–PRESENTACIÓN:
Son muchas las cosas que se hablan y son también grandes las especulaciones de muchos sectores acerca de lo que tratamos y convenimos con el gobierno en Cuba. Por eso resulta necesario y oportuno publicar una versión real y objetiva acerca de las conversaciones de paz, para que nuestro pueblo, y en particular la población del Catatumbo tenga una información completa y precisa, ajena a las confusiones y falsedades que están echando a rodar nuestros enemigos.
Se dice, por ejemplo, que la paz se encuentra a la vuelta de la esquina porque las FARC-EP estamos listos a pactar nuestra desmovilización y entrega, que en cuestión de unos cuantos meses habremos ya firmado la dejación de armas y pactado nuestra reinserción a la vida civil, y que eso es producto de unos acuerdos por debajo de la mesa que tenemos con el Presidente Santos.
Todo eso es completamente falso. Obedece a intereses venenosos de ciertos y poderosos sectores del país, que sueñan con ver rendidas las guerrillas y domesticadas las luchas populares, para poder aplicar todos sus planes y proyectos neoliberales, consistentes en la entrega a compañías multinacionales, de los recursos naturales y humanos más importantes del país.
Las FARC-EP y el pueblo colombiano jamás hemos pensado eso. Nunca hemos entendido que las mesas de diálogo con las oligarquías que gobiernan el país, fieles sirvientes de los intereses imperialistas, tengan como propósito la entrega de nuestras banderas y la traición a nuestra patria y a nuestras clases más necesitadas.
Al igual que nuestros campesinos e indígenas, que luego de marchar y protestar durante muchos días, logran arrancar del gobierno nacional la conformación de mesas de diálogo para tratar sobre la solución a los problemas que dieron lugar a la inconformidad y el paro, nosotros pretendemos que en la Mesa de Conversaciones de La Habana se pacten las soluciones a los problemas que han dado origen a la larga confrontación armada existente en nuestro país.
Ningún otro fin perseguimos en la Mesa de La Habana. Atendidas y solucionadas las causas económicas, sociales y políticas que dieron lugar a la guerra, seguramente que podrá ser cierta para siempre la paz. Eso requiere que la oligarquía se ponga la mano en el corazón y acepte muchas transformaciones a favor del pueblo.
¿POR QUÉ ACEPTAMOS DIALOGAR CON SANTOS?
El primer interrogante que cabe responder es este. El gobierno de Juan Manuel Santos es un gobierno oligárquico, reaccionario, neoliberal y militarista, un gobierno que defiende por encima de todo los intereses de las grandes compañías multinacionales mineras y extractivas. Que piensa todo el tiempo en cómo acrecentar las ganancias para los bancos, las grandes compañías financieras y los más poderosos inversionistas nacionales y extranjeros.
Un gobierno que privilegia el incremento masivo de los cultivos agroindustriales como la palma africana, de la que se extrae ya no el aceite de palma para consumo humano, sino para la producción de combustible para los automóviles. Es un gobierno completamente entregado a los intereses del imperialismo norteamericano, que incluso contribuye disimuladamente a la desestabilización de los gobiernos democráticos de los países vecinos. Un gobierno que aspira a que nuestro país en un futuro, desempeñe en nuestro continente el papel que hoy juega Israel en el Medio Oriente.
Un gobierno enemigo de las luchas populares, campesinas e indígenas, porque sabe que estas se oponen a los fabulosos proyectos que él tiene para los grandes capitales. Así quedó demostrado en el Paro del Catatumbo y después en el Paro Agrario Nacional, en los que la violencia, el asesinato, la represión y la cárcel fueron empleados como primeras armas de intimidación contra las comunidades movilizadas a la protesta.
Santos aceptó al final emplear la vía del diálogo y crear una mesa de interlocución con los campesinos que no se rindieron, porque se dio cuenta del desprestigio y el daño político que se hacía a sí mismo si no busca otro tratamiento para la inconformidad. Tal y como lo ha hecho desde siempre la oligarquía gobernante, guarda la aspiración de engañar a los líderes de la protesta social, de contentarlos con migajas, de ganárselos incluso para su proyecto político. Pero otra cosa muy distinta pasa con los dirigentes y activistas de las organizaciones sociales que se sientan a la Mesa, quienes aspiran en realidad a arrancar importantes conquistas y concesiones a favor de sus comunidades.
