Libardo Sánchez Gómez*
Tras el anuncio en La Habana del
“fin del conflicto” aquellos colombianos
que confiaron en las FARC en
campos y ciudades, como dice el adagio popular, quedaron “con los crespos
hechos”. No estaba presupuestado en
los cálculos de nadie ni siquiera de la misma derecha el “chorro de babas” con
que las FARC sellaron los acuerdos con el Gobierno. La gente se pregunta, ¿cincuenta
años de guerra para terminar aceptando como cosa natural las causas que la impusieron? Las FARC no lograron obtener prácticamente nada a
cambio de su claudicación; entregarán las
armas y se concentrarán en determinados campamentos o, mejor, corralejas, antes
del acuerdo final, como inocentes corderos.
¿Y si el pueblo vota en contra de los
acuerdos? Pues no les
quedará otra que someterse a la justicia ordinaria, ¿pagarán
la traición en las mazmorras del Régimen?
La historia muestra que la oligarquía es
torticera y traicionera. Desde mucho
tiempo atrás fueron advertidos por el propio legendario Marulanda, Miguel
Suarez en su artículo ¿Si estuviese
Manuel Marulanda vivo...? 2016-06-24) destaca que el 6 de septiembre del
año 1998 el periódico Clarín de Argentina, publicó las siguientes declaraciones
de Marulanda al periodista Pablo Biffi: “De
acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha,
para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia
de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas
tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el
momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un
tema estratégico que no vamos a discutir”.
Pero cómo fue que la oligarquía pudo
urdir tan fácil la manta del sometimiento de la avezada guerrilla. Los hilos de la trama los obtuvo entre ciertos
personajes y grupos de poder interesados en la
desaparición de la guerrilla tanto en el interior como en el exterior. Al
interior tentó a la izquierda llamada
progresista; izquierda proletarizada, pero con expectativas de anclar en la
clase media, caracterizada por tener escaza o nula conciencia social por
lo que es fácil de comprar con la consabida mermelada. A Juan Manuel Santos sólo
le costó un ministerio asegurar su reelección. A ciertos
izquierdistas aspirantes a convertirse en ricos entre ellos académicos,
parlamentarios, periodistas y sindicalistas, les resulta incómodo que se les
tache cuando no de auxiliares de la guerrilla de ser guerrilleros, así que para
estos la desaparición de los alzados en armas es requisito sine qua non, para medrar a la izquierda de la derecha. Así mismo, para los vecinos, asediados por el
imperio, era imperioso quitarse el lastre de las denuncias de la presencia de
campamentos guerrilleros en su territorio. El comandante Hugo Chávez fue el más
acucioso en llamar a la guerrilla a sentarse a negociar la paz con el Régimen
colombiano; desde luego que no esperaba que fuese a cualquier precio; si
estuviese vivo, moriría de estupor al ver el truncado final de lo que debió ser
una oportunidad para hacer avanzar la sociedad colombiana y, de paso, la latinoamericana. Y, claro, no es de extrañar que la oligarquía hubiese llamado como garantes al gobierno de
Noruega, tradicionalmente hábil en
lograr el sometimiento de rebeldes en
varias partes del mundo. Además, a Noruega se le está acabando el petróleo
luego qué más oportuno que lograr, sin tiros y cuanto antes, la desaparición de
una guerrilla tan poderosa como las FARC, sin estas podrá trasladar libremente su
industria petrolera a Colombia. Una sede para las conversaciones como Cuba no
hay dos, por un lado existe la confianza que da la aureola de una revolución
exitosa, sin olvidar que fue a través de
las armas; por otro lado, a Cuba le convenía hacerle el
favor al imperio (el más interesado en desarmar la guerrilla y quien realmente
decide qué se firma)
de servir como anfitrión de los diálogos. Desde antes de iniciarse los
diálogos entre FARC y Gobierno, Cuba venía manteniendo conversaciones con EEUU
para normalizar sus relaciones diplomáticas, con miras al levantamiento del fatídico
embargo, con el que el imperio le viene asfixiando desde el triunfo de la
revolución. Además, el propio Fidel, desde hacía mucho tiempo atrás, venía
diciendo que la lucha armada era cosa de otros tiempos, entre otras cosas,
porque se acusaba a Cuba de ser un exportador de revoluciones, y eso arreciaba el embargo por parte del amenazante vecino del Norte. Tampoco hay que dejar de lado que Cuba viene
abriéndose camino a codazos hacia una economía marginalista (capitalista) Y, de Chile ni hablar, en primer lugar el ex
presidente Piñeres, con quien se inició
el proceso, siempre ha sido un “cachorro
del imperio”, y, ahora, la presidenta Bachelette está más al lado de la derecha
que del socialismo que dice representar. Entonces, como puede apreciarse los
negociadores de las FARC, bien intencionados, pero inexpertos y muy ingenuos,
cayeron en brazos de los intereses mezquinos de muchos actores necesitados de la
dejación de su justa causa armada.
