras otras son vilipendiadas, ignoradas o despreciadas con la terrible sentencia “por algo habrá sido”. El tema de las víctimas reproduce la exclusión y marginalización de una sociedad polarizada en clases que parecen más bien castas. Esto lo expresa mucho mejor un artículo del mordaz Camilo de los Milagros:
Durante décadas se ha construido una narrativa de la confrontación en Colombia a la medida de las élites: malos muy malos contra buenos impecables. Ciertas víctimas gozan desde entonces un protagonismo claramente interesado en desprestigiar al malo de oficio, al demonio causante de todas las desgracias del país. ¿Pero qué tan nocivo ha sido ese demonio? ¿Por qué en lugar de uno o dos testimonios desgarradores y amarillistas, no se valora de conjunto la catástrofe humanitaria donde ambos bandos han cometido atrocidades? ¿Por qué no se esclarecen las responsabilidades completas?
(…) Las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Ninguna comparación tan odiosa como ésta de poner muertos en los dos extremos de la balanza. Con horror se constata que el 70% de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado son atribuidos al Estado o sus agentes paralelos, mientras ni siquiera el 20% corresponde a los grupos subversivos. Es una desproporción aterradora que no se corresponde para nada con la narrativa oficial. Las cifras corresponden a mediciones de las Naciones Unidas, a los datos del CINEP e incluso a la Comisión de Memoria Histórica que financia el mismo gobierno nacional. No es retórica mamerta, no es complicidad con el terrorismo, no es un intento por desviar la atención sobre los crímenes de la insurgencia. Es la constatación de cómo usando un magnífico encantamiento televisivo uno de los bandos va a salir limpio. El que más dolor ha causado. [5]
Ante el debate de las víctimas uno tampoco puede ser neutral. Si tengo que estar con alguien, estoy con aquellos que han sido víctimas de los que han querido mantener una de las sociedades más desiguales del planeta a sangre y fuego. Estoy al lado de aquellos que se han opuesto a los que trataron de aniquilar -hasta la semilla- visiones alternativas de sociedad. Estoy con los que han sido víctimas de quienes se han enriquecido despojando a los que menos tienen. Estoy del lado de quienes se han resistido a los designios de quienes, a fin de conservar sus nefastos privilegios, serían capaces de hacer arder a toda Colombia. Estoy del lado de quienes no se les ha permitido ni siquiera llorar a sus muertos por miedo al castigo de un Estado que celebra el espectáculo aleccionador de la sangre chorreando de cabezas decapitadas. Estoy del lado de quienes no se les ha permitido siquiera decir que son víctimas, porque las víctimas del Estado, supuestamente, no existen. Estoy del lado de quienes nunca han tenido ni la televisión ni la prensa para cubrir sus desgracias, aunque me lluevan rayos y centellas. Como se ve, el tema de víctimas es otro campo de batalla más en esta confrontación fundamentalmente política.
NOTAS:
[1] http://www.semana.com/
[2] http://www.
[3] Esto sin abordar las inadecuaciones del DIH para regular conflictos irregulares o fundamentados en la lucha de guerrilla.
[4] Colombia Nunca Más , Capítulo V, Tomo I, 2000, pp.99-100.
[5] http://www.rebelion.org/
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010).
Una situación parecida es la manera como se está abordando el tema de las víctimas que comienza a ser discutido en las negociaciones de La Habana . La delegación de víctimas que llegó a La Habana [1] , “muy plural que representaba varios hechos victimizantes, varias regiones, varios estratos sociales y víctimas de varios victimarios”, en palabras del representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild [2] , refleja ese desequilibrio. Representando a todas las víctimas por igual, se pierde toda noción de representatividad en el conflicto colombiano, en el cual la inmensa mayoría de las víctimas son pobres y han sido victimizadas por agentes estatales o paraestatales. Se sigue así invisibilizando a la inmensa mayoría de las víctimas de esa violencia masiva que han sufrido los pobres, fundamentalmente en el campo, por parte del Estado con el propósito de aplastar la rebelión. Con el discurso de los “victimarios” se dejan de lado las responsabilidades políticas e históricas, así como la escala de las violencias respectivas. Se nos dirá que es muy difícil mantener el equilibrio en estos casos: pero ahí está la raíz del problema, y es que tal equilibrio entre victimarios y violencias no existe. En el intento de crearlo artificialmente se desfigura la realidad. Aún el mismo término “víctima” es utilizado de manera bastante elástica en la narrativa oficial. Desde los medios se machaca que todos somos víctimas, aunque claro, algunos somos más víctimas que otros. El Estado es una víctima, en opinión de Álvaro Uribe, quien dice esto sin sonrojarse, parodiando a Turbay Ayala cuando decía que él era el único prisionero político en Colombia. El tema de víctimas da para todo y aunque sé que se trata de un tema espinoso y sensible, creo necesario discutir en torno a algunos problemas que obscurecen la real naturaleza del debate.
