La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 5 de 2013
En otras ocasiones hemos dicho e
insistido, como ahora lo repetimos sin dubitaciones, que el Estado es
responsable, por acción o por omisión, de lo sucedido durante el
conflicto. Agregaríamos ahora, que así lo ha reconocido el Presidente
Juan Manuel Santos en la Corte Constitucional, tras sugerirlo el Informe
General del Grupo de Memoria Histórica.
En la actual coyuntura política, desde
todos los flancos se habla de “transición” y de la necesidad de un tipo
de justicia para ello. Pero pasar de un estado de cosas a otro, implica
necesariamente la implementación de cambios estructurales en la
institucionalidad, que permitan la reconciliación a partir de la
justicia social. Por lo que, entonces, sería inconsecuente con el
propósito, pretender que queden intactos todos los órganos de la
cuestionada institucionalidad.
Pero, incluso, si se tratara de la
transición de un estado de conflicto interno a un estado de paz, o de la
oportunidad para los alzados en armas de acogerse a la Constitución,
debemos decir que, indefectiblemente, si se quiere pasar de la guerra a
la normalización de las relaciones sociales, saliendo del terrorismo de
Estado para entrar en la construcción de la democracia verdadera, son
ambas partes las que se deben acoger a la Carta fundamental. Lo cual
implica que las partes acepten en la mesa de La Habana que entre otras
reformas y cambios estructurales, hay que reformar la justicia para que
la rama jurisdiccional logre su independencia orgánica. Pues ha sido
ésta politizada por la rama ejecutiva, y la la responsabilidad del
Estado en los hechos de guerra, la ha venido descalificando cada día
más.
Por otro lado, debemos subrayar que
al no haber vencedor ni vencido, y no habiendo concluido aún el
conflicto porque el Estado, por decisión del gobierno que lo representa,
no lo quiere, es entonces el Estado el mayor responsable por las
consecuencias de la contienda.
Mientras siga la guerra, el derecho a
la paz está por encima de cualquiera otra consideración; así, rehusar
la tregua que se le ha ofrecido al Estado de manera reiterada por parte
de la insurgencia, indica que no quiere aplicar el mandato del artículo
22 que dice que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento”. Actitud esta de la que, también por acción o por omisión,
le sobrevienen nuevas responsabilidades que se suman a las que ya tiene
por no haber querido aceptar a tiempo la existencia del conflicto
interno.
Como mucho se habla de asumir
responsabilidades, y las FARC-EP han indicado que el importante asunto
de las víctimas por el que tanto inquiere la gran prensa alimentando
odios, debe ser asumido con sensatez, realismo y apego a la verdad,
proponemos la integración inmediata de una Comisión con nacionales y
extranjeros, que estudie la historia de la confrontación, desde el
inicio de la violencia, a fin de preparar el material requerido para
evacuar el punto Cinco de la Agenda de Diálogos, referido a victimas, el
cual textualmente expresa que “Resarcir a las víctimas está en el
centro del acuerdo Gobierno Nacional – FARC-EP. En este sentido se
tratarán: 1. Derechos humanos de víctimas. 2. Verdad”.
Considerando que el gobierno
nacional impulsó el llamado Informe General del Grupo de Memoria
Histórica, las FARC-EP, en desarrollo de la propuesta anterior,
solicitan que la Comisión independiente que emprenda el estudio de la
confrontación, lo primero que haga sea iniciar la pronta revisión y
complementación del mencionado informe, atendiendo a que de él depende
en gran medida el éxito de la evacuación del punto Cinco de la Agenda.
La Comisión que se establezca,
deberá estudiar el tema de la violencia partidista y su incidencia en
los acontecimientos posteriores y en el surgimiento de las FARC-EP, como
deberá evaluar la responsabilidad también de los medios de
comunicación, de la iglesia oficialista, de las potencias extranjeras
injerencistas (especialmente de los Estados Unidos de América), de los
latifundistas, de los empresarios y del sector financiero, hasta
nuestros días.
Para mayor rigor histórico, se
deberán tomar como parte fundamental de la investigación de la historia
del conflicto, los archivos de los organismos de inteligencia de los
años 40 y 50, del SIC, del DAS, de la inteligencia de la Policía y el
Ejército, y demás organismos secretos de inteligencia, así como las
actas de los Consejos de Ministros que recogen las órdenes de detención
impartidas por el gobierno sin orden judicial, a la luz de la aberrante
facultad que le otorgaba el artículo 28 de la Constitución, antes de la
constituyente del 91.
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