Reflexiones en tiempos de pausa 1
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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 26 de 2013
Un acuerdo de paz no es asunto que se pueda resolver o definir de manera unilateral, así como el mecanismo de refrendación no es aspecto que pueda ser resuelto solamente por el gobierno. Tomarse esas atribuciones es flagrante violación del acuerdo general firmado en La Habana. La circunstancia de presentar ante el Congreso un proyecto de ley que prepara el terreno para imponer un mecanismo nodal para el proceso, sin discutirlo con la contraparte, expresa una situación de hecho que ni se comparte ni se acompaña.
¿Se imagina el país y el mundo a un Presidente con poderes omnímodos derivados de un referendo que con la excusa de los tiempos suplanta la mesa que con tanto esfuerzo se ha establecido para buscar la paz? ¿Se lo imaginan con un marco jurídico unilateral que lo convierte en juez y parte, siendo el Estado victimario y generador de la confrontación? ¿Y que tal una Corte Penal Internacional injerencista y sesgada que muy poco o nada sabe del conflicto interno colombiano? Y como si fuera poco, los Estados Unidos pidiendo guerrilleros en extradición como venganza por la histórica defensa que hemos hecho de la soberanía.
Concomitantemente el gobierno insiste en que el marco jurídico para la paz es un imperativo sine qua non. Quede claro de una vez por todas que no habrá sometimiento de las FARC-EP a ningún marco jurídico con diseños unilaterales.
El gobierno ha sido reacio a la integración de la Gran Comisión de la responsabilidad histórica de la cual se desprenderían responsabilidades insoslayables para quienes han sido parte del conflicto más allá de los alzados en armas.
El espectáculo de un mandatario y de un poder constituido excusado o perdonado por un referendo, no se va a dar con nuestro consentimiento. Porque eso es lo que implica la aceptación de tal fórmula que por efecto de la desinformación y la manipulación a través de un procedimiento aparentemente democrático, a unos que por votación se les consideraría los “buenos”, se les autoriza a ser condescendientes y generosos con los que, así las cosas planteadas, serían los “malos”. Aceptar estas reglas del juego implicaría traicionar nuestra lucha, a nuestros comandantes fundadores que se vieron forzados a recurrir a las armas para no dejarse aniquilar por unas castas y partidos dominantes, y para proteger intereses de masas enteras. La verdad histórica no la vamos a cambiar por un capricho de coyuntura de una de las partes del conflicto atada a un interés electoral revestido de afanes.
El regalo de las curules no lo queremos, si es con el precio de que, mientras algunos de los nuestros van al Congreso, a otros se les destine a ocupar sitios tras las rejas o condenados a la extradición. ¿Qué otros ocultos caprichos entrañará la maniobra?
En la mesa debe prevalecer el principio de igualdad en momentos en que la suerte del bien supremo de la paz está de por medio.Ceder atribuciones, ya a una sola persona, ya a mecanismos inciertos, es colocarnos en condición de inferioridad respecto de la contraparte en el conflicto que ya aceptó responsabilidades derivadas de él.
Se está pretendiendo un ente sin funciones constituyentes, que no podría conocer de la reforma a la justicia, ni de la consagración en la Constitución de la independencia orgánica de la jurisdicción, ni del reordenamiento territorial, ni de la creación de un órgano electoral independiente. Tampoco se desprende de sus funciones la seguridad jurídica que requiere el futuro de la paz. ¿Qué procedimiento, qué mecanismos de control, le deparan al país en la perspectiva de esta aventura improvisada?
Recurrir al referendo para el propósito de refrendación no es técnicamente aconsejable ya que lo que se vota es un “temario o articulado”. Así lo indica la Constitución en su artículo 378. Si el “temario o articulado” es extenso, no se leerá. Si se lee, no se entenderá y se dejará de lado. Y si se reduce su redacción, no podrá establecer el contenido de esa sucinta redacción, los alcances que se requieren para lograr las transformaciones necesarias que fundamenten la paz.
Las FARC-EP no piensan modificar el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto de donde se desprenden claramente sus facultades de negociación, para ser transferidas a un cuerpo de menor valía. Recordamos que la naturaleza del acuerdo especial suscrito por las partes que dialogan hoy en La Habana corresponde en categoría a aquellos señalados por el artículo 3º común a los cuatro Tratados de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales. De esto dimos noticia al CICR como lo aconsejan diversos textos y autores.