¿Qué entendemos por víctima?
Uno de los primeros problemas es la falta de definición en torno a qué nos referimos con víctimas: ¿víctimas de violaciones al derecho internacional humanitario o a las violaciones de derechos humanos? Hay una tendencia a confundir de manera deliberada el DIH con los DDHH, tendencia que ha ido de la mano con una tentativa de “privatizar” los DDHH e ignorar que es responsabilidad suprema del Estado garantizarlos en función de su legitimidad ante la sociedad. Incluso, los DDHH se han convertido en un ejercicio de relaciones públicas a la vez que en arma de guerra: las oficinas de DDHH del Ejército están ligadas a Operaciones Psicológicas. DIH y DDHH no son lo mismo y su confusión no ayuda a esclarecer lo que está en juego. Una son las infracciones de los actores en conflicto en el contexto de la confrontación armada [3] . Las violaciones a los derechos humanos son aquellas perpetradas por el Estado o por su inacción, por agentes del Estado o por personas aliadas a él (ej. paramilitares), que van directamente en contra de las disposiciones estipuladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo particularmente grave de este último tipo de violaciones, es que no solamente victimizan la persona, sino que degradan las nociones más esenciales que se tienen del ser humano en la modernidad, así como también degradan el concepto de ciudadano en que se fundamenta el Estado Moderno, que aunque se pueda argumentar que es una ficción, representa una o bligación para quienes ejercen el poder en la actual sociedad. Las violaciones a los derechos humanos, insistimos, son hechas por el Estado y al decretar a sectores de la sociedad como no-ciudadanos, paso previo a negarles su condición humana, abre las puertas al derecho a la rebelión consagrado en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos. En esta perspectiva, el surgimiento de los movimientos guerrilleros se ve en una luz completamente diferente.
Otro problema es la perspectiva temporal corta en que se asienta todo el debate en torno a las víctimas. Se da por sentado que el conflicto armado que hoy se vive en Colombia se inició con el surgimiento de los movimientos guerrilleros FARC-EP y el ELN entre 1964-1966. A lo sumo, como se hace en el informe “Basta Ya” del Centro Nacional de Memoria Histórica, se comienza con el Frente Nacional en 1958. El problema con esta historia “corta” es que no da cuenta del momento en que el escenario para la actual violencia fue sentado desde la década de los ’30, surgiendo una violencia nítida, con una continuidad hasta el presente desde 1946. Cuando los guerrilleros en La Habana se declararon víctimas del conflicto, despertaron airadas reacciones por parte de los gurús del establecimiento y de sus obsecuentes propagandistas en los medios. Sin embargo, si adoptamos la historia larga y una comprensión cabal de los DDHH, podremos comprender cómo los campesinos perseguidos en el período conocido como la Violencia (1946-1958) se alzaron en armas, en rebelión, contra un Estado que, cuando no los masacraba y violaba, observaba impávido como las milicias privadas de los terratenientes lo hacían. Todo esto tiene lógicamente que ver con el problema de la memoria y de la verdad histórica, que también son temas que tendrán que abordarse en el marco de las negociaciones.