Igual nos pasa a nosotros en la Mesa de La Habana. Santos parte de la idea equivocada de que somos una guerrilla vencida, desmoralizada y a punto de rendirse. Él no entiende nuestras concepciones y métodos de lucha, cree ciegamente en lo que le dicen sus asesores y sus generales. Por eso nos propuso dialogar, con la secreta ilusión de que nosotros aceptaríamos en seguida, pera rendirnos ante él y salvar nuestras vidas. Incluso cometió la torpeza de ordenar que mataran a nuestro máximo Comandante Alfonso Cano, pensando que así nos quedaríamos sin cabeza y no sabríamos qué hacer.
Pero se equivocó completamente. Nosotros conformamos una organización político militar con 50 años continuos de lucha revolucionaria. Hemos pasado por toda clase de situaciones, unas muy favorables y otras muy desfavorables, pero siempre hemos sabido sostenernos y salir adelante. La arremetida estatal de los últimos 14 años, con los Planes Colombia, Patriota y demás, fue capaz de causarnos daños, algunos considerables, pero ha estado muy lejos de ponernos en condiciones de inferioridad y derrota. Hemos enfrentado al poderío militar colombiano, apoyado además por los miles de millones de dólares y toda la tecnología y asesoría de los Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Y nos hemos sostenido, y hemos salido adelante. Hay un pueblo que cree en nosotros y nos apoya contra todo el poder de la oligarquía y el imperialismo.
Como revolucionarios somos hoy mucho más experimentados. Nunca hemos estado tan lejos de una entrega o rendición como ahora. Así que si aceptamos sentarnos a una mesa de diálogos con el gobierno, lo hacemos con nuestra propia idea: encontrar una solución distinta, de carácter civilizado y pacífico, a los graves problemas políticos, económicos y sociales que padece el pueblo colombiano. La oligarquía de este país siempre ha querido tratar los problemas por la vía de la represión, de la violencia y la cárcel. Y eso precisamente fue lo que originó el conflicto armado, primero con los campesinos de Marquetalia y luego con una buena parte del pueblo colombiano que se fue sumando a la lucha contra la brutalidad y el terrorismo del Estado.
Así que el diálogo para nosotros significa en primer término mostrarle a la oligarquía que hay otras maneras de tratar los problemas. Y que es mejor por esas otras maneras. Es lo que desde que nació nuestra organización siempre hemos dicho. Y por eso cada vez que un gobierno nos ha propuesto dialogar, lo hemos aceptado, incluso conociendo de las intenciones con las que lo hace. No importa, creemos que junto con las mayorías de los colombianos, podemos en algún momento hacer comprender a esta oligarquía, que los problemas deben ser solucionados y no negados, y que se puede hacerlo por vías políticas, dialogando por las buenas, y aceptando que se requieren muchas reformas y cambios en este país. Por eso acudimos, cargados de propuestas, a la Mesa de La Habana.
Además hay que reconocerle a Santos que a diferencia de Uribe, aceptó que en Colombia existía un conflicto armado y no una amenaza terrorista. Y que ese conflicto tenía unas viejas causas que había que solucionar. Haber reconocido eso, ya era algo muy importante para nosotros y para el pueblo colombiano. Otra cosa que él crea que las soluciones son unos paños de agua tibia. Pero ese precisamente es el gran tema de discusión en la Mesa: las verdaderas soluciones para nuestro pueblo. En eso estamos.
UN VISTAZO GENERAL AL PROCESO
La consecución de la paz para nuestro pueblo no es una tarea a coronar de modo fácil y rápido.
El denominado Proceso de Paz de La Habana consiste básicamente en un diálogo directo entre dos delegaciones, la del gobierno nacional, encabezada formalmente por el doctor Humberto de La Calle Lombana, y la de las FARC-EP, a cuya cabeza se encuentra actualmente el camarada Iván Márquez, integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP.
El Proceso, como tal, fue diseñado en el llamado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, producido al final de un período de seis meses de conversaciones directas y secretas, entre delegados del gobierno de Juan Manuel Santos y delegados de las FARC-EP, en la ciudad de La Habana. Los voceros de las FARC-EP fueron trasladados hasta Cuba por cuenta del gobierno nacional, tras un largo período de conversaciones y acuerdos sobre su traslado. Dicho Acuerdo General se firmó el 26 de agosto de 2012 y se dio a conocer al país el 5 de septiembre siguiente, de manera separada, mediante alocuciones públicas del Presidente Juan Manuel Santos y el Comandante de las FARC-EP Timoleón Jiménez.
