Esta fuerza telúrica que empezó en el Catatumbo, que
reaccionó con más contundencia con la rebelión de las ruanas, hace
vislumbrar con claridad el horizonte de victoria y ¡¡pa' allá vamos!!!
Por: Rubén Zamora
Foro Permanente
Foro Permanente
Reflexiones van y vienen sobre las causas del estallido social que
inicialmente se originó con movilizaciones campesinas, y que luego se
trasladó a pueblos y ciudades que reaccionaron indignados por las
represivas acciones del gobierno; quien quiso deslegitimar acciones tan
legítimas e importantes en la actual coyuntura del país, que en la
realidad objetiva, apenas anuncian el comienzo de futuras y potentes
acciones de masas.
Unos le atribuyen el alzamiento a los TLC y otros, por el contrario,
argumentan que aún estos acuerdos no están en pleno vigor. Considero
válida la denuncia de que los TLC están afectando la economía campesina,
familiar y comunitaria. Pero ésta no es la única causa de la crisis.
Ahora bien, si los TLC aún no han generado impactos en la economía,
entonces cómo será cuando entren en pleno rigor.
En el campo hay problemas de mayor complejidad que los mismos TLC,
relacionados con la reconcentración de la tenencia de la tierra, el
despojo de territorios para que por ellos transite la locomotora minera
energética y los programas agroforestales. Igualmente hay especulación
financiera, monopolio y elevados costos de insumos y tecnologías,
concentración absoluta de los mercados de productos agropecuarios, falta
de infraestructura para el desarrollo de la producción y la
comercialización, pauperización y negación de todos los derechos de la
población rural.
El verdadero programa del gobierno para el campo se llama
descampesinización, con dos propósitos fundamentales: megaproyectos
minero-energéticos y megaproyectos agroforestales. Los dos, para surtir
de energía y materias primas a los países industrializados. Todos los
diseños institucionales apuntan al lucro de los grandes inversores
privados, principalmente transnacionales, que demandan una alta
inversión pública del presupuesto nacional y millones de hectáreas de
tierra.
Los intereses privados impuestos como obligaciones institucionales,
tienen altos costos para el país. El gobierno ha tenido que apelar a
impuestos, endeudamiento externo y la venta de bienes públicos para
asegurar las obras de infraestructura que demandan los inversionistas.
Además, la única garantía de que esos planes se cumplan es la guerra,
que también demanda un costo de casi 28 billones de pesos del
presupuesto nacional. Y los costos humanos y sociales derivados de la
guerra son horrorosos.
La guerra es el componente más complejo de este "modelo económico",
pues asegurar los intereses de los inversionistas implica confrontar a
la insurgencia y además a la población civil. Fue notorio en este paro
agrario que hay una parte de la Fuerza Pública comprometida en vastas
operaciones militares de contrainsurgencia -que también victimiza a la
población civil y fundamentalmente a la protesta- y la otra que ataca
abierta e inmisericordemente a las manifestaciones populares con un
resultado trágico en materia humanitaria. Tanto la insurgencia como las
fuerzas sociales se han fortalecido, mientras la imagen negativa de
algunas instituciones como la presidencial ya alcanza niveles
desfavorables del 79% .
El gobierno por su parte, insiste en mantener el "modelo económico"
así tenga que profundizar el terrorismo de Estado. Las medidas que ha
tomado, son soluciones cosméticas de corto plazo intentando subir la
favorabilidad en las encuestas y obviamente la posibilidad de la
reelección. Mientras anuncia un gran pacto para la transformación rural,
hace una desagradable seña a los colombianos, al nombrar de ministro de
agricultura a Rubén Dario Lizarralde, uno de los más locuaces y
truculentos impulsores del despojo de baldíos de la nación y de los
territorios a las empobrecidas comunidades rurales.
La política económica del gobierno es abiertamente contradictoria a
una verdadera posibilidad de paz. Si el gobierno no cambia esa política,
difícilmente se puede avanzar en el diseño, de un nuevo proyecto de
país como lo reclaman los colombianos. El gobierno debe tener en cuenta
que las movilizaciones campesinas apenas empiezan y que no le temen para
nada a sus cuerpos represivos policiales y militares. Que en las
ciudades, donde también pulula la miseria agravada por la política
económica, las movilizaciones casi que se han dado apenas en expresión
de solidaridad con el campesinado. Pero ¿cómo será, entonces, cuando las
comunidades urbanas, tan golpeadas como están por la pobreza y la
miseria, se decidan a recabar sus derechos? No las parará nadie. Y,
seguramente, ahí estará de nuevo el campesinado movilizándose con el
valor que sabe pelear y con la gratitud de haber recibido la solidaridad
como ha ocurrido en este momento.
Lo que se puede predecir es que esta rebelión en marcha nos va a dar
muchas sorpresas. Esta fuerza telúrica que empezó en el Catatumbo, que
reaccionó con más contundencia con la rebelión de las ruanas, asumida
como emblema de resistencia nacional, hace vislumbrar con claridad el
horizonte y ¡¡pa' allá vamos!!!