¿Por qué el gobierno le tiene miedo a la Constituyente en los términos planteados en el artículo 376 de la Constitución? Nosotros no le tenemos miedo. Es el mejor camino porque en dicho escenario sí se logra todo lo que puede garantizarle larga duración a la paz nacional, como la reforma política, económica, la reforma al aparato electoral, etc. ¿Por qué no se le dice al país claramente cuál es la paz con que sueña el gobierno? ¿Cuál es el argumento para frenar los cambios institucionales que pueden ser garantía de paz?
Obviamente la ley convocatoria de la Constituyente habrá de incluir para conocimiento suyo los temas que se acuerden en la mesa de La Habana. Y podría acordarse por las partes llevar aquellos sobre los que no hay acuerdo, o sea los de disenso, para que, como fruto de los debates, se aprueben o desaprueben.
La manera como se convocaría la Constituyente debe dejarse para el punto 6 “Implementación, verificación y refrendación”. Lo mismo la forma como se habrá de lograr la seguridad jurídica de lo acordado. Poner la suerte de una de las partes del conflicto en manos de un poder constituido que ha aceptado responsabilidad por acción y por omisión, no es una fórmula que procure garantía, particularmente cuando esa misma parte o poder constituido es autor de un amañado marco jurídico para la paz que tiene entre ojos a las FARC-EP como destinatarias. Estamos en un momento cuyas realidades van acompañadas de variables políticas y jurídicas, claro está; pero más políticas por el momento en que se vive, y por la coyuntura electoral en que se hace la propuesta, lo cual la descalifica. No nos pueden pedir que renunciemos a facultades que se desprenden del acuerdo firmado en agosto del año pasado. La paz no debe tener forma de embudo. La paz que requiere Colombia debe incluir la justicia social.
¿Por qué aplazar lo fundamental? ¿Un proceso de paz no es acaso el momento para modificar instituciones? ¿Pueden darnos un argumento creíble, aparte de la manifestación de que ahora no pero más adelante sí? ¿De cuántas promesas y proyectos aplazados están llenos los capítulos de la historia nacional? ¿Cuánto hace que el país espera el reordenamiento territorial? ¿Si la mera mención de las Zonas de Reserva Campesina ya existentes y garantizadas legalmente producen temor entre la plutocracia colombiana, qué ha de esperarse del futuro del reordenamiento territorial? ¿No está acaso un país entero volcado en las calles exigiendo transformaciones inmediatas, como consecuencia de una política neoliberal fallida de la que han derivado ruinosos Tratados de Libre Comercio firmados a espaldas del país? El pueblo está perdiendo la paciencia.
En conclusión: La iniciativa presentada ante el Congreso por el gobierno como primer paso para refrendar en el futuro el eventual acuerdo que se llegare a alcanzar en La Habana, no es vinculante. No la acompañamos, ni sujetamos los diálogos y sus resultados a dicha decisión unilateral. Sin embargo y a pesar de las circunstancias, las FARC-EP se mantendrán en la mesa, fieles al compromiso de buscar la paz para Colombia por todos medios.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Negritas y links: Stolpkin.net
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 26 de 2013
Un acuerdo de paz no es asunto que se pueda resolver o definir de manera unilateral, así como el mecanismo de refrendación no es aspecto que pueda ser resuelto solamente por el gobierno. Tomarse esas atribuciones es flagrante violación del acuerdo general firmado en La Habana. La circunstancia de presentar ante el Congreso un proyecto de ley que prepara el terreno para imponer un mecanismo nodal para el proceso, sin discutirlo con la contraparte, expresa una situación de hecho que ni se comparte ni se acompaña.
¿Se imagina el país y el mundo a un Presidente con poderes omnímodos derivados de un referendo que con la excusa de los tiempos suplanta la mesa que con tanto esfuerzo se ha establecido para buscar la paz? ¿Se lo imaginan con un marco jurídico unilateral que lo convierte en juez y parte, siendo el Estado victimario y generador de la confrontación? ¿Y que tal una Corte Penal Internacional injerencista y sesgada que muy poco o nada sabe del conflicto interno colombiano? Y como si fuera poco, los Estados Unidos pidiendo guerrilleros en extradición como venganza por la histórica defensa que hemos hecho de la soberanía.