Tanto para la conclusión de este Acuerdo General, como para el desarrollo de las posteriores conversaciones en La Habana, ha sido determinante la disposición y colaboración de los gobiernos de las repúblicas de Cuba y Venezuela, así como del Reino de Noruega y la República de Chile. Cuba y Noruega actúan como garantes, mientras Venezuela y Chile como acompañantes.
En el Acuerdo General se incorporó un preámbulo en el que quedaron expuestos los criterios generales que animan el proceso. En ellos cabe destacar la necesidad de la participación de toda la sociedad en la construcción de la paz, así como que el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente son garantía de paz y progreso. Del mismo modo se enumeraron seis grandes temas, punteados, sobre los que versarían las discusiones: 1. Política de desarrollo agrario integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4.Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas y 6. Implementación, verificación y refrendación.
En su último capítulo quedaron pactadas las reglas para el funcionamiento de la Mesa, en las que se contempló el número de delegados por cada parte en las sesiones, 10 por cada una, la posibilidad de consultar expertos sobre temas de la Agenda, así como de elaborar informes periódicos en aras de la transparencia, la creación de un mecanismo para la divulgación conjunta de los avances, el secreto sobre las discusiones de la Mesa, mecanismos para la recepción de propuestas de la ciudadanía y las organizaciones, y, finalmente, que las conversaciones se darían bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
La discusión de cada uno de los puntos de la Agenda ha implicado la realización de un gran número de sesiones de la Mesa, organizadas por ciclos, en su mayoría de tres días seguidos y uno de descanso hasta completar nueve días de discusión. Antes de cada gran tema de la Agenda, para dar campo a la participación de la sociedad, la Mesa ha confiado al Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y a las Naciones Unidas, la realización de Foros en los que ciudadanos y organizaciones han presentado sus ideas sobre cada punto. Cabe hacer notar que mientras las FARC-EP hemos recogido cuidadosamente estas propuestas y las hemos incorporado a las nuestras, la delegación del gobierno nacional siempre ha hecho caso omiso de lo planteado por la sociedad, interpretando tales foros como algo formal y sin un papel práctico.
También es de destacar que, pese a todas las facilidades para el cabal desarrollo del proceso, nuestros voceros se encuentran siempre en situaciones de inferioridad frente a las condiciones de que disfrutan los del gobierno. Estos últimos pueden estar llamando por teléfono permanentemente a Palacio, para consultar su opinión, y una vez terminado cada ciclo viajan a Bogotá a reunirse con la cúpula gubernamental y de los gremios privados, no solo para informar de sus actuaciones, sino para recibir orientaciones e ideas. Los nuestros no pueden estar comunicándose de modo inmediato ni diario, ni pueden estar viajando al país o un tercer lugar puesto que serían capturados. Por otro lado, mientras los del gobierno dictan conferencias en distintos escenarios sobre lo acordado en la Mesa, quieren prohibirnos, en aras de una confidencialidad que alegan, que nosotros expongamos los avances obtenidos.
Pese a todo eso, permanecemos firmes y optimistas por lo logrado hasta ahora. Son prácticamente dos los años en que la Mesa se ha sostenido, contra las presiones de todos los sectores, incluido el gobierno nacional, que desde un comienzo aspiró a concretar el Acuerdo Final en unos cuantos días. El gobierno nunca ha querido considerar el tema del cese el fuego, partiendo de la idea de que va a derrotarnos en el campo de batalla para que nos entreguemos en la Mesa. A estas alturas ya debería haber comprendido que ese es un sueño imposible. Como absurda es su teoría de que las FARC nos sentamos a conversar porque estábamos vencidos.
ACUERDO Y SALVEDADES RESULTANTES DEL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA
El título acordado para este punto en la Agenda fue el de Política de Desarrollo Agrario Integral. Y comprendió los siguientes temas:
1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial. 3. Infraestructura y adecuación de tierras. 4. Desarrollo social: Salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. 5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 6. Sistema de seguridad alimentaria.
La Delegación de Paz de las FARC-EP presentó a la Mesa y al conjunto del pueblo colombiano una propuesta de desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social, conocida como las 100 propuestas mínimas de las FARC, organizada en 12 capítulos. Por su extensión no podemos publicarla toda aquí, pero quien desee conocerla en su integridad, puede conseguirla en la página web de nuestra delegación: http://pazfarc-ep.org
Podemos describirla como la más amplia y precisa relación de las aspiraciones y banderas de los movimientos campesino, indígena y de negritudes, elaborada con fundamento en nuestro Programa Agrario Revolucionario, nuestra Plataforma para un gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, las conclusiones de los Foros Agrarios convocados por iniciativa de la Mesa de Conversaciones, las propuestas populares hechas llegar a la Mesa por distintos conductos, y las consignas levantadas por el movimiento campesino, indígena y de negritudes en diferentes espacios y momentos de su larga lucha.