Declaración política de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular
El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un avance para el movimiento social colombiano, en especial para los sectores campesinos, indígenas y afros. El Paro representa la movilización más importante y contundente de los últimos años en el país. Podemos decir con orgullo que por primera vez en mucho tiempo, las campesinas y los campesinos logramos mostrarle a la sociedad colombiana nuestro poder de convocatoria para defender nuestra dignidad y nuestros derechos. Durante 24 días nos hemos movilizado en veintidós (22) departamentos del territorio nacional, para expresar nuestra inconformidad por las políticas de despojo, y desigualdad que se han lanzado contra los más humildes. A la vez, hemos puesto en discusión democrática una serie de exigencias, propuestas y soluciones, recogidas en diversos pliegos que recogen nuestros planteamientos. Como el país y el mundo bien lo saben, la respuesta del gobierno a nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido en el excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados.
Frente a nuestros pliegos y justas demandas, el gobierno respondió con la detención de nuestros líderes, con la militarización de los campos y las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa protesta social. La represión gubernamental deja un saldo desolador, que incluye la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país.
El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta a la crisis del campo y del país en general generada por políticas que han empobrecido en especial a la población rural. Los gobiernos de turno han impulsado un modelo económico diseñado para favorecer a terratenientes, ganaderos y empresas transnacionales, desconociendo a las grandes mayorías campesinas, indígenas y afro. Se han impulsado acuerdos de libre comercio que han facilitado la importación de productos subsidiados que han quebrado a los pequeños productores colombianos. Se ha puesto en marcha una política de impulso a la gran minería transnacional que ha despojado a comunidades, que ha golpeado a los pequeños mineros, que ha acaparado el agua en las regiones y ha contaminado nuestros territorios. Como si fuera poco, el gobierno persigue a los cultivadores que guardan sus propias semillas para su producción, amenazando gravemente la soberanía y autonomía alimentaria nacional, y favoreciendo a los grandes monopolios globales que controlan las semillas y los insumos.
Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable. También planteamos la derogatoria de las leyes que han incentivado el despojo, que han legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis agraria, insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados internacionales que afecten a los productores nacionales y el avance hacia una integración justa y solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.
En ese marco, nuestros procesos han redactado pliegos que recogen nuestras propuestas para el campo colombiano. Exigimos tierras para los pueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia de la tierra, reconocimiento al territorio y la territorialidad campesina. Lo anterior solo se logrará con la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios. También exigimos que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho empresas nacionales y extranjeras violando la ley 160 de 1994. Detener la política de extranjerización de tierras y detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso, no disminuir la extensión que actualmente está definida.
Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, que se garantice una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Exigimos la reducción de los precios de los combustibles, de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.
En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran minería transnacional, promueven consultas populares para la definición de proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la formulación de la política agraria. También se plantean condiciones para la discusión pública de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el manejo de la política petrolera para el bienestar y la soberanía nacional, y no para el lucro de las grandes empresas.
Exigimos una política de sustitución autónoma y concertada de cultivos de uso ilícito. Exigimos que se detengan las fumigaciones y la erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que no se debe perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no debe ser tratado como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la política del Estado.
Luchamos por el reconocimiento político del campesinado. Exigimos que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, la inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho para el campesinado colombiano.
Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y hombres participantes de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular,rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos. Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral (1973)que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria. La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor. Por esa razón desconocemos al nuevo Ministro de Agricultura, representante de un modelo de agronegocios que ha sido agente de contaminación ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. No creemos que sea la persona adecuada para impulsar la política agraria que necesita el país. Seguiremos construyendo nuestros pliegos, mandatos y planes de vida como camino a la defensa del campo y sus habitantes más humildes.
Hoy es el momento de que se consoliden propuestas desde los distintos sectores de la sociedad, pero en concreto que el campesinado, los afrodescendientes y por supuesto los indígenas, desde sus vivencias construyan espacios y soluciones a sus problemas, es el momento en que puedan opinar y decidir sobre su futuro. Hoy nuevamente debemos estar al frente de nuestros problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso que nos da este momento histórico.
Es necesario avanzar en la construcción de la cumbre agraria y popular teniendo en cuenta que la movilización no es algo que haya terminado, es un proceso que esta en curso, como determinante del ejercicio de soberanía popular, que siente las bases para el camino de construcción colectiva, que contribuya a la UNIDAD en la acción de las diversas organizaciones que confluimos en este espacio.
Por lo tanto, buscamos construir el proceso de resistencia y movilización social para recoger y articular los acumulados de lucha, anhelos y clamor, de transformación social del pueblo colombiano, para traducirlos en una propuesta alternativa. Así también buscamos elaborar a partir de políticas democráticas y populares formuladas en mandatos o leyes, que sienten las bases de construcción de un nuevo pacto social por la paz y la vida digna, que recojan los deseos, sueños y anhelos de paz con justicia social de las colombianas y colombianos de a pie, de la cuadra, el barrio, el pueblo, municipio, vereda, corregimiento, región, gremio, convite, sector y/o proceso organizativo.
Es por eso que hacemos un llamado a todos los campesinos y campesinas, indígenas y afro descendientes de Colombia, organizaciones agrarias y populares, como también al conjunto de la población colombiana, a que nos juntemos en la Cumbre Agraria y Popular a realizarse en el mes de octubre de 2013 en Bogotá con la participación masiva de los diversos sectores populares y sociales, que permitan construir las propuestas, soluciones que darán respuesta al conflicto agrario y social que vivimos. Invitamos a construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social.