Dicen analistas reconocidos que las FARC-EP
cuentan con unas dos millones de personas que les apoyan directamente tanto en
campos y ciudades y otro tanto de ciudadanos simpatizantes, entre los que cabe
señalar: intelectuales de la izquierda revolucionaria, estudiantes,
sindicalistas y grupos minoritarios. Unos y otros miran con estupor como terminaron las cinco las décadas de
muertos y sufrimiento padecidos con estoicismo, apoyando la que se creía la
única manera de contener la violencia oligárquica. El “juramos vencer” y “vencer o morir” no son más que el eco de una guerra perdida pero no olvidada. Y lo peor, aún, Las FARC se olvidaron de la, inicialmente,
pregonada “paz con justicia social”, que
implica transformaciones sociales, para aceptar cómodamente
la “paz de los pacifistas”, la cual no busca acabar la violencia de la
burguesía sino tan solo el desarme del proletariado, negando la legítima
resistencia de los oprimidos, que se defienden con todas las armas a su alcance.
Termine como termine el acuerdo
final entre FARC y Gobierno lo único cierto es que las circunstancias, que
obligaron a 48 campesinos marquetalianos a tomar las armas, siguen peor que
hace cincuenta y dos años. El despojo de tierras, motivo principal del
alzamiento en armas, fue institucionalizado y legalizado mediante la Ley Zidres
(Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico) por cierto, aprobada durante
las discusiones de paz, sin que las FARC se dieran por enteradas. La sola
presentación por parte del Gobierno de dicha Ley ante el Congreso debería haber
obligado a las FARC a trazar una impasable “línea roja”. La Ley Zidres da la
estocada final a cualquier posibilidad de realizar una reforma agraria, para
lograr la democratización de la tenencia
de tierras, pues a decir del senador Jorge Robledo lo que se pretende con esta
Ley es concentrar aún más la tierra en Colombia “a favor de magnates nacionales y extranjeros
en uno de los países con mayor concentración de la tierra en el mundo”
(debates en el Congreso) Para el mismo Senador Robledo, esta ley busca modificar el régimen de baldíos, “usando la estrategia del ocultamiento”. En
el mismo sentido se pronunció Oxfam Internacional (confederación internacional
formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales de carácter humanitario) advirtiendo que la Ley "legalizaría la acumulación irregular de predios por parte de empresas
nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de
concentración y expropiación de tierra".
¿Qué seguirá en el inmediato futuro, se estrellarán las FARC contra
la violencia estructural corporativa,
institucionalizada por el imperio bajo
el concepto del “enemigo interno”? ¿Habrá otro genocidio de los desmovilizados rasos,
como el ocurrido contra la UP? ¿Las bases desmovilizadas tendrán que retomar las armas al lado del ELN,
si es que no sale con otro chorro de babas?
- Docente
universitario.
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