Nuestra propuesta se elaboró con el propósito de configurar una alternativa al modelo capitalista y neoliberal que adelanta el gobierno nacional. Comprende una reforma rural y agraria integral, socio-ambiental, democrática, participativa y con enfoque territorial.
La discusión de este primer punto se prolongó por seis meses. Para evitar una ruptura de las conversaciones apenas en el comienzo, hubo que aceptar unos puntos de encuentro, los cuales se redactaron a modo de borrador de Acuerdo, pero bajo la condición de que ese Acuerdo sería parcial, puesto que quedaban una serie de temas pendientes, sobre los cuales no se llegó a consenso alguno. Esos temas pendientes quedaron conservados en una especie de congelador, con el propósito de ser retomados y definidos más adelante. No se dijo cuándo, pero quedó claro que sin acuerdo sobre ellos no sería cerrado el tema.
Un resumen de lo acordado sobre el Primer Punto de la Agenda:
El tema quedó definido como Reforma Rural Integral. El gobierno nacional se comprometió a conformar un Fondo de Tierras de distribución gratuita, aunque se negó a precisar su cantidad y el plazo, pero quedó claro que serán varios millones de hectáreas, provenientes de distintas fuentes. Aparte de eso, se comprometió a crear otros mecanismos para facilitar la adquisición de tierras: subsidio especial para compra y crédito especial para compra.
Todo lo anterior para beneficiar a trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a los desplazados y a la mujer cabeza de familia. Habrá para los mismos, programas de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras recuperación de suelos donde sea necesario, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción que permitan agregar valor, así como provisión de bienes públicos.
También se comprometió el gobierno a formalizar, esto es otorgar títulos de propiedad de manera gratuita, masiva y progresiva a todos los campesinos colombianos que ocupen o posean predios.
Lo relacionado con la restitución de tierras, desplazamiento y despojo quedó diferido para el discusión del punto 5 de la Agenda, sobre víctimas.
El gobierno se comprometió a implementar Mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de protección de la producción alimentaria, así como a emprender la actualización del catastro rural y a establecer un impuesto predial progresivo. Igualmente al establecimiento de un Plan de zonificación ambiental que señale la delimitación de las áreas de frontera agrícola y las de manejo ambiental especial, con miras a la protección de la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional.
También a promover el acceso a la tierra y la planificación de su uso en las Zonas de Reserva Campesina. A hacer efectivo el apoyo a las Zonas de Reserva Campesina constituidas y por constituir.
Cuidando que los nuevos propietarios, así como los antiguos que sobreviven en condiciones de atraso, pobreza y miseria, superen definitivamente tal situación, el gobierno nacional se comprometió a adoptar Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Su propósito definido es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, así como el relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. La base de tales Programas será la participación activa de las comunidades, en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales.
Tales programas incluyen desarrollos significativos en la infraestructura vial, de riego, eléctrica y de conectividad, así como una enorme inversión en desarrollo social, específicamente en salud, educación, vivienda, agua potable y erradicación de la pobreza. Pero además habrá importantes estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. También se establecerá un sistema especial de seguridad (soberanía) alimentaria y nutricional para la población rural.
El grupo de las salvedades:
Tal y como se explicó arriba, quedaron en el congelador, pendientes de tratar los siguientes temas: Latifundio y delimitación de la propiedad, freno a la extranjerización del territorio, extracción minero energética y conflictos de uso del territorio, regulación del a explotación del territorio para la generación de agro combustibles, revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio contra la economía, ajustes al Ordenamiento Territorial, financiación de la política de Desarrollo Rural y Agrario Integral, cuantificación del fondo de tierras, creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio y definiciones sobre el derecho real de superficie.
ACUERDO Y SALVEDADES RESULTANTES DEL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA
El título acordado para este punto en la Agenda fue el de Participación Política y se previo en los siguientes numerales: 1. Derechos y garantías para la oposición política en general y particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. 2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas. 3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Nuevamente la Delegación de Paz de las FARC-EP presentó ante la Mesa y la comunidad nacional e internacional la propuesta de nuestra organización, denominada Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, conocido también como las 100 propuestas mínimas al respecto. En ellas se sintetiza nuestra idea en torno a lo que el pueblo colombiano, sus organizaciones políticas, sociales y populares requieren para existir y sobrevivir con plenitud de garantías para el ejercicio de sus derechos, en un nuevo país verdaderamente democrático, en el que la estigmatizacion, la persecución, la violencia y el crimen por razones políticas sean desterrados de modo definitivo.