El otro problema es que la misma definición de víctimas también deja de lado algunos elementos más complicados para asir la naturaleza de esta guerra degradada, difusa, a veces difícil de definir: ¿qué pasa con los exiliados? ¿qué pasa con los presos políticos y de guerra víctimas de atroces torturas y de privaciones de agua, medicamentos, alimentos, útiles de aseo, etc.? ¿una persona que ha sido victimizada por agentes del Estado o paramilitares pierde su condición de víctima si se rebela y toma las armas ? ¿qué pasa con las víctimas de la limpieza social, esos nadie, los llamados desechables, que viviendo en los márgenes de la sociedad no tienen organizaciones que les representen? ¿qué pasa con los que han sido víctimas de un modelo de desarrollo impuesto a sangre y fuego por las multinacionales? ¿por qué no son las multinacionales, de hecho, consideradas como un actor del conflicto armado pese a su abierta complicidad con agentes del Estado y con bandas paramilitares? ¿es la naturaleza una víctima del conflicto, independientemente de su centralidad para sostener a la humanidad como una entidad viable? ¿qué pasa con las personas que sin haber sufrido de la violencia física directamente sufren de la violencia estructural, de la exclusión, la marginación y la violencia de la sociedad impuesta median te la guerra, como el caso de los niños hambreados en la Guajira y en toda Colombia? Son preguntas nada fáciles y que algunas organizaciones se están atreviendo a plantear.
La víctima despolitizada y pasiva
Hay una tendencia a despolitizar al concepto de víctimas, tendencia en la que han caído aún algunos sectores tradicionalmente vinculados a la izquierda. Se puede afirmar que “no permitiremos que enfrenten a las víctimas”, como si todos fueran la misma cosa, pero ese nunca ha sido el problema de fondo. Esta manera indiferenciada de abordar la problemática de las víctimas refuerza un discurso desmovilizador y apolítico que ha calado hondo en sectores de los defensores de DDHH (¡Cuánta falta hace el doctor Eduardo Umaña!). Denunciar los “manejos políticos” ante el tema de las víctimas es un sin sentido, precisamente, porque las víctimas están inscritas en un conflicto esencialmente político.
El problema de fondo es que el debate en torno a las víctimas (quién, cómo y en qué sentido es una víctima) es un debate que nos enfrenta con la naturaleza misma del conflicto social y armado en Colombia, con esa violencia que permea diferencialmente al conjunto de la sociedad, violencia que es ante todo y por sobre todas las cosas, una violencia de carácter político. Explorar el problema de las víctimas desde una perspectiva aséptica, acrítica, como si fuera una categoría que engloba a todos por igual es insostenible. No puede darse el debate de las víctimas dejando de lado aspectos claves de contexto ni de la intencionalidad de quienes han perpetrado los actos de violencia. No todas las violencias son iguales. Este es un principio clave del proyecto “Nunca Más”, en el que participaron las más importantes organizaciones de DDHH del país, el cual expresa sin ambigüedades:
Desde hace varios años (…) nos hemos visto sometidas a extremas presiones, por parte de fuerzas sociales, nacionales e internacionales, para que nuestras denuncias y acciones humanitarias se sitúen en ‘posiciones neutrales’, que no recarguen las censuras sobre ninguna de las partes en conflicto, y para que nuestro trabajo se rija por parámetros de ‘equilibrio’ que lleve a estigmatizar ‘por igual’ y a ‘equiparar’ las diversas violencias que afectan a la sociedad colombiana. Se nos ha presentado como principio rector que debe orientar nuestro trabajo, el de ‘Condenar toda violencia, venga de donde viniere’. Muchas veces nos hemos preguntado si tal tipo de neutralidad es éticamente sustentable.
Creemos que ningún tipo de discernimiento ético puede dispensarnos (…) de tener en cuenta (…) los móviles y estrategias globales que comprometen a los diversos actores enfrentados. Imperativos éticos (…) nos llevan a censurar con mayor fuerza a quienes se sirven de la violencia represiva para defender violencias estructurales e injusticias institucionales que favorecen a capas privilegiadas de la sociedad, mientras victimizan, exterminan o destrozan a las capas sociales más pobres y vulnerables, sometidas a siglos de despojo e injusticia.
(…) No es posible ser neutral cuando se es consciente de que un polo de la violencia es mucho más dañino para el conjunto de la sociedad, o acumula en sí mismo mayores perversidades, o representa la oclusión institucional de los caminos que podrían conducir a una sociedad más justa, o acumula en su haber mayor violencia contra los débiles. [4]
Qué pena, y digo esto con todo el respeto del mundo: no es lo mismo el caso de Bojayá, donde el cilindro-bomba –lanzado por lo demás de manera irresponsable- fue desviado pero no hubo la intención explícita de asesinar personas, con las incontables masacres del paramilitarismo que fueron hechas con intención y alevosía. Por censurable que sea, no es lo mismo el secuestro de un parapolítico corrupto, que la desaparición de un campesino que organizó a su comunidad para tratar colectivamente de superar los efectos más apremiantes de la pobreza. Jamás podré estar de acuerdo con quienes traten de equiparar situaciones tan complejas y diferentes, equiparamiento que sirve para encubrir la naturaleza políticamente motivada de la violencia que azota a Colombia.