Concomitantemente el gobierno insiste en que el marco jurídico para la paz es un imperativo sine qua non. Quede claro de una vez por todas que no habrá sometimiento de las FARC-EP a ningún marco jurídico con diseños unilaterales.
El gobierno ha sido reacio a la integración de la Gran Comisión de la responsabilidad histórica de la cual se desprenderían responsabilidades insoslayables para quienes han sido parte del conflicto más allá de los alzados en armas.
El espectáculo de un mandatario y de un poder constituido excusado o perdonado por un referendo, no se va a dar con nuestro consentimiento. Porque eso es lo que implica la aceptación de tal fórmula que por efecto de la desinformación y la manipulación a través de un procedimiento aparentemente democrático, a unos que por votación se les consideraría los “buenos”, se les autoriza a ser condescendientes y generosos con los que, así las cosas planteadas, serían los “malos”. Aceptar estas reglas del juego implicaría traicionar nuestra lucha, a nuestros comandantes fundadores que se vieron forzados a recurrir a las armas para no dejarse aniquilar por unas castas y partidos dominantes, y para proteger intereses de masas enteras. La verdad histórica no la vamos a cambiar por un capricho de coyuntura de una de las partes del conflicto atada a un interés electoral revestido de afanes.
El regalo de las curules no lo queremos, si es con el precio de que, mientras algunos de los nuestros van al Congreso, a otros se les destine a ocupar sitios tras las rejas o condenados a la extradición. ¿Qué otros ocultos caprichos entrañará la maniobra?
En la mesa debe prevalecer el principio de igualdad en momentos en que la suerte del bien supremo de la paz está de por medio.Ceder atribuciones, ya a una sola persona, ya a mecanismos inciertos, es colocarnos en condición de inferioridad respecto de la contraparte en el conflicto que ya aceptó responsabilidades derivadas de él.
Se está pretendiendo un ente sin funciones constituyentes, que no podría conocer de la reforma a la justicia, ni de la consagración en la Constitución de la independencia orgánica de la jurisdicción, ni del reordenamiento territorial, ni de la creación de un órgano electoral independiente. Tampoco se desprende de sus funciones la seguridad jurídica que requiere el futuro de la paz. ¿Qué procedimiento, qué mecanismos de control, le deparan al país en la perspectiva de esta aventura improvisada?
Recurrir al referendo para el propósito de refrendación no es técnicamente aconsejable ya que lo que se vota es un “temario o articulado”. Así lo indica la Constitución en su artículo 378. Si el “temario o articulado” es extenso, no se leerá. Si se lee, no se entenderá y se dejará de lado. Y si se reduce su redacción, no podrá establecer el contenido de esa sucinta redacción, los alcances que se requieren para lograr las transformaciones necesarias que fundamenten la paz.
Las FARC-EP no piensan modificar el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto de donde se desprenden claramente sus facultades de negociación, para ser transferidas a un cuerpo de menor valía. Recordamos que la naturaleza del acuerdo especial suscrito por las partes que dialogan hoy en La Habana corresponde en categoría a aquellos señalados por el artículo 3º común a los cuatro Tratados de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales. De esto dimos noticia al CICR como lo aconsejan diversos textos y autores.
¿Por qué el gobierno le tiene miedo a la Constituyente en los términos planteados en el artículo 376 de la Constitución? Nosotros no le tenemos miedo. Es el mejor camino porque en dicho escenario sí se logra todo lo que puede garantizarle larga duración a la paz nacional, como la reforma política, económica, la reforma al aparato electoral, etc. ¿Por qué no se le dice al país claramente cuál es la paz con que sueña el gobierno? ¿Cuál es el argumento para frenar los cambios institucionales que pueden ser garantía de paz?
Obviamente la ley convocatoria de la Constituyente habrá de incluir para conocimiento suyo los temas que se acuerden en la mesa de La Habana. Y podría acordarse por las partes llevar aquellos sobre los que no hay acuerdo, o sea los de disenso, para que, como fruto de los debates, se aprueben o desaprueben.