Es de destacar la presentación formal de nuestra propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para la paz, la democratización real y la reconciliación nacional. También pueden encontrarse estas propuestas en la web http://pazfarc-ep.org, así como el texto completo del Acuerdo parcial sobre este punto y las salvedades pendientes .
La discusión de este Segundo Punto de la Agenda también se prolongó por seis meses, ciclo tras ciclo de la Mesa de Conversaciones, hasta terminar en un Acuerdo Parcial y unas salvedades sobre los que cabe aplicar el mismo criterio señalado anteriormente para el Punto Primero de la Agenda.
Un resumen de lo acordado sobre el Segundo Punto de la Agenda:
En el Acuerdo sobre el segundo punto este se denominó Participación Política: apertura democrática para construir la paz. Podríamos resumirlo así:
El gobierno nacional se comprometió a expedir un Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política, cuyo proyecto será elaborado por una comisión integrada por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y otras agrupaciones políticas representativas de oposición.
También a conformar un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el cual será complementado y definido totalmente cuando se discuta el Punto 3 de la Agenda. Al respecto el gobierno firmó que ese Sistema Integral estará estructurado en consonancia con una concepción de la seguridad que tienen como centro la persona, se basa en los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos.
El gobierno nacional garantizará los derechos políticos de los ciudadanos que como actores políticos se encuentren organizados como movimientos y organizaciones sociales. También tendrán su Estatuto fundado en su participación democrática. Habrá plenas garantías para la movilización y la protesta social, para la participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, y para el control y las veedurías ciudadanas. De igual modo, habrá garantías efectivas para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa. Y se adoptarán diversas medidas para promover el pluralismo político en igualdad de condiciones.
Igualmente se acordaron mecanismos para la reforma del régimen y la organización electoral. Y se previó la creación temporal de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. también el gobierno nacional se comprometió a crear un canal de televisión para dar acceso a medios a los partidos y movimientos políticos.
El grupo de las principales salvedades:
1. Reestructuración democrática de Estado y la reforma política en función de la expansión democrática. 2. Revisión, reforma y democratización del sistema político electoral. 3. Revisión y reforma de mecanismos de participación ciudadana. 4. Proscripción del tratamiento militar a la movilización y protesta, desmantelamiento del ESMAD. 5. Elección popular del Procurador, el Contralor, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. 6. Participación ciudadana en la definición de políticas de interés nacional, tales como las relaciones exteriores, la seguridad y defensa nacional o la administración de justicia. 7. Democratización del acceso al espacio radioeléctrico la información y la comunicación que impida la monopolización de los medios masivos de comunicación.
L CUARTO PUNTO DE LA AGENDA ACUERDO PARCIAL Y SALVEDADES
Este punto se denominó en la Agenda Solución al problema de las drogas ilícitas y en ella comprendió diversos subtemas: 1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. 2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
Como sucedió en el tratamiento de los puntos anteriores de la Agenda, las FARC-EP, por medio de nuestra Delegación de
Paz, elaboramos y presentamos a la Mesa de Conversaciones, al país y al mundo nuestras propuestas al respecto, en un documento titulado Política Anti droga para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo, también conocido como las 50 Propuestas mínimas. Nuestra posición es concordante con lo sostenido por nosotros desde nuestra Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros de abril de 1993, en la que quedó establecido que ese asunto es un grave problema social que no puede ser tratado por la vía militar.
Nuestra posición, obviamente, resultó confrontada por las posiciones del gobierno nacional, innegablemente ligadas, de una u otra forma, a las posiciones represivas esgrimidas por el gobierno de los Estados Unidos en su fracasada política de guerra contra las drogas, de las que pese a ciertas declaraciones del Presidente de la República, siguen determinando los enfoques y soluciones planteados por el gobierno colombiano.
Resumen del Acuerdo Parcial:
El título del documento es Solución al problema de las Drogas Ilícitas. En las consideraciones previas quedó asentado que es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.