Una opción ética, popular y libertaria ante el tema de víctimas
Si hay una cosa en la que estoy de acuerdo con los uribistas es que no todas las víctimas son iguales: esto es tan cierto en Colombia como lo es en Palestina. Creo que afirmar lo contrario es una necedad que no tiene nada que ver ni con el acto humano de la empatía ni de la reconciliación. Cualquiera que haya visto la televisión colombiana se da cuenta de esto que los uribistas insisten hasta el cansancio: algunas “víctimas” – las menos y las que tienen una posición económica privilegiada- reciben atención en horarios estelares mientras otras son vilipendiadas, ignoradas o despreciadas con la terrible sentencia “por algo habrá sido”. El tema de las víctimas reproduce la exclusión y marginalización de una sociedad polarizada en clases que parecen más bien castas. Esto lo expresa mucho mejor un artículo del mordaz Camilo de los Milagros:
Durante décadas se ha construido una narrativa de la confrontación en Colombia a la medida de las élites: malos muy malos contra buenos impecables. Ciertas víctimas gozan desde entonces un protagonismo claramente interesado en desprestigiar al malo de oficio, al demonio causante de todas las desgracias del país. ¿Pero qué tan nocivo ha sido ese demonio? ¿Por qué en lugar de uno o dos testimonios desgarradores y amarillistas, no se valora de conjunto la catástrofe humanitaria donde ambos bandos han cometido atrocidades? ¿Por qué no se esclarecen las responsabilidades completas?
(…) Las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Ninguna comparación tan odiosa como ésta de poner muertos en los dos extremos de la balanza. Con horror se constata que el 70% de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado son atribuidos al Estado o sus agentes paralelos, mientras ni siquiera el 20% corresponde a los grupos subversivos. Es una desproporción aterradora que no se corresponde para nada con la narrativa oficial. Las cifras corresponden a mediciones de las Naciones Unidas, a los datos del CINEP e incluso a la Comisión de Memoria Histórica que financia el mismo gobierno nacional. No es retórica mamerta, no es complicidad con el terrorismo, no es un intento por desviar la atención sobre los crímenes de la insurgencia. Es la constatación de cómo usando un magnífico encantamiento televisivo uno de los bandos va a salir limpio. El que más dolor ha causado. [5]
Ante el debate de las víctimas uno tampoco puede ser neutral. Si tengo que estar con alguien, estoy con aquellos que han sido víctimas de los que han querido mantener una de las sociedades más desiguales del planeta a sangre y fuego. Estoy al lado de aquellos que se han opuesto a los que trataron de aniquilar -hasta la semilla- visiones alternativas de sociedad. Estoy con los que han sido víctimas de quienes se han enriquecido despojando a los que menos tienen. Estoy del lado de quienes se han resistido a los designios de quienes, a fin de conservar sus nefastos privilegios, serían capaces de hacer arder a toda Colombia. Estoy del lado de quienes no se les ha permitido ni siquiera llorar a sus muertos por miedo al castigo de un Estado que celebra el espectáculo aleccionador de la sangre chorreando de cabezas decapitadas. Estoy del lado de quienes no se les ha permitido siquiera decir que son víctimas, porque las víctimas del Estado, supuestamente, no existen. Estoy del lado de quienes nunca han tenido ni la televisión ni la prensa para cubrir sus desgracias, aunque me lluevan rayos y centellas. Como se ve, el tema de víctimas es otro campo de batalla más en esta confrontación fundamentalmente política.
NOTAS:
[1] http://www.semana.com/
[2] http://www.
[3] Esto sin abordar las inadecuaciones del DIH para regular conflictos irregulares o fundamentados en la lucha de guerrilla.
[4] Colombia Nunca Más , Capítulo V, Tomo I, 2000, pp.99-100.
[5] http://www.rebelion.org/
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010).
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