La manera como se convocaría la Constituyente debe dejarse para el punto 6 “Implementación, verificación y refrendación”. Lo mismo la forma como se habrá de lograr la seguridad jurídica de lo acordado. Poner la suerte de una de las partes del conflicto en manos de un poder constituido que ha aceptado responsabilidad por acción y por omisión, no es una fórmula que procure garantía, particularmente cuando esa misma parte o poder constituido es autor de un amañado marco jurídico para la paz que tiene entre ojos a las FARC-EP como destinatarias. Estamos en un momento cuyas realidades van acompañadas de variables políticas y jurídicas, claro está; pero más políticas por el momento en que se vive, y por la coyuntura electoral en que se hace la propuesta, lo cual la descalifica. No nos pueden pedir que renunciemos a facultades que se desprenden del acuerdo firmado en agosto del año pasado. La paz no debe tener forma de embudo. La paz que requiere Colombia debe incluir la justicia social.
¿Por qué aplazar lo fundamental? ¿Un proceso de paz no es acaso el momento para modificar instituciones? ¿Pueden darnos un argumento creíble, aparte de la manifestación de que ahora no pero más adelante sí? ¿De cuántas promesas y proyectos aplazados están llenos los capítulos de la historia nacional? ¿Cuánto hace que el país espera el reordenamiento territorial? ¿Si la mera mención de las Zonas de Reserva Campesina ya existentes y garantizadas legalmente producen temor entre la plutocracia colombiana, qué ha de esperarse del futuro del reordenamiento territorial? ¿No está acaso un país entero volcado en las calles exigiendo transformaciones inmediatas, como consecuencia de una política neoliberal fallida de la que han derivado ruinosos Tratados de Libre Comercio firmados a espaldas del país? El pueblo está perdiendo la paciencia.
En conclusión: La iniciativa presentada ante el Congreso por el gobierno como primer paso para refrendar en el futuro el eventual acuerdo que se llegare a alcanzar en La Habana, no es vinculante. No la acompañamos, ni sujetamos los diálogos y sus resultados a dicha decisión unilateral. Sin embargo y a pesar de las circunstancias, las FARC-EP se mantendrán en la mesa, fieles al compromiso de buscar la paz para Colombia por todos medios.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Negritas y links: Stolpkin.net
Todo indica que no habrá entrega a cambio de nada.
por Timoleón Jiménez ⋅ Viernes 23 de agosto de 2013
El Presidente Santos no pierde oportunidad para manipular. Al fin y al cabo se trata de un hombre de negocios surgido del mundo de los grandes medios, acostumbrado a tergiversar y menospreciar los puntos de vista contrarios. No tuvo escrúpulos para afirmar ante la cúpula militar, que el comandante de las FARC-EP había escrito quejándose porque lo consideraran objetivo de alto valor. Allá él. De este lado nunca recurrimos a la distorsión de lo dicho por el Presidente, preferimos interpretarlo en su exacto significado.
Quien haya leído el escrito de Timoleón Jiménez sabe bien que lo que éste criticó fue la pública orden presidencial de ejecutar a cualquier miembro de las FARC que se encuentre en territorio colombiano. El Presidente no puede emitir órdenes de matar compatriotas apenas los vean, porque la pena de muerte está proscrita en el país. Además tal orden resulta demasiado peligrosa cuando el mismo Presidente, sus ministros y generales viven acusando diariamente a los dirigentes populares y de oposición de ser miembros de las FARC.
El Presidente ha autorizado públicamente la ejecución de una innumerable cantidad de colombianos inconformes con sus políticas, lo cual coincide con su conminación al alto mando a ser contundentes con quienes promuevan desórdenes en las vías públicas. Es que así, aunque cueste a algunos admitirlo, con ese aire de aparente cordura y apego a la legalidad, las clases dominantes en Colombia llevan decenios ordenando asesinatos, desplazamientos, desaparecimientos, torturas, amenazas y parálisis política a causa del miedo.
El propio Santos reconocía que con su designación por Gaviria como ministro de comercio exterior, le fue ordenado abrir la economía. Desde entonces su empeño ha sido materializar en nuestro país el designio globalizador neoliberal: libre comercio total, apertura plena a la inversión extranjera, privatización de las entidades públicas, entrega de nuestras riquezas naturales al gran capital transnacional, desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y endeudamiento creciente con la banca internacional.
Así que la oligarquía colombiana no niega, sino que se ufana de haber asumido como propia la estrategia de dominación planetaria del gran capital, que, como todo el mundo ve, conduce a inmensas poblaciones a la más angustiosa crisis social, al desastre ambiental, a la guerra total de aplastamiento de los pueblos, a la hecatombe nuclear y hasta a una avizorada extinción de la especie humana. A ese proyecto vinculan todos sus mecanismos de dominación, desde la educación pública hasta la gran prensa, pasando por sus aparatos armados y de ley.