El primer aspecto hace relación a Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. El programa se denominará PNIS y se considera como parte de la Reforma Rural Integral. Su primer objetivo será el de superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas, y en particular de los núcleos familiares que las conforman, afectados por los cultivos de uso ilícito, mediante la creación de condiciones de bienestar y buen vivir en los territorios, y contribuir a las transformaciones estructurales de la sociedad rural que resulten de la implementación de la Reforma Rural Integral y de la puesta en marcha de los componentes del punto 2 de la Agenda, sobre Participación política.
Supone la promoción de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito mediante la implementación de planes integrales municipales comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas. En dichos planes se garantizará la participación de la mujer.
El gobierno nacional se compromete a conferir tratamiento penal diferencial mediante los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de cultivos de uso ilícito.
Frente al consumo de las drogas ilícitas el gobierno creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo. El gobierno creará un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de drogas ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social.
En cuanto se refiere al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos se parte de que es un problema de naturaleza transnacional que implica medidas en el plano interior del país en coordinación con la comunidad internacional. Las medidas implican la judicialización efectiva con tratamiento diferenciado para campesinos y pobladores rurales vinculados a la explotación de los cultivos de uso ilícito. Habrá estrategias para controlar los insumos y en contra de la corrupción.
El esclarecimiento de la relación entre producción y comercialización de drogas ilícitas y conflicto, incluyendo la relación entre paramilitarismo y narcotráfico se traslada a la discusión del punto 5.2 de la Agenda, relacionado con las víctimas del conflicto.
Las salvedades de las FARC-EP
Para nuestra organización quedan pendientes de tratamiento los siguientes temas: 1. Nueva política criminal contra las drogas ilícitas. 2. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de las víctimas. 3. Transformación estructural del sistema de salud pública que permita encuadrar el desarrollo del programa de prevención y consumo. 4. Conferencia Nacional sobre política de lucha contra las drogas.
LO QUE RESTA DEL PROCESO
El ánimo de las FARC-EP apunta a ganar cada vez mayores y significativos espacios para la lucha política y social de los colombianos, así como a alcanzar el mayor número posible de beneficios económicos, políticos, sociales y culturales para un pueblo que viene siendo desconocido, despreciado y golpeado desde tiempos inmemoriales. Somos conscientes de que nosotros solos no vamos a conseguir lo que anhelamos. Se requiere del respaldo, del apoyo, de la movilización activa y contundente de las mayorías colombianas para que la oligarquía que ha mal dirigido nuestra patria durante siglos, entienda verdaderamente la necesidad de imprimir giros y transformaciones de gran hondura, tanto en el destino esperado, como en la forma que se dirige al país.
En la actualidad nos encontramos enfrascados en la discusión del punto 5, sobre víctimas, que de acuerdo con la Agenda comprende dos grandes capítulos: 1. Derechos humanos de las víctimas. 2. Verdad. Hemos conseguido la instalación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, encargada de investigar sobre los orígenes y responsabilidades del conflicto colombiano, hemos celebrado dos audiencias con delegaciones de víctimas en La Habana, hemos presentado varios documentos contentivos de propuestas de trabajo y de discusión sobre el punto 5 de la Agenda. Nos aprestamos a un nuevo ciclo sobre el complicado tema. Nuestra posición central se funda en que son el Estado y las clases dominantes en Colombia los principales responsables por la aparición y desarrollos del conflicto colombiano, incluidas sus millones de víctimas.
También avanzamos en la integración de una Comisión Técnica de alto nivel para el estudio de fórmulas relacionadas con el fin del conflicto, dejación de armas y cese bilateral de fuego. Se trata de una comisión bilateral integrada por militares de alto rango y mandos guerrilleros de jerarquía. Nuestro propósito es mostrar nuestra disposición a abordar los distintos temas de la Agenda sin ninguna clase de complejos. El Tema del fin del conflicto, sin embargo, hace parte del Punto 3 de la Agenda y será discutido en su momento, sobre la base de que son las dos partes quienes deberán comprometerse a proscribir el empleo de la violencia para el ejercicio político, y no solamente la guerrilla como promociona mal intencionadamente la publicidad del régimen.
¿Hasta dónde y cuándo llegará este proceso? Es algo que solamente podrán determinar los colombianos con su actitud ante él. Enemigos de la paz hay muchos en nuestro país, apostándole todos los días al fracaso de las conversaciones. Deben ser muchos más los amigos de la paz, que consigan arrinconar y derrotar a todas las voces que le apuestan a la guerra indefinida.
Somos el terror de quienes quieren robarnos los sueños
Tomado: http://farc-ep.co/?p=3841