La Prosperidad para Todos no es otra cosa que la versión colombiana de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, y todos los grupos de poder que los inspiran como el famoso Bilderberg o la Comisión Trilateral. Las locomotoras minera, agroindustrial, de infraestructura, vivienda y ciencia, lejos de procurar el bienestar de los colombianos, están concebidas para garantizar la penetración, el apoderamiento y control pleno del país por los poderes internacionales del capital financiero mundial.
Con los cuales se encuentran entrelazados los más importantes grupos económicos nacionales. Son ellos los que crecen y aumentan su riqueza a la sombra de los inversionistas extranjeros. Mientras Santos, como un generoso Rey Midas que transforma en oro todo cuanto toca, habla de que sus políticas han sacado a millones de colombianos de la miseria y la pobreza, además de llevarles alimentos, educación, salud, vivienda, empleo formal y jugosas oportunidades de prosperidad, la gente de carne y hueso se toma las carreteras y las plazas en reclamo de atención y justicia.
El recurso presidencial consiste en señalar que no hay reales razones para que la gente proteste. Su gobierno está haciendo todo cuanto puede hacerse por ella. Y no descarta que las protestas sean en realidad artimañas usadas por gentes interesadas en sembrar el caos, como ocurre con las guerrillas o algunos personajes de la oposición. Pese a ello, afirma que respeta el derecho a la protesta y al disentimiento. Claro, siempre que semeje un lloro ante el muro de las lamentaciones,un llanto incapaz de presionar cualquier cambio en sus políticas.
Ahora más que nunca está claro que han sido los designios del gran capital para Colombia, los que han exigido poner fin de modo definitivo al conflicto. Para la ejecución de sus planes en el país y el resto del continente resulta imperativo remover del camino esa mula muerta de la que habla Santos. Este ha asumido juicioso su tarea, terminar con el conflicto por las buenas o las malas. Allí entra a jugar su papel la vía del diálogo y las conversaciones. Como a la gente, a la guerrilla también habrá que darle la oportunidad de llorar sus penas.
Por eso la Mesa. Para que reclamen en voz baja y mansamente cuanto quieran. Aunque no se les acepte ni conceda nada de lo que planteen. La comunidad internacional, es decir los Estados Unidos y la Europa Occidental, están dispuestos a aceptar que la guerrilla desmovilizada sea beneficiaria de una justicia transicional, que la deje finalmente en una libertad precaria, pero anulada en materia política. En eso consistiría el Acuerdo, un perdón relativo a cambio del espaldarazo guerrillero a la globalización neoliberal para Colombia.
El primer punto de la Agenda, sobre política agraria integral, aparece como firmado con algunas salvedades que se definirán más adelante. Esas salvedades son todas las objeciones que las FARC han puesto a los planes del gran capital para convertir el territorio colombiano en su gran dispensador de recursos mineros, biológicos, agroindustriales y alimentarios, a costa de la propiedad y la tranquilidad de los pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y mineros, así como de las comunidades negras e indígenas.
Tampoco piensa Santos ceder un milímetro en materia de democratización de la vida nacional, el segundo punto de la Agenda. Cuando discursea que no está negociando el Estado, ni el modelo económico, ni el sistema político, ni el sector privado, lo hace para tranquilizar al gran capital expectante por cualquier debilidad en la Mesa. Tranquilos, que aquí no va a cambiar nada. Sólo se trata de darles la última oportunidad a los bandidos para que se desarmen y compongan su vida futura al calor de nuestras sagradas instituciones.
Si no lo hacen, como dijo recientemente, ellas serán las primeras damnificadas, también políticamente, como ocurrió en los procesos anteriores. Aunque el Presidente cree jugar con cartas marcadas y seguro de ganar, está nervioso. Promete y miente, amenaza y miente. Mientras tanto, un país del cual no gusta, que no se parece al Londres que sueña, sale a las calles a exigir cambios, a enfrentar la autoridad, a reclamar por políticas distintas. Las mismas por las que las FARC llevamos meses discutiendo en la Mesa de La Habana. Lo que Santos no quería.
Timoleón Jiménez
Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP
22 de agosto de 2013.
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